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Amordazadas no olvidamos, el 17 de marzo nos movilizamos

Como seguramente sabréis, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas, pese a que la mayoría del actual Congreso se había comprometido a acabar con esta ley que vulnera numerosos derechos humanos.

El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Desde entonces, ha pasado ya más de un año y el proceso parlamentario se encuentra  prácticamente paralizado o avanzando a un ritmo extremadamente lento. Organizaciones y colectivos sociales que hemos denunciado la arbitrariedad y falta de garantías de esta norma hemos estado siguiendo de cerca este proceso, y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados recojan nuestras demandas,  y ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Es el momento de volver a salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a la Ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos que son vulnerados por esta ley, tales como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, así como los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución, o de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las «devoluciones en caliente».

Desde que el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Mordaza, estamos viviendo unincremento de abusos policiales y de la vulneración de derechos debido, en muchos casos, a la discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones por la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo (su testimonio está por encima del de la ciudadanía) y al poder de valoración que les confiere la Ley de Seguridad Ciudadana. Con ello, se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no solo en el marco de movilizaciones ciudadanas sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, por poner algunos ejemplos. También son alarmantes los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho de libertad de información.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza. Las multas por «desobediencia o resistencia a la autoridad» y «la negativa a identificarse» o «la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación» (artículo 36.6) ascienden a 10.196.817 euros. Es especialmente significativo también el importante aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por «faltas de respeto y consideración» a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4), el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los primeros 6 meses de su entrada en vigor se pusieron 3.130 multas por un valor de 469.203, en 2016 se interpusieron un total de 19.497, por un importe de 3.006.761 euros. En total, se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones de euros.

En 2016,  de las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana, alrededor de 34.000 podrían ser sanciones a conductas amparadas por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación. No podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, no solo por el impacto sobre personas en concreto sino también porque además está obstaculizando el derecho de organizaciones y colectivos a protestar y expresar sus reivindicaciones, y esto a su vez implica un impacto muy preocupante en la defensa de los derechos humanos.

La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y en la jurisprudencia que los desarrolla, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, y la Ley Mordaza es una de las armas utilizadas para cercenar la libre difusión de información, e incluso con sanciones a periodistas durante el ejercicio de su profesión.

Además, la Ley Mordaza recogió una disposición adicional (la décima) con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente”, que muchas organizaciones venimos denunciando desde hace años. El pasado 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ratificó que son ilegales, condenando a España por llevarlas a cabo. El gobierno debe detener de una vez por todas esta práctica que tiene consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Ceuta y Melilla.

Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades.

Queremos contar con todas/os en las plazas y calles de poblaciones de todo el Estado para expresar nuestro rechazo a la Ley Mordaza. Únete a la convocatoria de movilizaciones para el 17 de marzo. Organiza acciones de protesta y suma al mayor número de personas, colectivos y organizaciones.

  • Adhiere tu colectivo a la convocatoria PINCHANDO EN ESTE ENLACE * La convocatoria tiene carácter apartidista y, por lo tanto, no podremos adherir a partidos políticos o entidades adscritas.
  • Descarga AQUÍ las imágenes para difundir o diseñar tu propio cartel

Colectivos adheridos

Iridia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
PAH asamblea de Arganda
Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE)
Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera
Asociación Cultural LoQueSomos
Anarquismos
Stop Represión 15M-Granada
A.C. La Higuera y el Almendro
Madres contra la represión
Solar Polivalente Autogestionado Maravillas
Asamblea Popular 15M Malasaña-Dos de Mayo
Todxs Somos Palestina
Asamblea Popular de Majadahonda – 15M
15MGLOBAL.ES
15M Illescas
Unión de Juventudes Comunistas de España
kabakuk
Sindicato SI.L.VI.A.
Desarma Madrid
Ecologistas en Acción
Novact
PAH Madrid
Federación SOS Racismo
PAH Rubí
Amnistía Internacional España
Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas de Elche
Comité 3-21
CGT
Democracia real YA! Madrid
Greenpeace España
Plataforma Antidesahucios de Palencia
Intersindical Valenciana
Intersindical Solidaria
Stop Represión Málaga
Zambra Málaga
SOS Refugiados
Defender a quien Defiende
Centro Pastoral San Carlos Borromeo
Coordinadora de Barrios
Colectivo Hetaira
Marea Básica contra el paro y la precariedad
Vejer Sin Fronteras
Asociación Bajando al Sur
FEN, Federación Española de Naturismo
Frente Cívico Somos Mayoría Cinco Villas
Colectivo Ponte en marcha
Coordinadora Madrid por la defensa de las Pensiones Públicas
Plataforma por las Libertades de Valladolid
PAH Guadalajara
Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama
CGT Andalucía
Asamblea Transmaricabollo de Sol
NSD Asturias
Pacifistas Ciudad Real
Marchas de la Dignidad Ciudad Real
LIBRES, Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión
CNT-AIT Granada
Yayoflautas Madrid
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de Sevilla ( PACD Sevilla)
Solidaridad Internacional Andalucia
Abogad@s en Red S. Coop.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Sare Antifaxista
Observatorio del Racismo Institucional RAIN
Coordinadora Galega de ONGD
PAH Sevilla Este Amate
PAH SANTANDER
Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara
CNT Pineda de Mar
CNT Guardo
Red de ONG de Madrid
Chinaski Producciones
Marea Granate
Herritarren kriminalizazioaren aurkako plataforma
15M Valencia
Asamblea 15M Hortaleza
SILLAS CONTRA EL HAMBRE
ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
Asociación Sin Papeles de Madrid
Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid
Unidos contra la represión, luchamos
PAH AlcoSanse
Coordinadora de Vivienda de Madrid
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
Plataforma Pensiones Granada
Espacio Común 15M
Foro de Movimientos Sociales de Madrid
ASAMBLEA NACIONAL ANDALUZA
No Borders Granada
Asamblea de Andalucía
Pah Vigo Tui Baixo Miño
PAH Noguera
Plataforma Absolución CS 13 Rosas
Meta-Comunica
Greenpeace Pamplona Iruñea
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
FRENTE CIVICO SOMOS MAYORIA REGION DE MURCIA
Stop Desahucios 15M Valladolid
Grupo Estudios Internacionales UAM
Greenpeace Illes Balears
Fronteras Sin Filtro
Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM-FeSP)
Frente Cívico Somos Mayoría
Grupo de apoio á La Insurgencia (Vigo)
CEAR
Greenpeace Barcelona
CGT HUELVA
15M Villa de Vallecas
Mundo sin Guerras y sin Violencia – España
Coordinadora 25s
REFUSAT
Foro Social Segovia
PAH PARLA
Katío. Asociación de Solidaridad con Colombia
Xnet
15MpaRato
CNT Jerez
COORDINADORA MADRILEÑA DE VIVIENDA
LA YAYA CSOA
Paicam maresme
Marea Blanca de Catalunya 
PAICAM 
Moviment indignació 15m Sabadell
Coordinadora d’assemblees 15m del Vallès Occidental
PAC plataforma afectados por la Crisis 
CICLO (Coordinadora de colectivos y sindicatos por la lucha obrera) 
Marea turquesa
Encausados Operación Araña
Stop Mordazas
Coordinadora Estatal de VIH y Sida
Espacio REDO
Greenpeace Pontevedra
Red Acoge
Coordinadora ONGD Región de Murcia
Miércoles Republicano
Marxa de la Dignitat
Asoc. Vecinal Lanuza Casco Viejo
Comisión Legal Sol 
Marea Blanca de Catalunya 
CICLO Coordinadora de colectivos y sindicatos por la lucha obrera 
Plataforma afectados por la hipoteca de Toledo
Kaleratzeak stop desahucios Araba
Pah Callosa
Stop Desahucios León
Sindicat de llogaters i llogateres
Greenpeace Mallorca
Sindicato de Periodistas de Andalucia
Ecologistas en Acción
Paz con Dignidad
ASiA- Associació Salut i Agroecologia
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Kolectivo Foko
IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya)
Stop Desahucios León
Foro Social de Segovia
ADIS Asociació Dignitat i Solidaritat
Alter Nativas
PAH Barcelona
Andaluces de Alcalá
Alternativa Universitaria (La Rioja)
Stop Represión La Rioja
Ecologistas de La Rioja
REAS Rioja
Solfónica
Plataforma Refugiados
Acción en Red Madrid
PAH Madrid
Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC
Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona
Poletika.org
Alcalá Libre
Coordinadora de ONGD de Navarra
Colectivo Indignado de Valladolid
Plataforma de Afectados La Rioja
Ateneo Libre Autogestionado La Ortiga
BRUJAS MIGRANTES
Confederacion de Asociaciones Cannabicas(ConFAC)
Ecologistas en acción Cantabria
Greenpeace Almería
Yretiemble
Sociedad Ecologista Al Wadi ira 
Madrid43Ayotzinapa
Cannabicum
La Línea Amarilla
Alianza por la solidaridad
REAS Madrid (Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid)
BDS Madrid (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel)
Plataforma por las 6 de la Operación ICE
Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

Interpelamos a Inés Arrimadas en defensa de la Ley Vivienda PAH

Hoy jueves 15 de marzo, las PAHs Catalanas acudimos a la sede de Ciudadanos de Barcelona, en C/Balmes 191, para interpelar a la responsable del partido, Inés Arrimadas, en defensa de la Ley Vivienda PAH. Esta acción se enmarca en una campaña de interpelación al partido Ciudadanos, para que se posicionen a favor de la tramitación de la Ley de Vivienda de la PAH: una propuesta de ley registrada en el Congreso, que, de aprobarse, acabaría con los desahucios, la pobreza energética y regularía los alquileres.

Esta ley cuenta con numerosos apoyos. Cientos de colectivos y sindicatos se han posicionado a favor de que se legisle. Más de un centenar de ayuntamientos, que pretenden ser conquistados por Ciudadanos en las próximas elecciones municipales, han aprobado mociones a favor de que se apruebe nuestra ley. Incluso el Parlamento Europeo y la ONU describen esta iniciativa como un ejemplo para ser seguido por otros países en materia de vivienda.

A pesar de todo, el gobierno del PP tiene hasta mañana jueves 16 de marzo a las 20h para registrar un veto a nuestra iniciativa. El veto es un mecanismo de uso excepcional, que tal como marca el reglamento del Congreso, solo puede ser aplicado si la propuesta de ley afecta a los presupuestos generales «en vigor». Sin embargo, la Ley Vivienda PAH está diseñada para que todas las medidas que acarreen un gasto no entren en funcionamiento hasta los presupuestos futuros. No existe justificación ni base para vetar la Ley Vivienda PAH.

Sin embargo, el gobierno del PP ya ha hecho trampas en el pasado. Pero los vetos no son impuestos en solitario. Mariano Rajoy ha encontrado en Ciudadanos su marioneta para bloquear leyes sistemáticamente, como ha ocurrido con el debate de la subida de las pensiones. La cuestión que tratan de ocultar desde Ciudadanos es que todos los vetos son evaluados por la Mesa del Congreso, un órgano de la cámara donde se pueden levantar aquellos vetos que no tengan base, como sería el caso de la Ley Vivienda PAH.

La mesa del Congreso está compuesta por 3 asientos del PP, 2 de Ciudadanos, 2 del PSOE y 2 de Podemos. Tanto PSOE como Podemos ya se han comprometido públicamente a levantar un veto del PP a la Ley Vivienda PAH. Pero para sumar mayoría, y levantar un posible veto, es necesario el posicionamiento de Ciudadanos. Un acto democrático que es cuestión de voluntad política, y que estaría avalado por el mismo reglamento del Congreso.

Por esta razón, vamos a interpelar en distintos territorios a los secretarios generales de Ciudadanos, para conseguir que se posicionen a favor de la Ley Vivienda PAH. En caso de que el gobierno del PP registre un veto, Ciudadanos tendrá que escoger: o se posiciona con el gobierno de la corrupción y los desahucios. O se posiciona del lado de las familias y nuestros hogares. Recordemos que lo que estamos solicitando es un mínimo democrático.

No estamos exigiendo que Ciudadanos apoye públicamente el contenido de nuestra ley. Lo que estamos exigiendo es que Ciudadanos no bloquee un debate democrático. Que permita al Congreso, una entidad mantenida con dinero de toda la ciudadanía, debatir una ley. Lo que estamos exigiendo a Ciudadanos, a Alberto Rivera y a Inés Arrimadas, es que no se conviertan en los cómplices necesarios del secuestro de la democracia y el futuro de nuestras familias.

¡Sí Se Puede!
#CiudadanosDelPP

El Partido Popular presenta un plan de vivienda para fomentar la especulación

¡Menudo plan! El PP sigue dando la espalda a las familias, desestimando las propuestas de la PAH y presentando un Plan de Vivienda para los próximos tres años, con el único fin de seguir hinchando la burbuja de alquiler a beneficio de grandes propietarios y especuladores.

Nueva oportunidad perdida. El viernes 9 de marzo se aprobó el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, presentado por el Partido Popular. Vivimos un periodo en que la emergencia habitacional, lejos de desaparecer, crece alarmantemente día a día. El Gobierno tiene la capacidad y la obligación para llevar adelante medidas que garanticen el Derecho a la vivienda, tal como marca el art. 47 de la Constitución, pero una vez más prefiere vulnerar ese derecho y legislar a favor de la banca y los fondos de inversión. Hablamos de un plan, que supuestamente pretende fomentar el alquiler, pero que no contempla regularizar los contratos de corta duración, ni los alquileres inasumibles, para garantizar que las inquilinas puedan realizar proyectos de vida duraderos, asequibles y estables, para no verse empujadas a vivir como nómadas cada tres años.

Se llenan la boca con su enorme vocación social, pero la realidad es otra. El plan del PP pasa por un programa de ayudas para pagar el alquiler, que como todas sus medidas anteriores, solo será accesible para una pequeña minoría de familias, pero perjudicará al resto. Unas ayudas que no contemplan ningún tipo de limitación, lo que provocará el aumento desorbitado de los precios, ya que pretenden subvencionar alquileres sociales de la banca, hasta en un 100% en alquileres de hasta 400 euros/mes. Una medida perversa que incentivará a los bancos a establecer los precios en el umbral máximo, seguir haciendo negocio con recursos públicos, facilitándoles el poder usarlo como lavado de cara.

Lejos de parar esa subida, que en el caso de Barcelona ya ha alcanzado un 60% en algunos barrios en los últimos 3 años, el PP abre la válvula  para seguir inflando la burbuja del alquiler y así asegurar y  perpetuar la rentabilidad a los fondos buitre, los bancos y los grandes tenedores de vivienda. Con este plan, la propiedad podrá extraer mayores rentas, de nuevo gracias a la transferencia de 1.443 millones de euros, extraídos del fondo público, que irán directamente a los bolsillos privados de constructores y grandes tenedores, dejando más en la cuneta, si cabe, a las inquilinas que seguirán siendo desahuciadas por no poder afrontar los elevados precios. Recordamos que actualmente el 85%  de los desahucios en nuestra ciudad son debidos al impago de alquiler, desahucios invisibles producidos por la finalización de los contratos que pretenden ser renovados con unos precios totalmente abusivos e impagables, con los sueldos de las familias cada vez más bajos.

Que el gasto total en vivienda del Gobierno español se ha visto reducido en un 75% en los últimos 8 años o que se destine, en este nuevo plan, la irrisoria cantidad del 0,03% del PIB, muy alejado de la media europea, son cifras reveladoras que dejan en evidencia la poca voluntad existente en ofrecer soluciones reales a una situación que empuja a miles de familias a la exclusión residencial. Han sido 8 años de recesión para la ciudadanía, que ha visto cómo uno tras otro le iban recortando sus derechos más fundamentales (vivienda, suministros, sanidad, educación…) mientras se rescataba a los bancos o se liberaba a los fondos de inversión a pagar impuestos gracias a la creación de las Socimis.

De nada nos vale que el gran plan del PP pase por inflar el alquiler u ofrecer ayudas para la compra de vivienda, con el único fin de reactivar el ciclo de endeudamiento hipotecario. Un ciclo que ha causado 700.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008, que se siga produciendo un desahucio cada 8 minutos y que aún haya gente dispuesta a perder su vida antes que su vivienda.

Todo esto sucede, mientras no hay una sola propuesta para ampliar el inexistente parque público de vivienda, un 1,5% contra el 15% de media europea. Un parque que garantizaría el acceso a una vivienda digna y asequible a las familias con menos recursos. Habiendo más de 3 millones de pisos vacíos en España para poder mover, previa sanción a la banca, con su cesión a la Administración, lo único que se le ocurre al PP es subvencionar la construcción de nueva vivienda, para seguir promoviendo la especulación y seguir usando dinero público a beneficio del sector privado. 

Mientras, el Partido Popular desoye a la ciudadanía, bloqueando iniciativas, suspendiendo leyes o no apoyando medidas que sí protegen a las familias, que responsabilizan a la banca a ofrecer alquileres sociales y realojos en su cartera de pisos vacíos, llenada a golpe de desahucios, o que evitan la especulación de la vivienda para frenar la expulsión masiva de vecinas de sus casas, barrios y ciudades. Medidas registradas en el Congreso desde el pasado 10 de enero, recogidas en la Ley Vivienda PAH. Medidas como las aprobadas en el pleno municipal de Barcelona, gracias a la moción que presentamos el 24 de enero junto al Sindicat de Llogateres, la ABTS, la FAVB y el Observatorio DESC. Medidas para que en nuestra ciudad se amplíe el parque público de vivienda. Medidas que en todos los niveles han contado con una aprobación casi unánime, si no hubiera sido por el rechazo del PP, que estaba elaborando su gran plan contra el derecho a la vivienda. Desde la PAH ya hemos demostrado que nuestras propuestas funcionan. 

Desde PAH Barcelona vemos más eficaz otro tipo de medidas, que deberían pasar por tener en cuenta la renta. Y aplicar, en casos de grandes tenedores, un alquiler social en base a la Ley 24/2015 y el alquiler con un máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar, como recomienda Europa. Gracias a la presión de la PAH, ya se han conseguido alquileres por el 10%, 12% o 18% de los ingresos de las familias. Demostrando que no es necesario recurrir a dinero público, solo voluntad política, para obligar a la banca a conceder los alquileres sociales, bloqueando así sus chantajes para conceder alquileres con precios más altos subvencionados por la Administración.

Estamos volviendo a vivir la creación de la estafa hipotecaria, fomentando la precarización del alquiler para vendernos, de nuevo, las hipotecas como la única alternativa para acceder a un hogar. Vivimos el día de la marmota y desde la PAH, seguiremos poniendo propuestas reales sobre la mesa para garantizar que la vivienda sea un derecho asequible para todas y no una mercancía para beneficio de unas pocas. Seguiremos desobedeciendo leyes criminales, ofreciendo soluciones a una legislación justa y haciendo desde abajo, organizadas en la calle, lo que no están dispuestos a hacer desde arriba.

No desfalleceremos, ¡nosotras sí tenemos un plan!

ADIF también desahucia

La empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, un actor más en la oleada actual de desahucio.

Hoy, 9 de marzo de 2018, nos encontramos en las oficinas de ADIF, situadas en la calle Ocata s/n  de Barcelona, para evitar el desahucio sin realojo de José Luís y su familia con dos menores. José Luís vivía con su madre en un piso de la empresa ferroviaria, de los que años atrás ofrecían a sus trabajadores. Tras la muerte de su madre, Adif comunicó a José Luís, el mismo día del sepelio, que al no ser trabajador, debía abandonar la vivienda en un plazo de 7 días. Tras negociar, le concedieron una subrogación por 2 años, un periodo de tiempo en que la situación laboral y económica de José Luís dio un giro negativo, dejándolo en un estado de absoluta de vulnerabilidad económica, con unos ingresos de solo 480 € para la unidad familiar. Aun así y con grandes sacrificios, estuvieron pagando hasta que no pudieron más, pues sus ingresos se vieron más mermados y la situación fue tan insostenible que no pudieron pagar.
 
Llegados a este punto, ADIF se ha cerrado a cualquier tipo de solución que apelara a los derechos más fundamentales de la familia, que ya se ha enfrentado a dos desahucios, paralizados en puerta gracias a la PAH. Con la próxima orden de desahucio, de carácter inminente, José Luís, su mujer y sus dos menores, se enfrentarán a un desahucio abierto, o lo que es lo mismo, estarán expuestos y con total indefensión a que en cualquier momento, día u hora, sin previo aviso, sean dejados en la calle. 
 
Tras su segundo lanzamiento y ante la nueva situación económica de la unidad familiar, que ha logrado alcanzar los 836 €, ADIF se negó a negociar un alquiler de 500 €, una oferta  presentada por José Luís para poder seguir manteniendo su hogar. Una oferta generosa y una muestra de la buena voluntatd por parte de José Luís, para arreglar la situación.
 
Con esta actitud, ADIF lo único que hace es corroborar lo que hace años lleva haciendo, especular con las viviendas de los antiguos trabajadores y beneficiarse de los precios de la burbuja inmobiliaria. Una muestra de esto es la reciente venta de pisos y suelo por valor de 10 millones de euros,  o la cantidad de vivienda vacía que acumulan y llevan años vendiendo en subasta.
 
A Adif le exigimos la paralización inmediata del desahucio de José Luís y un alquiler justo en base a sus posibilidades.
 
También, ante la emergencia habitacional que sufrimos, ante los precios inasumibles de los alquileres, y ante la falta de un parque público de vivienda capaz de garantizar el derecho a techo a las familias en exclusión residencial por parte de la Administración, desde PAH Barcelona, denunciamos públicamente a ADIF y consideramos que como empresa pública del Estado, debería ceder sus pisos vacíos para poder darles un más que necesario uso social. Recordemos que, ampliar el raquítico parque público del 1% que tenemos, para que se acerque al 15% de media europea, es una de las demandas presentadas en nuestra moción municipal, aprobada el pasado 23 de enero en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que también está recogida en la Ley Vivienda PAH registrada hace un mes en el CongresoEn ambos casos el Partido Popular ha demostrado que sigue siendo el mayor lobby financiero, por eso no debe sorprendernos que una empresa pública como ADIF, dependiente directamente del Ministerio de Fomento, actúe en contra de la ciudadanía más vulnerable y a favor de los intereses inmobiliarios.
 
Hoy hacemos visible que ADIF, no solo se dedica a la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación, también se suma a la actual burbuja del alquiler, patrocina desahucios y niega un derecho tan básico como el de tener un hogar. Hartas de la política del ladrillo y de que la vivienda sea tratada como una mercancía y no como un derecho, hoy hemos venido dispuestas a conseguir solución para José Luís, y de no ser así, la PAH estamos listas para afrontar este choque de trenes.

Manifiesto 8M

¡JUNTAS SOMOS MÁS!

Hoy, 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la HUELGA FEMINISTA

Cada 8 de marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas  y sindicalistas. Las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte en las luchas antiimperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente: queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando.

La sororidad es nuestra arma; es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, es internacional y es reivindicativa. 

Nuestras identidades son múltiples, somos diversas. Vivimos en los pueblos y en las ciudades, trabajamos el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas,  gitanas, mujeres con diversidad funcional, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas, somos las que se quedaron en el mar, somos las que se quedaron en las fronteras. Somos TODAS. Juntas hoy paramos el mundo y gritamos: 

¡BASTA! Ante todas las violencias machistas que nos atraviesan.

¡BASTA! De agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el Pacto de Estado contra las violencias machistas –por lo demás insuficiente– se dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas públicas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión sobre quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos.

¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra edad y condición. QUEREMOS poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. QUEREMOS disfrutar de nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias machistas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que afecta de modo aún más marcado a las mujeres migradas y a las trabajadoras domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación Ni una menos: vivas nos queremos sea una realidad.

¡BASTA! ¡De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales! Denunciamos la LGTBIfobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas.¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas!

Somos las que reproducimos la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en la familia y la sociedad, damos visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden, y exigimos la redistribución de este tipo de tareas.

Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas.

Para conseguir una vida libre de violencias es preciso actuar en todos los ámbitos de nuestra vida. En Catalunya estamos viviendo una escalada de la represión: cargas policiales el 1 de octubre con denuncias de agresiones sexuales. Las feministas también estamos comprometidas en la defensa de la democracia y de las libertades en nuestro país y entendemos que la criminalización y/o la judicialización de formas pacíficas de protesta social y reivindicación política también son formas de violencia institucional que tenemos que denunciar. Por ello, denunciamos la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española y exigimos su inmediata suspensión.

No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga laboral.

Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la explotación laboral de las mujeres.

¡BASTA! De discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral.

Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue por nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener mayor edad, ser migrada y estar racializadas, por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía; y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida: el embarazo o los cuidados no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras expectativas personales ni profesionales.

Consideramos fundamental denunciar las normas y las políticas opresivas contra las mujeres migrantes

Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de miseria, que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado, o que hemos desarrollado en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual que el trabajo laboral, y demandamos  la ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico.

Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra del cambio climático y en la preservación de la biodiversidad. Por ello, apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo de muchas compañeras que ponen en riesgo su vida por defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política.

Exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, sin ningún tipo de presión estética. Nuestros cuerpos no son mercadería ni objeto, y por ello, también hacemos huelga de consumo. ¡Basta ya de ser utilizadas como reclamo!

Exigimos también la despatologización de nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias: la medicalización responde a intereses de grandes empresas, no a nuestra salud. ¡Basta de considerar nuestros procesos de vida como enfermedades!

Exigimos la despenalización total del aborto, incluyendo a las menores de edad, así como su legalización y cobertura gratuita en el sistema de la sanidad pública. Repudiamos cualquier tipo de injerencia en la decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos. ¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!

La educación inicial es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de género y, por ello, las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, gratuita, laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales e imperialistas desde los primeros tramos educativos hasta la universidad, en los que las profesoras somos mayoría.

Reivindicamos también nuestro derecho a una formación afectivo-sexual que nos enseñe en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos y que no permita una sola agresión machista ni LGTBIfóbica en las aulas.

Exigimos el mantenimiento y la ampliación de los programas de becas de estudio para las estudiantes de todos los niveles educativos.

Denunciamos el presupuesto público que se destina a las escuelas gestionadas por el Opus Dei y a todas las escuelas concertadas que segregan por sexo. Reivindicamos una red de educación única, pública y gratuita y con perspectiva de género.

Exigimos un avance en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de formación, y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los libros de texto; y en la que  la perspectiva de género sea transversal a todas las disciplinas. ¡No somos una excepción, somos una constante que ha sido callada!

¡VIVA LA HUELGA DE CUIDADOS, DE CONSUMO, LABORAL Y EDUCATIVA!
¡VIVA LA HUELGA FEMINISTA!

Ninguna mujer es ilegal. Decimos ¡BASTA! Al racismo y la exclusión. Gritamos bien alto: ¡No a las guerras y a la fabricación de material bélico! Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. La consecuencia directa de las guerras son millares de mujeres migradas y refugiadas por todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas.

Denunciamos las políticas migratorias y de fronteras del Estado español y de la Unión Europea y exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea, atendiendo al derecho a la movilidad humana. Denunciamos la opresión que sobre las mujeres trabajadoras migrantes tiene la actual legislación y las políticas públicas en la materia. Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería. Exigimos el cierre inmediato de los CIE. ¡Somos mujeres libres en territorios libres!

Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más nos afectan a las mujeres y LGTBI: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación.

Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis.

Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho.

Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo.

Exigimos la recuperación de la memoria histórica y del protagonismo de las mujeres y de sus luchas, así como mantener el recuerdo de las que ya no están: Verdad, justicia, reparación y no repetición.

Reivindicamos la total separación entre la Iglesia y el Estado.

Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra diversidad.

¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS, FEMINISTAS, COMBATIVAS Y REBELDES!
Hoy, la huelga feminista no se acaba:
¡SEGUIREMOS HASTA CONSEGUIR EL MUNDO QUE QUEREMOS!

Gracias a Violeta Monreal por cedernos esta poderosa imagen.