Archivo de categoría Comunicados

Peticiones de los movimientos sociales ante el nuevo gobierno de Barcelona

Estos días presenciamos cómo los resultados de las elecciones municipales se convierten en una lucha por el poder que obvia qué medidas se implementarán a lo largo del próximo mandato para garantizar a las personas una vida digna y la preservación de la biodiversidad que la hace posible. Desgraciadamente se ha continuado con la priorización del choque de bloques por encima de las necesidades de las personas.

Por todo ello, en un momento donde los grandes lobbies presionan en la dirección contraria, desde los movimientos sociales de la ciudad exigimos que se pongan en el centro las políticas sociales y las necesidades de las personas y el planeta.

Ante los abusos y ataques a la democracia de los poderes económicos, las persistentes desigualdades, el grave deterioro ambiental y la emergencia habitacional de la ciudad, se hace imprescindible abordar de forma inmediata las siguientes peticiones en la acción de gobierno en Barcelona:

Desigualdades y justicia social

  • Debe mantenerse el compromiso con el plan decenal de inclusión, revisar, reforzar y ampliar los planes de barrios, reforzar las políticas públicas en sanidad, servicios sociales y educación, luchando contra la segregación escolar, desarrollando políticas de ocupación claramente orientadas a hacer frente a la precariedad y los bajos salarios, incorporando medidas urbanísticas que hagan frente a la gentrificación y la apropiación privada del espacio público.
  • Exigimos garantizar el acceso universal a los suministros básicos, sea cual sea el nivel de renta de la familia o el régimen de tenencia de su vivienda. En este sentido, toda política municipal tendría que integrar la defensa y la aplicación en forma de sanciones de la Ley 24/2015, como norma que protege los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, debe consolidarse el enfoque de la pobreza energética desde una perspectiva de derechos, ampliando de este modo los recientemente creados Puntos de Asesoramiento Energético para que sean un servicio conocido y empleado por el conjunto de la ciudadanía y fomenten el empoderamiento colectivo. Igualmente, hay que avanzar de manera decidida hacia la soberanía energética, haciendo de Barcelona Energia un espacio de participación colectiva por un control democrático de la producción, distribución y consumo energético.

Emergencia climática y justicia ambiental

Es necesaria una visión global de la cuestión y abordar prioritariamente la emergencia climática donde las siguientes medidas son fundamentales:

  • Hace falta un cambio en el modelo de movilidad, con una apuesta decidida por el transporte público: tranvía, metro, red de transporte en superficie con perspectiva metropolitana, puesta en marcha de una extensa red de parkings disuasorios, fomento del uso de la bicicleta y planificación de un urbanismo favorable a los peatones y de una extensa red de espacios verdes con la renaturalización de los ríos Llobregat y Besòs.
  • Apostar por una política de transformación del modelo energético local. Con un operador municipal verde, que no participe de la incineración de residuos, con gobierno público-comunitario, que ejerza como verdadero agente de cambio, hacia una transición energética social y ambientalmente justa en la ciudad de Barcelona.
  • Luchar contra los grandes contaminantes limitando al máximo el tráfico de vehículos movidos por energías fósiles, la llegada de cruceros, la generación de energía mediante incineración o centrales de ciclo combinado de gas o carbón.
  • Una política de gestión de residuos orientada al residuo cero, implementación en toda la ciudad del sistema de recogida puerta a puerta con una fuerte limitación del uso de plásticos, fomento de envases retornables, reutilización, reciclaje y que elimine la incineración.
  • Implementar la remunicipalización del agua de Barcelona y el Área Metropolitana, así como poner en marcha un espacio de concertación entre actores sociales e institucionales para velar por la gestión del agua como un bien común, el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y la preservación de los ecosistemas que abastecen de agua a Barcelona y el Área Metropolitana. Tal como piden más de 250 entidades, algunas de 3er nivel, en el Compromiso por el Agua Pública y Democrática de la AMB*.

Emergencia habitacional, alquiler y turismo

  • Políticas decididas para una transición en forma de decrecimiento turístico acompañadas de alternativas económicas más justas. Sustitución del consorcio público-privado Turismo de Barcelona por una agencia pública encargada de controlar y contener el sector. Ampliación de la zona 1 del actual plan de alojamientos turístico (PEUAT) a toda la ciudad, parando la concesión de licencias de cualquier tipo de alojamiento turístico en la ciudad y poniendo en marcha un proceso análogo en el ámbito metropolitano.
  • Abordaje de las grandes infraestructuras de movilidad como factor fundamental de la turistificación; por ser puerto y aeropuerto competencias supra-municipales, hace falta un acuerdo de ciudad y un proceso de diálogo con el resto de administraciones para que sea la ciudad quien gestione estas infraestructuras. Cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de la gestión del 100% de la recaudación de la tasa turística para destinarla por ley a finalidades, como por ejemplo, el parque público de alquiler, a reforzar el tejido vecinal o la financiación del proceso de decrecimiento turístico.
  • En política de vivienda es imprescindible el aumento del parque público de alquiler en cumplimiento de la medida del 30% y 15% de vivienda pública. Debe hacerse un cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, así como ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración. Hay que facilitar acuerdos de alquiler social ante problemáticas como la de las familias forzadas a ocupar, así como publicar datos del fenómeno.
  • Para hacer frente a la emergencia debe modificarse el protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y una reducción drástica de la lista de espera que actualmente supera los dos años. Debe acordarse el destino del realojo después del desahucio con antelación a la fecha de éste y evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Deben unificarse las visitas a Servicios Sociales y Habitatge para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones.
  • Debe hacerse un seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento y agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.

Y por todo esto, es imprescindible que el próximo gobierno de la ciudad tenga como prioridad estas cuestiones, con transparencia y facilitando la participación de los movimientos sociales para seguir con la profundización de la democracia, y hacer frente a los lobbies y a los poderes que intenten apropiarse de la ciudad.

Barcelona, 11 de junio de 2019

Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea de Barris per a un  Turisme Sostenible, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la PAH, Sindicat de Llogateres i la Xarxa per la Sobirania Energètica

* Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica https://aiguabcn.org/compromis/compromis/

Exigimos al Ayuntamiento de Hospitalet soluciones para Juan y su familia

El Ayuntamiento, liderado por Núria Marín y el PSC, incumple la Ley 24/2015 y deja a Juan y su familia en la calle tras sufrir un desahucio abierto

El pasado martes 28 de mayo Juan y su familia con dos menores y su mujer embarazada, fueron desalojados de su vivienda después de que el Juzgado de Primera Instancia de Hospitalet de Llobregat decretase un desahucio con fecha abierta, una práctica específicamente prohibida por el Real Decreto 7/2019.

El Ayuntamiento, a pesar de conocer a través de sus departamentos que este desahucio se podía producir a partir del día 20 del mes pasado, no ha hecho absolutamente nada para encontrar un realojo digno antes de suceder y evitar de esta manera el insoportable nivel de angustia que supone este tipo de prácticas inhumanas.

Una vez producido el desahucio y después de un día entero esperando la actuación de Servicios Sociales, se acaba derivando a la familia a una teórica pensión en el número 578 de la Avenida Diagonal de Barcelona. Al llegar, Juan y Aurora comprueban horrorizados cómo el lugar no cumple los mínimos estándares de higiene y dignidad: el piso huele mal, las sábanas de su habitación están sucias, el suelo y las paredes llevan tiempo sin limpiarse y los lavabos no tienen unas mínimas condiciones de salubridad. Además, encuentran que algunos de los huéspedes escupen en el suelo e incluso fuman dentro de la estancia. Ante esta situación y, recordemos, con dos menores a cargo, la familia toma la decisión de abandonar el espacio y consiguen dormir con unos colchones en el suelo del comedor de una vecina del bloque de donde acababan de ser desahuciados y con la que habían mantenido una buena relación durante su convivencia como vecinas.

Al día siguiente, el miércoles 29, solicitamos reuniones con cargos de la Administración y una campaña para denunciar la situación de Aurora y de Juan, sin ningún éxito, por lo cual tienen que pasar una segunda noche durmiendo indignamente en un comedor ajeno, porque el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat incumple el artículo 5.6 de la Ley 24/2015, que establece que «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio». Es por este motivo que desde la PAH de Barcelona decidimos realizar una acción de denuncia al Ayuntamiento el jueves 30, y después de una reunión con el regidor José Castro y los responsables de Vivienda y Servicios Sociales, se decide realizar una nueva visita a la pensión de Diagonal para aclarar si realmente se encuentra en condiciones.

Junto con Aurora y Juan, acudimos al lugar aquel mismo mediodía y, al llegar, detectamos que el piso se acaba de limpiar deprisa y corriendo. A pesar de encontrarnos con las ventanas abiertas de par en par, constatamos que el olor todavía es fuerte y que, si se inspeccionan algunas zonas más escondidas, se ve claramente que el lugar está muy sucio, incluyendo la cocina y los lavabos. Además, encontramos en el interior un cenicero con cigarrillos apagados. Para tener constancia, tomamos fotografías y grabamos un video donde se ven claramente las malas condiciones de salubridad.

Es cuando nos disponemos a salir cuando aparece el teóricamente responsable de la hostal, quien, muy nervioso, nos amenaza y nos pregunta cómo hemos entrado al lugar. Su compañero, quien nos había abierto, se sitúa detrás grabando la discusión con su móvil. Intentamos explicarle la situación, pero esta persona se pone cada vez más nerviosa y traspasa la línea de la agresividad, llegando incluso a bloquear el paso hacia la salida, generando momentos de tensión en los cuales tememos por nuestra integridad física. Finalmente, conseguimos abandonar el piso, momento en el cual esta persona se encara con una vecina del piso de arriba que estaba bajando las escaleras.

Después de explicarle todo lo que había pasado al responsable de Vivienda, y después de que éste hiciese una llamada al encargado de Servicios Sociales, se nos deriva a los trabajadores sociales de referencia de la familia en la sede de Can Serra, donde aquella tarde mantenemos una reunión de más de una hora con su personal. La única alternativa que se ofrece entonces a la familia es una pensión en el barrio de Sants de Barcelona, con una habitación doble (cuando la familia está compuesta por 4 personas, incluyendo dos menores y una mujer embarazada) por aquella noche, con la particularidad de que esta pensión es del mismo propietario que nos acaba de amenazar unas horas antes. Después de la angustia vivida, lógicamente la familia decide no aceptar esta alternativa por miedo a encontrarse allí de nuevo con esta persona.

Las mismas trabajadoras sociales y su jefa nos confirman que el Ayuntamiento no está en disposición de ofrecer ninguna otra alternativa. A pesar de tratarse de la segunda ciudad más poblada de Cataluña, parece que solo hay un convenio para alojar a las familias desahuciadas en tres o cuatro pensiones y, cuando estas se encuentran llenas, no hay ninguna otra vía para garantizar este realojo.

A día de hoy, la familia sigue durmiendo en el suelo del comedor de la vecina y el Ayuntamiento no le ofrece ninguna alternativa, incumpliendo de forma clara la legislación vigente en materia de vivienda, la Ley 24/2015.

Estamos hoy en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat para exigir una solución digna para Juan y su familia. ¡La vivienda es un derecho y desde la PAH lo vamos a demostrar!

Exigimos a la Alcaldesa Núria Marín solución para Juan y su familia

Ayer desahuciaron a Juan y a su familia con menores y su mujer embarazada. Tenía un desahucio abierto desde el 20 de mayo. El Ayuntamiento de Hospitalet sabía del caso y no contactó con la familia para realojarla o saber dónde iba a ir. ¡Ojo! Desde la PAH de Barcelona pusimos una denuncia por el desahucio, ya que lo considerábamos ilegal (ya se legisló en marzo para que nunca más se produjeran), y además porque la propiedad que los desahucia es una immobiliaria, y según la 24/2015, Juan y su familia deben estar con un alquiler social.

En vez de hacer cumplir las leyes, el Ayuntamiento de la alcaldesa Núria Marín las desobedece y prefiere proteger los intereses financieros en vez de a sus ciudadanas.

La Plataforma de Afectados Por la Hipoteca de Barcelona estuvo con la familia durante todo este proceso, porque nosotras defendemos a las familias y los derechos humanos. REPETIMOS que el Ayuntamiento de Hospitalet sabía del desahucio y el caso de la familia de Juan y ni se personó a ayudarlos. Tuvo que ser la PAH Barcelona quien acompañara a la familia a Servicios Sociales a buscar una solución digna.

Ayer anunciamos que habíamos conseguido una solución temporal: un día alojados en un albergue, que ayer ya denunciamos las condiciones en las que estaba y que la familia con menores no pudo estar allí por la falta de higiene y el ruido; y otros días alojados en una pensión en el barrio de Sants. Hoy la sorpresa ha sido que los dejan en la calle, que no hay pensión y que se desentienden de la familia. Es decir, nos engañaron y no tienen ningún remordimiento de no estar cumpliendo con sus funciones, que es proteger a la gente, ayudarla y hacer cumplir las leyes, todo fueron promesas vacías.

La realidad a 29 de mayo a las 16:30 horas, es que Juan y su familia están en la calle. En 2018 hubo 549 desahucios. La responsabilidad de Núria Marín y su Gobierno, del PSOE de Pedro Sánchez, es que ninguna familia se quede en la calle, y se está incumpliendo. No es la primera vez que nos encontramos con una situación así del Ayuntamiento de Hospitalet, no vamos a dejar que se vulneren los derechos de las personas.

Frente a la inacción la PAH actua. ¡Exigimos solución digna para las familias! ¡Por nuestros derechos! ¡Vamos a demostrar que sí se puede!

#JuanSeQueda #vergüenzaPSOEHospitalet

CaixaBank no solo vulnera derechos fundamentales, también incumple las leyes

CaixaBank es una de las entidades bancarias que más intenta cuidar su buena imagen con infinidad de campañas de publicidad y, sobre todo, a través de su Obra Social La Caixa. Pero la realidad es otra muy distinta, y las prácticas antisociales y la vulneración de derechos fundamentales como el de la vivienda, forman parte de su día a día, como en cualquier otro banco

Hoy PAH Barcelona ocupamos una oficina de CaixaBank para exigir una solución para Kerly, a la que le están negando el alquiler social y la condonación de la deuda después de haber sido doblemente estafada, por la entidad y por la inmobiliaria que gestionó en su momento la compra de su hogar, un antiguo local comercial convertido en vivienda pero sin cédula de habitabilidad. Un detalle del que nadie la informó, y ahora es el motivo principal para negarle la dación en pago.

Kerly lleva desde 2013 intentando una entrega voluntaria de llaves porque no puede afrontar el pago de la hipoteca, pero CaixaBank le ha estado negando toda alternativa y finalmente, en octubre de 2017, la vivienda fue subastada y pasó a ser propiedad de Building Center, inmobiliaria de la propia CaixaBank. Actualmente, la ha vendido a Coral Homes, que tiene detrás al fondo buitre Lone Star. Un ejemplo claro del entramado que está realizando la mafia bancaria organizada, más interesada en seguir amasando beneficios, priorizando la venta a Socimis y fondos de inversión, por encima de los derechos de las familias que previamente habían sido engañadas con la estafa hipotecaria.

Las demandas de Kerly son de justicia y sentido común: alquiler social y condonación de la deuda del remanente pendiente. Desde que empezó este periplo de angustia y lucha, CaixaBank ya le ha quitado dos propiedades, la suya y la de su avalista, perdiendo Kerly 50.000 € en 5 años, pagando la hipoteca, además de perder sus ahorros por seguir pagando, mostrando ser deudora de buena fe. CaixaBank no solo le está dando la espalda, ya la ha hecho pasar por tres intentos de desahucio, suspendidos gracias a la PAH.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza EnergéticaCaixaBank está obligada a ofrecer a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir la ley. Actualmente, la ejecución hipotecaria está archivada, pero a pesar de haber presentado recurso de reposición, tras la venta a Coral Homes, cada día que pasa, Kerly está en riesgo de recibir una demanda por precario.

Recordemos que CaixaBank fue una de las entidades beneficiadas por el rescate bancario con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a este capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que sólo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Kerly no está sola, tiene en la PAH de su lado y no desfalleceremos hasta que se haga justicia después de tantos años de mentiras y sufrimiento. Denunciamos públicamente la actitud de CaixaBank y exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015, creada no solo para obligar a la banca a ofrecer alquileres, también para obligarlos a la movilización de sus viviendas, cediéndolas a la Administración y ampliar así el inexistente parque público de viviendas, que serviría para dar respuesta a los casi 200 desahucios diarios que siguen produciendo hoy en día.

La PAH nació hace 10 años para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Hemos conseguido miles de soluciones con desobediencia civil y pacífica, y lo seguiremos haciendo hasta conseguir una legislación en materia de vivienda que realmente proteja a las familias y no al sistema capitalista, que nos está echando de nuestras casas para convertirlas en una mercancía especulativa en manos de unos pocos. 

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos solución para Kerly.

#SoluciónPAHKerly
#CaixaBankDesahucia

Caixabank no solo vulnera derechos fundamentales, también incumple las leyes

Caixabank es una de las entidades bancarias que más intenta cuidar su buena imagen con infinidad de campañas de publicidad y sobre todo a través de su Obra Social La Caixa. Pero la realidad es otra muy diferente, y las prácticas antisociales y la vulneración de derechos fundamentales como el de la vivienda, forman parte de su día a día como cualquier otro banco

Hoy PAH Barcelona ocupamos una oficina de Caixabank para exigir una solución para Kerly, a quien le están negando el alquiler social y la condonación de la deuda tras haber sido doblemente estafada, por la entidad y por la inmobiliaria que gestionó en su momento la compra de su hogar, un antiguo local comercial convertido en vivienda pero sin cédula de habitabilidad. Un detalle del que nadie la informó, y ahora es el motivo principal para negarle la dación en pago.

Kerly lleva desde 2013 intentando una entrega voluntaria de llaves al no poder afrontar el pago de la hipoteca, pero Caixabank le ha estado negando toda alternativa y finalmente, en octubre de 2017, la vivienda fue subastada y pasó a ser propiedad del Building Center, inmobiliaria de la propia Caixabank. Actualmente la ha vendido a Coral Homes, que tiene detrás al fondo buitre Lone Star. Un ejemplo claro del entramado que está realizando la mafia bancaria organizada, más interesada en seguir amasando beneficios, priorizando la venta a Socimis y fondos de inversión, por encima de los derechos de las familias que previamente habían sido engañadas con la estafa hipotecaria.

Las demandas de Kerly son de justicia y sentido común: alquiler social y condonación de deuda del remanente pendiente. Desde que empezó este periplo de angustia y lucha, Caixabank ya le ha arrebatado dos propiedades, la suya y la de su avalista, perdiendo Kerly 50.000€ en 5 años, pagando la hipoteca además de perder sus ahorros por seguir pagando, mostrando ser deudora de buena fe. Caixabank no solo le está dando la espalda, ya le ha hecho pasar por tres intentos de desahucio, suspendidos gracias a la PAH.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir la ley. Actualmente la ejecución hipotecaria está archivada, pero a pesar de haber presentado recurso de reposición, tras la venta a Coral Homes, cada día que pasa, Kerly está en riesgo de recibir una demanda por precario.

Recordemos que Caixabank fue una de las entidades beneficiadas por el rescate bancario con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Kerly no está sola, tiene a la PAH de su lado y no desfalleceremos hasta que se haga justicia tras tantos años de mentiras y sufrimiento. Denunciamos públicamente la actitud de Caixabank y exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015, creada no solo para obligar a la banca a ofrecer alquileres, también para obligarles a la movilización de sus viviendas, cediéndolas a la Administración y ampliar así el inexistente parque público de viviendas, que serviría para dar respuesta a los casi 200 desahucios diarios que se siguen produciendo a día de hoy.

La PAH nació hace 10 años para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Hemos logrado miles de soluciones con desobediencia civil y pacífica, y lo seguiremos haciendo hasta lograr una legislación en materia de vivienda que realmente proteja a las familias y no al sistema capitalista, que nos está echando de nuestras casas para convertirlas en una mercancía especulativa en manos de unos pocos. 

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos solución para Kerly.

#SoluciónPAHKerly
#CaixabankDesahucia