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[Comunicado] Carta dirigida al Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra y a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau

Hoy queremos hacer llegar la siguiente carta al Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra y a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau. Las familias no tienen que sufrir la ineficiencia de las dos administraciones a ponerse a trabajar conjuntamente. Desde la PAH lo tenemos claro, somos personas y no números a poner o quitar en unas estadísticas. Exigimos soluciones, solo hace falta voluntad política.


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Pinchar la burbuja del alquiler aún es posible

La PAH y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hemos logrado que una mayoría parlamentaria se posicione a favor de un nuevo Decreto Ley. Las elecciones no son excusa: el Gobierno debe impulsar una batería de medidas urgentes en los próximos días, poniéndose del lado de la ciudadanía y no de quienes especulan con la vivienda.

La crisis habitacional en la que seguimos instaladas desde 2008 exige medidas urgentes por parte del Gobierno del Estado. He ahí la premisa con la que la PAH y los Sindicatos de Inquilinas visitamos el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles 20 de febrero. A lo largo de una jornada maratoniana de más de 10 horas, tuvimos ocasión de vernos con los grupos parlamentarios y les trasladamos un mensaje: las disputas preelectorales no pueden retrasar medidas insoslayables.

Porque la situación de injusticia y vulneración de derechos en la que vivimos es de sobras conocida. Debido a las políticas antisociales adoptadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2013, la especulación que habíamos vivido en torno a las hipotecas se trasladó también a los alquileres. Fueron decisiones a medida de la banca y los fondos buitre, que nadie más pedía, y que han tenido consecuencias nefastas. Mientras los beneficios inmobiliarios de unos pocos se han triplicado y alcanzado cotas que no se veían desde 2007, los desahucios se han disparado y ya están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitre acaparan viviendas a una enorme velocidad, sin precedentes en la historia, el alquiler ya se come más ingresos que en ningún otro país de la OCDE.

Frente a esta realidad de emergencia habitacional, hay que actuar. Aunque la legislatura va llegando a su fin, es perfectamente factible para el Gobierno impulsar un real decreto. Incluso con las Cortes disueltas, tras el 5 de marzo, podría hacerse a través de la Diputación Permanente. Y si es factible impulsar un decreto, también lo es que sea aprobado por una mayoría de grupos, que en principio estaría por la labor de darle apoyo.

Ahora bien, también es necesario que el actual gobierno tenga la valentía de redactar un Decreto Ley mucho más garantista que el anterior, como venimos exigiendo desde el Sindicato de Inquilinas y la PAH. Frente a un sistema de vivienda orientado a hacer de nuestras casas un negocio para una minoría y un motivo de angustia y desesperación para millones de familias, no valen los parches. Por ello, les hemos trasladado a los grupos parlamentarios el conjunto de medidas mínimas y urgentes que deberían incorporar.

1. Stop Desahucios con fecha abierta. El sufrimiento que producen los 165 desahucios diarios en el Estado español no se evitará con un mes de moratoria en la ejecución del lanzamiento, tal y como proponía el Decreto Ley del pasado enero. Hacen falta medidas urgentes para paliar la crisis habitacional y evitar que cada vez haya más gente sin casa. Exigimos, en primer lugar, que se explicite en el Real Decreto que todos los desahucios deben ser notificados con fecha y hora y acabar de una vez con la práctica de los desahucios con fecha abierta, que agravan la tragedia de las personas que los sufren.

2. Stop Desahucios sin alternativa habitacional. En segundo lugar, es fundamental que la Ley 24/2015, aprobada en Cataluña y ratificada por el Tribunal Constitucional, sea implementada en el resto del Estado. Con la finalidad, entre otras, de que los grandes tenedores se hagan cargo de realojar a todas las personas que van a ser desahuciadas por impago de alquiler o hipoteca. Y además, debe ampliarse este deber a los casos en los que los contratos de alquiler se renueven con unas condiciones y precios que los inquilinos no puedan asumir.

3. Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler entre contrato y contrato, basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo real de la gente. Además, las subidas dentro de un mismo contrato deben estar estrictamente vinculadas al IPC.

4. Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden terminarse de forma unilateral e injustificada. Tienen que renovarse, a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso personal o de un familiar. Además, hay que asegurar que un contrato siga vigente cuando hay un cambio de propietario, independientemente de si el contrato estaba inscrito en el registro.

5. Fin de los abusos de los intermediarios: son los arrendadores, para los que trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, los que tienen que asumir sus honorarios. Nunca los hogares inquilinos, hoy un mercado cautivo de los agentes inmobiliarios.

6. Expulsión de los fondos buitre: es imperativo eliminar las Socimi, vehículos financieros que disfrutan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean la punta de lanza de la burbuja.

7. Movilización de las viviendas vacías: en un contexto de emergencia habitacional (165 desahucios cada día) y en un país con 3,4 millones de viviendas vacías según el último censo (INE 2011), hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación.

8. Tanteo y Retracto. Las administraciones públicas y el tercer sector han de poder comprar al mismo precio que lo hacen los fondos especulativos, por lo que exigimos que se les dote de esa capacidad.

10 años de la PAH, 10 años por el derecho a la vivienda

Este 2019 celebramos 10 años del movimiento y empoderamiento ciudadano en defensa de los Derechos Humanos

Hoy 22 de febrero de 2019 se cumplen 10 años de la primera asamblea que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca realizamos en Barcelona. 10 años de lucha por el derecho a la vivienda desde el estallido de la gran estafa, mal llamada crisis, que nos trajo la especulación y la burbuja inmobiliaria, orquestada por el Gobierno y la banca de este país.

Este fin de semana en Barcelona se llevará a cabo la 25ᵃ asamblea estatal. Más de 400 personas de todo el Estado nos damos cita en el Ateneu Popular de Nou Barris para trabajar y consensuar nuevos retos y la organización del movimiento. Además hemos querido conmemorar estos 10 años de lucha colectiva con unos conciertos abiertos a la ciudadanía que empezarán a las 23h. ¡Vente antes que estaremos por allí!

Nos hubiera gustado no existir, ni entonces ni ahora. Eso significaría que el derecho a la vivienda estaría garantizado, pero la realidad en el territorio español es muy diferente: más de 700.000 ejecuciones hipotecarias en estos 10 años, 280 desahucios al día, tan solo un 1,2% de vivienda pública en el conjunto del Estado, y miles de familias que se dirigen a los Servicios Sociales sin ninguna alternativa habitacional. Frente a esta realidad vemos cómo, a lo largo de estos años, las leyes han podido cambiarse para dar más privilegios a los bancos y a los fondos buitre, inyectando más de 70.000M de € de dinero público para rescatar a bancos que desahucian, y en cambio dejando a las familias en la calle sin una solución habitacional.

Gracias a la PAH, durante estos 10 años nos hemos organizado y empoderado colectivamente. Hemos parado miles de desahucios en la puerta de familias que iban a ser injustamente expulsadas de sus casas. Literalmente hemos salvado vidas. Hemos ocupado entidades bancarias y de la Administración pública para señalarlos como responsables y exigir, a su vez, medidas que realmente tengan en cuenta los derechos de las personas. Hemos impulsado leyes e iniciativas autonómicas tan importantes como la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, que hoy mismo vuelven a estar vigentes los 2 articulos más importantes que la banca y el PP daban por sentenciados. ¿Qué mejor cumpleaños podemos tener? 🙂 Hemos hecho escraches, para señalizar a los culpables, hemos incidido en nuestros municipios, consiguiendo cambios de paradigmas, como en la moción para conseguir un 30% de vivienda pública en Barcelona y ahora exportarla a toda Cataluña y al resto del Estado. Hemos sido capaces de hacer una Propuesta de Ley estatal: la Ley vivienda PAH que seguiremos exigiendo después de las próximas elecciones. La PAH durante estos 10 años ha seguido su actividad en frenética lucha diaria, en cada rincón del Estado donde hay una PAH, para demostrar que el derecho a la vivienda se conquista. Y vaya si lo hemos conquistado: parando desahucios por hipoteca, alquiler u ocupación cada día, consiguiendo miles de daciones en pago, condonaciones de deuda, alquileres sociales y recuperando pisos vacíos de la banca y fondos buitre. Si miramos atrás, la realidad da vértigo. Podemos estar bien orgullosas. Pero en la PAH somos cansinas, muy cansinas, exigentes y nada complacientes, y por eso miramos al futuro con fuerza. La fuerza de las familias para seguir conquistando el derecho a la vivienda. La siguiente cita a corto plazo es conseguir un Real Decreto Ley (RDL) bajo el lema «por el derecho a la vivienda», y exigir al nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril legislar:
la Ley vivienda PAH.

No queremos dejar de agradecer a las miles de personas y colectivos que han estado, siguen estando y estarán poniendo su granito de arena en esta gran familia que es la PAH.

Hoy más que nunca tenemos claro que “no es una crisis, es una estafa”. Sabemos que somos mayoría, y que si nos organizamos tenemos mucho más poder del que nos habían hecho creer. Entre todas hemos demostrado que ¡SÍ SE PUEDE!

Sigamos haciendo posible lo imposible

#10añosPAH

Nuevo órdago social contra La Sareb

Las PAHs catalanas exigen al banco malo la movilización de sus viviendas, no para uso de la especulación, sí para alquileres sociales y cesión a la Administración pública para ampliar el parque de vivienda asequible

Las Pahs Catalanas se movilizan con el objetivo claro de obtener Recuperadores de la Sareb con poder de decisión en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. A día de hoy se está negando toda negociación a las familias que quieren un alquiler social con la SAREB, cuya única respuesta es derivarlas a las oficinas de Altamira que se encuentran en Madrid, sin darles más datos, teléfonos o correos de con quién poder interlocutar para alcanzar una solución. Esta respuesta está llevando a centenares de familias a la exclusión residencial, familias a las que se les está negando su derecho a una vivienda.

Desde el estallido de la crisis en 2008, en un marco en que el gobierno aseguraba que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», la emergencia habitacional no ha hecho más que aumentar. Entre 2010 y 2012, el Estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público, de nuestro dinero, para rescatar a la banca. ¿El resultado? Una concentración de capital en manos de unos pocos, que tras la venta y absorción de entidades, no ha hecho más que aumentar el beneficio de la banca, mientras se atenta contra los derechos más básicos de la ciudadanía, que ha visto en estos años cómo se les arrebataban sus hogares a causa de unas leyes criminales, para que pasaran a engrosar la cartera de especulación. Una ciudadanía empujada a la precariedad, a la persecución judicial, a la espada de Damocles ante un posible desahucio o a sufrirlo ‒a día de hoy se siguen produciendo 183 desahucios diarios,  mientras vemos cómo el dinero »prestado» a la banca nunca será devuelto. 

A esto lo llaman “limpiar” o “sanear” el sistema financiero, y dentro de este proceso de »limpieza» se creó la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender, la deuda de promotores y constructoras fallidas, son viviendas que habían pasado a manos de la banca, desahucio tras desahucio, subasta tras subasta.

La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad  45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027, como demuestra la venta producida a finales de 2018 de Témpore, que gestiona un parque de miles de viviendas en alquiler, a los fondos buitre estadounidenses TPG y Are. Esta operación llega en un momento en el cual todos los indicadores alertan sobre un nuevo recalentamiento del mercado inmobiliario, menos de una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria que hundió la economía española desatando una crisis cuyos efectos aún perduran. La apuesta por viviendas de alquiler, con la introducción de nuevas modalidades de comercialización como los pisos turísticos alquilados por días o semanas, convierte a los inmuebles en un bien de inversión rentista que nuevamente está elevando los precios de la vivienda a niveles propios de 2010.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda. El Gobierno, incapaz de dar solución a la emergencia habitacional por la falta de vivienda, pero que sigue permitiendo que las entidades financieras tengan en sus manos más de 3.500.000 de pisos vacíos. Soluciones que tienen sobre la mesa gracias a la autoorganización de la ciudadanía, que sufre las consecuencias de esta falta de voluntad política. Soluciones que ya han demostrado su eficacia gracias a la Ley 24/2015 catalana. Una ley que marca la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social y a ceder las viviendas a la Administración pública antes de un desahucio. Una ley que el gran benefactor de la especulación, el Partido Popular, quiso cargarse en 2016 con un recurso de anticonstitucionalidad, pero que gracias a la presión social hemos recuperado recientemente.

Ante el fallo reciente del Constitucional del levantamiento de los artículos suspendidos de la Ley 24/2015, queremos recordarle a la Sareb que están obligados como grandes tenedores a ofrecer un alquiler social. Exigimos se garantice nuestro derecho a una vivienda, queremos que la Sareb deje de ningunearnos, nos escuche, nos atienda y cumpla lo que dicta la Ley. No queremos seguir en el ostracismo, queremos recuperadores claros con quienes interlocutar y poner soluciones.

La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación. Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra. Y por eso mismo reclamamos la cesión de sus pisos al parque público de vivienda, que cesen los desahucios de las familias que habitan pisos del banco malo, y un alquiler social para las familias que han recuperado parte de estas viviendas al no tener más alternativa que esta o la calle. Gracias a nuestra Obra Social PAH y recuperando bloques enteros en manos de la Sareb, demostramos que la ciudadanía organizada puede hacer temblar a Goliat. Bloques en los que centenares de personas pueden vivir dignamente aunque de forma irregular, a la espera de la voluntad por parte de la Sareb, a abrir una mesa de negociación que les permita regularizar su situación. Ya logramos estas demandas con bloques recuperados por la PAH, que gracias a la presión social fueron cedidos a la Generalitat y logramos que todas las familias que los habitaban consiguieran sus contratos de alquiler social en las mismas viviendas, pudiendo así mantener el sentimiento de comunidad.

La acción de hoy da un paso más en la campaña #PorDerechoAVivienda, iniciada por la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos el pasado lunes 18 de febrero, pensada para poner la vivienda en el centro del debate y lograr un Decreto Ley antes de la finalización de esta legislatura, que realmente proteja a las familias, pinche la burbuja y garantice proyectos de vida bajo un techo asequible y estable.

Basta de especulación, de casas sin gente, de gente sin casa, y una medida para poder hacer esto efectivo es tener:

#RecuperadoresDeLaSareb

 

ROUND 1: ¡HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE! Ahora toca velar por su aplicación por parte de los juzgados

Hemos recuperado las medidas más importantes de la Ley 24/2015 suspendidas por el TC. Exigimos su aplicación inmediata y que se paren los desahucios

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios. Las Mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha del 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó en noviembre pasado. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia, que no puede demorarse más de 30 días desde la fecha de la sentencia, y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.

Hoy nos hacemos presentes ante los juzgados de Cataluña para instarles a que la hagan efectiva y sean garantes de esta ley desde ya y que:

  • Paren todos los procedimientos de desahucio por impago de alquiler y por ejecución hipotecaria interpuestos por grandes tenedores que afectan a personas en situación de exclusión residencial sin alternativa habitacional y exijan al demandante que haga la oferta de alquiler social pertinente.
  • Paren los desahucios de alquiler de vivienda de pequeños tenedores de vivienda que afectan a personas o familias en exclusión residencial sin alternativa habitacional, hasta que la Administración pública les haya ofrecido una vivienda en alquiler social.
  • Paren todos los desahucios por ocupaciones en precario denunciadas por grandes tenedores que afectan a personas o familias en exclusión residencial sin alternativa habitacional hasta que éste ofrezca un contrato de alquiler social o las administraciones realojen.
  • Establezcan un protocolo de coordinación efectivo con los ayuntamientos para detectar y evitar los desahucios de las personas o familias más vulnerables, especialmente con menores y personas dependientes, facilitando al mismo tiempo las sanciones de 90.000 euros si los grandes tenedores no hacen las ofertas correspondientes.

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se produzca ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas, entre ellas la Administración de justicia, protejan efectivamente a las personas.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas deben cambiarse, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

¡Sí se puede!

Carta a los juzgados