La emergencia climática es innegable. Así lo demuestra el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): contamos con tan solo 11 años para reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que esta crisis sea irreversible
Tenemos ante nosotros un reto al que la humanidad nunca se ha enfrentado. Esta situación es consecuencia directa de nuestro sistema extractivista y consumista, que prioriza el beneficio económico a mantener la vida. Se nos ha hecho creer que el deterioro ambiental es el inevitable precio a pagar para poder vivir en sociedades del bienestar. Esto se ha demostrado falso, ya que mientras destruimos la naturaleza nuestros sistemas democráticos empiezan a resquebrajarse. Las desigualdades en el planeta se han profundizado en muchos niveles, volvemos a construir fronteras que dejan pasar mercancías pero no personas: nos estamos convirtiendo en sociedades que expulsan a los más vulnerables. La humanidad y la biosfera están siendo sacrificadas para que un reducido número de personas pueda continuar acumulando injustamente grandes cantidades de dinero y riqueza.
Todo esto puede cambiar ahora. Debemos ser protagonistas de nuestro tiempo y repensar el valor de todo lo que nos rodea. A pesar de que hemos nacido en un sistema basado en la desigualdad y el individualismo, la verdad es que no somos seres aislados. Nuestra propia vida depende del cuidado de otras personas cercanas, de la misma manera que depende directamente de la naturaleza y del medio que nos rodea. Organicémonos, tejamos una red como forma de resistencia ante este sistema que nos atomiza. La crisis ambiental nos brinda la posibilidad de construir una sociedad donde quepan la justicia y la solidaridad, y convertir la política en un acto de amor por la gente, la Tierra y la vida.
Antela emergenciaclimática;FridaysForFuture,junto a otrosmovimientoshermanos,convocamosuna semana demovilizacionesa partirdel20 de septiembreconmotivo de la Cumbrede la AcciónClimática dela ONU.Esta semanafinalizará el27 de septiembre conla HuelgaMundialpor el Clima.Convocamoshuelgaestudiantilyde consumo, movilizacionesenlas callesy centrosde trabajo.
Buscamos salvaguardar nuestro futuro, puesto ahora mismo en cuestión. Basta de miedos electorales, de medidas a corto plazo y de engaños oportunistas. Exigimos el derecho a la vida: somos la naturaleza defendiéndose a sí misma.
Información y adhesiones en www.emergenciaclimatica.net
Tras ser desahuciados, José Antonio y su familia se vieron obligados a recuperar un piso de un fondo buitre. Ahora, estos se niegan a ofrecerle un alquiler social
Hoy jueves 19 de septiembre la PAH de Barcelona salimos a la calle a exigir un alquiler social para José Antonio y su familia. Tras ser desahuciados en octubre de 2018, sin ningún tipo de solución habitacional y viéndose en la calle, se vieron obligados a recuperar un piso de un fondo buitre, Font Groga S.L.
Ahora la propiedad pretende echar a José Antonio y su familia de su casa, sin ofrecerle un alquiler social ni ningún tipo de alternativa. Es por eso que hemos venido hoy a su domicilio de la calle Aribau. Para denunciar y visibilizar las prácticas de Font Groga S.L., que como otros grandes bancos y fondos buitre anteponen sus intereses económicos por encima de nuestras vidas.
El caso de Antonio no es aislado. En Barcelona, así como en el resto del territorio, sufrimos cada vez más la avaricia de los fondos buitre y los grandes propietarios, que con su codicia pretenden especular con nuestras viviendas y expulsarnos de nuestras casas para seguir aumentando sus ingresos por encima de las personas.
Desde la PAH de Barcelona no vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Tenemos claro que las viviendas deben ser para vivirlas y no para especular con ellas, y no vamos a parar hasta conseguirlo.
Exigimos a ENTO S.L. que suspenda el desahucio y que haga el alquiler social a Voski, tal como obliga la Ley 24/2015
Hoy lunes 16 de septiembre la PAH de Barcelona estamos señalizando a la inmobiliaria ENTO S.L., propiedad 100% de Joan Artur Roura Comas, porque está incumpliendo la Ley 24/2015. Una ley ciudadana que defiende a las familias vulnerables, obligando a hacer un alquiler social a bancos, fondos buitre y empresas inmobiliarias que hacen negocio con un derecho como es la vivienda. Con esta acción queremos dar un mensaje claro y contundente: que no dejaremos que ningún especulador desahucie a familias vulnerables, cuando tiene la obligación de hacer un alquiler social.
El caso de Voski es un ejemplo de las cientos de familias de Barcelona que por culpa del incremento de los precios del alquiler y la situación económica precaria, no han podido continuar pagando su alquiler y se han visto inmersas en una situación de inseguridad residencial. Durante todo este tiempo, Voski, conjuntamente con la PAH de Barcelona, haagotado todas las vías de la Administración y ha intentado negociar con la propiedad, agotando todas las vías posibles para llegar a una solución. Pero en este caso, la propiedad no ha aceptado ninguna. Su respuesta ha sido 5 órdenes de desahucio, 2 de ellos con fecha abierta, que gracias a la solidaridad y a la fuerza de la ciudadanía hemos podido parar.
El próximo 20 de septiembre Voski y su hija Marian tienen la 6ª orden de desahucio en la calle Arnau d’Oms 27-29. Desde la PAH no permitiremos que se lleve a cabo. Exigimos a ENTO S.L. que suspenda el desahucio y que haga el alquiler social a Voski, tal como obliga la Ley 24/2015.
En menos de 24 horas hemos vivido la noticia de un nuevo varapalo a la banca y la de un nuevo favor a sus intereses. ¿La diferencia? La primera viene de Europa y la segunda de la justicia española. Desde la PAH manifestamos nuestro absoluto rechazo a la sentencia sobre el vencimiento anticipado y nos preguntamos, una vez más, de qué lado está el Tribunal Supremo español, si de la justicia que supuestamente deben defender o de la banca
Ayer conocimos el posicionamiento del Abogado General de Europa en relación con el IRPH, declarándolo abusivo por incomprensible y falto de transparencia. Ello, pese a la vergonzosa actuación en el proceso de la Abogada del Estado español, que, cumpliendo órdenes del Gobierno, suponemos, avaló a la banca, ¡cómo no!, y más que eso, pidió al Tribunal que, en caso de considerarlo abusivo, no establezca retroactividad, para que los bancos no tengan que devolver a la gente los miles de millones estafados. No obstante, tendremos que esperar a la sentencia definitiva, que conoceremos en el primer trimestre de 2020.
Hoy el Tribunal Supremo de España ha vuelto, como nos tiene acostumbradas, a dar trato de favor a la banca con la sentencia sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia dictada, como siempre, desde la lógica del prestamista. La sentencia considera que lo que está en peligro es el negocio de los prestamistas (bancos), que sin ejecución hipotecaria no darían préstamos. Sigue la estela de la Ley de Créditos Inmobiliarios, aprobada este año, a la que se remite constantemente. Ya en su momento la PAH denunciamos que, lamentablemente, el PSOE había seguido las huellas de De Guindos y las políticas a favor de los desahucios del PP.
Los contratos hipotecarios tienen la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por impago de una cuota. La Ley 1/2013 modificó la ley procesal y permitía ejecutar al banco por 3 cuotas impagadas. El TJUE a lo largo de diversas resoluciones judiciales ha establecido que, para valorar la abusividad de la cláusula, hay que estar a lo que dice el contrato y no a la práctica que se haya hecho de ella. En la Sentencia de 26 de marzo, tras unas dudas tramposas por parte del Tribunal Supremo, el TJUE considera que los jueces deben valorar la esencialidad de la cláusula, si puede existir el contrato sin la cláusula de vencimiento anticipado. Si llegan a la conclusión de que puede existir el contrato sin el vencimiento anticipado, no pueden sustituir la cláusula por ninguna otra.
Dedica gran espacio a explicar que lo que importa en la garantía hipotecaria, la garantía de cobrar, que es la razón de ser de la sentencia, y pensamos que la razón última de la posición del Tribunal Supremo en abusos bancarios en la última década. De hecho, en la sentencia se menciona la palabra “garantía” 18 veces mientras que palabra “vivienda” solo se nombra en dos ocasiones.
El Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado, pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
El Supremo, interpretando la Sentencia del TJUE, hoy da las directrices de que si el préstamo hipotecario se dio por vencido antes de la reforma de la Ley 1/2013, debe ser sobreseído sin más trámite. Ahora bien, los procesos en los que las familias afectadas hayan incumplido la gravedad que establece la Ley 5/2019, LRCCI (de crédito inmobiliario), 12 o 15 cuotas impagadas, dependiendo del número de años de la vida del préstamo que hayan abonado, podrán los bancos continuar la ejecución. Y avala definitivamente a la banca en todas aquellas ejecuciones hipotecarias en las que se haya dictado un auto sobreseyendo el procedimiento al no dotar de cosa de fuerza juzgada, pudiendo nuevamente iniciar una ejecución hipotecaria basada en lo previsto en el art. 24 LRCCI (12 o 15 cuotas).
Desde un punto de vista meramente jurídico, el tratamiento de la jurisprudencia europea sigue la técnica del “espigueo”, tomando solo lo que interesa para justificar la decisión ya tomada de consagrar el vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria. Destaca la ausencia de la reciente doctrina sobre el “orden público comunitario” y el artículo 6.1 de la Directiva 13/93. Tampoco aparece nada sobre la sentencia de 28 de febrero de 2019 del Tribunal Constitucional, que ha declarado que la protección a consumidores en ejecuciones hipotecarias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por último, aunque esto ya no sorprenda, no existe alusión alguna a los Tratados de Derechos Humanos que determinan una protección cualificada de la vivienda habitual como Derecho Humano de toda persona.
No hay ni una palabra sobre el destrozo social causado por las ejecuciones hipotecarias en los últimos diez años, lo que supone un desprecio absoluto a las víctimas de los abusos bancarios. Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas, o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas. Por supuesto, ninguna autocrítica.
Esta sentencia tendrá como efecto inmediato el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, con el consiguiente aumento del número de desahucios que habrá que sumar a los 173 diarios, que según el CGPJ se ejecutaron en el primer trimestre de este año.
Desde la PAH sí que estamos del lado de las familias y que se haga de una vez por todas justicia tras haber sido estafadas y desahuciadas. Por eso exigimos:
La anulación total y con carácter retroactivo del IRPH, con la devolución a las familias de todo lo que les han robado. Si es ilegal, lo ha sido siempre.
La anulación total y retroactiva de todas las claúsulas abusivas, grandes protagonistas y causantes de que la ley hipotecaria española sea criminal, como declaran las 8 sentencias europeas sobre el tema.
Modificación de la Ley de Crédito Inmobiliario en lo referente al Vencimiento Anticipado, de manera que no se modere su abusividad sino que se elimine definitivamente.
La destitución del Tribunal Supremo por su constante defensa de los intereses de la banca y su ataque a los derechos de las familias.
Ampliación de la moratoria de los desahucios, así como la ampliación de los requisitos para acogerse a ella. No podemos permitir reformas que generen una explosión de los desahucios en lugar de acabar con ellos.
Si hay algo más vergonzoso que medidas de maquillaje de cara a la galería por parte del Gobierno, es que las medidas solo sirvan para retroceder en lugar de avanzar en materia de derechos sociales.
La PAH seguiremos enfrentándonos a estas injusticias hasta conseguir que el Derecho de acceso a una vivienda adecuada y digna sea una realidad en nuestro país, y lograr que las reformas legislativas se hagan con el objetivo de acabar con los desahucios y no alimentarlos, aplicando las medidas que llevamos casi una década presentando.
Se resume en un mero documento de buenas intenciones que abruma por su falta de concreción y las cero menciones a medidas para evitar o dar solución a los casi 200 desahucios diarios, y por la falta de propuestas para enfrentarse a la banca, fondos buitre y oligopolio energético.
En las últimas semanas Pedro Sánchez se ha reunido con distintos actores de muchos campos que necesitan mejoras y acción política para hacer frente a muchos de los problemas que están ahogando a la sociedad española. El viernes 30 de agosto, la PAH estuvimos presentes en la última de ellas para afrontar el problema de la vivienda. En dicha reunión les entregamos nuestro plan de choque con ‘Propuestas de la PAH para abordar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional’.
Somos conscientes del carácter electoral de estas reuniones, del juego de tronos que prevalece en el Congreso por encima de las necesidades de la gente. No nos sorprende, pero no por ello podemos dejar de considerar alarmante, tras leer el documento ‘Propuesta abierta para un gobierno común progresista’ presentado ayer por el PSOE, su falta de concreción, destacando la falta de medidas resolutivas para enfrentar la raiz del problema. Tras 10 años de crisis y emergencia habitacional crónica, de una legislación pensada solo para proteger a la banca, fondos buitre y sus intereses económicos, ahora es momento de contundencia y hechos claros, no de palabras. Por justicia a las 700.000 familias que han perdido su hogar desde 2008, por las casi 200 que diariamente se enfrentan a una nueva orden de desahucio, no es tiempo de que las grandes medidas del Gobierno sean «se estudiará…», «se fomentará…».
Tras 10 años de políticas antisociales, los mismos que la PAH llevamos denunciando y luchando contra esta situación, al tiempo que trabajamos en esas medidas reales que los distintos gobiernos no han sido capaces de desarrollar y que se han limitado a bloquear.
Es el momento de políticas valientes y de dejar de discursear sobre visiones de cambio. Es el momento de hacerlas realidad. Nuestra valoración a las propuestas del gobierno en funciones es:
1º) No contiene ni una sola mención a los desahucios, ni ninguna medida concreta de las que la PAH propuso al PSOE para garantizar la disminución y suspensión de los 172 desahucios diarios que, según el CGPJ, se ejecutaron en el primer trimestre de 2019. Hemos pedido a Pedro Sanchez que se mojara con cambios legales acordes a las exigencias de la ONU; respondernos que se «favorecerá» el realojo es tan vacuo que no repara tantas lágrimas vertidas. Ninguna mención al vencimiento de las moratorias, que puede provocar un sangrante aumento de los desahucios por impago de hipoteca. Si realmente el PSOE quiere «fomentar» el alquiler social debe impedir que las entidades financieras puedan desahuciar a quienes han sufrido la estafa hipotecaria.
2º) En relación con el Parque Público de Vivienda, tampoco contiene medidas para recuperar las viviendas que ya están en poder de la banca en general, ni de Bankia en particular. Habla de convenios de la SAREB, cuando ya existen y se podían estar aplicando, en lugar de la venta actual de vivienda y suelo procedente de la burbuja inmobilaria. Más allá de que definiera qué es una vivienda vacía, no detalla medidas para movilizar esta vivienda desocupada hacia el alquiler asequible. Promete un plan de rehabilitación, sin garantizar que esas ayudas no puedan a continuación incrementar la renta de los alquileres. Se mantiene en la irrisoria cifra de 20.000 viviendas para todo el Estado, en absoluto insuficientes para influir en los precios de zonas tensionadas en las que se concentran fondos de inversión como Blackstone.
3º) No incluye ninguna medida fiscal positiva en relación con la vivienda, que no solo pueda servir para movilizar la vivienda desocupada sino también para la financiación del parque público. Ni mayor tributación a buitres y SOCIMI, ni sanciones a la banca. No concreta incrementos del PIB en vivienda, cuando estamos muy por debajo de Europa.
4º) Se acepta intervenir los precios del alquiler, aunque no se especifica cómo, sino que reincide en la vaguedad de un índice estatal de referencia frente a índices locales más vinculantes. Habla de profundizar en las medidas ya adoptadas en marzo, cuando al no aplicar a los contratos anteriores a esa fecha dejan fuera de alcance al 99% de las renovaciones al alza. Las ayudas al alquiler, mal planteadas, pueden ser una línea directa al bolsillo de los grandes tenedores y echar más gasolina al fuego. Ya en 2013 la PAH requería reforzar un Observatorio de la Vivienda; la situación de emergencia habitacional y de alza de precios requiere más que observar.
5º) Sí reconoce algunos postulados de mínimos de la PAH:
La necesidad de aprobar una Ley estatal de vivienda que proteja su función social, para la cual la PAH ya presentamos un texto base que fue admitido a trámite por una mayoría parlamentaria y que sin embargo el PSOE sigue sin llamarnos para su discusión y trámite de urgencia.
Impedir normativamente que las viviendas con algún tipo de protección pública puedan ser gestionadas o vendidas a fondos buitre. Esto es consecuencia directa de la lucha sin descanso de miles de afectadas en la PAH, pero necesita que el Gobierno se implique en recuperar las promociones de vivienda ya afectadas.
La prohibición de cortes de suministros básicos (agua, luz, gas) en primera vivienda, algo ya denunciado ante Europa y que siempre ha estado presente en nuestras iniciativas locales, autonómicas y estatales. Sin embargo faltan medidas firmes para disminuir la tarifa del tramo vital de estos suministros.
Y algunas premisas más, como nuevas medidas de protección al consumidor ‒ante la insuficiencia de la actual Ley de Créditos Inmobiliarios‒, el control de los pisos turísticos ‒que forman parte de la burbuja de alquiler‒, o modificar la «Ley Mordaza», que sin embargo y pese a los recursos de alzada interpuestos, siguen aplicando férreamente los delegados de gobierno del PSOE.
En definitiva, es una declaración de voluntad, pero carente de concreción y escasa de plan de choque urgente sobre el mayor y más dramático de los problemas: los desahucios.
Visto el resultado, ahora exigimos que el programa de gobierno en materia de vivienda se mejore con la inclusión de nuestras propuestas contra los desahucios y para la generación del Parque Público de Vivienda y la concreción de las medidas de alquiler. Mientras esto no suceda, el PSOE sequirá siendo cómplice de cada uno de los 172 desahucios diarios, de la banca y de los fondos de inversión que se están apropiando de nuestras viviendas. A la PAH solo nos quedará seguir en las calles, parando esta sangría con nuestros cuerpos y denunciando la situación de emergencia de un país que poco tiene que ver con los de nuestro entorno en el desarrollo de políticas de vivienda.
