El informe ofrece un diagnóstico del impacto que tienen en la población de Barcelona la crisis de vivienda y la pobreza energética. A través de datos reales, evidencia el impacto en la ciudadanía, con un efecto mayor en las mujeres
El presente informe, que pretende profundizar los efectos de la emergencia habitacional desde una perspectiva de género, se enmarca dentro de la serie de «Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona», elaborados conjuntamente entre la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observatorio DESC), la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH ) y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB).
La falta de datos oficiales desagregados y la invisibilización de la feminización de la pobreza dificulta tratar la problemática desde una óptica feminista, que es el enfoque que queremos desarrollar en la presente radiografía. Son pocos los estudios que abordan esta perspectiva como un hecho transversal y relevante a la hora de aproximarse a problemáticas sociales. Cabe resaltar que el informe aborda la perspectiva de género desde el binarismo hombre-mujer, y somos conscientes de que esto oculta otras situaciones de opresión que responden a otras diversidades sexuales y de género y que, a pesar de ser igualmente relevantes, no hemos incluido por ahora en este estudio.
Las encuestas recogen datos de las personas que se acercan a la PAH Barcelona y a la APE, con una entrevista personal de aproximadamente cuarenta minutos. Se realizan los lunes en el local de la PAH BCN y cada 2 miércoles en las asambleas de la APE. El objetivo es obtener datos de personas en riesgo de perder su vivienda en régimen de alquiler, hipoteca u ocupación y con problemática de acceso a los suministros, que ya han asistido a una asamblea en alguna entidad; es decir, que no es la primera vez que participan en la PAH BCN y/o APE. El estudio comenzó en junio de 2017, y los datos que se analizan en el presente informe incluyen información de las 166 personas encuestadas y dos entrevistas colectivas a 8 mujeres afectadas y activistas.
A menudo cuando hablamos de expertas hacemos referencia a personas con una determinada trayectoria académica o activista, que han permitido una acumulación de conocimientos en forma de hechos o de datos sobre temáticas en concreto; en este caso, queremos añadir en el perfil de experiencia a aquellas mujeres que, como afectadas, conocen de primera mano las dimensiones de las vulneraciones del derecho a la vivienda y los suministros básicos, sus causas y consecuencias.
Del mismo modo que reconocemos la dimensión poliédrica del derecho a la vivienda, de las entrevistas se extrae de manera genérica las diferentes formas de violencia que sufren las afectadas; la violencia intrafamiliar y de género es una, pero también la institucional, la derivada del rechazo social y la incapacidad económica.
De entre las personas afectadas que han respondido la encuesta, 45 son hombres y 121 mujeres. De hecho, tal y como se recoge en el gráfico de segmentación horizontal de la ocupación y en las respuestas a las encuestas realizadas, existe una feminización notable en los movimientos sociales y, en particular, en la APE y la PAH. La mayoría de asistentes a las asambleas y asesoramientos de ambas organizaciones son mujeres, según hemos podido contrastar empíricamente. Un motivo que aportan las entrevistadas es una tendencia femenina a hacer red frente a las situaciones adversas, heredada, en parte, de la responsabilización del cuidado y sostenimiento de este aspecto reproductivo de la comunidad. Este es un elemento positivo imprescindible en la parte más propositiva de la lucha contra la emergencia habitacional y la pobreza energética: el empoderamiento y la sensación de fuerza y autoestima que conlleva para las mujeres afectadas organizarse en plataformas y movimientos sociales.
La posibilidad de participar, de tener voz en la elaboración de políticas (Ley 24/2015) y de compartirlo con otras es un elemento básico para contrarrestar las consecuencias psicológicas y para conseguir una legislación más coherente con el contexto real de la población. Podríamos decir que «la mujer se da poder, siendo capaz de sacar a la esfera pública un problema privado y vergonzante, colectivizarlo y dotarlo de un contenido social, siendo este el verdadero éxito de la Plataforma, que parte de lo individual, de lo privado, que se convierte en una experiencia colectiva con contenido político».
El mayor número de mujeres en las respuestas puede ser fruto también de la participación desigual en el mercado laboral remunerado que deja más «tiempo» a las mujeres ‒y más vulnerabilidad económica‒ y al hecho de que ellas, que dedican un mayor número de horas al hogar, se sienten más ligadas y se hacen responsables de conservarlos y dotarlos de condiciones dignas. Una distribución de roles en el hogar, en el que el hombre es todavía quien busca trabajo y aporta sueldo y la mujer quien se responsabiliza de las tareas domésticas y cuidados (muy ligado al hogar y al uso de suministros). Este hecho reafirma la visión patriarcal de los roles de género y traslada a las mujeres la responsabilidad de la situación de inseguridad residencial. Por lo tanto, son ellas quienes mayoritariamente hacen gestiones, luchan, buscan soluciones y sufren las consecuencias más directas. De hecho, si nos fijamos en las composiciones familiares, de los hombres encuestados veremos que un 40% declaran vivir solos mientras en el caso de las mujeres predomina la presencia de hijos o hijas en el hogar.
Este hecho se explica como un carácter atribuible a los roles de género, según los cuales el hombre tiene menos tendencia a acudir a Servicios Sociales por miedo a la estigmatización consecuente, mientras la mujer «es capaz» de hacer las gestiones necesarias y exponerse para garantizar las necesidades del hogar. De nuevo, aquí se refleja una visión patriarcal que da menos importancia a la estigmatización de la mujer porque supuestamente la tolera, negando las consecuencias psicológicas y de soledad y exclusión. La peligrosidad de este argumento radica en que lo que se considera una cualidad femenina (ser capaz, aguantar, hacer frente a más dificultades) es en realidad el reflejo de una desigualdad de género donde no se equiparan ni las responsabilidades ni las consecuencias.
A lo largo de todo el informe hemos podido ver la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el estudio de las causas y consecuencias de la inseguridad residencial y el acceso a los suministros, para poder generar políticas públicas que respondan a la realidad de toda la población sin discriminación por sexo, origen o situación económica.
Podemos afirmar que los resultados de las encuestas y entrevistas confirman lo que habíamos expuesto previamente, y es que existe una desigualdad de género preocupante en la protección del derecho a una vivienda digna y los suministros básicos, y que las mujeres son las más afectadas en los procesos de pérdida de la vivienda o de la incapacidad de asumir el coste de los suministros.
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Podéis descargar el informe completo aquí (en catalán). Si estáis interesadas en hacer una charla sobre el tema o entrevista no dudéis en contactarnos.
