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Ocupamos sus oficinas y filiales en Cataluña, Madrid, Parla, Málaga, Sevilla y Elche para exigir soluciones dignas a las familias

Hoy 13 de diciembre la PAH salimos a la calle a denunciar las prácticas abusivas del fondo buitre Blackstone – Anticipa. En 2015, cuando el fondo había adquirido miles de hipotecas procedentes de Catalunya Caixa y quería desahuciar a miles de familias en Catalunya ya denunciamos las prácticas que está haciendo este fondo buitre. Frente a esta vulneración de derechos la PAH reaccionó y conseguimos legislar una Ley a nivel de Catalunya que obligó a hacer alquileres sociales a miles de familias y a condonar las deudas hipotecarias. Contestamos así: https://www.youtube.com/watch?v=gPGGJpOiseI. Además, organizamos diferentes acciones a nivel estatal e internacional.

Ahora Blackstone y sus filiales han adquirido los pisos del BBVA y ha mutado a diferentes fondos como Budman, Merlin, Clarus… y nos quieren complicar la existencia, pero no lo vamos a permitir. Desde las PAH catalanas cortamos las negociaciones con interlocutoras del fondo buitre porque no teníamos soluciones y nos hacían perder el tiempo. En 2018 con el asesinato de Jordi, un vecino de Cornellà que no pudo pagar el alquiler y acabó lanzándose por la ventana el día que Blackstone lo quiso desahuciar, la PAH sacamos fuerzas para continuar la campaña contra este fondo buitre y luchar por los casos de las familias de la PAH. El mismo día que Jordi, el vecino de Cornellà, se quitaba la vida, estábamos haciendo una acción contra Blackstone. Este año hemos salido a la calle reivindicando soluciones para las familias. 

En Barcelona tenemos decenas de familias que están en vías de negociación desde junio de este año y que no han avanzado nada, y es por eso que convocamos a una acción estatal. Para unir fuerzas y para luchar juntas por nuestro derecho a la vivienda.

En Madrid Blackstone – Anticipa se niega en rotundo a hacer alquileres sociales de 7 años a compañeras que vienen de daciones en pago del BBVA/Popular. Acosan a llamadas para que entregues las llaves. Las quitas son insuficientes y condicionadas a cláusulas y renuncias abusivas.

En cuanto a FIDERE, SOCIMI «para ganar dinero especulando con la vivienda», han puesto en marcha la expulsión en bloques de vivienda pública que les vendió ilegalmente el PP. Uno concretamente en Carabanchel, donde piden insistentemente la intervención de la UIP (Unidades de Intervención Policial) para desahuciar a inquilinas pero también ocupaciones por necesidad con menores y situaciones dramáticas. Además de las subidas abusivas de renta en bloques de vivienda protegida al acabar la vivienda de protección oficial.

Los ejemplos de Barcelona y Madrid son un reflejo del modus operandi de este fondo buitre, que ejerce en todo el territorio español para seguir especulando sobre el derecho a la vivienda y jugar con la vida de las familias.

Hoy salimos a ocupar sus oficinas para exigir soluciones. En un contexto de fiestas navideñas nos parecía una buena ocasión para llevarles delante la situación de las miles de familias que están destrozando, y decir alto y claro que exigimos:

• Renovaciones de alquiler social a toda familia vulnerable.
• Daciones en pago y alquileres sociales a las familias que no han podido pagar su hipoteca y que Blackstone se quedó con la vivienda de las Cajas de ahorros y Bancos rescatados.
• Quitas para las familias que a día de hoy están pagando su hipoteca y tienen cuotas abusivas.
• Alquileres sociales a familias que se han visto obligadas a ocupar una vivienda.

Desde la PAH no vamos a parar hasta conseguir que toda familia tenga garantizado su derecho a una vivienda digna, y seguiremos denunciando la situación y poniendo entre la espada y la pared a fondos buitre como Blackstone, que deberían desaparecer.

Los movimientos sociales de Barcelona que luchamos por el derecho a la vivienda salimos a la calle y montamos nuestro propio belén para denunciar la inoperancia de las administraciones competentes en ofrecer realojos dignos a las familias que han sufrido un desahucio

Hoy 29 de noviembre, todos los colectivos que llevamos meses exigiendo realojos dignos para las familias hemos decidido montar nuestro propio belén de navidad paralelo en la Plaza Sant Jaume, para visibilizar que después de todo este tiempo no hemos tenido ninguna respuesta ni soluciones por parte de las Administraciones para garantizar el derecho a la vivienda digna.

Después de una ocupación del Ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de julio, conseguimos una reunión con las tres administraciones competentes en materia de vivienda: Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Delegación de Gobierno, en la que obtuvimos el compromiso de un nuevo encuentro en el que concretar propuestas para solucionar el problema de los realojos indignos a donde son enviadas las familias que han sufrido un desahucio, en la inmensa mayoría a pensiones indignas, insalubres, sucias y con bichos, donde además, en muchos casos, se les da un plazo máximo de tres días de permanencia y luego se encuentran en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.

A esta segunda reunión ya no asistió la Delegación de Gobierno, alegando que no había Gobierno formado, que estaba en funciones, mostrando así su nulo compromiso con la ciudadanía. Las distintas entidades que asistimos salimos muy decepcionadas de la reunión, les exigimos medidas claras y concisas, así como calendario de actuación para acabar con esta situación de emergencia habitacional que sufrimos, y que en caso contrario nos verían en las calles.

El pasado 31 de octubre y con motivo de la fiesta de la Castañada, señalizamos el edificio de Rda. Sant Pere 41, en Barcelona, propiedad de la Generalitat de Cataluña, y que en dos ocasiones esta ha intentado subastar, quedando desierta la subasta. En esta ocasión exigimos que este edificio, así como muchos otros que las distintas administraciones tienen vacíos en la ciudad, fuera rehabilitado y destinado a realojar a las familias que están a la espera de un piso de la Mesa de Emergencia. La única respuesta que recibimos fue la de que la Generalitat de Cataluña lo vuelve a poner en subasta por tercera vez este próximo mes de diciembre. Recordemos que actualmente, tan solo en Barcelona, hay 600 Familias realojadas en pensiones y 553 en lista de espera de la Mesa de Emergencia, con un vergonzoso tiempo aproximado de espera de 2 años.

Exigimos también que la empresa que gestiona estos realojos (Gestión de hostales, pensiones y pisos de estancia temporal), BCD TRAVEL, tenga un mayor control por parte del Ayuntamiento de Barcelona, y tengan en cuenta la realidad de las familias, su arraigo y sus necesidades especiales, pues parece que realojan a las familias en donde nadie querría. Además, las familias son tratadas con total desidia cada vez que han intentado poner algún tipo de queja o reclamación. Este no debería ser un servicio externalizado sin ningún tipo de control por parte de la Administración.

No vamos a parar hasta conseguir unos realojos dignos. Los movimientos sociales de Barcelona llevamos mucho tiempo poniendo el problema encima de la mesa y las administraciones no están a la altura de la emergencia habitacional que sufrimos. Si el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno de España no ofrecen soluciones nos encontrarán de frente. Ya hemos esperado demasiado y ya les advertimos de que en las calles nos veríamos. Las familias no pueden esperar más.

En la acción de denuncia y visibilización de hoy hemos participado diferentes colectivos: Resistim al Gòtic, 500×20, Grup d’Habitatge de Sants, Oficina d’Habitatge de Gràcia, PAH Barcelona, Xarxa de Suport Mutu Trinitat Vella y Asociación Vecinos Sagrada Familia.

La entidad opta por la vía penal, a pesar de saber que se trata de familias vulnerables

Hoy 15 de noviembre de 2019 la PAH de Barcelona y la PAH de Terrassa, a través de una acción de denuncia pública en las oficinas de Abanca en Gran Vía, denunciamos el caso de Wendy y su familia, y el de Pape, amenazadas con la expulsión de sus casas la próxima semana, sin una alternativa habitacional. La entidad financiera, hasta hace poco propietaria de los inmuebles, ha optado por la vía penal, aunque sabe perfectamente que denuncia a familias en situación de vulnerabilidad.

Wendy, vecina de la Trinitat Nova y una víctima más de la crisis económica, se vio sin posibilidades de acceder a una vivienda, y junto con su hijo se vieron forzados a ocupar un inmueble, que en aquel momento era propiedad de Abanca. Desde que asisten a la PAH, han intentado regularizar su situación en la vivienda y reclamar a la entidad un alquiler social de acuerdo con sus ingresos. Wendy llegó a intercambiar correos con la entidad financiera, pero finalmente el proceso no fructificó y la posible negociación concluyó con la presentación por parte de Abanca de una denuncia a Juzgados.

Por su parte, Pape, después de vivir durante diez años en su piso, y viendo que no podía hacer frente a la cuota, intentó negociar en numerosas ocasiones un alquiler social con Abanca, siempre, pero sin ningún tipo de respuesta ni solución. Finalmente, después de sufrir cuatro intentos de desahucio, al quinto lo desahuciaron, y ni el Ayuntamiento de Terrassa, ni Servicios Sociales le ofrecieron ningún tipo de alternativa habitacional. Gracias a la Obra Social de la PAH pudo recuperar su piso y ha seguido intentando negociar un alquiler social, hasta ahora en que Abanca le ha demandado por la vía penal.

Hay que recordar que Abanca nace de la caída de varias cajas de ahorro gallegas y contó con una inyección de dinero público descomunal. El caso es especialmente escandaloso. El Estado inyecta a la entidad 9.052 millones de euros, momento en el que pasa a ser 100% pública, para posteriormente venderla por 1.002 millones a un grupo venezolano. En el primer ejercicio tras la compra, en 2014, los beneficios de la entidad son de 1.157 millones, una cantidad superior al precio de venta. Desde entonces, Abanca ha obtenido unos beneficios de 330 millones de euros en 2015; 333,6 millones en 2016; 367 en 2017; y 430 millones en 2018.

Pese acumular 2.600 millones de euros de beneficio neto desde su rescate y sobrevivir gracias a la inyección de dinero público, la entidad decide dar la espalda a casos como el de Wendy y denunciar a familias vulnerables. La vía penal, a diferencia de la demanda civil, conlleva más perjuicios para las personas afectadas y es especialmente onerosa para las familias vulnerables. En primer lugar, las denunciadas tienen que pagar una multa, bajo riesgo de pena de cárcel si no lo hacen, que en el caso de Wendy, alcanza los 270 €. Por otra parte, la sentencia firme comporta antecedentes penales por un plazo de seis meses, lo que puede dificultar, por ejemplo, el acceso a algunos lugares de trabajo y así genera una mayor exclusión a la familia.

El día de hoy, Wendy, con una sentencia condenatoria firme, ha recibido un aviso de Juzgados como que tiene que abandonar su casa la próxima semana, bajo amenaza de que si no lo hace, la policía, utilizando incluso unidades de antidisturbios, podría llegar en cualquier momento para echarla sin ni siquiera poder recoger sus pertenencias. El Ayuntamiento de Barcelona no ha ofrecido todavía a la familia una alternativa habitacional, incumpliendo así lo establecido en la Ley 24/2015 en relación con la obligación de la Administración de ofrecer un realojo adecuado en caso de desahucio.

Ante esta situación, la PAH de Barcelona exige a Abanca ‒una entidad que aún existe gracias al dinero de la ciudadanía‒, que dé marcha atrás y pida a Juzgados la suspensión del desalojo. Por otra parte, seguimos reclamando un alquiler social para Wendy y su hijo, que se corresponda con los ingresos de la familia. Es intolerable que, como también ocurre con la SAREB, un banco rescatado con los impuestos de todos se dedique a expulsar familias vulnerables de su casa, y encima lo haga por la vía penal. La PAH no cejaremos y seguiremos luchando hasta que no se encuentre una solución adecuada. ¡Wendy, no estás sola!