Comunicados - PAH Barcelona

Denunciamos y rechazamos la amenaza de los buitres a las administraciones para que no apliquen la Ley 24/2015

La instrumentalización de la justicia por parte de empresas privadas ha logrado un hito insólito: la persecución de los poderes públicos que hacen cumplir las leyes impulsadas por la sociedad civil y refrendadas por la soberanía popular

Esta semana hemos conocido que la justicia ha citado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau -así como a las concejalas Lucía Martín y Marc Serra y a la trabajadora responsable de la unidad antidesahucios- a declarar el próximo mes de marzo como investigadas por haber multado al fondo Vauras Investment, propietario del Bloc Llavors, un edificio de pisos situado en el barrio del Poble Sec que en el 2017 fue ocupado por varias familias vulnerables que fueron desahuciadas en el 2020. Las investigadas no hicieron más que aplicar lo que establece la Ley 24/2015, que se aprobó en el Parlament de Catalunya hace ahora ocho años con la intención de remediar la lacra de los desahucios y evitar que Catalunya siga encabezando las listas de lanzamientos en todo el Estado.

La ley antidesahucios catalana en aquel momento -ya que estaba en vigor el Decreto 17/2019-, obligaba a los grandes tenedores de vivienda -como Vauras Investment- a ofrecer un contrato de alquiler social a aquellas familias que acreditaran vulnerabilidad económica antes de desahuciarlas. Este era el caso del Bloc Llavors: las 7 familias ocupantes contaban con un informe de vulnerabilidad. Los desahucios no se pararon y, ante el incumplimiento de la Ley 24/2015, el Ayuntamiento hizo lo que le correspondía: notificó e impuso 5 multas -una por cada alquiler social sin ofrecer- por importe de 417.000€ a Vauras Investment, que ha respondido con una querella.

Nos preocupa el hecho insólito de que un fondo buitre tenga la capacidad de utilizar a los tribunales para incumplir leyes con impunitad y esquivar aquellas obligaciones que perjudican sus intereses. El caso de Vauras contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo claro de lawfare, es decir, del uso -y abuso- de la justicia para hacer guerra política contra aquellas decisiones -fruto de la soberanía popular, recordemos-, que de algún modo limitan los beneficios de un capital que se está enriqueciendo a costa de un derecho básico, es decir, a una vivienda digna y adecuada.

Vauras Investment sabe que es muy posible que esta querella no prospere, pero de momento ya ha conseguido que la justicia obligue al consistorio a retirar las multas, todo ello con la idea de condicionar el compromiso del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir una ley antidesahucios que ha demostrado su capacidad para resolver los problemas de muchísimas familias que el sistema había dejado abandonadas. Esta reacción por parte de Vauras indica lo que ya hace tiempo que sabemos: que la Ley 24/2015 funciona, y precisamente es por ello que la única alternativa que les queda a los grandes tenedores es intentar atemorizar a la Administración para que evite aplicarla.

Es imperativo que desde todos los estamentos sociales e institucionales -y judiciales- rechacemos el lawfare y exijamos que cualquier disputa de intereses se haga de manera política, es decir, con proyectos y movilizaciones, sin tergiversar el sentido de las normas jurídicas que no es otro que hacer efectivas las decisiones democráticas y la garantía de los derechos, especialmente aquellos más amenazados por los intereses de unos pocos, como lo es, desde hace demasiado tiempo, el derecho a una vivienda digna.

El 22 de febrero la PAH cumple 14 años

Cuando se creó en 2009, probablemente nadie hubiera pensado que en 2023 seguiría activa, viva e internacionalmente reconocida.

Éramos pocas, pero hay que reconocer que ahora ya no, ahora somos muchas, por aquello de que “una + 100 pueden llegar a ser millones”… Nos quieren solas, ¡pues no! ¡Nos tendrán juntas y organizadas!

Creando ideología y discurso propios, al acceso de toda la ciudadanía y sin bla bla bla, muchas personas se han unido para cambiar las cosas. Muchas afectadas, aunque también las que pensaban que no era su culpa si la gente se quedaba sin casa, pero que lo sería si no se cambiaba nada, porque eso sigue ocurriendo hoy y aquí.

Grandes victorias, como la Ley 24/2015, que evita desahucios y previene la pobreza energética, han cambiado el panorama de la vivienda, consiguiendo alquileres sociales obligatorios, renovaciones de alquiler, dando respuesta a la ocupación en precario. Todo ello ha supuesto un balón de oxígeno y la salvación para muchísimas familias vulnerables y vulneradas por el sistema.

El camino a recorrer es todavía largo, esperando una Ley Vivienda valiente que no se olvide de nadie.

Pero aun así, este mes, festejaremos:

en el carnaval de Sants el 18/02. Ven de verde a las 17h al desfile de la carretera de Sants
en la asamblea de PAHs catalanas el 25/02 junto a todas las comPAHs de Catalunya
¡y en marzo, con una gran fiesta de aniversario en PAH Barcelona para todas! No te las pierdas, atenta a la redes.

¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS PAH!!!

El movimiento por la vivienda consigue que la medida para habilitar a las comunidades de vecinos quede fuera de la “Ley Desokupa” de Junts

Sin embargo, la nueva ley habilitará a los ayuntamientos a instar desahucios en casos de grandes tenedores

Estudiamos emprender acciones contra aquellos ayuntamientos que la utilicen para hacer electoralismo y perjudicar a familias vulnerables

Hoy el Parlament de Catalunya ha aprobado la Proposición de Ley de Junts per Catalunya sobre ocupaciones pero con enmiendas aprobadas -y gracias sobre todo a la presión social- que han derribado la medida que habilitaba a las comunidades de vecinos a instar un desahucio. Tal y como advertimos ayer, medidas como esta solo hacían que estigmatizar -aún más- a las familias en situación de vulnerabilidad y, además, abonaba el terreno para el racismo y la aporofobia. Si bien la medida para habilitar a los ayuntamientos ha salido aprobada, esta lo ha hecho con limitaciones: si la Administración quiere promover una expulsión, deberá hacerlo con procedimientos e informes previos que ni siquiera se mencionaban en el texto original.

Sin embargo, insistimos en que esta propuesta de Junts es un total despropósito: se trata de una medida electoralista, sesgada, inadecuada, desproporcionada, ineficaz, estigmatizadora y nos indigna que venga de parte de quien ha sido responsable de las políticas de vivienda catalanas hasta hace tan solo 4 meses. No entendemos que Junts y sus aliados hayan rechazado incluir una enmienda de mínimos que excluya de la aplicación de la ley a las familias en exclusión residencial, que les hicimos llegar ya redactada y que consistía en un solo párrafo. ¿Cuáles son los intereses reales que mueven el voto de ese partido?

Anunciamos además, que denunciaremos cualquier consecuencia lesiva para los derechos humanos que esta ley pueda tener y estudiaremos todas las vías -incluida la judicial- para evitar que ayuntamientos que opten por la vía “desokupa” la utilicen para hacer populismo y la apliquen a personas y familias vulnerables en lugar de realojarlas y expropiar los pisos de grandes tenedores, tal y como les obliga la Ley 24/2015 antidesahucios catalana.

¡Nos opondremos a cada desalojo injusto que permita esta ley y plantaremos cara a todos aquellos responsables de permitir que en este país haya gente sin casa y casas sin gente!

Os dejampos la rueda de prensa del dia anterior al pleno

Las PAH de Barcelona y Hospitalet realizamos una acción sorpresa en la sede de CaixaBank para reclamar alquileres sociales para las familias vulnerables

Las activistas irrumpimos en la oficina bancaria porque tenemos varios casos de familias vulnerables que han solicitado un alquiler social, pero no han obtenido respuesta

Esta mañana una treintena de activistas de las PAH de Barcelona y Hospitalet hemos irrumpido pacíficamente en las oficinas de CaixaBank situadas en la plaza del Ayuntamiento de Hospitalet para denunciar varios casos de familias vulnerables que esperan un alquiler social a causa de su situación de vulnerabilidad y reclamar una reunión con un interlocutor válido para negociar. CaixaBank es uno de los propietarios de la empresa Coral Homes, una SOCIMI compartida con el fondo buitre Lone Star, que ha comprado muchos de los pisos que antes pertenecían al banco y se dedica a asediar a las familias residentes -instando un desahucio, ofreciéndoles dinero, etc.- para que se marchen y así poder especular. Después de unos momentos de tensión con los trabajadores del banco y la intervención de los Mossos, hemos conseguido que desde la oficina concierten una reunión con nosotras y las afectadas el próximo miércoles 8 de febrero con el director de la oficina, el Jefe de Zona y posiblemente Tecnotramit, la empresa que ejerce de mediación con Coral Homes.

Las afectadas que reclaman sus alquileres sociales son Djamila y Rosario, dos mujeres que viven en pisos de Coral Homes. El caso de Djamila es la consecuencia de la crisis económica del 2008: en 2014 CaixaBank le embargó el piso por impago de la hipoteca y posteriormente le transfirió la propiedad a Coral Homes; por su parte, Rosario ocupa el piso en precario desde hace 8 años. Ambas se encuentran en situación de vulnerabilidad y han sufrido intentos de desahucio que se han parado. Asimismo, ambas han solicitado a la empresa que les realice la oferta de alquiler social, por ahora sin respuesta.

Un alquiler social que no llega

Los grandes tenedores de vivienda, en particular los bancos y los fondos buitre, están obligados por la ley antidesahucios catalana (Ley 24/2015) a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que acrediten situación de vulnerabilidad y se encuentren en situación de impago de alquiler o hipoteca, finalización de contrato de alquiler u ocupando en precario. Desde que esta medida se restituyó en el Parlament de Catalunya el pasado mes de marzo, hemos conseguido firmar varios contratos de alquiler social –como el caso de Marcos y Solange; sin embargo, hay otros en los que los grandes tenedores se niegan a cumplir con la ley y no dan respuesta a las demandas de las familias, dejándolas desprotegidas e incluso intentando desahuciarlas. El objetivo es claro: no atender estas solicitudes mientras el gobierno español y los partidos de derecha y ultraderecha les hacen el trabajo sucio en los tribunales y ponen recursos en el Tribunal Constitucional con la esperanza de que este los tumbe, como ha hecho en otros ocasiones. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar cuatro duros y les impide tener vivienda vacía para especular.

La PAH no está dispuesta a permitir este abuso contra las personas que lo están pasando peor en esta crisis -ya cronificada- y nos hemos propuesto movilizarnos todas las veces que sea necesario para conseguir todos los alquileres sociales que la banca y los fondos buitre nos deben. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Catalunya y les animamos a acercarse a nuestras asambleas para organizarse y defender sus derechos. ¡Exigimos que aquellos que han promovido la miseria en nuestros barrios y ciudades cumplan con las leyes!

Las PAH Catalanas irrumpimos en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona para protestar contra la criminalización de la ocupación

Las activistas protestamos por la celebración de un seminario sobre la “persistencia” de la “okupación”, aunque las cifras demuestran que los casos de ocupación han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019

El ICAB es uno de los principales impulsores de la reforma anunciada por el PSOE de modificar la LECrim para facultar a los jueces a poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas

Las PAH Catalanas hemos organizado una acción sorpresa en la sede del Colegio de la Abogacía en Barcelona coincidiendo con la celebración, en el mismo edificio, del seminario Okupación, el problema persiste. Una treintena de activistas de la PAH hemos accedido pacíficamente a la Sala de Actos de la entidad, hemos explicado a los asistentes que nos hemos visto obligadas a irrumpir en esta formación porque desde el Colegio se ha decidido abordar el fenómeno de la ocupación desde una perspectiva criminalizadora de aquellas familias que ocupan en precario debido a su situación de vulnerabilidad. Jesús M. Sánchez, Decano del Colegio, ha exigido varias veces a las activistas que nos vamos, bajo el pretexto de no estar inscritas y argumentando que otras veces sí que se nos ha invitado al Colegio -pero no en esta ocasión- y que esta es una formación “puramente técnica”, todo ello mientras varios asistentes se han dedicado a abuchearnos, demostrando una absoluta y preocupante falta de empatía y tacto hacia aquellas personas más vulnerables que se supone que han de defender en un proceso legal.

Según la misma nota de prensa de la entidad, el motivo de celebración de esta jornada es que la “okupación” es “una problemática que persiste y que genera preocupación y malestar a la ciudadanía ante la falta de una respuesta rápida y eficiente para acabar con esta práctica”. Nos sorprende que en esta jornada no se cuente con la participación de ninguna entidad social -de las muchas que tratamos este fenómeno en nuestro día a día- o ni siquiera el testimonio de una familia que se ve obligada a vivir en precario por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Por otra parte, vemos que entre los ponentes encontramos nombres de “expertos” y antiguos cargos públicos, como Lourdes Ciuró, exconsejera de Justicia de la Generalitat, o Carles Sala, exsecretario de Vivienda, quien tan solo 14 días después de ser destituido se incorporó a la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en un caso claro de puertas giratorias. Asimismo, sorprende que el Colegio barcelonés no conozca que la realidad de este fenómeno en la ciudad vaya a la baja, ya que según datos del Ayuntamiento, las ocupaciones de inmuebles han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019. En último lugar, nos resulta extraño que un colegio profesional decida abordar “técnicamente” este fenómeno, pero que en todo el programa de la jornada no se haga ni una sola mención a la Ley antidesahucios catalana (Ley 24/2015) que precisamente aborda el fenómeno de la ocupación y provee de herramientas a jueces y abogados para eliminarla.

El ICAB y el fantasma de la okupación

A las organizaciones que defendemos el derecho a la vivienda nos indigna que organismos como el ICAB agiten el fantasma de la okupación -a menudo utilizado por la derecha y la ultraderecha- entre la población, en un contexto de emergencia habitacional en el que ya es evidente que la mayoría de las ocupaciones se producen en pisos de grandes tenedores como bancos y fondo buitre quienes, además, mantienen más de 30.000 pisos vacíos en Catalunya, según datos de Crític. El Colegio, además, ha mostrado en varias ocasiones su discurso criminalizador hacia las familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar una vivienda, organizando, junto con los colegios de Málaga y Mataró, el I Congreso de Ocupación Ilegal celebrado en la ciudad andaluza el pasado mes de mayo y que fue inaugurado por la ministra de Justicia del gobierno español, Pilar Llop. Sabemos, además, que el ICAB es uno de los principales instigadores de la reciente propuesta del PSOE de impulsar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para habilitar a los jueces para poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas, así como habilitar a ayuntamientos y comunidades de vecinos para poder solicitar un lanzamiento, proposición que Junts i Ciutadans pretenden aprobar en pocos días en el Parlament de Catalunya.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. Tenemos muchas propuestas que el Colegio de la Abogacía podría tener en cuenta a la hora de abordar el problema: la Ley 24/2015 antidesahucios -que contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de hacer alquiler alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad y movilizar los pisos vacíos; o bien, la futura Ley de Vivienda -actualmente bloqueada en el Congreso porque el PSOE se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad– o bien movilizar los pisos de la Sareb -una entidad rescatada y que actualmente está controlada por el Estado- y ponerlos a disposición del parque público.

Desde la PAH estamos haciendo toda la presión necesaria en la calle para evitar que desde los poderes públicos se criminalice a aquellas familias que no tienen más remedio que ocupar una vivienda por no quedarse en la calle. Y exigimos a organismos “profesionales” como el ICAB que abandonen los discursos populistas y se decidan a abordar el fenómeno de la ocupación con rigor y seriedad, con datos contrastados y contando con la debida pluralidad de opiniones. ¡Es escandaloso que una profesión -la abogacía-, que se supone sensible y comprometida con los derechos fundamentales no esté al lado de las familias más vulnerables!

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