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La PAH junto a entidades sociales de Barcelona exigimos #StopDesahuciosAbiertos

Hoy nos hemos reunido ante la Ciudad de la Justicia con diferentes entidades sociales de Barcelona y movimientos sociales para denunciar los desahucios abiertos. Es decir, desahucios que se ordenan desde los juzgados sin hora y fecha determinada.

Ante la vulneración de derechos hemos dicho #ProuDesnonamentsOberts y acabar con estas prácticas despiadadas e inhumanas que provocan más angustia y sufrimiento a las familias. Una estrategia para que las familias estén menos desamparadas y solas en el momento de la ejecución.

Manifiesto contra los desahucios abiertos

Un desahucio con personas enfermas, personas mayores o menores, un desahucio sin alternativa habitacional, es una actuación judicial que vulnera los derechos fundamentales de las personas. Solo en la ciudad de Barcelona padecemos docenas de desahucios como estos cada semana. Por ello, desde hace años que los barrios se organizan para evitar estas vulneraciones de los derechos humanos. De hecho, la organización vecinal ha sido el mayor ejemplo de resistencia pacífica ante una crisis económica, social y política que no ha tenido ningún tipo de sensibilidad hacia los más vulnerables. Hemos detectado los últimos meses una crecida de desahucios que se dictan sin determinar una fecha y una hora fija, acordando un periodo amplio de días en los que se puede producir la expulsión de la familia de su vivienda. Son los llamados desahucios abiertos. Se trata de un abuso sobre una situación injusta ya de base.

Si hay que determinar la fecha, no es por un capricho del legislador, sino que responde a la necesidad de evitar más sufrimiento a las personas afectadas por los desahucios. Las víctimas de esta nueva modalidad de desahucios sufren la inseguridad de no saber si cuando vuelvan del trabajo, de la escuela o del mercado continuarán teniendo hogar. Muchas deciden, presas del miedo y la ansiedad, encerrarse en casa y esperar a que la comitiva judicial desvele el momento de hacer efectivo el desahucio. No solo es un problema de derechos humanos, también es un problema de salud social. Asimismo facilita que el desahucio se ejecute con práctica imposibilidad de pararlo en la puerta cuando la persona no tiene una solución habitacional digna, no han participado Servicios Sociales o no se tienen en cuenta los derechos de los menores. Por lo tanto, facilitan los desahucios que vulneran los derechos fundamentales de las personas.

Estos desahucios abiertos incumplen la legalidad, dado que la posibilidad de fijar desahucios con fechas abiertas no se encuentra recogida en ninguna norma. Todo lo contrario, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la necesidad de que se fije fecha o fecha y hora determinada para realizar el desahucio. Así se recoge en todos los artículos que regulan los lanzamientos (artículos 21, 437, 440, 447, 549 y 704 de la LEC), y por eso entendemos que las resoluciones que fijan los desahucios abiertos vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva , así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

A pesar de la claridad de la ley, somos testigos de un incremento en el ejercicio de esta práctica arbitraria de los tribunales, que nace para acelerar los desahucios y boicotear la desobediencia civil. Por otra parte, hemos sido testigos de miembros de diferentes comitivas judiciales recomendando a los procuradores de la propiedad que soliciten expresamente el próximo lanzamiento con una fecha abierta, extralimitándose de esta forma de sus funciones. Por ello, desde los diferentes colectivos, movimientos vecinales y organizaciones pedimos a los responsables de la Administración de justicia y los responsables políticos que no se produzcan más desahucios en abierto..

Por todo ello, iniciamos una campaña de denuncia pública de estos hechos, pidiendo el apoyo explícito al manifiesto y con la participación y movilización ciudadana necesaria para poner fin a esta práctica inhumana. No descansaremos hasta que no se produzca un solo desahucio más con fecha abierta en nuestra ciudad. Desde la ciudadanía, decimos ¡basta a los desahucios abiertos!

Adhiérete al manifiesto

Presentamos un nuevo documento útil para denunciar ante el Síndic de Greuges el colapso de la Mesa de emergencia

Desde la PAH de Barcelona, recordamos la realidad  citada por el  Síndic de Greuges de Catalunya en su informe ‘’El Derecho a la vivienda: cuestiones urgentes’’, publicado en febrero de 2018, en el cual puso de manifiesto que:

El artículo 26 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña determina que las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, por lo que los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que determinan las leyes.

A criterio de esta institución, las principales causas que condicionan actualmente el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna y asequible son las siguientes:

  1. La falta de un parque de viviendas suficientes destinado a alquiler social.
  2. La escasa oferta de viviendas de alquiler privado a un precio asequible y el creciente incremento de las rentas de alquiler.
  3. La falta de una actuación pública suficiente en cuanto al gran número de viviendas de titularidad privada que están desocupadas de forma permanente e injustificada y que, por tanto, incumplen la función social del derecho de propiedad.- (p.8)

Formalizamos con una queja principal:

Desde que se publicó el informe y basándonos en la cita de la página 19 del mismo: […es necesario reiterar que la valoración de una situación de emergencia residencial y el realojamiento de las personas afectadas no debería superar el plazo máximo de un mes…], nos consta que, actualmente, las llamadas listas de espera se han ido prolongando hasta alcanzar un tiempo de espera de entre 1 año hasta más de 2 años, y que dichas listas (que según el propio Síndic de Greuges,  no deberían existir) se han duplicado a lo largo del 2018.

Solo en Barcelona hay más de 500 familias en la lista de espera (el doble que hace un año), familias que acabarán con problemas de salud totalmente prevenibles, siendo desahuciadas, sin posibilidades de poder acceder a una vivienda, de mantener una vida estable y en el peor de los casos quitándose la vida ante la presión de no ver solución a su emergencia habitacional.

El acceso a la lista de espera es otra queja relacionada, ya que nos consta que muchas familias no reciben el trato procesal debido, ni una correcta atención por parte de Servicios Sociales o las Oficinas de Vivienda, ante la gravedad del problema de perder su vivienda, de no poder acceder a otra o en el caso de haber conseguido un realojo y un alquiler social, se ven sometidas a unos contratos públicos con falta de transparencia y sin cumplir los baremos estipulados por la Ley 24/2015.

La situación es dramática y requiere cambios drásticos, contundentes y urgentes.

Por eso pedimos con urgencia que desde el Síndic de Greuges se vuelva a investigar y a publicar la falta de respuesta continuada de las administraciones a solucionar la problemática que no para de afectar cada vez a más personas.

DESCARGA EL DOCUMENTO DE DENUNCIA AQUI

Habla la PAH sobre el Decreto Ley para reformar la LAU

Sobre el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros en relación con los alquileres, la PAH manifiesta lo siguiente:

  1. Confirma la falta de ambición por parte del Gobierno de un grave problema que está impidiendo a miles de familias el acceso a la vivienda, al no atacar directamente los precios, ni intervenir directamente en el mercado.
  2. No tiene retroactividad, por lo que todos los contratos en vigor se regirán por la legislación actual, y sus posibles efectos positivos tardarán años en notarse, ya que partimos de unos precios especulativamente inflados.
  3. Carece de medidas para movilizar millones de viviendas vacías, que sus propietarios mantienen fuera del mercado con el fin de encarecer los precios de alquiler y de compra, especialmente fondos buitre, Socimis y bancos.
  4. No permite a los ayuntamientos establecer índices de referencia de precios, para moderar y rebajar  los abusivos precios actuales.
  5. No modifica la legislación para que las inquilinas demandadas por sus caseros puedan defenderse en el proceso judicial, en contra del dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas.
  6. No incluye medida alguna para la generación del Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social, a pesar de que en España dicho parque apenas sobrepasa el 1% del total, mientras que en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y otros se sitúa en torno al 20%.

En consecuencia, la PAH considera que, para pinchar la actual burbuja de los precios de alquiler, son necesarias medidas como las que señalamos, ya que sin ellas los precios no van a bajar, y que para afrontar la actual situación de emergencia habitacional que sufre nuestro país, es imprescindible la aprobación urgente de las medidas contenidas en la Ley de Vivienda de la PAH, que está sufriendo el bloqueo fraudulento de PP y Cs, que semana tras semana andan pidiendo prórroga del plazo de presentación de enmiendas.

Desde la PAH señalamos como culpables de la emergencia habitacional al empobrecimiento general de la ciudadanía, la falta de vivienda pública de alquiler que impide regular el mercado especulativo, a los fenómenos  de turistificación, a una ausencia de compromiso con el derecho a la vivienda para favorecer los beneficios impresentables de la banca y capital especulativo y, recientemente para colmo, al imcomprensible empecinamiento del PSOE  por mantener los contenidos de la Ley de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas con las leyes del PP, aprobada en la ponencia con la complicidad de PP, Cs, PDeCAT y PNV, y al PP y Cs que cada semana impiden que se inicie el debate de la Ley de Vivienda de la PAH.

En el 70º aniversario de la Declaración Universal de los #DerechosHumanos el CGPJ publica los datos de desahucios del 3er trimestre

2.531 desahucios en Cataluña en el 3er trimestre del 2018 y sumando

Hoy se publican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 3er trimestre del 2018, el mismo día que se cumplen 70 años de la declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal como establece el artículo 25 de la declaración:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

O el artículo 47 de la Constitución Española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.  La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

En 2018, en el Estado español, se sigue vulnerando el derecho a la vivienda y se sigue haciendo por la inoperancia de los partidos políticos, que en lugar de velar por las ciudadanas lo hacen por los intereses económicos; falta voluntad política para cambiar leyes que rescaten a la ciudadanía. Así lo corroboran los 10.508 desahucios que se han producido desde enero del 2018 hasta el día de hoy en Cataluña. Los datos no lo esconden, desde 2013 hasta el 3r trimestre se han producido más de 371.036 desahucios en todo el Estado, siendo Cataluña la comunidad que lidera el ránking de la vergüenza. Solo en este 3r trimestre ya son 2.531 las familias que han sido desahuciadas de sus casas. El 64% de los desahucios producidos son debidos a impagos de alquiler. 

Es urgente tomar cartas en el asunto, hay vidas en juego, literalmente. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que no siga legislando como los anteriores Gobiernos y que sea valiente para legislar en los términos de la #LeyViviendaPAH: protegiendo a los más débiles de los contratos hipotecarios, haciendo una moratoria de todos los desahucios a las familias vulnerables, reformando una LAU que garantice más estabilidad y acceso al alquiler, generando un parque de alquiler social con las viviendas vacías de los bancos y fondos buitre y garantizando a toda familia vulnerable el acceso a agua, luz y gas.

En las próximas semanas las PAHs en todo el Estado saldremos a las calles a exigir derecho a la vivienda y señalar a los responsables de que cada día haya desahucios en nuestras ciudades y poblaciones

¡Sí se puede!

#DiaDeLosDerechosHumanos