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Avance informe: vivienda, pobreza energética y salud en Barcelona

Hoy publicamos un avance del informe «Vivienda, pobreza energética y salud en Barcelona».

En el marco del convenio con el Ayuntamiento de Barcelona «Derecho a la vivienda y a la energia: empoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico social», presentamos el primer avance de una serie de informes que publicaremos durante el año 2018: «Radiografias de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona».

Aquí podéis consultar el informe completo (versión en catalán, próximamente lo traduciremos al castellano): Avanç informe- dret a l’habitatge, pobresa energètica i salut a Barcelona

Aquí la infografía:

La Ley de vivienda de la PAH exige que la energia sea un derecho garantizado

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) señalizan hoy a las empresas suministradoras en municipios de todo el Estado, que en ausencia de una ley estatal que proteja a las familias, perpetran cortes indiscriminados de suministros básicos y fuerzan a las familias a acumular deudas impagables para tener acceso a agua, luz y gas. Una situación que sería revertida con la legislación de la Ley de Vivienda de la PAH: un texto de ley presentado a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que incluye medidas ya articuladas para poner fin a la pobreza energética, con suministros garantizados para todas; y a los desahucios.

En los últimos 12 años el precio de la luz ha subido un 83%. Solo en 2016, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa acumulaban un beneficio de más de 5.500 millones. Mientras hemos vivido en propia piel cómo las facturas no paraban de aumentar, nuestra renta familiar descendía. Y como resultado, hasta 5 millones de hogares sufrirán frío este invierno según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Datos a los que se suma el incendio de Alcorcón, provocado por el uso de velas ante la falta de luz, y que ocasionó la hospitalización de seis personas, incluyendo tres menores de edad. También la muerte de Rosa, del municipio de Reus, que falleció en un incendio por utilizar velas debido a que Gas Natural le cortó la luz. La pobreza energética mata, y existen soluciones para ponerle fin.

La PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, impulsamos en Cataluña la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional. Una ley que incluye medidas vigentes que han paralizado más de 39.000 cortes de suministros. Por eso, la PAH ha presentado en el Congreso la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley para extender las medidas de la Ley 24/2015 a todo el Estado español. Porque una vivienda digna es un hogar con acceso a suministros. Porque la energía, el agua y la vivienda son derechos básicos  que deben ser accesibles y asequibles para todas las familias.

Mientras luchamos por una ley estatal que de verdad nos proteja, el PP y el PSOE legislan el Bono Social eléctrico, que plantea descuentos del 25% al 40% de las facturas con unos baremos de renta muy bajos. Un parche que no da respuesta a las situaciones de pobreza energética que sufren un 11% de la población en el Estado español.

Y la protección que regula contra los cortes es ínfima, trasladando toda la responsabilidad a la Administración de que si no paga el 50% de las facturas, no se podrá proteger a las familias más vulnerables de los cortes de luz. Además, no incluye ninguna protección estatal contra los cortes de gas o de agua. De nuevo, en vez de apoyar medidas efectivas propuestas por las familias afectadas, el PP y el PSOE se aúnan para sacar adelante un parche, incapaz de dar respuesta a la emergencia, y que defiende los intereses de unas compañías -que cosechan millones de beneficios encareciendo las facturas- por encima de la ciudadanía.

Por si fuera poco, el gobierno del PP ha recurrido en noviembre, en pleno invierno, la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda y contra la pobreza energética. También ha bloqueado junto a Ciudadanos la ILP Madrileña contra la emergencia habitacional. Leyes autonómicas que contenían medidas para garantizar los suministros. El gobierno del PP se ha convertido en el brazo protector de las suministradoras. Y frente a esta situación, las familias afectadas exigimos una ley que nos proteja en todo el Estado español con medidas de sentido común:

  • El Principio de Precaución, por el cual no se puedan cortar los suministros básicos a familias cuya vulnerabilidad haya sido acreditada por Servicios Sociales.
  • La garantía de un Consumo Mínimo Vital de las familias a luz, agua y gas.
  • La Tarifa Social, que implica que las suministradoras asuman el coste de las facturas que no puedan ser afrontadas por las familias.

Con la Ley de Vivienda de la PAH, todos los grupos parlamentarios del Congreso tienen la oportunidad histórica de legislar medidas que corresponsabilicen a las suministradoras a poner recursos para solventar la emergencia que han provocado. Nosotras seguiremos reivindicando nuestras demandas hasta hacerlas realidad.

¡Exigimos agua, luz y techo!
#SuministrosGarantizados

[Comunicado] Las tácticas de acoso de Norvet no funcionan con el bloque #Aragó477

Exigimos la cesión al Ayuntamiento de Barcelona y alquileres sociales a las familias que lo habitan

28 de noviembre 2017

Norvet deberá detener las obras en el bloque de la calle Aragón número 477

Hoy nos lo han comunicado desde el Distrito del Eixample y la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación.

El pasado 5 de julio, desde la PAH de Barcelona, junto con las vecinas del bloque de Aragón 447, solicitamos una inspección de obras en el edificio. Norvet utilizó las obras con voluntad de dañar la estructura del edificio, una práctica de acoso con la intención de echarnos después de recuperar 6 pisos para familias vulnerables a través de la campaña obra social.

A raíz de la denuncia de las vecinas, el Ayuntamiento de Barcelona ha podido constatar que Norvet no tiene todas las licencias para llevar a cabo las obras de rehabilitación que está realizando en el edificio. El Ayuntamiento ha podido constatar que los más de 20 enterados presentados por Norvet implican obras además del 50% del edificio, tanto de pisos como de espacios comunes. Esto supone, según la ley catalana del derecho a la vivienda, una transformación integral del edificio y que para llevarlas a cabo tiene que presentar una licencia de obras mayores con memoria de proyecto que no han presentado. Por este motivo se paran las obras, durante meses. Esto significan que tienen que realojar de manera temporal a todas las vecinas y al finalizar las obras tienen que volver manteniendo el contrato de alquiler en iguales condiciones.

Desde la PAH de Barcelona tenemos claro, que Aragón 477 y todos los edificios comprados por fondos buitres no tienen que aumentar los beneficios de éstos, sino que deben pasar a ser de beneficio social, colectivo. Es por eso que exigimos la cesión del edificio al Ayuntamiento y el alquiler social a las vecinas mientras se formaliza la cesión, tal como fuimos a decirles directamente a Norvet el pasado miércoles 22 de noviembre en sus oficinas. También hemos instado en el Ayuntamiento que sancione, si es posible, a Norvet para no tramitar las licencias correspondientes. Parar las obras para no cumplir con la normativa catalana es la primera vez que pasa en Barcelona, puede ser un precedente. Es por eso, que animamos a las vecinas que están en una situación similar que denuncien irregularidades de licencias de obras a las oficinas de vivienda y Consejos de Distrito.

Una vez más, gracias a la organización colectiva de la ciudadanía, la denuncia y visibilización de las prácticas de los fondos buitre, estamos haciendo frente a Norvet para que no especule con nuestras vidas.

La vivienda es un derecho y no una mercancía. ¡Fondos buitre Go Home!

#Aragó477vsNorvet

PAH Barcelona contra Norvet

[Comunicado] La PAH de Barcelona interpela al fondo buitre Norvet

Exigimos alquileres sociales y la cesión del bloque Aragó 477 al Ayunatmiento, no dejaremos que especulen con nuestras vidas.

El pasado 3 de julio la PAH de Barcelona recuperó 6 pisos en un edificio comprado por Norvet para poner de manifiesto que ya no solo los bancos especulan con nuestras vidas, sino que ha aparecido una serie de agentes que también lo están haciendo: MK Premium, Vauras, Norvet,… Con esta recuperación pusimos de manifiesto que el derecho a la vivienda es cosa de todas, que todas estamos afectadas: hipotecadas, arrendatarias y desahuciadas. Que en cualquier momento nos podemos encontrar con riesgo de perder la vivienda: por no poder pagar la cuota hipotecaria, por un incremento del alquiler, porque no te quieren renovar el contracto de alquiler, por rescisión del contrato o por situaciones sobrevenidas que nos han dejado en situación de exclusión residencial.

En Barcelona hemos sufrido más de 12.000 desahucios en los últimos 3 años, de los cuales 2.285 son causados por alquiler solo en 2016. Asimismo, en el último año los precios de los alquileres no han hecho más que subir, llegando a incrementos de más del 60 % en algunos barrios. La situación de la vivienda en nuestra ciudad no ha hecho más que empeorar y una de las causas de ello ha sido la compra masiva por parte de fondos buitre de edificios con inquilinas.

Norvet es una empresa que en Barcelona posee 10 edificios. Los ha comprado en los últimos años para especular con un derecho básico y fundamental como es la vivienda.

En este contexto, necesitamos unir fuerzas y luchar para cambiar leyes y políticas de vivienda que nos beneficien a todas. Muchas vecinas de Aragón 477 han decidido irse de su vivienda por miedo y porque han estado solas. Con esta acción queremos demostrar ¡que sí se puede! Que juntas podemos echar a los especuladores de nuestra ciudad y al mismo tiempo trabajar para lograr cambios legislativos que protejan a las familias y no miren por los intereses de bancos, fondos buitres o especuladores.

Al igual que durante años hemos exigido alquileres sociales a los bancos, que han acumulado miles de pisos vacíos, han desahuciado a más de medio millón de familias en todo el Estado y se han beneficiado del rescate bancario sin contraprestación social. Ahora exigimos alquileres sociales y que no desahucien a familias vulnerables  los fondos buitres, como Norvet, que han venido para colonizar nuestra ciudad y echarnos. Exigimos a Norvet alquileres sociales para las familias. No podemos dejar que estos fondos buitres compren nuestras casas y que nos desahucien para venderlas para uso turístico y/o como un lujo.

Fons voltors go home!

#Aragó477vsNorvet

EXIGIMOS DE MANERA INMEDIATA SOLUCIÓN PARA RACHID

Nos encontramos en la calle Sant Pere Mitjà, 7 para defender el derecho a la vivienda de Rachid Amelz, Aicha El Himer y su hijo de 5 años, que se enfrentan a un desahucio abierto y sin solución digna por parte de la administración municipal. La familia hace meses que se enfrenta a un posible desahucio de alquiler debido a problemas económicos. Una situación ante la cual han acudido repetidamente a Servicios Sociales y Habitatge en busca de una solución que les garantizara un techo. Rachid ha demostrado su voluntad de regularizar su situación, agotando todas las vías administrativas que le hicieron entrar el pasado mes de marzo en la Mesa de emergencia, de cara a lograr un realojo digno.

Desde la Administración se le ofreció a la propiedad, la inmobiliaria Grabal SA, cubrir las cuotas impagadas a cambio de mantener a Rachid y su familia en la vivienda hasta que pudieran ser realojados en un piso de parque público. Una propuesta que la propiedad no aceptó, con la firme determinación de dejar a una familia en la calle y seguir acumulando viviendas vacías en el edificio, con el único fin de poder incrementar el precio del alquiler a futuros inquilinos. Hay que tener en cuenta que el contrato actual se firmó en 2011, por 350€ mensuales, una cifra muy por debajo de los precios especulativos actuales en Barcelona, donde se han incrementado, solo en los últimos 3 años, en un 26%. Vivimos una nueva burbuja inmobiliaria, ahora de alquiler, que está expulsando a las familias de sus hogares y negando la posibilidad de crear proyectos de vida estables y a largo plazo. Toda una muestra de la necesidad de implementar mecanismos de regularización en el precio de los alquileres.

Finalmente, la solución propuesta por Servicios Sociales ante esta situación, ha sido la de abandonar la vivienda para irse a una pensión hasta el 13 de noviembre, fecha en que deberían cambiar de pensión viéndose obligadas a ir de habitación en habitación por tiempo indefinido, asumiendo la familia la mitad de los gastos de un coste aún por determinar. Una opción indigna y más después de los meses que han pasado desde que se le prometió un realojo digno y estable. Más teniendo en cuenta la implicación de un menor y que Aicha padece de enfermedades acreditadas en Servicios Sociales.

Somos conscientes de la actitud agresiva por parte de la propiedad, que no solo se ha negado a cualquier tipo de negociación, sino que también ha exigido a la familia que retire una demanda que pusieron a Grabal SA, tras incumplir su promesa de renovarles el contrato de alquiler a cambio de que hicieran unas reformas en la misma casa. Unas reformas que Rachid asumió y una renovación de contrato que nunca llegó. Pero también somos conscientes del tiempo transcurrido, más que suficiente, como para que el Ayuntamiento no haya encontrado más solución que una pensión.

Desde PAH Barcelona, si bien valoramos algunos gestos de la Administración como el proveerles de un guardamuebles para todas las propiedades de la familia, no podemos tolerar el paso por una pensión. Desde el principio del caso, hemos exigido que llegado el momento donde la familia afectada se quedara sin vivienda, la solución pasaba por facilitarles una plaza en el CATAF de Navás, un bloque de pisos donde se realoja temporalmente a las familias hasta realojarlas definitivamente. Llegado este día, no queremos ni albergue ni pensión. Exigimos una plaza en el CATAF, y que se asegure de cara al futuro un realojo en un piso de parque público. Más aún, en julio de este año presentamos un Informe de Análisis de Políticas Públicas donde exigíamos al Ayuntamiento de Barcelona que creara un CATAF por barrio, pudiendo dar respuesta así a la emergencia habitacional que padecemos y para que la situación que atraviesa Rachid y su familia no se repita.

No podemos dejar de visibilizar y denunciar públicamente la criminal labor de los juzgados, en el caso de hoy el Juzgado de 1ª Instancia núm. 29 de Barcelona, que siguen permitiendo la existencia de desahucios abiertos: no solo vulneran todo tipo de derechos básicos a las familias, si no que las sumerge en un brutal estado de indefensión y vulnerabilidad. Si no fuera poco el hecho de verte sin hogar, se suma el no saber en que momento, ni día ni hora, pueden desahuciarte.

¡Sí Se Puede!
#SoluciónParaRachid

EMERGÈNCIA