Comunicados - PAH Barcelona

La presión de la PAH ha conseguido arrancar al Consorcio de vivienda medidas claras para solucionar el problema de la Mesa de emergencia

¡La tercera es la buena!

Gracias a la acción que PAH Barcelona hicimos a principios de abril para denunciar la ineficacia de la Mesa de emergencia y presionar para arrancar soluciones para las 360 familias, que a estas alturas tienen un piso adjudicado pero están sufriendo un desahucio detrás de otro por culpa de la falta de vivienda pública.

La Mesa de emergencia está gestionada por la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda formado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, es el único mecanismo que tienen las familias que sufren un desahucio, para garantizarles un alojamiento, pero a estas alturas no funciona, tiene una lista de espera de más de un año, y mientras, las familias se ven volcadas en un círculo vicioso de desahucios, con los graves efectos que este proceso tiene sobre la salud de todos los miembros de la unidad familiar.

A raíz de esta acción hemos mantenido, con la de hoy, tres reuniones para exigir un plan de choque que garantizara el fin de la lista de espera de aquí a finales de año. Han sido tres meses de excusas y declaraciones de intenciones sin concretar nada, mientras aumentaban los desahucios y el colapso de la Mesa de emergencia.

Hoy por fin han puesto sobre la mesa medidas concretas, en las que la Generalitat se ha comprometido a:

Ceder 4 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 3 años, que servirán para conseguir 100 viviendas.
Abrir una nueva línea de crédito para financiar la compra, con tanteo y retracto, de pisos de la banca, que garantizará 400 viviendas de aquí a finales de año para cubrir la lista de espera de la Mesa de emergencia.

Estas medidas son buenas noticias que dan nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vivienda de las familias desahuciadas, a pesar de que desde la PAH no podemos ver con buenos ojos que se vuelvan a repagar los pisos vacíos de la banca, pero reconocemos que así también se frenará la venta frenética de estas viviendas a fondos de inversión.

Celebramos más, el compromiso arrancado por parte del Consorcio para defender la recuperación de la Ley 24/2015, una ley que fuerza a los bancos y fondos buitre a realojar y dar alquileres sociales en sus viviendas, para las familias en exclusión residencial.

Una vez más, hoy ha quedado demostrado que es la sociedad civil quien lidera la defensa de nuestros derechos cuando las administraciones miran hacia otro lado, con presión social y soluciones claras y concretas. Hoy ha estado la Mesa de emergencia frente a la carencia de vivienda. Recordemos que en este sentido también estamos trabajando junto con el Sindicato de inquilinas, la ABTS, la FAVB y el Observatorio DESC, para hacer efectiva lo antes posible la primera medida de la moción que presentamos en febrero, para obligar al sector privado a ceder el 30% de todos los edificios de nueva construcción y rehabilitaciones integrales, una medida que de hacerse efectiva también ampliará el parque público de vivienda de protección oficial en Barcelona.

¡Seguimos demostrando que sí se puede y que donde falta voluntad política está la voluntad de la PAH!

Carta a Pedro Sánchez

Interpelamos al Presidente Pedro Sánchez con una carta para que retire el recurso, interpuesto por el PP, que tiene suspendidos algunos artículos de la Ley 24/2015

Julio de 2015, siendo aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, nace la Ley 24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social ‒cerca de 150.000 firmas‒, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC).

Mayo de 2016, el Partido Popular no ve constitucional que la banca y grandes propietarios de vivienda se corresponsabilicen en garantizar los derechos de las familias y opta, una vez más, por secuestrar los derechos más fundamentales presentando el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016, provocando la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores.

Esta suspensión nos privó de herramientas que garantizaban una segunda oportunidad a las familias. Durante los meses que la Ley 24/2015 estuvo plenamente vigente paró miles de desahucios, corresponsabilizó a los grandes propietarios asegurando realojos adecuados cediendo su vivienda vacía; y la parte de pobreza energética, que no se tocó, continúa en estos momentos parando miles de cortes de suministro. La efectividad de esta ley está avalada por los ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.

Desde la suspensión de la Ley 24/2015, la emergencia habitacional, lejos de reducirse, no ha hecho más que aumentar. En Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acumulan casos con esperas de más de 6 meses, ante la carencia de vivienda con un parque público que no llega al 2%. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses

En relación con la pobreza energética, a pesar de la vigencia de esta parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, a la vez que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y se resisten a asumir su responsabilidad negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.

Debido a la suspensión de herramientas legislativas para hacer frente a la realidad que sufrimos, continúan habiendo vidas en juego, como demuestran la muerte de Rosa de Reus, después de que Gas Natural le cortara la luz, contraviniendo la Ley 24/2015; o recientemente la muerte de Jordi en Cornellà, que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone, estando en situación de exclusión residencial. Dos muertes que se podrían haber evitado.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez puede retirar el recurso del PP contra nuestra Ley 24/2015. Por eso, hoy hacemos pública una carta dirigida al actual presidente del Estado español, para que la recupere con carácter de urgencia, tal como se comprometió el PSOE en el documento que firmaron el 20 de abril de 2016, cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley y fuimos al Congreso a presionar a todos los partidos. Un documento firmado de puño y letra por la responsable de vivienda Mar Rominguera, cuando Pedro Sánchez era líder del grupo parlamentario socialista, donde se comprometían a:

Defender públicamente la Ley 24/2015 y la necesidad de esta para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética.
Desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo.
Ampliar los derechos que la Ley 24/2015 otorga al resto del Estado, con la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH y retirando todos los recursos contra leyes de emergencia habitacional.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular y Mariano Rajoy, por lo cual es imprescindible recuperarla. Existen numerosos precedentes en los cuales un cambio de Gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas.

El mismo PSOE, bajo la Presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos contra leyes de Andalucía, Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura, impulsados por el Partido Popular, la mayoría de estas de materias sociales, como la educación, la sanidad exterior y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Frente a la emergencia habitacional, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.

El pasado viernes interpelamos al Presidente Quim Torra con una carta para que pusiera prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley, puesto que parece que su intención y la del Gobierno catalán es enterrar nuestra ley y quedarse con la 4/2016, creada para cubrir el vacío dejado con la suspensión de la 24/2015, pero mucho menos garantista y que también está suspendida.

Hoy es el turno de hacer lo mismo con Pedro Sánchez, que es quien realmente tiene la capacidad de recuperar la Ley 24/2015, demostrando su altura política y dando un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda, pasando de las palabras a los hechos.

¡Recuperemos la Ley 24/2015! Hoy es posible y solo hace falta voluntad política.

#CartaASanchez #RecuperemLa24

Recuperar la Ley 24/2015 ahora es posible

Frente a la emergencia habitacional es urgente retirar el recurso que mantiene en suspensión algunos artículos de la ley más garantista de Europa en materia de vivienda

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC), impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Habitatge de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social ‒cerca de 150.000 firmas‒ y fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015. ¡Había nacido la Ley 24/2015! Una ley que quería garantizar una segunda oportunidad a las familias, que paró miles de desahucios, que corresponsabilizaba a la banca y a los grandes propietarios, que asegura realojos adecuados y para, a día de hoy, miles de cortes de suministro. Nos consta que así lo consideran también los ayuntamientos catalanes, las profesionales de los Servicios Sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.

Desgraciadamente el Gobierno del PP decidió, una vez más, actuar en contra de los derechos fundamentales, y en mayo de 2016 interpuso el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016. Esto supuso la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores. Pero lo cierto es que nuestra Ley no es inconstitucional, al contrario, es la garantía del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución y de la Declaración de los Derechos Humanos.

A estas alturas, en Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acumulan casos con esperas de más de 6 meses. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses. El parque público de vivienda no llega al 2% y la movilización de vivienda social ha sido muy por debajo de las necesidades de la población catalana.

En relación con la pobreza energética, a pesar de la vigencia de parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, al mismo tiempo que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y siguen sin asumir su responsabilidad, negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.

Esta carencia de herramientas legislativas choca lamentablemente con la realidad, porque más que nunca hay vidas en juego: la muerte de Rosa en Reus, después de que Gas Natural le cortara la luz contraviniendo la Ley 24/2015, o recientemente la muerte de Jordi, un vecino de Cornellà que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone. No son casos aislados y se podrían haber evitado.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.

Por eso, hoy interpelamos al Presidente Quim Torra con una carta [link: carta] para que ponga prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley.

Cataluña no puede continuar liderando el vergonzoso ranking de los desahucios, tiene que liderar el ranking de la conquista de los derechos sociales para todo el mundo. Cataluña ha sido pionera en la legislación contra la emergencia habitacional. La Ley 24/2015 es el principal exponente.

Esperamos una respuesta pública a esta carta, así como un encuentro para trasladarle la voz de las familias, antes de su reunión con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

¡Recuperemos la Ley 24/2015! ¡Se puede! Solo es cuestión de voluntad política.

#CartaATorra #RecuperemLa24 #AvuiEsPot

Descarga aquí la carta

Aprobada la obligación de dedicar el 30% de los nuevos pisos o grandes rehabilitaciones a vivienda social en la ciudad de Barcelona

El liderazgo y la fuerza de los movimientos sociales y entidades consigue que se active esta medida por primera vez en Cataluña

Hoy es un día histórico para Barcelona y para el derecho a la vivienda. La moción para ampliar el parque de vivienda asequible de la ciudad ha dado un paso importante para que se aplique la primera medida contemplada y una de las más importantes: que las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones tengan que destinar un 30% a vivienda asequible.

Hoy lunes 18 de junio, la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad ha votado la modificación del Plan General Metropolitano que tiene que hacer posible que esta medida se aplique de forma real. Sin la aprobación inicial a la que han dado apoyo los grupos municipales de Barcelona en Comú (BeC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Partido Socialista de Cataluña (PSC) y la CUP Capgirem Barcelona, la medida hubiera quedado directamente descartada y no se hubiera aplicado nunca. El posicionamiento del Grupo Municipal Demócrata, Ciutadans (C’s), y del Regidor no adscrito de Demócratas de Cataluña ha sido la abstención. El PP ha sido de nuevo el único que ha votado en contra.

Este importante hito no habría sido posible sin la fuerza de la sociedad civil barcelonesa que lucha diariamente para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad, en esta ocasión a través del Grupo Promotor de la Moción «Lloguer Públic Bcn«, formado por una amplia coalición de entidades con reconocida trayectoria en la defensa del derecho a la vivienda: la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca), el Observatorio DESC, la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.

Es esta coalición la que puso por primera vez en la agenda, la necesidad de implicar a los promotores inmobiliarios para aumentar el parque público de vivienda en Barcelona, en medio de una cruenta emergencia habitacional. Ha sido esta coalición la que ha liderado el proceso desde el principio y ha hecho presión para que los grupos municipales tomaran conciencia de que es necesario emprender medidas inmediatas para aumentar el parque público de vivienda, que actualmente no supera el 1,5%, muy lejos de la media europea (alrededor del 20%).

En este proceso de más de 4 meses, las entidades sociales hemos aportado propuestas técnicas y fórmulas jurídicas que hemos compartido con todos y cada uno de los grupos municipales en un espacio de trabajo conjunto, para conseguir un amplio consenso respecto al fondo de la medida y para evitar batallas entre partidos. Este grupo, donde participan todas las formaciones políticas, se ha reunido hasta tres veces en el último mes y la información ha estado siempre al alcance de todos ellos de forma transparente.

A pesar de que no aparecía en la moción original que presentamos y se aprobó en el Pleno el pasado 23 de febrero, la posibilidad de activar una suspensión de las licencias hasta la aprobación definitiva, era un elemento importante para evitar que algunos operadores esquivaran la obligación, pidiéndolas antes de la misma. No obstante, los grupos de ERC y el PSC la rechazaban, de forma que la mayoría simple necesaria para aprobar la propuesta no era viable. Ante esta negativa, desde el Grupo Promotor hemos valorado que era más importante poder activar la medida del 30% el mes de septiembre con su aprobación final, que no acabar con un bloqueo a su aprobación inicial. Las entidades promotoras hemos entendido que la aplicación de estas medidas era prioritaria , y no queríamos que los vecinos y vecinas vieran rechazadas sus reclamaciones.

En consecuencia, desde el Grupo Promotor hemos exigido que la aprobación definitiva sea en septiembre y en los términos que presentamos en la moción (porcentaje del 30% en edificaciones de más de 600 m²), motivo por el cual hemos pedido a los partidos políticos favorables que firmen el compromiso que lo recoge. Hasta ahora, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya lo han firmado. Exigimos al resto de partidos que se comprometan con urgencia.

En los últimos días, algunos de los lobbies más poderosos del sector inmobiliario ‒lejos de asumir responsabilidades‒ han activado fuertes presiones que atendían a sus intereses privados y no al interés general. Lo han hecho en base a falacias y miedos infundados, sin considerar los informes que hemos ido presentando. Ha sido el trabajo de las organizaciones ciudadanas hasta el último minuto lo que ha permitido obtener una mayoría absoluta, por encima de la mayoría simple necesaria para aprobar la medida.

Ahora bien, a partir de hoy será más importante que nunca el apoyo de la sociedad civil, asociaciones vecinales, entidades del tercer sector social y sindicatos, para conseguir una aprobación definitiva de la medida lo antes posible. La modificación del planteamiento que hoy se ha aprobado por primera vez entra ahora en el período de alegaciones previas a su aprobación definitiva el mes de septiembre. Durante estos meses, promotoras e inmobiliarias se volverán a movilizar para presionar a todos los grupos políticos. Será absolutamente imprescindible construir una coalición vecinal y ciudadana muy robusta para fiscalizar a los partidos, ganar el pulso a los lobbies y asegurar que los grupos políticos obedecen al vecindario garantizando el derecho a la vivienda.

Hoy damos el primer paso importante en una medida histórica, que ya existe en otros países pero que en el caso de Cataluña se aplicará por primera vez en Barcelona. Es el principio de un cambio que hay que extender a todos los municipios de Cataluña.

Celebremos esta victoria de la ciudadanía organizada. No permitiremos que, fruto de presiones de los poderes económicos y de batallas partidistas, se eche por la borda una oportunidad histórica para hacer real el derecho a la vivienda.

#VotacióHabitatgePúblic

https://www.facebook.com/PAHBarcelona/videos/1666747846772610/

Dirán lo que quieran, pero lo que ha pasado en Cornellà ha sido un asesinato

La mañana del 14 de junio de 2018 la prensa se hacía eco de una nueva vida arrebatada por un sistema criminal promovido por la banca

Un hombre de 45 años ha muerto a manos del sistema bancario y de la legislación criminal en materia de vivienda en este país. Tenía que ser desahuciado porque no podía hacer frente al pago del alquiler de su vivienda al Banco Popular. Una vivienda recientemente adquirida por el fondo buitre Blackstone. Precisamente, este indignante suceso ha ocurrido el mismo día que la PAH arrancábamos una nueva campaña internacional contra estos carroñeros.

La víctima se enfrentaba a su segundo desahucio, pero justo hoy, cuando una comitiva judicial acompañada de agentes de los Mossos d’Esquadra iba a desalojar a la familia de la vivienda, situada en la décima planta del bloque, ha decidido poner fin a su vida, fruto de la desesperación.

La familia era usuaria de Servicios Sociales y se encontraba a la espera de recibir ayudas de la Administración que nunca llegaron, lo que rompió su esperanza. Y hay muchas esperanzas a punto de quebrar, al borde de un suicidio, que en realidad es un asesinato. Los bancos que le han matado no lo son, pero su avaricia les priva de sentimientos. Y ahora, todos (Servicios Sociales, bancos, justicia…) lanzarán pelotas fuera.

Desde la PAH exigimos medidas urgentes que rescaten estas esperanzas y acaben con tanta injusticia, con tanto sufrimiento, con tanta muerte.

En su memoria y en la de todas las personas asesinadas previamente, para impedir que vuelva a pasar, desde la PAH hacemos un llamamiento a concentrarnos mañana a las 12, frente a las puertas del Banco Popular, con unas exigencias bien claras y que llevamos planteando hace años:

Moratoria indefinida de los desahucios a familias en situación de exclusión y vulnerabilidad social.

Que el Gobierno de Pedro Sánchez retire de inmediato todos los recursos a las leyes de vivienda autonómicas, pendientes en el TC.

Que se tramite y apruebe de forma urgente la Ley de Vivienda de la PAH, la única que recoge todos los mecanismos para acabar de una vez por todas con la usura de los bancos, la especulación con nuestros derechos más fundamentales, y conseguir que en este país podamos decir que tenemos una ley que garantiza el derecho a la vivienda para todas sin excepción.

¡No es un lema, es una realidad! Hay vidas en juego y ha llegado el momento de poner una solución, para evitar que continúen segándose.

#StopDesahuciosCriminales

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La presión de la PAH ha conseguido arrancar al Consorcio de vivienda medidas claras para solucionar el problema de la Mesa de emergencia

Carta a Pedro Sánchez

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