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Las familias de PAH Barcelona exigen a Bankia una solución definitiva

Hoy 10 de octubre, la PAH Barcelona emprendemos acción contra Bankia para exigir soluciones para las familias que llevan años negociando con la entidad sin ninguna respuesta. Después de diferentes acciones, negociaciones y de reuniones con representantes de la entidad para conseguir soluciones dignas, hoy volvemos a ocupar una de sus oficinas para que se sepa que Bankia estafa, engaña y desahucia a familias de sus casas, y exigir una solución definitiva para las 5 familias de la PAH de Barcelona. ¡No nos iremos de la sucursal hasta conseguir soluciones dignas!

Bankia es un banco español fundado el 3 de diciembre de 2010, en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero en España, es decir, en la estafa hipotecaria. Tras recibir un rescate de 40.000 millones de euros se trata de una entidad pública y debe ser dotada de las características de una Banca Pública  y  librarnos de los abusos y estafas de la banca privada tradicional. Pero, contrariamente a esto y sin haber devuelto ni la mitad del total de su rescate, Bankia está en pleno proceso de privatización tras vender hipotecas cargadas de cláusulas abusivas, absorber BMN, y llevar a cabo el ERE más importante del país con 7.000 empleados eliminados, y adjudicar la gestión de todos sus activos inmobiliarios a Haya Real Estate, sociedad propiedad del fondo buitre Cerberus.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no pone freno al proceso de privatización de Bankia, la entidad sigue dejando en la cuneta a las familias estafadas, patrocinando desahucios y reventando hogares.

Llevamos años denunciando las políticas criminales de Bankia y no lo hemos hecho solas. El pasado 3 de octubre el Tribunal Supremo mantuvo la pena de cuatro años y medio de prisión a Rodrigo Rato, que impuso la Audiencia Nacional al expresidente de Bankia por un delito continuado de apropiación indebida por el caso de las tarjetas black. Desde la PAH de Barcelona queremos poner en valor el trabajo del colectivo de 15MPaRato, que ha demostrado el camino para dar batalla contra la impunidad de los directivos de bancos y cajas responsables de la estafa inmobiliaria. Más de 600.000 familias en todo el Estado han sido desahuciadas de sus casas sin alternativa habitacional. En Cataluña, si estuviera plenamente en vigor la Ley 24/2015, todas las familias que no han podido continuar pagando su hipoteca o su alquiler de grandes tenedores, estos estarían obligados a hacer un alquiler social. Lo que comportaría que se evitarían los 43 desahucios al día que se producen en Cataluña. Desahucios de las familias que hoy estamos aquí.

Desde la PAH de Barcelona hemos dicho BASTA. No permitiremos que Mohamed, Cristina, Vicky, Lizzeth y Luz no puedan seguir con sus vidas por culpa de encontrarse presas de Bankia. Hoy estamos en la oficina de Bankia para conseguir:

  • Alquiler social vitalicio para Mohamed
  • Renovación de alquiler de 3 años mínimo para Cristina
  • Paralización del desahucio del 10 de noviembre y alquiler social renovable para Vicky
  • Alquiler social para Lizzeth
  • Alquiler social y condonación de deuda para Luz

Bankia ha tratado a estas familias como números, llegando solo a compromisos verbales únicamente para evitar acciones de la PAH. Compromisos que para las familias afectadas representaban una segunda oportunidad para vivir, un motivo de esperanza, mientras que para Bankia representan únicamente una pequeña pérdida de beneficios. Para Bankia, eran solo familias que de nuevo había que estafar. 

No nos iremos hasta conseguir nuestro propósito. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía: a las que estáis cerca, que vengáis a apoyarnos a la sucursal, y a las que estáis lejos, que Bankia se entere de que si nos tocan a una, nos tocan a todas.

 

Siguen aumentando los desahucios

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 solo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior, tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491; los 989 restantes se dan por otras causas, como la ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidamos, sin dejar de mirar por el retrovisor, de la apertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios, con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008, paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos nos podemos dar cuenta de que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene pinta de marcharse. 

Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP  en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las Socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, Socimis, banca y grandes inmobiliarias, sean penalizados fiscalmente por cada vivienda que mantienen injustificadamente vacía, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.

Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca, arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para poner fin a la pobreza energética. 

El próximo 17 de octubre finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país. 

Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos.

Nuevo Informe: La emergencia habitacional y la pobreza energética en Barcelona y sus efectos en la salud desde una perspectiva de género

El informe ofrece un diagnóstico del impacto que tienen en la población de Barcelona la crisis de vivienda y la pobreza energética. A través de datos reales, evidencia el impacto en la ciudadanía, con un efecto mayor en las mujeres

El presente informe, que pretende profundizar los efectos de la emergencia habitacional desde una perspectiva de género, se enmarca dentro de la serie de «Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona», elaborados conjuntamente entre la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observatorio DESC), la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH ) y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB).

La falta de datos oficiales desagregados y la invisibilización de la feminización de la pobreza dificulta tratar la problemática desde una óptica feminista, que es el enfoque que queremos desarrollar en la presente radiografía. Son pocos los estudios que abordan esta perspectiva como un hecho transversal y relevante a la hora de aproximarse a problemáticas sociales. Cabe resaltar que el informe aborda la perspectiva de género desde el binarismo hombre-mujer, y somos conscientes de que esto oculta otras situaciones de opresión que responden a otras diversidades sexuales y de género y que, a pesar de ser igualmente relevantes, no hemos incluido por ahora en este estudio.

Las encuestas recogen datos de las personas que se acercan a la PAH Barcelona y a la APE, con una entrevista personal de aproximadamente cuarenta minutos. Se realizan los lunes en el local de la PAH BCN y cada 2 miércoles en las asambleas de la APE. El objetivo es obtener datos de personas en riesgo de perder su vivienda en régimen de alquiler, hipoteca u ocupación y con problemática de acceso a los suministros, que ya han asistido a una asamblea en alguna entidad; es decir, que no es la primera vez que participan en la PAH BCN y/o APE. El estudio comenzó en junio de 2017, y los datos que se analizan en el presente informe incluyen información de las 166 personas encuestadas y dos entrevistas colectivas a 8 mujeres afectadas y activistas.

A menudo cuando hablamos de expertas hacemos referencia a personas con una determinada trayectoria académica o activista, que han permitido una acumulación de conocimientos en forma de hechos o de datos sobre temáticas en concreto; en este caso, queremos añadir en el perfil de experiencia a aquellas mujeres que, como afectadas, conocen de primera mano las dimensiones de las vulneraciones del derecho a la vivienda y los suministros básicos, sus causas y consecuencias.

Del mismo modo que reconocemos la dimensión poliédrica del derecho a la vivienda, de las entrevistas se extrae de manera genérica las diferentes formas de violencia que sufren las afectadas; la violencia intrafamiliar y de género es una, pero también la institucional, la derivada del rechazo social y la incapacidad económica.

De entre las personas afectadas que han respondido la encuesta, 45 son hombres y 121 mujeres. De hecho, tal y como se recoge en el gráfico de segmentación horizontal de la ocupación y en las respuestas a las encuestas realizadas, existe una feminización notable en los movimientos sociales y, en particular, en la APE y la PAH. La mayoría de asistentes a las asambleas y asesoramientos de ambas organizaciones son mujeres, según hemos podido contrastar empíricamente. Un motivo que aportan las entrevistadas es una tendencia femenina a hacer red frente a las situaciones adversas, heredada, en parte, de la responsabilización del cuidado y sostenimiento de este aspecto reproductivo de la comunidad. Este es un elemento positivo imprescindible en la parte más propositiva de la lucha contra la emergencia habitacional y la pobreza energética: el empoderamiento y la sensación de fuerza y autoestima que conlleva para las mujeres afectadas organizarse en plataformas y movimientos sociales.

La posibilidad de participar, de tener voz en la elaboración de políticas (Ley 24/2015) y de compartirlo con otras es un elemento básico para contrarrestar las consecuencias psicológicas y para conseguir una legislación más coherente con el contexto real de la población. Podríamos decir que «la mujer se da poder, siendo capaz de sacar a la esfera pública un problema privado y vergonzante, colectivizarlo y dotarlo de un contenido social, siendo este el verdadero éxito de la Plataforma, que parte de lo individual, de lo privado, que se convierte en una experiencia colectiva con contenido político».

El mayor número de mujeres en las respuestas puede ser fruto también de la participación desigual en el mercado laboral remunerado que deja más «tiempo» a las mujeres ‒y más vulnerabilidad económica‒ y al hecho de que ellas, que dedican un mayor número de horas al hogar, se sienten más ligadas y se hacen responsables de conservarlos y dotarlos de condiciones dignas. Una distribución de roles en el hogar, en el que el hombre es todavía quien busca trabajo y aporta sueldo y la mujer quien se responsabiliza de las tareas domésticas y cuidados (muy ligado al hogar y al uso de suministros). Este hecho reafirma la visión patriarcal de los roles de género y traslada a las mujeres la responsabilidad de la situación de inseguridad residencial. Por lo tanto, son ellas quienes mayoritariamente hacen gestiones, luchan, buscan soluciones y sufren las consecuencias más directas. De hecho, si nos fijamos en las composiciones familiares, de los hombres encuestados veremos que un 40% declaran vivir solos mientras en el caso de las mujeres predomina la presencia de hijos o hijas en el hogar.

Este hecho se explica como un carácter atribuible a los roles de género, según los cuales el hombre tiene menos tendencia a acudir a Servicios Sociales por miedo a la estigmatización consecuente, mientras la mujer «es capaz» de hacer las gestiones necesarias y exponerse para garantizar las necesidades del hogar. De nuevo, aquí se refleja una visión patriarcal que da menos importancia a la estigmatización de la mujer porque supuestamente la tolera, negando las consecuencias psicológicas y de soledad y exclusión. La peligrosidad de este argumento radica en que lo que se considera una cualidad femenina (ser capaz, aguantar, hacer frente a más dificultades) es en realidad el reflejo de una desigualdad de género donde no se equiparan ni las responsabilidades ni las consecuencias.

A lo largo de todo el informe hemos podido ver la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el estudio de las causas y consecuencias de la inseguridad residencial y el acceso a los suministros, para poder generar políticas públicas que respondan a la realidad de toda la población sin discriminación por sexo, origen o situación económica.

Podemos afirmar que los resultados de las encuestas y entrevistas confirman lo que habíamos expuesto previamente, y es que existe una desigualdad de género preocupante en la protección del derecho a una vivienda digna y los suministros básicos, y que las mujeres son las más afectadas en los procesos de pérdida de la vivienda o de la incapacidad de asumir el coste de los suministros.

 

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Podéis descargar el informe completo aquí (en catalán). Si estáis interesadas en hacer una charla sobre el tema o entrevista no dudéis en contactarnos.

Por el derecho a la vivienda y contra la especulación: ¡¡Tenemos el 30%!!

El 30% para vivienda protegida en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones impulsado por las organizaciones sociales se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento con una mayoría abrumadora

A principios de año, el Grupo Promotor del 30% vivienda protegida, formado por la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona, el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, impulsó una moción en el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir hacer realidad los cambios necesarios en las políticas municipales de la ciudad y hacer frente así a la falta histórica de un verdadero parque de vivienda asequibleDesde la aprobación de la moción en febrero, hemos trabajado con los grupos municipales para sacar adelante la primera de las medidas que se recogía, el 30% de vivienda por debajo del precio de mercado en suelo urbano consolidado en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones, en aquellos casos en que se superen los 600 m² de edificabilidad. Tras la aprobación inicial en la Comisión de Urbanismo el 18 de junio, así como la aprobación por el mismo órgano el pasado 19 de septiembre, hoy se ha aprobado la medida por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona con el apoyo de BeC, ERC, PSC, PDeCAT, CUP y los concejales Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

Desde el Grupo Promotor estamos enormemente satisfechas de ver que la medida ha recibido el apoyo de una amplia mayoría de los concejales del Ayuntamiento ‒el 80% del Pleno le ha dado apoyo‒, y agradecemos a los grupos municipales la altura de miras por dejar de lado dinámicas partidistas en un tema tan fundamental como el derecho a la vivienda

También queremos reprobar públicamente a los grupos del PP y Ciudadanos, que no la han apoyado: en una ciudad donde se desahucian 10 familias al día (48 en Cataluña), suben los alquileres de forma escandalosa, las vecinas deben abandonar sus barrios, un 1,5% de vivienda pública y 72.000 barcelonesas en la lista de espera para acceder a una vivienda protegida; o estás por el derecho a la vivienda y te sumas al sentido común que es pasar página al modelo «burbujas, desahucios y casi cero viviendas asequibles»; o estás en el bando de que todo continúe como un desastre.

La enorme victoria de hoy se explica gracias a la lucha de la ciudadanía y de las entidades y movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda, que ha demostrado una vez más que, organizada, es capaz de conseguir cambios importantísimos.

El 30% es un verdadero punto de inflexión: es la primera vez que se aplica en Cataluña, en el Estado, y es una medida realmente innovadora, ya que hasta ahora la vivienda protegida solo se podía situar en nuevas zonas de crecimiento. Con el 30% podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión urbana, igualándonos a las experiencias europeas más avanzadas. Somos plenamente conscientes de que el problema de la vivienda no acabará hoy y sabemos que la medida del 30% es solo una de las muchas herramientas que necesitamos para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en la ciudad de Barcelona. Es, por lo tanto, un primer paso esperanzador, revulsivo y decidido en el largo camino que nos queda. 

Después de la luz verde en el Pleno, el 30% pasará el trámite de la subcomisión de urbanismo entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña que deberá validar la legalidad de la medida y su aprobación definitiva

Este pasado martes nos reunimos con la Generalitat y les trasladamos que no aceptaremos que la medida no se apruebe íntegramente el mes de octubre. Además, durante la reunión que mantuvimos con el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, se comprometió a poner fin a la descalificación de las viviendas de protección oficial que ha sido la causa de la pérdida de más 130.000 viviendas protegidas en Barcelona desde los años 70.

A partir de la aprobación definitiva por parte de la Generalitat, comenzará otra etapa: por fin llegaremos a la aplicación real de la medida. Desde las entidades sociales seguiremos vigilantes y trabajaremos para garantizar que la medida del 30% no se desvirtúe, con tal de conseguir la mejor implementación posible.

El 30% se tiene que trasladar a toda Cataluña, empezando por el área metropolitana de Barcelona. El 30% ha venido para quedarse y estamos seguras de que se extenderá rápidamente: muchos municipios, por iniciativa propia o bien de la sociedad civil, impulsan ya en este momento la medida en sus ayuntamientos

Aprovechando la importancia del día de hoy, queremos hacer pública una cifra impactante: si el 30% se hubiera aplicado en los 36 municipios del área metropolitana desde 2007, hoy tendríamos 20.000 viviendas protegidas más. Su potencia, de aplicarse en el resto de ciudades metropolitanas y en toda Cataluña, se explica por sí sola.

Hoy queremos celebrar con toda Barcelona que lo hemos conseguido: después de mucha lucha, por fin ¡¡#JaTenimEL30!!

https://twitter.com/PAH_BCN/status/1045633281612558336

Recuperemos la Ley 24/2015 para acabar con la emergencia habitacional

El colapso de las Mesas de emergencia tiene solución recuperando urgentemente la Ley 24/2015 en su totalidad

27 de septiembre de 2018

Ante la falta de respuesta a la carta pública que dirigimos al Presidente Quim Torra el pasado 29 de junio y frente a la situación de colapso de las Mesas de emergencia en toda Cataluña, las PAHs catalanas realizamos hoy una acción en la sede central de la Agencia de la Vivienda de Cataluña para exigir una reunión urgente con el President y con el Consejero de Territorio Damià Calvet para hacerles llegar una demanda única de las PAHs catalanas: no podemos esperar más a recuperar la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Cataluña ha sufrido desde el inicio de la burbuja inmobiliaria de 2008 más de 95.000 desahucios. Durante estos años la emergencia habitacional se ha visto agravada por la subida de los precios del alquiler y la falta de políticas de vivienda valientes que antepusieran el interés social frente al del mercado inmobiliario. Tan solo en 2017 el 65% de los desahucios ejecutados en Cataluña son debidos a la falta de pago de las cuotas del alquiler, una cifra que irá al alza debido a la actual burbuja del alquiler. Recordemos que muchas entidades financieras que se vieron obligadas a hacer un alquiler social a familias vulnerables que no podían continuar pagando su hipoteca en el periodo en que la Ley 24/2015 estaba plenamente vigente, ahora rescinden los contratos y/o bien aumentan la cuota a valores inasumibles, abocando a las familias a un nuevo desahucio o a desahucios invisibles sin alternativa habitacional y aumentando la lista de espera de las Mesas de emergencia. También engrosan la lista colapsada de estas las miles de familias que no han tenido ninguna otra alternativa que acceder precariamente a través de ocupaciones a viviendas vacías de bancos y grandes propietarios.

Antes del verano hicimos una petición de información sobre la lista de espera de las Mesas de emergencia a la Generalitat, que nos han respondido tan solo con los datos que dependen de la Agencia, es decir, las de los municipios catalanes sin mesa propia. El número de solicitudes recibidas a partir del 6 de agosto de 2015 (fecha de aprobación de la Ley 24/2015) hasta julio de 2018 es de 4.999, de las que se han aceptado y dado respuesta a 2.512, habiendo actualmente 247 familias en lista de espera.

Pero faltan los datos de los municipios más importantes y afectados por la emergencia habitacional: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Martorell, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Vic y Lleida. Sabemos que la lista es mucho más alta: en marzo de 2018 un reportaje de la Cadena Ser ¡¡hablaba de 2.000 familias esperando una vivienda de emergencia en toda Cataluña!! Familias como la de Jordi, el vecino de Cornellà, que en julio se quitaba la vida cuando Blackstone fue a su casa a desahuciarlo por no poder pagar su alquiler. Si la Ley 24/2015 estuviera plenamente vigente, desahucios como el del vecino de Cornellà no se producirían pues los grandes tenedores (entidades financieras y fondos buitre) estarían obligados a ofrecer un alquiler social a las familias.

La Ley catalana del derecho a la vivienda contempla que en 2027 el parque de vivienda social en Cataluña debe estar al 15%, pero hoy en día no llega al 1,5%; lo que conlleva un colapso de las Mesas de emergencia, que haya una lista de espera para viviendas protegidas en Cataluña de 115.634 ‒en Barcelona de 36.000 demandantes‒, cientos de familias obligadas a recuperar viviendas vacías para no verse en la calle ‒ahora más precarizadas por motivo de la ley del PDeCAT en el Congreso‒, y miles de personas sin hogar. Es evidente que sin la creación de un parque público de alquiler en nuestras ciudades la situación no mejorará, por eso desde la ciudadanía hace años que reclamamos que se destinen esfuerzos y políticas valientes de vivienda que garanticen la función social de los hogares.

No podemos permitir que haya ningún piso vacío que no cumpla su función social. Según el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Cataluña cuenta con 34.061 viviendas protegidas, de las cuales 8.838 no contaban con ningún visado de contrato en el período de 2007 y 2013. Una cifra alarmante que pone luz a la ineficiencia de la Administración para gestionar su parque público cuando haya un situación alarmante de desahucios debidos a motivos económicos. El mismo Departamento actualiza estos datos en el año 2016 mediante un estudio de ocupación de las viviendas sin contrato y detecta 1.712 viviendas vacías en Cataluña. ¡No se entiende, gente sin casa y casas sin gente, no se entiende!

Hoy presentamos 78 casos de algunas compañeras de las PAHs catalanas que son un ejemplo de la realidad que vivimos cada día en nuestros pueblos y ciudades. Familias que no han podido seguir pagando su hipoteca y/o alquiler y que se han visto obligadas a ocupar una vivienda o a vivir en la calle. Familias que están inscritas en las Mesas de emergencia pero que su solución no llega y que tienen que hacer frente a otro desahucio mientras escuchan de la Administración que no hay pisos.

Esta lista de espera y de sufrimiento, de exclusión social y de falta de respuesta de las administraciones debería estar a cero. Debería estar a cero porque el artículo 5.6 de la parte vigente de la ley dice claramente que «las administraciones deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio». Y esto se está incumpliendo de forma flagrante. Y lo más importante es que podría estar a cero para siempre.

Somos perfectamente conscientes de que el recurso del PP y de Rajoy es el gran culpable de esta situación. La manera de hacerlo es recuperar el alquiler social obligatorio para grandes tenedores (artículo 5.1-2-3) y la cesión obligatoria para aumentar el parque de vivienda asequible (artículo 7). Recuperar la Ley 24/2015 es urgente y necesario. No solo lo exigimos desde la PAH sino que también la reclaman profesionales del tercer sector, juristas, entidades sociales y municipios donde con los 6 meses de vida de la Ley tuvieron una herramienta para poder dar soluciones a familias en riesgo de perder su casa.

Hace más de 9 años que luchamos para garantizar el derecho a la vivienda, día a día en nuestras asambleas damos respuestas y soluciones que la Administración no es capaz de dar. Fuimos capaces de cambiar leyes injustas y buscar soluciones a la pobreza energética y a la emergencia habitacional, transformando la ILP vivienda en Ley 24/2015. La mayoría del PP y el Tribunal Constitucional pusieron freno a la ley suspendiendo los artículos que corresponsabilizaban al sector privado: otro favor a la banca y dejando sin alternativa a miles de familias.

Pero la situación ha cambiado, y con una correlación de fuerzas políticas diferentes del Congreso, y con un nuevo Gobierno en la Generalitat de Cataluña, no hay excusas para no recuperar totalmente la ley más garantista en materia de vivienda y pobreza energética: la Ley 24/2015.

Las PAHs catalanas no aceptaremos que esta ley no se recupere en su totalidad y hoy lo queremos dejar claro. No podemos permitir que se sigan vulnerando derechos humanos y que las administraciones no den respuesta. Ahora tenemos la oportunidad de erradicar la lista de espera de la Mesa de emergencia recuperando la 24/2015 y así dar respuesta a las familias.

Exigimos sentarnos a la mesa con los gobiernos catalán y estatal para recuperar mañana mismo la 24/2015. No hay excusas. Hay vidas en juego.