Una vez convalidado en el Pleno del Parlamento de Cataluña el nuevo Decreto Ley 17/2019 exigimos su correcto cumplimiento a los grandes propietarios, juzgados, ayuntamientos de toda Cataluña y a la Generalitat.

Hoy 5 de febrero de 2020, el pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, aprobado a finales de diciembre por el Gobierno de la Generalitat, que amplía las medidas de la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 tenemos claro que las nuevas coberturas alcanzadas no habrían sido posibles sin la presión de las entidades sociales que trabajamos por el derecho a la vivienda. Desde 2015 que conseguimos aprobar por unanimidad la Ley en el Parlamento, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular, hemos defendido su cumplimiento y hemos conseguido parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en Cataluña. Al mismo tiempo, los últimos años hemos seguido luchando para ampliar la cobertura y proteger cada vez más a las familias en situación de vulnerabilidad. Hemos conseguido hacer de la Ley 24/2015 una ley pionera y valiente en el ámbito del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito autonómico como estatal e internacional. La ampliación convalidada hoy en el Parlamento de Cataluña es otro paso importante contra la emergencia habitacional que padecemos.

Las medidas del nuevo Decreto Ley contemplan aspectos tan importantes como:

• Renovación a 7 años de los miles de alquileres sociales firmados al amparo de la Ley 24/2015 por 3 años a partir de 2015, que caducan ahora o que finalizan en el futuro.
• Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
• Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado en la vivienda, sin título, después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven al menos 6 meses en la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
• Todos los nuevos alquileres sociales deberán respetar los plazos de la LAU, ampliando los 3 años de 2015. Por lo tanto, tendremos 10 años (3+7) de protección para los que ya existen, y 14 (7+7) para los que se firmen a partir de ahora. En el caso de viviendas que sean propiedad de personas físicas, el período de protección podrá llegar a los 10 años (5+5).
• Se fija por ley el precio de la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a un 40% del precio de la vivienda de protección oficial. Hasta ahora no se podía aplicar esta herramienta de movilización de vivienda vacía porque el Estado había retirado el recurso que pesaba sobre el artículo 7 de la Ley 24/2015, poniendo como condición que se definiese objetivamente un precio. Ahora se podrá obligar a los bancos y fondos buitre a ceder los pisos vacíos para alquiler social a precios por debajo del mercado (piso de 65 m² en Barcelona de 150 a 200 €).
• Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas y por tanto protegerá más arrendatarias con amenaza de desahucio.
• Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.

Nuestra lucha, sin embargo, no termina aquí. Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Seguiremos exigiendo un Plan de choque contra la emergencia por parte de las administraciones competentes, que contemple medidas valientes como la puesta a cero de la lista de espera para acceder a un piso de la Mesa de emergencia, que actualmente es de casi dos años, con 2.500 familias a la espera, y que se movilicen los miles de viviendas vacías de la banca y fondos de inversión para destinarlos a vivienda social. 

Recordemos que en Cataluña hay 49 desahucios al día según datos del Consejo General del Poder Judicial, y continúa liderando este ranking de la vergüenza en el conjunto del Estado español. Datos escandalosos que por otro lado no tienen en cuenta todos aquellos desahucios invisibles de familias que han decidido marcharse por su cuenta previamente al desahucio, ni todas aquellas que viven en una vivienda en situación de ocupación en precario.

Ya no hay excusas. Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y las entidades que formamos parte, el Observatorio DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, exigimos de ahora en adelante el correcto cumplimiento, tanto a los grandes propietarios como a los juzgados, a los ayuntamientos de Cataluña y a la Generalitat. Hemos creado toda una serie de Documentos Útiles para exigir el cumplimiento de la Ley y los hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía en nuestra página web para que todas puedan hacer efectivo el correcto cumplimiento de sus derechos. La Ley 24/2015 es una herramienta que avanza en la protección de nuestro derecho a la vivienda y no vamos a permitir que ningún interés de los grandes especuladores ni de los lobbies financieros pase por delante de nuestros derechos.

¡Estaremos vigilantes!

Quedan menos de 2 meses para que finalice el plazo de recogida de firmas para lograr 1 millón de firmas en toda Europa y poder llevar la petición a la Comisión Europea para su aprobación. En España necesitamos recoger un mínimo de 40.500 firmas y aún nos falta la tuya

Europa está viviendo una grave crisis de vivienda, tratada cada vez más como una mercancía especulativa y no como un Derecho Humano, tal como dictamina Naciones Unidas. Los precios se disparan y muchas nos vemos obligadas a cambiar de barrio o ciudad por no poder asumirlos. Unos precios que, en aproximadamente 82 millones de hogares, ya se comen más del 40% de los ingresos, lo que provoca que cada día sean más las familias que pierden su casa por no poder afrontar el coste de la vivienda.  En España sufrimos una media de casi 60.000 desahucios anuales, de los cuales el 67% ya son por impago de alquiler.

En este contexto, necesitamos una respuesta coordinada, desde distintos países, para conseguir herramientas que nos permitan avanzar en el derecho a la vivienda.

 ¿En qué consiste esta Iniciativa Ciudadana Europea?

«Vivienda para todas y todos» es un llamamiento a los países europeos para que prioricen la inversión en vivienda y den un paso adelante en la creación de vivienda asequible, pública y social, incorporando las siguientes medidas en el marco legal y financiero:

1. Mejorar el acceso y ayudas a la vivienda social en la Unión Europea.
2. No aplicación de los criterios de Maastricht a la inversión pública en vivienda.
3. Mejor acceso a financiación de la Unión Europea para promoción de vivienda pública y sin ánimo de lucro.
4. Adoptar una normativa europea básica para los alquileres de corta duración, mientras se amplía el número de viviendas asequibles.
5. Elaboración de estadísticas oficiales sobre las necesidades de vivienda en Europa.

La situación en España

España cuenta con la décima parte de la vivienda pública que otros países de su entorno (1,5% frente a una media del 15%). Esto no es accidental, es fruto de la apuesta por un modelo insostenible de propiedad y vivienda protegida de venta, que pasados unos años se volvía a recalificar y pasaba de ser vivienda protegida –más barata– al mercado privado donde poder especular con ella.

Cerca de 1.002.000 de familias han sufrido un desahucio desde 2008, en muchos casos sin alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas debido a la escasez de vivienda social. Por ello, esta Iniciativa europea se acompaña con las siguientes demandas a nivel interno:

1. Crear un parque de vivienda social y asequible de alquiler o cesión de uso de un 15% en 10 años y un 30% en 20 años.

• Incorporar al parque de vivienda social las viviendas de Bankia y la SAREB.
• Recuperación de los 77.000M€ del rescate bancario, vía impuesto a las entidades financieras para destinarlo a vivienda pública, social y asequible.
• Obligar a grandes propietarios a destinar el 30% de nuevas construcciones o rehabilitaciones integrales a VPO en zonas con demanda de vivienda.

2. Asegurar un alquiler estable y asequible.

• Permitir a los ayuntamientos regular los precios del alquiler con base en el poder adquisitivo de la ciudadanía.
• Renovación automática de los contratos con actualización de renta limitada, salvo incumplimiento del inquilino/a o por necesidad de la vivienda del arrendatario/a.

3. Priorizar la vivienda pública de alquiler, así como colaborar y financiar entidades sociales, cooperativas de vivienda en cesión de uso y otros operadores sin ánimo de lucro.

Esta iniciativa está en la línea de lo expuesto por Leilani Farha, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, en su reciente informe, en el que da las directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho de no discriminación a este respecto. El informe se centra en los requisitos fundamentales para ofrecer respuestas eficaces a los nuevos desafíos, basadas en los derechos.

La Relatora refuerza nuestros argumentos cuando remarca que los promotores e inversores privados ejercen actualmente un dominio sin precedentes de los sistemas de vivienda, separando a menudo a esta última de su función social y tratándola como una mercancía para la especulación. La actual crisis mundial de la vivienda no tiene comparación con ninguna otra crisis anterior de ese tipo. No la ha causado una disminución de los recursos ni una desaceleración económica, sino el crecimiento económico, la expansión y la creciente desigualdad. La vivienda se ha convertido en un impulsor clave de la creciente desigualdad socioeconómica. Argumentos más que suficientes para lograr los objetivos marcados por esta Iniciativa Ciudadana que solo necesita las firmas necesarias para hacerse realidad.

Desde la PAH, como miembros del grupo promotor de la Iniciativa y como defensores del Derecho a la vivienda, hacemos un llamamiento social para que el enlace de firmas online llegue a cada hogar, para lograr más medidas para que nadie se quede sin él o para poder acceder a uno, facilitando nuevos proyectos de vida bajo un techo asequible, digno y duradero.

Nosotras ya hemos hecho todo lo posible, ahora depende de ti. Firma, comparte con todas tus conocidas, difunde y hagámoslo realidad.

Firma y da tu apoyo ✍️ aquí

El pasado sábado 1 de febrero de 2020 Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, ha visitado la PAH de Barcelona con motivo de su visita a España para realizar un análisis sobre el funcionamiento del sistema de protección español para las personas en situación de pobreza, así como la situación de las personas con trabajos precarios o que se enfrentan a dificultades para acceder a una vivienda adecuada, a la educación y a la sanidad, especialmente entre las poblaciones vulnerables.

Durante el encuentro en la PAH ha tenido la oportunidad de conocer la realidad de la emergencia habitacional que sufrimos, conversando y compartiendo experiencias con las familias afectadas que han perdido o están a punto de perder su vivienda y que habitualmente participan de nuestro colectivo, y junto con las compañeras de la Alianza contra la Pobreza Energética y la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

«El nuevo gobierno de España se ha comprometido a mejorar el bienestar económico y social de la población, y mi visita tan temprano en la legislatura ofrece una oportunidad para evaluar la situación y recomendar la mejor manera en que el Gobierno puede apoyar a las personas en situación de pobreza», dijo Alston.

En su visita a España el experto de la ONU viajará a Madrid, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña. Se reunirá con la Administración y con personas afectadas por la pobreza, así como con activistas, academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil, para posteriormente presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2020 su informe anual sobre esta grave situación que sufrimos.

Hoy Philip Alston ha podido poner cara y ojos a las personas que sufren la pobreza y luchan cada día contra ella, empoderándose para, juntas, plantarle cara a un sistema profundamente injusto. Confiamos en que ahora traslade nuestro mensaje a los verdaderos responsables de implementar las soluciones que la ciudadanía organizada lleva años poniendo sobre la mesa: desde el Gobierno de España hasta el Ayuntamiento de Barcelona, pasando por el Govern de la Generalitat. Todos ellos son responsables en hacer políticas públicas valientes que tengan en cuenta a las familias y no a los grandes lobbies financieros para revertir esta situación.

Desde la PAH exigimos que nuestros representantes políticos dejen de ser rehenes de bancos, grandes propietarios, oligopolio eléctrico y demás privilegiados, para ponerse de una vez por todas al lado de las personas de este país, porque como bien dice el propio Philip Alston, «la pobreza es una elección política».

¡#SíSePuede!

Actualización 07/02/2020: Compartimos las primeras valoraciones del Relator de la ONU una vez finalizada su visita en España: «Las altas tasas de pobreza son una opción política, según experto en derechos humanos de la ONU».

Los Documentos Útiles son una herramienta, a disposición de toda la ciudadanía de Cataluña, para exigir el cumplimiento de Decreto Ley 17/2019 para las familias.

Hoy miércoles 22 de enero de 2020 el Grupo promotor de la Ley 24/2015 hacemos públicos y a disposición de toda la ciudadanía los Documentos Útiles para exigir el cumplimiento del reciente Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado por el Gobierno de la Generalitat.

A finales del mes de diciembre de 2019, y gracias a la presión de las entidades sociales, conseguimos introducir en el mencionado Decreto Ley medidas muy significativas que amplían significativamente la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional, adaptándola de este modo a la realidad actual.

Los Documentos Útiles que hoy presentamos están a disposición de toda la ciudadanía para poder exigir tanto a los bancos y grandes tenedores, juzgados y ayuntamientos el cumplimiento de las mejoras conseguidas. Son los siguientes:

Documentos Útiles dirigidos en los bancos o a grandes tenedores:

• Solicitud de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
• Solicitud de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
• Solicitud de alquiler social en caso de ocupación
• Solicitud de renovación de alquiler social

Documentos Útiles dirigidos a los juzgados:

• Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
• Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
• Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de ocupación
• Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de renovación de alquiler social

Documentos Útiles dirigidos a los ayuntamientos:

• Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
• Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
• Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de ocupación
• Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de renovación de alquiler social

Desde los inicios de la entrada en vigor de la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular, hemos creado diferentes Documentos Útiles que han servido a la ciudadanía a hacer cumplir la Ley. De este modo las familias tienen a su disposición a través de nuestra página web herramientas efectivas para garantizar sus derechos en materia de vivienda.

Después de haber recuperado de la impugnación del PP y la banca las medidas anti-desahucios de la Ley 24/2015, después de haber conseguido que el Gobierno de la Generalitat retirara un primer Decreto para mejorarlo con las aportaciones de las entidades sociales, y después de conseguir la ampliación de la Ley con las nuevas medidas incorporadas en el Decreto Ley 17/2019 recientemente aprobado, advertimos que no desaprovecharemos la oportunidad de aplicar las leyes contra la emergencia al máximo de su potencial, para conseguir de una vez por todas una Cataluña libre de desahucios.

Los encontraréis en nuestra página web

👉 Documentos Útiles de Hipoteca https://pahbarcelona.org/es/documentos-utiles-hipoteca/

👉 Documentos Útiles de Alquiler https://pahbarcelona.org/es/docs-utiles-alquiler/

👉 Documentos Útiles de Ocupación https://pahbarcelona.org/es/docs-utiles-ocupaciones/

Gracias a la presión de las entidades sociales, hemos conseguido introducir en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno mejoras muy significativas en la Ley 24/2015

Barcelona, 23 de diciembre de 2019

Hoy, lunes 23 de diciembre, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015 de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética estamos en la plaza Sant Jaume de Barcelona, a las puertas del Palau de la Generalitat, para celebrar que hemos conseguido nuevos avances en la Ley 24/2015. Gracias a la presión de las entidades sociales hemos conseguido introducir en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno mejoras muy significativas en la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional.

Igual que ocurrió con la ILP Vivienda, cuando las afectadas perciben que las leyes responden a las necesidades sociales. Los avances son:

• Renovación a 7 años de los miles de alquileres sociales firmados al amparo de la Ley 24/2015 por 3 años a partir del 2015, que caducan ahora o que finalicen en el futuro.
• Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
• Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado en la vivienda, sin título, después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven al menos 6 meses en la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
• Todos los nuevos alquileres sociales deberán respetar los plazos de la LAU, ampliando los 3 años mínimo de 2015. Por lo tanto, tendremos 10 años (3+7) de protección para los que ya existen, y 14 (7+7) para los que se firmen a partir de ahora. En el caso de viviendas que sean propiedad de personas físicas, el período de protección podrá llegar a los 10 años (5+5).
• Se fija por ley el precio de la cesión obligatoria de viviendas vacías de banco y fondos buitre a un 40% del precio de la vivienda de protección oficial. Hasta ahora no se podía aplicar esta herramienta de movilización de vivienda vacía porque el Estado retiró el recurso que pesaba sobre el artículo 7 de la Ley 24/2015, poniendo como condición que se definiera objetivamente un precio. Ahora se podrá obligar a los bancos y fondos buitre a ceder los pisos vacíos para alquiler social a precios por debajo del mercado (piso de 65 m² en Barcelona de 150 a 200 €).
  
• Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas, y por tanto protegerá a más arrendatarias con amenaza de desahucio.
• Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.

Si no hubiera sido por la acción del Grupo Promotor de la Ley 24/2015, no habríamos conseguido ni de lejos todas estas mejoras. A pesar de todo el esfuerzo, hay medidas que no se han incluido o algunas en las que exigíamos ir más lejos, como son: proteger a las personas que al día siguiente de la entrada en vigor del decreto ley, y que, en el futuro, tengan que acceder a la vivienda de forma precaria ocupando porque no son realojadas por las administraciones, incumpliendo la propia ley; bajar la definición de gran tenedor a todo aquel que tenga en propiedad 10 viviendas; aumentar de 90.000 a 900.000 € las sanciones por incumplimiento de la obligación de hacer ofertas de alquiler social por parte de los grandes tenedores; la renovación de los alquileres sociales hasta que salgamos de la situación de emergencia, y que la obligación de hacer alquiler social en desahucios por extinción de contrato sea permanente y no temporal. 

La Generalitat no ha aceptado todas las medidas del Grupo Promotor, no obstante las seguiremos exigiendo, tanto en la tramitación del decreto ley como proyecto de ley ‒si esto sucede‒, como denunciando cada vez que, por omisión del Gobierno, queden personas desprotegidas y en la calle. De nuevo han sido las entidades sociales las que no han bajado la guardia, no solo para exigir la aplicación plena de la Ley 24/2015, sino para ampliarla y proteger cada vez a más personas.

En 2015 la fuerza de las entidades sociales conseguimos que el Parlament aprobara la primera ley contra los desahucios y los cortes indiscriminados de suministros de todo el Estado. Una ley pionera y valiente, inspirada en la solidaridad vecinal y ciudadana, para proteger los derechos, que el PP, bajo el dictado de la banca y las eléctricas, impugnó para enterrarla. La lucha de la gente, no solo salvó la parte de pobreza energética del recurso en 2016, sino que, contra todo pronóstico, a finales del 2018 conseguimos que el nuevo Gobierno del PSOE retirara el recurso sobre las medidas más importantes en materia de vivienda. Tras este hito, el Grupo Promotor ha exigido que se diera un nuevo impulso para el cumplimiento íntegro de la ley, tanto en la parte de vivienda como en la de pobreza energética.

En medio de todo este contexto, el Gobierno catalán realizó un primer intento de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en el mes de marzo de este mismo año, haciéndolo, sin embargo, de espaldas a la ciudadanía y con un contenido inaceptable (subida de precios de la VPO y medidas de emergencia mal planteadas y poco ambiciosas). Ante la reacción de denuncia de las entidades sociales y del mundo municipal, el Gobierno se vio forzado a retirar el texto para evitar que fuese tumbado en el Parlamento.

En marzo advertimos que no saldría adelante ningún decreto ley que no recogiera la voz, necesidades y soluciones de quienes sufrimos vulneraciones del derecho a la vivienda cada día y luchamos para revertir la situación. Antes y después del verano nos hemos reunido con el Gobierno para plantear 8 medidas de ampliación de la Ley 24/2015 a través del decreto ley. Hasta el mes de diciembre, el Gobierno ha sido reacio a incluir nuestras demandas. Durante este mes, también hemos trasladado nuestras demandas a los grupos parlamentarios que rechazaron el texto original, para conseguir mejoras en el nuevo intento de aprobarlo.

Estamos muy orgullosas y satisfechas de haber conseguido una nueva victoria importantísima en la protección del derecho a la vivienda. Empezaremos el 2020 con miles de catalanas más protegidas contra los desahucios. Desde hoy damos un aviso a los partidos que formen el nuevo Gobierno del Estado, o a los grupos que pueden impugnar las nuevas medidas: que al igual que hicimos con la 24/2015, ¡no lo vamos a permitir!

Pero también advertimos que no vamos a parar hasta acabar con la emergencia habitacional en Cataluña. Ya tenemos los convenios para que Endesa firme de una vez por todas para enjugar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Seguiremos exigiendo multas de 90.000 euros a todos los grandes tenedores que se salten la obligación de hacer contratos de alquiler social para frenar los desahucios, y seguiremos exigiendo a la Generalitat que cumpla los compromisos adoptados por el President Torra de lanzar una campaña de difusión masiva de los derechos que la ley brinda a la ciudadanía.

Y marcamos un objetivo a corto plazo: hay que poner la Mesa de emergencia a cero, realojando a las 2.500 familias sin derecho a vivienda que hay en Cataluña. Para ello es imprescindible lanzar un Plan de choque contra la emergencia asumido por la Generalitat y los ayuntamientos, junto con la fuerza de las entidades sociales, que ponga a cero la Mesa, que garantice el fin de los desahucios futuros, y que movilice miles de viviendas de la banca y los grandes fondos de inversión para vivienda social.

Desde el Grupo Promotor de la ILP Vivienda estaremos vigilantes para su correcto cumplimiento. Hemos dado un gran paso para garantizar nuestro derecho a la vivienda, y todo aquel que intente vulnerarlo nos encontrará de frente.