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En el 70º aniversario de la Declaración Universal de los #DerechosHumanos el CGPJ publica los datos de desahucios del 3er trimestre

2.531 desahucios en Cataluña en el 3er trimestre del 2018 y sumando

Hoy se publican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 3er trimestre del 2018, el mismo día que se cumplen 70 años de la declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal como establece el artículo 25 de la declaración:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

O el artículo 47 de la Constitución Española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.  La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

En 2018, en el Estado español, se sigue vulnerando el derecho a la vivienda y se sigue haciendo por la inoperancia de los partidos políticos, que en lugar de velar por las ciudadanas lo hacen por los intereses económicos; falta voluntad política para cambiar leyes que rescaten a la ciudadanía. Así lo corroboran los 10.508 desahucios que se han producido desde enero del 2018 hasta el día de hoy en Cataluña. Los datos no lo esconden, desde 2013 hasta el 3r trimestre se han producido más de 371.036 desahucios en todo el Estado, siendo Cataluña la comunidad que lidera el ránking de la vergüenza. Solo en este 3r trimestre ya son 2.531 las familias que han sido desahuciadas de sus casas. El 64% de los desahucios producidos son debidos a impagos de alquiler. 

Es urgente tomar cartas en el asunto, hay vidas en juego, literalmente. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que no siga legislando como los anteriores Gobiernos y que sea valiente para legislar en los términos de la #LeyViviendaPAH: protegiendo a los más débiles de los contratos hipotecarios, haciendo una moratoria de todos los desahucios a las familias vulnerables, reformando una LAU que garantice más estabilidad y acceso al alquiler, generando un parque de alquiler social con las viviendas vacías de los bancos y fondos buitre y garantizando a toda familia vulnerable el acceso a agua, luz y gas.

En las próximas semanas las PAHs en todo el Estado saldremos a las calles a exigir derecho a la vivienda y señalar a los responsables de que cada día haya desahucios en nuestras ciudades y poblaciones

¡Sí se puede!

#DiaDeLosDerechosHumanos

[Comunicado] ¡Barcelona ya tiene el 30%!

A partir de ahora toda nueva construcción y gran rehabilitación deberá destinar el 30% a vivienda protegida  

El 23 de febrero la PAH de Barcelona, el Observatorio DESC, la ABTS, la FAVB y el Sindicat de Llogaters i Llogateres presentamos en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona una moción para ampliar el parque de vivienda asequible que se aprobó por unanimidad. Hace dos meses, después de un intenso proceso de trabajo con los grupos municipales y los servicios técnicos municipales, el mismo Pleno aprobó con el apoyo del 80% de los concejales ‒todos los grupos municipales menos el PP y Ciudadanos‒ la modificación del Plan General Metropolitano para incluir vivienda asequible en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de toda la ciudad ya consolidada. Tras superar esta fase compleja y decisiva, y aunque el 30% ya era prácticamente una realidad, faltaba que la Generalitat lo aprobara definitivamente. Lo que parecía un sencillo trámite de validación ha resultado mucho más complicado, con hasta tres reuniones de trabajo previas, con el fin de activar de manera definitiva esta innovadora medida. Las entidades impulsoras hemos seguido el proceso en primera línea, procurando garantizar que el 30% no se atascase.

Hoy, miércoles 5 de diciembre de 2018, por fin podremos celebrar su aprobación definitiva en la Subcomisión de Urbanismo Generalitat-Ayuntamiento. El grupo promotor de la medida hemos defendido en todo momento que la Generalitat avale y apruebe inmediatamente el 30% sin modificar el texto que ya estaba aprobado por el Pleno de Barcelona. Ante los mencionados retrasos, hemos exigido públicamente que se desbloqueara su aprobación definitiva con urgencia y al más alto nivel, ya que el 30% es una gran oportunidad en materia de vivienda.

Respondiendo a esta llamada y al trabajo incansable de la ciudadanía, hoy podemos decir bien alto y orgullosas de la lucha que hay detrás, que ya tenemos el 30% en Barcelona y que ha venido para quedarse y extenderse. Numerosos son los municipios metropolitanos y de más allá que están trabajando en medidas similares: desde las entidades sociales animamos a seguir este camino y próximamente acompañaremos la extensión imparable del 30% en toda Cataluña.

Desde el grupo de entidades promotoras del 30% queremos expresar hoy nuestra inmensa alegría. De ahora en adelante, los edificios de más de 600 m² situados en suelo urbano consolidado y de obra nueva o de grandes rehabilitaciones, deberán poner el 30% de sus viviendas a precios asequibles, por debajo de los de mercado. Estamos hablando de ganar unas 400 viviendas protegidas al año: si el 30% se hubiera aplicado desde que es posible (2007) hoy tendríamos 4.000 viviendas protegidas más en la ciudad y 20.000 más en el área metopolitana. Imaginemos la aportación que podrá significar dentro de 30 años. Asimismo, no podemos obviar que esta aprobación se debería haber producido hace semanas, pero una vez más los ritmos de las administraciones no están a la altura de las necesidades sociales, y la Generalitat se ha mirado con lupa el sistema de transitoriedad de la medida, retrasándola. Cabe destacar la gravedad de la situación, porque durante este tiempo han continuado entrando cientos de peticiones de licencias de obras que eludirán el 30%, problema que queríamos evitar con la suspensión de licencias, pero que varios partidos rechazaron en la aprobación inicial.  

La aprobación definitiva del 30% es un punto de inflexión, ya que es la primera vez que se aplica en Cataluña esta previsión de la Ley del derecho a la vivienda, que supone un verdadero cambio de paradigma en el urbanismo a nivel estatal. Hasta ahora la vivienda protegida solo se podía situar en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado, como el 22@ o la Sagrera), por lo tanto, en la ciudad construida era prácticamente imposible incluirla. Con el 30% podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión urbana (los criterios de acceso a la vivienda protegida son extensibles al 75% de la población), igualando a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares, y por ello el parque de vivienda asequible es del 20%, cuando en Barcelona y en el resto de Cataluña es del 1,5%.

Esta importante conquista por el derecho a la vivienda ha sido posible gracias a la lucha tenaz de las entidades sociales. En febrero llevamos la medida al Pleno en forma de moción, consiguiendo en los meses posteriores que la medida avanzara, superando los obstáculos y venciendo la inmensa presión que han ejercido los lobbies y los grandes poderes económicos inmobiliarios. Avisamos desde ya a quienes han tratado de tumbar la medida del 30% que no vamos a permitir que nuevas presiones o recursos a los tribunales boicoteen este avance tan importante por el derecho a la vivienda.  

Reiteramos la importancia de que la Generalitat vaya más allá y cumpla lo que ha anunciado públicamente, modificando la ley para que las viviendas protegidas no se puedan descalificar y vender, así como permitiendo que las viviendas resultado del 30% sean de alquiler y no de venta. Solo en Barcelona tendríamos unas 200.000 viviendas protegidas (40% del parque) si no se hubieran vendido. También recordamos que esta medida por sí sola no resuelve el problema de la vivienda en nuestras ciudades, y por tanto habrá que hacer muchos más cambios valientes, en favor de la gente y no de los especuladores.  Además de dar respuestas urgentes a los desahucios, acabar con las causas de la emergencia habitacional crónica que padecemos desde el estallido de la crisis y pinchar la burbuja del alquiler, la gentrificación y la expulsión de vecinas, no conseguiremos acabar con el problema de la vivienda si no damos pasos decididos para aumentar el parque de vivienda asequible. No podemos permitir que la creación del parque protegido dependa únicamente de los presupuestos públicos, porque así no llegaríamos nunca a los niveles que necesitamos: es imprescindible que el sector privado empiece a asumir responsabilidades para resolver un problema que los implica, ya que obtienen enormes beneficios a partir de nuestros barrios y ciudades, con enormes consecuencias sobre la vida de las personas.  

Finalmente, queremos dar las gracias a toda Barcelona por seguir a pie de calle: exigiendo responsabilidades a aquellos que, con tal de lucrarse, pretenden expulsarnos de nuestras casas y barrios, o asfixiarnos con precios inasumibles.

¡Seguimos! ¡Por el derecho a la vivienda! # JaTenimEl30 # Hola30x100

Informe III. Una mirada en profundidad a la salud de las personas afectadas por el acceso a la vivienda y la pobreza energética

Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, para ella y su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia independiente de su voluntad”

Hoy 29 de noviembre, presentamos el tercer y último informe enmarcado dentro de la serie de «Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona», elaborados conjuntamente entre la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ESF), el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observatorio DESC) y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), con la colaboración de la Agencia de salud Pública de Barcelona (ASPB). Este es el tercer informe que pretende profundizar en la salud de las personas afectadas por problemas relacionados con el acceso económico a una vivienda o a los suministros básicos.

La población del estudio son los miembros de la PAH y/o de la APE que han aceptado responder un cuestionario de unos 40 minutos de duración realizado, de manera presencial, por personas voluntarias, cada lunes en la sede de la PAH y cada dos miércoles en la sede de la APE. El cuestionario incluye 247 preguntas que cruzan datos de problemas conectados: la vivienda, los suministros y la salud, para extraer conclusiones sobre sus efectos en las personas afectadas, en este caso echando una mirada en profundidad a su salud y la de uno de los niños del hogar, entre 6 y 14 años, elegido aleatoriamente. El estudio empezó en junio de 2017 y los datos que se analizan, en el presente informe, incluyen información de las 167 personas encuestadas hasta la fecha del 28 de mayo de 2018.

Los problemas económicos y jurídicos para acceder a una vivienda digna y a los suministros básicos se asocian a un mal estado de salud física y mental, siendo la salud mental la que se ve más afectada en estos procesos. En general, son las mujeres las que presentan peor estado de salud que los hombres. Además, si se comparan con la población general de la ciudad de Barcelona, las personas afectadas por estas problemáticas presentan cifras mucho más elevadas de mala salud. Estos resultados van en línea con informes previos que comparaban el estado de salud de miembros de la PAH con la población general, es decir, que las personas afectadas por problemáticas habitacionales presentan peor salud que la población general. El informe sugiere que un adecuado apoyo social o el apoyo de la PAH/APE son clave para atenuar los efectos negativos de la vivienda sobre la salud. En el caso de los niños de 6 a 14 años, hay que destacar que su estado de salud general (referido por la persona adulta) resultó ser mucho peor en comparación con sus iguales en la ciudad de Barcelona y presentaron peores resultados en calidad de vida.

Este informe aporta a informes previos que las personas encuestadas incluyen, no solo personas afectadas por la hipoteca, sino también personas con problemas de alquiler, ocupación y pago de suministros básicos como son la luz, el gas y el agua. Los resultados muestran que las personas con estas problemáticas también presentan un mal estado de salud físico y mental.

Dada la magnitud del problema habitacional que existe en España y, en concreto, en la ciudad de Barcelona, y en base a los resultados observados en este informe se recomienda:

  • Trabajar para atenuar los efectos en la salud de las personas afectadas por estas problemáticas, asegurando un acompañamiento adecuado a estas personas desde Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda, y garantizar el acceso universal a los Servicios Sanitarios, y tratar la salud de forma integral, incorporando la visión de los determinantes sociales de la salud, e intentar no sobremedicalizar problemas sociales.
  • Fomentar el trabajo en red e intersectorial. Servicios Sociales, Vivienda, Justicia y Salud deben trabajar de forma conjunta y coordinada para abordar de la mejor manera posible esta problemática.
  • Crear o mejorar los sistemas de información relativos a estas problemáticas.
  • Poner en marcha políticas que reduzcan la magnitud del problema, que garanticen el acceso a los suministros y a una vivienda digna para todas.

Este estudio pone en evidencia la urgencia de cambios estructurales en políticas de vivienda y energía, que pongan a las personas por delante de los intereses financieros de la banca, de los fondos de inversión y del oligopolio energético. Solo con propuestas valientes para combatir la emergencia habitacional crónica que padecemos desde hace años, se podrá garantizar que las familias más vulnerables puedan llevar una vida digna gracias a un techo a temperatura adecuada garantizado.

Cambiar estas políticas no es solo una cuestión de salud sino de derechos.

Descarga aqui el informe y si estás interesada en organizar una charla sobre el tema no dudes en contactar con nosotras

Seguimos vigilantes: Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona acercan posiciones para la aprobación definitiva del 30%

Hoy hace dos meses que el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó con el apoyo del 80% de los concejales ‒todos los grupos municipales menos el PP y Ciudadanos‒ la modificación del Plan General Metropolitano para situar vivienda asequible en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones existentes en toda la ciudad. Así pues es la primera vez que se aplica este acuerdo histórico en Cataluña. Esta previsión de la Ley del derecho a la vivienda fue posible gracias a la lucha tenaz de las entidades sociales que en el mes de febrero llevaron la medida al Pleno en forma de moción, alcanzando los meses posteriores que la medida avanzara hasta que el Pleno le diera su apoyo.
Tras superar esta fase compleja y decisiva, tan solo falta su aprobación definitiva en la Subcomisión de Urbanismo Generalitat-Ayuntamiento, por lo que se llegaron a realizar hasta tres reuniones de trabajo previas, a fin de activar definitivamente esta medida innovadora. Las entidades impulsoras hemos exigido en todo momento que la Generalitat avale y apruebe inmediatamente el 30%, sin modificar lo que ya está aprobado por el Pleno de Barcelona. 
Ante los retrasos, el último la semana pasada, momento en que se tenía que aprobar, hemos exigido públicamente que se desbloqueara el 30% con urgencia y al más alto nivel, ya que el 30% es una prioridad clarísima en materia de vivienda en Barcelona y en toda Cataluña.
Respondiendo a la anterior demanda, hoy por la tarde ha tenido lugar una reunión entre el Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. De la reunión, a puerta cerrada, tan solo ha trascendido que ambas administraciones están trabajando una propuesta que permitiría superar el bloqueo de la semana pasada, que se comprometen a cerrar antes del próximo miércoles 5 de diciembre.
Estamos pues ante un avance positivo para la medida. Sin embargo, mantenemos la prudencia y exigimos que se concrete urgentemente este acuerdo, en favor del 30% y del derecho a la vivienda. Seguiremos por tanto vigilantes para garantizar que la Generalitat no posponga una vez más el 30% y lo apruebe definitivamente el próximo miércoles 5 de diciembre, en la subcomisión de Urbanismo de Barcelona.
Somos conscientes de que esta aprobación podía y debía haberse producido hace semanas, pero una vez más los ritmos de las administraciones no están a la altura de las necesidades sociales. Recordemos la gravedad de la situación porque durante este tiempo han continuado entrando peticiones de licencias de obras que eludirán el 30% del techo en VPO, y cada día que la Generalitat retrasa la aprobación definitiva del 30%, perdemos vivienda asequible que tanta falta hace.
Por último, reiteramos la importancia de que el Gobierno vaya más allá y cumpla lo que ya ha anunciado públicamente que está trabajando: la modificación de la ley para que las viviendas protegidas no se puedan descalificar y vender, así como permitiendo que las viviendas resultantes del 30 % sean de alquiler y no de venta.
¡Seguimos! ¡Por el derecho a la vivienda! #ExigimosEl30Ya

NUEVO ASESINATO A MANOS DEL SISTEMA

Una nueva muerte ante una orden de desahucio pesa sobre la política continuista de las leyes criminales en materia de vivienda del PSOE

Ayer la sociedad española volvía a convulsionarse frente a la noticia de un nuevo suicidio ante una orden de desahucio. Alicia, una mujer de 65 años, del barrio de Chamberí, Madrid, se lanzaba al vacío desde un quinto piso, mientras la comitiva judicial llamaba a la puerta para desahuciarla por no poder hacer frente a la especulación de los precios del alquiler que viven las inquilinas. ¿Cuánto vamos a seguir permitiendo que las personas decidan quitarse la vida ante la desesperación y el horror de verse en la calle sin ninguna alternativa?

Desde la PAH llevamos años denunciando las leyes criminales de este país y poniendo sobre la mesa cambios legislativos para que sucesos como este no se produzcan. Cambios como los recogidos en la Ley de Vivienda que está siendo bloqueada de forma sistemática cada martes, por PP y Ciudadanos, para evitar su debate y acabar haciéndose realidad. Exigimos explicaciones y responsabilidades a todos los grupos parlamentarios, a quienes esta situación de bloqueo ya les va bien, como están demostrando al no haber trabajado las enmiendas que deberían estar debatiéndose hace un mes. Exigimos explicaciones y responsabilidades al gobierno de Pedro Sánchez, que se llena la boca con titulares de lavado de cara, pero en la práctica lo único que está llevando adelante es una reforma de la Ley Hipotecaria, para seguir protegiendo los intereses de la banca por encima del bienestar de las familias.

Hay que llamar a las cosas por su nombre: no son suicidios, son asesinatos a manos de un sistema que solo se preocupa de contar los billetes, sin importarle la vida de las personas, sentado en un ataúd. Ayer fue Alicia, en junio Jordi, no son casos aislados. Por mucho que se esfuercen en silenciar la realidad, esta es que se siguen produciendo 180 desahucios diarios, de los cuales el 80% ya es de alquiler. Un procedimiento mucho más rápido que las ejecuciones hipotecarias, que acentúa la angustia, que no suele dar tiempo a que la gente se empodere, y que la mayoría suceden en silencio. La causa es la alfombra roja que el PP puso a la especulación y que PSOE no está teniendo ninguna prisa en retirar, bien por falta de interés o por exceso de intereses.

Exigimos que de una vez por todas se apliquen las medidas estructurales para acabar con esta tragedia social.

  • Moratoria indefinida de los desahucios
  • Debate y aprobación urgente de la Ley Vivienda PAH, por ser la única que recoge todos los mecanismos para acabar de una vez por todas con la usura de los bancos y fondos buitre, la especulación de nuestros derechos más fundamentales y ganar una ley que garantice el derecho a la vivienda para todas sin excepción.

Son más que palabras, es una realidad, hay vidas en juego y no podemos permitir que se acabe con ninguna más.

Si estás de acuerdo con todo lo expuesto busca tu concentración más cercana y alza la voz.

#LaLeyEspañolaMata