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Ante la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y la emergencia habitacional crónica que sufrimos, mientras desde los distintos gobiernos miran hacia otro lado o ponen sus energías en medidas de maquillaje cara a la galería, obviando las soluciones reales para revertir la situción, una vez más la PAH presenta un plan de choque para cambiar las reglas del juego, que cualquier candidato con pretensiones de gobernar este país debería llevar en su programa electoral.

Demasiadas razones impulsan a La PAH a presentarnos los primeros ante los partidos políticos: los suicidios de personas por problemas económicos relacionados con la vivienda, la sangría y el dolor de los desahucios (más de 630.000 desde 2008, a día de hoy se siguen produciendo 165 desahucios diarios, sin contabilizar los producidos por renovaciones de los contratos de alquiler con precios inasumibles), la vergüenza de un irrisorio parque público de vivienda (que no llega al 2% frente al 15% de media en la UE de nuestro entorno, algunos paises oscilan en el 40%) y la inminente amenaza de un aumento de la emergencia habitacional provocado por el fin de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias y la finalización de los alquileres sociales vigentes (la primera en mayo de 2020 para más de 30.000 familias, y los segundos ya están finalizando, afectando a unas 15.000 familias), por el aumento espectacular de los precios de alquiler, responsables de un 62,49% de los desahucios, y por la situación de pobreza de amplios sectores de la ciudadanía, que los aboca a la ocupación cada vez en mayor número como única alternativa para acceder a un derecho universal.

Pedimos a todos los partidos políticos que nos respondan a estas tres preguntas:

• ¿Se compromete a acabar con los desahucios? Desahucios sin un realojo asegurado de familias con menores, discapacitados, personas mayores o en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo? Respetando y cumpliendo los acuerdos internacionales y el dictamen DESC de Naciones Unidas, esto se podría evitar.
• ¿Se compromete a aumentar el parque público de vivienda para que se pueda hacer frente a la emergencia habitacional?
  • a) ¿Se atreverá a exigir la cesión del uso temporal de las viviendas a la Sareb, de Bankia o de la banca rescatada en la proporción que no devuelve el rescate?
  • b) ¿Movilizará las viviendas vacías de Socimis y Fondos Buitre para que salgan al mercado, imponiendo impuestos de manera efectiva?
• ¿Se compromete a que no aumente la emergencia habitacional? ¿Cómo? ¿Prolongará la moratoria más allá de 2020? ¿Mantendrán los alquileres sociales a punto de finalizar? ¿Eliminarán requisitos para que haya reestructuraciones y quitas para que no se pierda más vivienda? ¿Aumentarán la protección jurídica frente a cesiones de crédito y así eliminar el Vencimiento Anticipado de la LCI? ¿Acabarán de una vez por todas con el sobreendeudamiento de miles de familias por deudas contraídas durante la crisis? ¿Pincharán la burbuja del alquiler regulando los precios con índices de referencia en manos de los ayuntamientos?

El Partido Popular despreció las más de 1.400.000 firmas en la ILP que se presentó en 2012. En 2018, con el apoyo incondicional de Ciudadanos, ha conseguido paralizar la Ley de Vivienda de la PAH. En 2019, con la ayuda del PSOE, el PNV y el PdeCat, el capital especulativo ha impuesto una nueva Ley Hipotecaria que sigue blanqueando cláusulas abusivas como el vencimiento anticipado, no aumenta la protección de los deudores y es incapaz de impulsar la responsabilidad limitada a la vivienda para evitar, tras perderla, deudas de por vida. No conformes con eso, el PP ha boicoteado la mayor parte de las leyes de vivienda aprobadas en las CCAA. También en 2019, el PSOE no ha tenido la valentia suficiente para elaborar un Decreto que realmente pusiera soluciones a la emergencia, quedándose corto y a medio gas.

Por todo ello, la ciudadanía organizada quiere saber si, de una vez por todas, se va a entender la vivienda como un derecho y no como una mercancía, si va a existir un marco normativo estatal que garantice unos mínimos derechos en vivienda en todas las CCAA, y si van a asumir con responsabilidad políticas de vivienda que conduzcan al reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda para toda la sociedad.

En esta campaña electoral La PAH pide a cada partido, y a las personas que acudan a los mítines que se organicen, que respondan de una vez a las preguntas y demandas que les hemos formulado anteriormente y que, a continuación, explicamos con más detalle.

EXIGENCIAS URGENTES DE LA PAH – PLAN DE CHOQUE

1. NI UN DESAHUCIO MÁS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

•Ello implica el compromiso de trasladar desde el Ministerio del Interior/Exteriores a los Juzgados las resoluciones DESC y verse con el CGPJ para reforzarlo.

•También implica modificación legislativa de la vinculación en los tratados internacionales y las leyes normativas que obligan a su cumplimiento, que supondrá la obligación de grandes tenedores a ofrecer alquiler social, y de las administraciones ¿¿¿a relajar??? de las unidades de convivencia, tanto por impago de hipotecas, como de alquileres, como de ocupación, despenalizando las viviendas ocupadas de buena fe y por necesidad.

2. POR LA CREACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA adecuado, que pueda acabar con la situación catastrófica de emergencia habitacional, y brutal desequilibrio entre la banca y amplios sectores de la sociedad. Para ello, exigimos:

•Nacionalización de Bankia, que supondrá la disposición de sus viviendas

•Viviendas de la Sareb al parque público como sea, incluso compra

•Devolución en vivienda de las cantidades que la banca rescatada no devuelve

•Creación de un Convenio Marco con la banca, base para su desarrollo en CCAA y ayuntamientos

•Impuesto a viviendas vacías de Fondos Buitre y Socimis

3. MEDIDAS URGENTES QUE EVITEN MÁS EMERGENCIA HABITACIONAL, que la corten de raíz, lo que implica:

•Mantenimiento de la Moratoria hasta que haya alternativa habitacional

•Mantener los Alquileres Sociales, en condiciones de suministros dignos, con aplicación retroactiva del 7+3 del R.Decreto y adecuando la normativa sobre alquileres sociales

•Eliminación de los requisitos para reestructuración, y con quita

•Modificación LCI del Vencimiento Anticipado y de la Responsabilidad Limitada

•Impedir la pérdida de vivienda para impedir que la banca ejerza la falta de legitimación activa ante las titulaciones

•Desarrollo del tema de tanteo y retracto (incorporando texto Rafi)

Algunas de estas exigencias son de competencia estatal, por lo que deben regularse para que no vuelva a haber repercusiones negativas para las Comunidades Autónomas, ni falta de claridad en la determinación de las competencias del Estado, CCAA y ayuntamientos ¿¿respecto a la vivienda como la nuestra??. POR UNA LEY ESTATAL DE VIVIENDA QUE GARANTICE UNOS MÍNIMOS.

Un elemento que ayudaría a poner en marcha mecanismos serios de avance sería la declaración de catastrófica de la situación actual –que puede agravarse ¿¿con las amenazas de futuro?? expresadas anteriormente– que implicaría la adopción de tres medidas:

• la urgente modificación, flexibilizándola, de los procedimientos administrativos-burocráticos que impiden el desarrollo de medidas urgentes a las diferentes administraciones,
• que se permita superar el techo de gasto provisionalmente, para que puedan adoptarse medidas valientes ante la ausencia de parque público de viviendas, que permitan garantizar un número suficiente de viviendas sociales,
• evidenciando e investigando con total transparencia la información relacionada con la vivienda, cuya ocultación ha sido utilizada como un arma para no desvelar la gravedad del ataque a las personas y unidades familiares, así como la gravísima vulneración del derecho a la vivienda.

En la PAH lo tenemos claro, vamos a hacer llegar nuestras exigencias a la ciudadanía, como siempre hemos hecho, avisando que aquellos que no se comprometan a hacer realidad el Derecho a una vivienda digna, estable y asequible, nos van a tener delante, denunciando y señalizando. Llevamos 10 años de lucha y seguimos con la misma energía que cuando empezamos, logrando miles de soluciones gracias a la autoorganización y la desobediencia pacífica, demostrando que tenemos razón y que solo es cuestión de voluntad y altura política cambiar las reglas del juego.

Ya lo avisamos aquí y ahora

#LaPAHentraEnCampaña

¡HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE! Ahora hay que velar por su aplicación por parte de los ayuntamientos. Hemos recuperado las medidas más importantes de la Ley 24/2015 suspendidas por el TC. Exigimos su aplicación inmediata y que se paren los desahucios.

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido «hacer posible lo imposible» y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios. Las Mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha del 31 de enero en que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó el pasado mes de noviembre. Permanecemos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia que no puede demorar más de 30 días y que tendría que ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los cuales no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.

Hoy nos presentamos ante el Ayuntamiento de Barcelona para instarlo a que la haga efectiva y sea garante de esta ley desde ya y que:

1. Inicien los procedimientos contradictorios para la cesión obligatoria de pisos vacíos a los grandes tenedores de vivienda por aquellos pisos de su municipio inscritos en el registro de viviendas vacías de la Generalitat de Catalunya, y en todos aquellos pisos vacíos de grandes tenedores que tengan identificados.

2. Hagan un censo exhaustivo de pisos vacíos de grandes tenedores del municipio.

3. Identifiquen claramente todas las necesidades de vivienda del municipio.

4. Las Mesas de emergencia deben reducir inmediatamente las esperas y ofrecer una vivienda alternativa antes del desahucio.

5. Sancionen a todos aquellos grandes tenedores que no hagan la oferta de alquiler social a las familias y personas afectadas por impagos, ejecución hipotecaria u ocupación en precario.

6. Faciliten el empadronamiento en el municipio de todas las personas que viven en él, sea cual sea su situación de tenencia regular o no de la vivienda.

7. Sancionen los cortes ilegales de suministros básicos.

8. Faciliten contadores «solidarios» de los suministros a aquellas personas y familias vulnerables que tienen dificultades para acceder a ellos.

9. Que las oficinas locales de vivienda sean un espacio de referencia próximo donde las personas encuentren asesoramiento de calidad y apoyo en la tramitación de gestiones de todos los aspectos relacionados con la vivienda (acceso, prevención de la pérdida, gestión del parque de vivienda, ayudas…).

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se lleve a cabo ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, a los movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Catalunya.

¡Sí se puede!