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Manifiesto contra la celebración de The District

Vivimos momentos de estrangulamiento y asfixia de la mayoría de la población, debido a la especulación de los precios de la energía, de la alimentación, de la vivienda, con una inflación galopante que está llegando a cifras incontrolables, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, que encabeza en todos los indicadores los precios más caros de todo el Estado en la vivienda o la alimentación. El poder adquisitivo de la mayoría de economías domésticas se ha visto reducido más de un 10%, mientras la pobreza estructural se extiende de manera imparable entre la población. Las noticias sobre beneficios millonarios de las grandes entidades financieras y fondos de inversión se suceden, mientras miles de familias no llegan a los mínimos de subsistencia y las administraciones de todos los niveles incumplen el deber de hacer efectivos los derechos sociales más elementales.

En una ciudad castigada por este contexto económico, donde cada día hay más de 20 desahucios, hemos conocido que los principales promotores de la miseria de la mayoría de la población, se reunirán en Barcelona a seguir elaborando estrategias para explotar el territorio y los recursos, especular y profundizar en los procesos de empobrecimiento y expulsión social. Del 19 al 21 de octubre se pretende celebrar el congreso internacional «The District», con más de 250 firmas, como AEDAS Homes, Anticipa, CBRE, JLL, NEINOR Homes o Servihabitat, con la participación de los fondos de inversión, de las principales promotoras inmobiliarias, de los grandes tenedores de suelo, administradores, operadores, promotores, brokers, agencias comercializadoras, consultoras o gestores de propiedades. De manera insultante, el presidente de la feria, Juan Velayos, ha subrayado que The District tiene la intención de “reposicionar de nuevo la ciudad condal como un territorio ‘Real Estate Friendly’ para los inversores”. Esto se hace con la complicidad de instituciones que, a pesar de la destrucción causada por las economías especulativas a todos los niveles, no solo mantienen este modelo sino que se prestan a sus necesidades estratégicas, por las cuales este evento es clave, como muestra el momento y el lugar donde se llevará a cabo.

Ante esta declaración de intenciones, exigimos la anulación del encuentro internacional The District. Las entidades abajo firmantes, hacemos responsables a las administraciones y partidos representados en el Consejo de Administración de la Feria de Barcelona (con Ada Colau y Roger Torrent como presidenta y vicepresidente) de su celebración y de las consecuencias que la actividad de lobby y presión de este acontecimiento hará sobre los representantes públicos. Advertimos que, si no se anula este acontecimiento desde las administraciones públicas, seremos las vecinas organizadas quienes tendremos que hacerlo.

La única tendencia que esperamos es que desaparezcan del mapa estas empresas y fondos de inversión que dominan el mundo y destruyen barrios, tierras y personas en todo el mundo por el afán del dinero y de acumular más y más capital. Los fondos de inversión no son bienvenidos, ni en Barcelona ni en ninguna parte.

Entidades firmantes:

Sindicat de Llogateres de Catalunya
CooperaSec
SHC Cassoles
Ateneu la Base
Ecologistes en Acció
Feministes de Gràcia
Sindicat d’Habitatge de Gràcia
Heura Negra
Sindicat d’Habitatge de Nou Barris
Sindicat de Barri de Poblesec
Xtinción Rebelion
Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic
CUP Barcelona
Resistim el Gótic
PAH Barcelona
Raval Rebel
Xarxa d’Habitatge Observatori del Clot-Camp de l’Arpa
Xarxa d’Habitatge Horta-Guinardó
Elite Taxi
CGT Catalunya
Sindicat d’Habitatge de Vallcarca
Sindicat d’Habitatge del Casc Antic
Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic
Escola Popular de Sants
IAC
Anticapitalistes
Endavant (OSAN)
Sindicat Habitatge del Poble Nou
Coordinadora Obrera Sindical
AVV del Clot-Camp de l’Arpa
Grup d’Habitatge dels Tres Turons
Es X Una Vida Digna
Associació l’Horitzó Dansa
Sindillar
FAVB
Solidaritat Obrera
CSA Can Vies
Nexes Interculturals SCCL
Cooperativa Raons
ZEROPORT
CGT Barcelona
Grup Habitatge Sants
Observatori DESC
Las Kellys
Ateneu Harmonia
Grup d’habitatge de Les Corts
Marea pensionista
Lluita Internacionalista
Xarxa d’Economia Solidària de Sant Andreu

Comunicado de las PAH’s en contra de los cambios legislativos que propone el PSOE para hechar a ocupas en 48 horas.

Las PAH’s nos posicionamos frontalmente en contra los cambios legislativos que propone el PSOE para echar las familias de sus casas ocupadas en 48 horas

Hoy recogemos en los medios la propuesta de enmienda del PSOE al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por el que se introduce un nuevo artículo 544 sexies que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con esta modificación, el juez podrá acordar el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial. Es una propuesta que el PSOE ha copiado a la ultraderecha de VOX i el PP.

Esta enmienda supuestamente debe servir para combatir las ocupaciones conflictivas. Como ya hemos venido explicando a lo largo del tiempo esto es claramente falso. Por un lado las ocupaciones conflictivas són una parte minoritaria sobre el total de ocupaciones (10-25% inst cerdà). Ciertamente, hay personas e incluso grupos organizados que se aprovechan de la situación para mercadear con las ocupaciones y sacarles provecho. Esto causa una sensación de inseguridad en nuestros vecindarios. No obstante, las medidas propuestas por el PSOE no afrontan esta problemática, puesto que el objeto de las medidas no son las personas que mercadean con las viviendas sino las personas que viven en ellas.

Actualmente la ocupación es la única salida de muchísimas familias del Estado Español que no pueden acceder a un piso de alquiler ni compra debido a sus ingresos y a los problemas estructurales del mercado de la vivienda. No les queda otra salida que ocupar un piso a un Gran Tenedor o Banco. A día de hoy el parque público de vivienda es del (1,1% ft vanguardia) y con esta miseria es impossible dar salida a todas las familias que no tienen acceso a una vivienda digna como muestran los datos de riesgo de pobreza (27,8% INE).

Nos encontramos con una situación en la que el acceso a la vivienda es claramente impossible para muchas familias, sin solución por parte de la administración y con 3,4 Millones de pisos vacíos en España según el INE. Mientras la administración no arregle el problema lo tendremos que seguir haciendo nosotras y las famílias a través de la acción directa.

Queremos desmontar también algunos mitos que la premsa no se cansa de repetir:

en el caso que te entren a casa mientras vas a comprar el pan eso es un allanamiento de morada y la ley en esos casos es muy rápida y muy dura contra los que la practica; es más, los casos evidentemente són bajísimos (285 condenas en 2018, que no corresponden necesariamente con gente que quería ocupar el domicilio). Estamos hablando de viviendas vacías desde hace 2 años como recoge la ley y por lo tanto no hay un perjuicio directo hacia la propiedad que ya estaba en desuso.

El perfil de ocupación en españa es muy distinto de como lo pintan los medios. El 61% (El país) de las familias que se ven forzadas a ocupar una vivienda tienen menores a cargo y que el 74%(idem) de las personas que ocupan son mujeres. El 93%(idem) de las personas que ocupan una vivienda vacía viven por debajo del umbral de la pobreza. Además, el 82%(idem) de las viviendas ocupadas en Cataluña son propiedad de bancos y grandes tenedores. Como se puede ver la ocupación se hace por necesidad y no afecta a las viviendas de terceros.

Si esta propuesta sale adelante nos encontraremos que muchas familias que actualmente pueden subsistir viviendo en pisos ocupados de bancos y grandes tenedores van a ir directamente a la calle, con un aumento del barraquismo y de las infraviviendas como tiendas de campaña, caravanas escondidas y asentamientos ilegales.

En la propuesta se habla de que habrá que avisar a los servicios sociales. Esto, como ya hemos visto en Catalunya, es una buena medida; no obstante, no arregla el problema de fondo, pues las familias van a servicios sociales y estos no tienen ningún piso de emergencia. Por lo tanto, les envian una semana a la pensión y luego a la calle. Ahora mismo es impossible que servicios sociales puedan atender por completo el problema de vivienda del país, ni tampoco a las 262mil personas que estan ocupando (Institut cerdà). Con políticas decididas a largo plazo se podrían subsanar algunos de los problemas estructurales de la vivienda en el Estado Español, pero estas medidas ni están ni se las espera. A corto plazo, la única solución que nos encontramos es la de seguir recuperando viviendas de bancos y fondos buitre.

Estas medidas responden a unos intereses claros: el de los grandes propietarios de viviendas, especialmente de los fondos buitre. Los bancos han vuelto a dar hipotecas y es un buen momento para que los buitres se desprendan de los pisos vacíos que arrebataron a tantas familias trabajadoras durante la anterior crisis económica. Y, claro, necesitan echar a las familias que en ellas viven para aumentar sus beneficios. En ningún caso las medidas van dirigidas a proteger las viviendas de quien ha pagado religiosamente una hipoteca o un alquiler con el sudor de su frente.

Por todas estas razones nos posicionamos en contra de la medida que propone el PSOE para acabar con la ocupación. Basta de criminalizar las ocupaciones. Trabajemos por conseguir unos alquileres sociales para todas las personas que lo necesiten y para que expropiemos a los bancos y grandes propietarios sus pisos vacíos para el parque público de vivienda. Defendamos nuestro derecho a vivienda digna, ¡es la hora de recuperar la función social de la vivienda!

¿Casas sin gente y gente sin casa? ¡Ni hablar! Organízate en tu PAH más cercana. 

¡Juntas Sí Se Puede!

Organizaciones sociales y partidos políticos acorralan al PSOE en las negociaciones de la Ley Vivienda

Las consecuencias de la inflación y el encarecimiento de los precios están llevando al límite a millones de hogares españoles que ya no llegan a final de mes. En este contexto de emergencia, en el que el precio del alquiler continúa subiendo y los desahucios continúan ejecutándose, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue enrocado en las negociaciones del proyecto de Ley de Vivienda estatal y se mantiene inamovible frente a la petición de los grupos políticos y las organizaciones por el derecho a la vivienda de incorporar dos enmiendas claves: la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes del desahucio y la regulación efectiva de los precios del alquiler.

Frente a este panorama, esta mañana varias organizaciones, entre las que destacan los Sindicatos de Inquilinos, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, los sindicatos laborales (CCOO, UGT y Confederación Intersindical), Amnistía Internacional, Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector (entre muchos otros), se han reunido en representación de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda con los portavoces de los partidos del bloque de investidura. En la reunión se les ha pedido que presionen al Gobierno para que se desencallen las negociaciones cuanto antes, de forma positiva; esto es, incluyendo en la ley medidas que justifiquen el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda, que desde el Gobierno se le otorgó.

Al finalizar la reunión, los portavoces de ERC, EH Bildu, Unidas Podemos, BNG, Más País y CUP, han hecho declaraciones junto a las portavoces de la Iniciativa Ley Vivienda, comprometiéndose públicamente a no dar el sí a la ley si esta no sirve efectivamente para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a la mayoría de la población frente a la especulación inmobiliaria.

El secretario de Vivienda se niega a aprobar medidas de emergencia para proteger de la inflación a los hogares

El pasado jueves David Lucas, secretario General de Vivienda, se reunió tanto con los Sindicatos de Inquilinos como con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, quienes, en sendas reuniones exigieron a Lucas que el Gobierno tome medidas de emergencia en materia de vivienda para frenar las consecuencias de la inflación sobre las economías domésticas.

Para proteger a los hogares inquilinos frente a subidas de alquiler y revertir la asfixia económica agravada por la inflación, los sindicatos han propuesto a Lucas un conjunto de medidas coyunturales y temporales que deberían aprobarse urgentemente en el marco de las medidas anticrisis en el próximo paquete. En primer lugar, exigen la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato, como ya se están viviendo. En segundo lugar, las actualizaciones interanuales de los precios del alquiler, antes vinculadas con el IPC y ahora limitadas al 2%, deben eliminarse, es decir, pasar al 0%. Por último, exigen revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre del 2021 hasta marzo de 2022.

Por otra parte, las medidas de protección frente a los desahucios vigentes son claramente insuficientes, como demuestran los 52.161 ejecutados a pesar de esas medidas entre enero de 2021 y marzo de 2022. Son necesarias medidas de urgencia, como congelar el incremento de las cuotas hipotecarias (aquellas que les toque revisión en los próximos meses) y de los alquileres, y aumentar el alcance de las medidas antidesahucios, prohibiendo expresamente todos los que afecten a familias vulnerables sin alternativa habitacional digna. Medidas similares se han aprobado ya en Escocia y van camino de aprobarse en Alemania.

Pero estas medidas de carácter temporal no serán suficientes, por lo que son imprescindibles medidas estructurales que deben incluirse en la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda, como las que hemos aportado en forma de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno y que llegan avaladas por 9 formaciones políticas del Congreso.

Una Ley Vivienda efectiva: la única forma de proteger a los hogares

Frente a la negativa de Lucas de implementar medidas urgentes para hacer frente a la situación de inflación y asfixia económica de los hogares, la única vía posible es la aprobación de la Ley Vivienda. El único consenso posible, tal y como han manifestado hoy los grupos políticos, es la incorporación de medidas que hagan de la Ley un texto realmente efectivo que acabe con las subidas de los alquileres, proteja a los hogares frente a los desahucios e incorpore las viviendas de la Sareb al parque público de vivienda. Cada día que pasa sin que se apruebe la Ley Vivienda, el Gobierno está escogiendo defender los intereses de la patronal inmobiliaria frente a la protección que precisan miles de hogares.

PAH BARCELONA valora positivamente congelar hipotecas y alquileres, pero exige medidas estructurales en la futura Ley Vivienda

Criticamos al PSOE por su bloqueo de la medida que beneficia a la banca y a los fondos buitre

Esta semana hemos conocido las propuestas de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra de limitar el aumento de las cuotas hipotecarias variables de familias vulnerables al 0,1% y la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de topar el precio de los alquileres y vetar los desahucios, al menos de forma temporal, imitando las medidas anunciadas por el ejecutivo escocés hace unos días. Estas medidas se anuncian en un contexto de una nueva recesión económica en el horizonte y una población aún castigada por la crisis financiera y los estragos de la covid-19.

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona valoramos positivamente la propuesta de estas medidas, si bien estamos a la espera de más información al respecto, puesto que hasta ahora el anuncio se ha hecho a través de las redes sociales y la prensa y no por los contactos habituales entre la Administración y los movimientos sociales. Como los movimientos de defensa de la vivienda llevamos años indicando, limitar el gasto en vivienda -ahora disparado por la burbuja del alquiler- para las familias es clave para evitar una nueva ola de desahucios, que ya se adivina cruda porque hemos observado que, a pesar de la moratoria decretada por la pandemia, siguen produciéndose lanzamientos y la tendencia es que aumenten en 2022.

Por otra parte, desde PAH Barcelona vemos que, en el caso de que estas medidas se hagan efectivas, estas solo serán provisionales, ya que las relacionadas con las cuotas hipotecarias solo beneficiarán a las familias más vulnerables -y no a aquellas que, por culpa de la crisis actual, pueden llegar a serlo- y no solucionan el problema principal: que la vivienda (o más bien la falta de acceso a ella) es un problema endémico en España. Es por ello que sabemos que la mejor manera de solucionarlo y garantizar este derecho (¡básico!) es con medidas estructurales. Si bien la Constitución Española señala en su artículo 47 que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, jamás en España se ha promovido una ley sobre vivienda integral. Pero esto podría cambiar: a día de hoy existe el proyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, pero que se ha quedado atascada en el camino por la reticencia del PSOE a limitar los alquileres, entre otras cosas. 

Y eso no es lo único: desde los movimientos sociales ya concluimos que el proyecto de ley es a todas luces insuficiente, e instamos al resto de partidos en el Congreso a no aprobar la ley en caso de que esta no incluya una serie de enmiendas propuestas por los movimientos sociales: garantizar el derecho a la vivienda; suspender los desahucios sin alternativa habitacional; ampliar el parque público de alquiler social; regulación de alquileres; garantizar los suministros básicos y telecomunicaciones; la aprobación de una Ley de Segunda Oportunidad y medidas contra el sobreendeudamiento

Por todo ello instamos al ejecutivo, y en especial al PSOE, para que deje de actuar en beneficio de los poderosos como la banca y los fondos buitre y apruebe una ley que beneficie al 99% de la población; por otra parte, queremos recordar al resto de partidos -ERC, PNV, Compromís, EH-Bildu, BNG y Más País- su compromiso para con el movimiento por la vivienda e incorporen nuestras enmiendas y, en última instancia, voten en contra de la actual propuesta si esta sigue adelante tal y como está.

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

[COMUNICADO] El acoso contra las entidades sociales en Barcelona vuelve a perder en los tribunales

Barcelona, 1 de julio de 2022


Hoy hemos conocido que el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha archivado la causa contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, al cual se acusaba de trato de favor hacia algunas entidades de defensa de derechos humanos de Catalunya, como son el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, o la Alianza contra la Pobreza Energética.
Se han cumplido los pronósticos que hicimos a principios de año: los tribunales no han encontrado ningún indicio ni prueba de los hechos a los que se ha acusado al consistorio barcelonés. 

Lo que hemos vivido estos meses es un nuevo episodio de “lawfare”, una práctica que cada vez está más presente en el imaginario colectivo y que consiste en la instrumentalización, la utilización abusiva del ordenamiento jurídico y de la esfera judicial para intentar condicionar, inhibir y desgastar el trabajo de organizaciones sociales y periodistas. Estas acciones judiciales tienen una baja probabilidad de éxito, pero buscan alargarse en el tiempo, captar la atención de los medios y condicionar la opinión de la ciudadanía. De forma más sencilla: es la estrategia que determinados poderes fácticos de la ciudad están utilizando para obstaculizar aquellas políticas o acciones que amenazan sus intereses, de la mano de entidades opacas utilizadas a tal efecto.

Los intentos de criminalizar la tarea de defensa de derechos humanos y de desprestigiar una institución pública, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, para incorporar a determinadas entidades sociales en el marco de políticas de defensa y ejercicio de derechos son ya numerosos y hace años que duran. De hecho, hace justo un año ya vivimos una situación muy similar: la Fiscalía archivó una denuncia prácticamente idéntica, en este caso de la asociación “Abogados Catalanes por la Constitución”. Que ninguna de estas estrategias haya prosperado demuestra que nuestra tarea como entidades en el marco de convenios o proyectos financiados viene fundamentada por nuestra larga y sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos; una tarea que choca frontalmente con los intereses privatizadores y especulativos de grandes corporaciones.

Una vez más, nos toca rechazar de plano estas acciones de lawfare que, a pesar de que una y otra vez se queden sin recorrido, generan meses de incertidumbre que perjudican no solo a las entidades sino también a aquellos y aquellas para quienes trabajamos: la sociedad civil. Hoy, de nuevo, se ha demostrado que nuestra tarea es de interés público y reiteramos la importancia de que desde las administraciones se apoye a las organizaciones sociales para avanzar conjuntamente hacia una sociedad más justa.