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Escrache a Núria Marín por incumplir la Ley 24/2015 y dejar a las familias en la calle

Señalizamos a Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, por su sistemático incumplimiento de la Ley 24/2015 al no ofrecer realojos dignos a las familias que han sufrido un desahucio.

Hoy 9 de diciembre, la PAH de Barcelona estamos en el CCCB para hacerle llegar la realidad de la ciudad de Hospitalet de Llobregat a su alcaldesa: Núria Marín. Hacemos acto de presencia en el Consejo General del Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde asiste la Sra. Marín como Presidenta de la Diputación de Barcelona, ya que ha sido imposible hablar con ella para afrontar la situación insostenible que se vive en la ciudad en materia de desahucios y realojos. Hacemos constar que hemos hecho una instancia personal en el Ayuntamiento para reunirnos con ella, y a día de hoy no hemos tenido respuesta alguna.

La situación de decenas de familias que participan en las asambleas de la PAH de Barcelona nos ha llevado a acudir a los actos de Núria Marín para hacerle llegar su mala gestión y respuesta a las familias que son desahuciadas sin alternativa habitacional digna, y a la vez poner de manifiesto la mala gestión que se lleva desde el consistorio. Recordamos que Núria Marín y el PSOE llevan gobernando en el municipio más de dos décadas, y que han tenido tiempo suficiente para implantar políticas de vivienda valientes y ambiciosas para revertir la situación de emergencia habitacional. Si no lo han hecho es porque para este consistorio no es una prioridad y denota que no les importa nada la grave situación habitacional de la ciudadanía.

Ponemos nombres a la situación: Juan, Úrsula, Farida, Isabel, Carmen, Ingrid, Helena, Phikria, Nassima, Mohamed, y decenas de familias más que debido a la falta de recursos no han podido acceder a una vivienda, continuar pagando su hipoteca o su alquiler, o han perdido su hogar. La respuesta del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat ha sido nula. Gracias a la presión de la PAH algunas familias ya han podido acceder a un piso de la Mesa de emergencia, pero muchas de ellas son abandonadas a su suerte. Desde la PAH de Barcelona exigimos respuestas claras y contundentes. Denunciamos el incumplimiento sistemático de la Ley 24/2015 por parte de Núria Marín y su equipo de gobierno, donde se explicita claramente que la Administración tiene que realojar a las familias vulnerables. 

El caso de Farida y sus dos hijos es un claro ejemplo. El próximo 12 de diciembre tiene previsto su desahucio, y el Ayuntamiento sigue dándoles la espalda ofreciendo únicamente 3 noches en un hostal o pensión, luego quedarán en la calle sin alternativa habitacional. Creemos que situaciones como la de Farida se pueden prevenir, haciendo unas políticas de vivienda claras y teniendo en cuenta la realidad de las familias, y no  tratándolas como números sino como personas.

Los datos reflejan una parte de la realidad, pero no toda. En el 2018, según el CGPJ, se ejecutaron 549 desahucios, 549 familias que fueron echadas de sus casas sin alternativa habitacional digna. A estos datos se suman los desahucios invisibles y las personas que han tenido que ocupar una vivienda y que han sido desahuciadas. Un fenómeno muy importante en la ciudad de Hospitalet y que se quiere invisibilizar criminalizando a las familias y sin dar respuesta real a la situación. 

Frente a esta situación, hoy estamos señalando a Núria Marín como máxima responsable de ello en Hospitalet de Llobregat. Para que dé respuesta a la familia de Farida y tantas otras, y exigirle que cumpla la ley y ofrezca soluciones reales a la situación de emergencia habitacional de la ciudad.

No es la primera vez que nos encontramos con una situación así del Ayuntamiento de Hospitalet, y no vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos de las personas.

Frente a la inacción y el incumplimiento de la Ley 24/2015 la PAH actúa. ¡Exigimos una solución digna para las familias! ¡Por nuestros derechos, vamos a demostrar que sí se puede!

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[Comunicado] La PAH de Barcelona ocupa la oficina de Servicios Sociales de Hospitalet para exigir una solución a la familia de Phikria

Hoy viernes 22 de noviembre estamos ocupando la oficina de Servicios Sociales de Hospitalet para exigir un realojo digno para Phikria y sus 3 hijas menores

Ayer Phikria fue desahuciada de su casa porque no pudo hacer frente al alquiler. La propiedad era un pequeño propietario. Desde la PAH de Barcelona se instó al Ayuntamiento de Hospitalet semanas antes del desahucio para buscar una solución a la familia: hacer una ayuda de emergencia puntual para que sufragara la deuda y ponerse al día en el alquiler de 580 €. La respuesta por parte del consistorio de Nuria Marín ha sido el silencio, y en consecuencia, el desahucio de 3 menores y de la mamá (Phikria), víctima de violencia de género.

Una vez ejecutado el desahucio fuimos a acompañarla a su oficina de servicios sociales de La Torrassa para exigir lo que marca la Ley 24/2015: un realojo a familias vulnerables. Después de 4 horas ocupando las oficinas conseguimos un realojo en una pensión.

Nadie querría pasar ni una sola noche en la pensión donde ha sido alojada la familia. Han tenido que dormir 4 personas en 3 camas, no hay calefacción, no tienen mantas ni sábanas (recordemos que estamos viviendo una ola de frío extremo en toda la península), y por si fuera poco, la higiene del lugar era nula. Lo más grave de la situación es que el Ayuntamiento de Hospitalet era conocedor del caso y ha infringido la Ley 24/2015 de proveer un realojo digno, y a la vez ha infringido el artículo 28 y la disposición adicional 15a de la Ley Orgánica 1/2014 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Phikria es víctima de violencia de género y su agresor tiene una orden de alejamiento.

Una vez más, la PAH está defendiendo a la ciudadanía y exigiendo el derecho a la vivienda. Hoy ocupamos los Servicios Sociales de Hospitalet para exigir responsabilidad política. No podemos permitir que Nuria Marín deje en la cuneta a mujeres con menores. Si estas son las políticas del PSOE, que den un paso atrás porque no están gobernando para la ciudadanía

¡Exigimos #soluciónParaPhikria porque Sí se puede!

 

PorPAH_Bcn

Nueva agresión de la justicia española al derecho a la vivienda

En menos de 24 horas hemos vivido la noticia de un nuevo varapalo a la banca y la de un nuevo favor a sus intereses. ¿La diferencia? La primera viene de Europa y la segunda de la justicia española. Desde la PAH manifestamos nuestro absoluto rechazo a la sentencia sobre el vencimiento anticipado y nos preguntamos, una vez más, de qué lado está el Tribunal Supremo español, si de la justicia que supuestamente deben defender o de la banca

Ayer conocimos el posicionamiento del Abogado General de Europa en relación con el IRPH, declarándolo abusivo por incomprensible y falto de transparencia. Ello, pese a la vergonzosa actuación en el proceso de la Abogada del Estado español, que, cumpliendo órdenes del Gobierno, suponemos, avaló a la banca, ¡cómo no!, y más que eso, pidió al Tribunal que, en caso de considerarlo abusivo, no establezca retroactividad, para que los bancos no tengan que devolver a la gente los miles de millones estafados. No obstante, tendremos que esperar a la sentencia definitiva, que conoceremos en el primer trimestre de 2020.

Hoy el Tribunal Supremo de España ha vuelto, como nos tiene acostumbradas, a dar trato de favor a la banca con la sentencia sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia dictada, como siempre, desde la lógica del prestamista. La sentencia considera que lo que está en peligro es el negocio de los prestamistas (bancos), que sin ejecución hipotecaria no darían préstamos. Sigue la estela de la Ley de Créditos Inmobiliarios, aprobada este año, a la que se remite constantemente. Ya en su momento la PAH denunciamos que, lamentablemente, el PSOE había seguido las huellas de De Guindos y las políticas a favor de los desahucios del PP.

Los contratos hipotecarios tienen la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por impago de una cuota. La Ley 1/2013 modificó la ley procesal y permitía ejecutar al banco por 3 cuotas impagadas. El TJUE a lo largo de diversas resoluciones judiciales ha establecido que, para valorar la abusividad de la cláusula, hay que estar a lo que dice el contrato y no a la práctica que se haya hecho de ella. En la Sentencia de 26 de marzo, tras unas dudas tramposas por parte del Tribunal Supremo, el TJUE considera que los jueces deben valorar la esencialidad de la cláusula, si puede existir el contrato sin la cláusula de vencimiento anticipado. Si llegan a la conclusión de que puede existir el contrato sin el vencimiento anticipado, no pueden sustituir la cláusula por ninguna otra.

Dedica gran espacio a explicar que lo que importa en la garantía hipotecaria, la garantía de cobrar, que es la razón de ser de la sentencia, y pensamos que la razón última de la posición del Tribunal Supremo en abusos bancarios en la última década. De hecho, en la sentencia se menciona la palabra “garantía” 18 veces mientras que palabra “vivienda” solo se nombra en dos ocasiones.

El Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado, pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

El Supremo, interpretando la Sentencia del TJUE, hoy da las directrices de que si el préstamo hipotecario se dio por vencido antes de la reforma de la Ley 1/2013, debe ser sobreseído sin más trámite. Ahora bien, los procesos en los que las familias afectadas hayan incumplido la gravedad que establece la Ley 5/2019, LRCCI (de crédito inmobiliario), 12 o 15 cuotas impagadas, dependiendo del número de años de la vida del préstamo que hayan abonado, podrán los bancos continuar la ejecución. Y avala definitivamente a la banca en todas aquellas ejecuciones hipotecarias en las que se haya dictado un auto sobreseyendo el procedimiento al no dotar de cosa de fuerza juzgada, pudiendo nuevamente iniciar una ejecución hipotecaria basada en lo previsto en el art. 24 LRCCI (12 o 15 cuotas).

Desde un punto de vista meramente jurídico, el tratamiento de la jurisprudencia europea sigue la técnica del “espigueo”, tomando solo lo que interesa para justificar la decisión ya tomada de consagrar el vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria. Destaca la ausencia de la reciente doctrina sobre el “orden público comunitario” y el artículo 6.1 de la Directiva 13/93. Tampoco aparece nada sobre la sentencia de 28 de febrero de 2019 del Tribunal Constitucional, que ha declarado que la protección a consumidores en ejecuciones hipotecarias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por último, aunque esto ya no sorprenda, no existe alusión alguna a los Tratados de Derechos Humanos que determinan una protección cualificada de la vivienda habitual como Derecho Humano de toda persona.

No hay ni una palabra sobre el destrozo social causado por las ejecuciones hipotecarias en los últimos diez años, lo que supone un desprecio absoluto a las víctimas de los abusos bancarios. Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas, o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas. Por supuesto, ninguna autocrítica.

Esta sentencia tendrá como efecto inmediato el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, con el consiguiente aumento del número de desahucios que habrá que sumar a los 173 diarios, que según el CGPJ se ejecutaron en el primer trimestre de este año.

Desde la PAH sí que estamos del lado de las familias y que se haga de una vez por todas justicia tras haber sido estafadas y desahuciadas. Por eso exigimos:

  •  La anulación total y con carácter retroactivo del IRPH, con la devolución a las familias de todo lo que les han robado. Si es ilegal, lo ha sido siempre.
  •  La anulación total y retroactiva de todas las claúsulas abusivas, grandes protagonistas y causantes de que la ley hipotecaria española sea criminal, como declaran las 8 sentencias europeas sobre el tema.
  •  Modificación de la Ley de Crédito Inmobiliario en lo referente al Vencimiento Anticipado, de manera que no se modere su abusividad sino que se elimine definitivamente.
  •  La destitución del Tribunal Supremo por su constante defensa de los intereses de la banca y su ataque a los derechos de las familias.
  •  Ampliación de la moratoria de los desahucios, así como la ampliación de los requisitos para acogerse a ella. No podemos permitir reformas que generen una explosión de los desahucios en lugar de acabar con ellos.

Si hay algo más vergonzoso que medidas de maquillaje de cara a la galería por parte del Gobierno, es que las medidas solo sirvan para retroceder en lugar de avanzar en materia de derechos sociales.

La PAH seguiremos enfrentándonos a estas injusticias hasta conseguir que el Derecho de acceso a una vivienda adecuada y digna sea una realidad en nuestro país, y lograr que las reformas legislativas se hagan con el objetivo de acabar con los desahucios y no alimentarlos, aplicando las medidas que llevamos casi una década presentando.

PorPAH_Bcn

El Gabinete de Crisis no cumple con las expectativas de las 600 familias

La reunión con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con la ausencia de la Delegación del Gobierno del Estado, finaliza sin propuestas en un corto plazo para acabar con el sufrimiento de las 600 familias realojadas indignamente

A raíz de la reunión mantenida la semana pasada entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona, la PAH de Barcelona conseguimos crear un Gabinete de Crisis para dar respuesta a las 600 familias que se encuentran hoy en día realojadas indignamente en pensiones o albergues.

En el encuentro han participado representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Hoy mismo la Delegación del Gobierno del Estado nos ha informado de que no participaría en la reunión. Nos sorprende su postura dado el compromiso que habían adquirido con las 600 familias y ante toda la ciudadanía en el último encuentro. Esperamos que reconsideren su postura y que se reincorporen lo antes posible al Gabinete de Crisis, tal como se habían comprometido públicamente.

Desde la PAH de Barcelona hace tiempo que denunciamos las pensiones o albergues indignos donde son realojadas las familias que han sufrido un desahucio. Muchas de ellas sin tener en cuenta sus necesidades, o en alojamientos que no cumplen unos mínimos de higiene. Espacios pequeños donde una silla de ruedas casi no se puede mover, muchas de ellas sin un lugar donde poder hacer los deberes los más pequeños o incluso sin una cocina o nevera para poder garantizar una alimentación adecuada. 

Con el compromiso acordado la semana pasada por parte de las administraciones de colaborar conjuntamente en el realojo digno de las familias, hoy se ha llevado a cabo el segundo encuentro en el que cada una de ellas se comprometió a explorar medidas concretas para hacer efectivo un plan ejecutivo a principios de septiembre. 

Las dos administraciones presentes en la reunión, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña, se han comprometido a llevar un plan ejecutivo la segunda semana de septiembre especificando medidas, presupuesto y calendario de implementación. Como requiere la situación de emergencia y exigíamos desde la PAH de Barcelona, no han podido concretar ninguna medida innovadora más allá de medidas que ya están intentando implementar y que se han demostrado insuficientes, ya no solo para dar soluciones a las actuales 600 familias sino para frenar el aumento de esta realidad.

Recordemos que el Gabinete de Crisis no solo está formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sino también por el Gobierno del Estado, que no ha estado presente en este encuentro. Es necesario que aporten lo que se comprometieron en la primera reunión, entre otros, la cesión de las viviendas de la Sareb y Bankia, el censo de las viviendas, edificios y solares de su titularidad y el destino de la parte del presupuesto del «Plan de Vivienda». El Gobierno del Estado debe asumir responsabilidades y aportar soluciones concretas.

Las propuestas, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, son totalmente insuficientes para acabar con el grave problema de los realojos indignos. Las administraciones responsables no están a la altura y no actúan a la velocidad que la emergencia requiere.

Una vez más somos los movimientos sociales los que forzamos a la Administración a trabajar por la ciudadanía. La emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y todo el Estado es un grave problema que las diferentes administraciones competentes deben afrontar. Desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes para que este plan ejecutivo dé respuesta a las familias indignamente realojadas. Tenemos claro que es cuestión de voluntad política, hace 10 años que demostramos que «sí se puede» y no cejaremos hasta conseguir garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio.

 

PorPAH_Bcn

Insuficiencia en el plan de derecho a la vivienda del nuevo Ayuntamiento de Barcelona

El acuerdo entre BeC y PSC obvia temas claves

El 10 de julio de 2019 el nuevo gobierno municipal de Barcelona ha publicado el documento titulado “Acord d’esquerres per al govern de Barcelona”, firmado por Barcelona en Comú y el Partit Socialista de Catalunya.

En dicho documento se especifica que en los próximos 4 años trabajarán con diálogo permanente con todas las fuerzas políticas para generar consensos en políticas de ciudad, así como un diálogo con entidades y la sociedad civil. Entre las medidas acordadas, destacamos el punto 4, donde se comprometen a desarrollar el derecho a la vivienda y la transformación urbana en los barrios:

  • Analizar la ampliación del 30% de vivienda social, construir o adquirir 1.500 viviendas públicas anuales con un mínimo de 4.000 de nueva construcción.
  • Reforzar el Operador de Vivienda y el Consorcio Metropolitano de Vivienda.
  • Crear un centro anti-mobbing inmobiliario.
  • Reducir los desahucios.
  • Trabajar con el gobierno central para que se pueda declarar zonas urbanas de mercado tensionado y regular las subidas abusivas de alquileres.
  • Impulsar medidas en diferentes barrios.
  • Rehabilitación de entre 75.000 y 80.000 hogares con énfasis en la pobreza energética.
  • Plan de Barrios: impulsarlo de manera eficiente en 10 áreas incluyendo mecanismos de gobernanza.

Valoramos positivamente estas propuestas pero nos gustaría saber cómo se van a llevar a cabo, con qué presupuesto y cuándo tendremos disponibles las viviendas para hacer frente a las más de 550 familias en la Mesa de emergencia, a las más de 36.000 personas que han solicitado una vivienda social, por ejemplo.  Recordemos que desde la PAH y en campaña electoral se pidieron puntos que se tratan de manera escueta o no se mencionan, como la revisión del protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y la reducción a cero de la lista de espera en la Mesa de emergencia, el realojo digno después de un desahucio, ampliar la bolsa de alquileres, facilitar la negociación en casos de ocupación para obtener realojos sociales, unificar las visitas a Servicios Sociales y Habitatge y el seguimiento individualizado de los bloques con mobbing inmobiliario.

Cabe recordar el compromiso de los representantes de BeC durante la campaña electoral, de “dejar a cero la lista de espera de la Mesa de emergencia, garantizar la Ley 24/2015 y que la bolsa de alquiler se abra todo el año”, así como los compromisos del PSC diciendo que pretendían “evitar los realojos en pensiones, conseguir 5.000 pisos de alquiler de entidades financieras, conseguir 25.000 viviendas sociales y el cumplimiento de la Ley 24/2015”. (https://elpais.com/ccaa/2019/06/21/catalunya/1561124321_164474.html).

La situación de emergencia habitacional hace necesarias y urgentes medidas valientes, que abarquen la totalidad de la población para que tengan garantizado el derecho a la vivienda, y no repetir años como el 2018, donde se practicaron, solo en Barcelona y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 2.381 desahucios. Esta cifra no refleja la realidad de la ciudad donde centenares de familias abandonan su hogar de forma invisible por no poder pagar su alquiler debido a las subidas abusivas, y a las otras centenas de familias que son desahuciadas de sus casas por ocupación y que los datos no reflejan.

Necesitamos medidas valientes e innovadoras para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad. Desde la PAH seguiremos proponiendo medidas y desobedeciendo las leyes injustas para que a ninguna familia se le vulnere su derecho a tener una vivienda digna y adecuada.

¡Porque sí se puede y lo demostramos cada día!

PorPAH_Bcn

Reportaje: Vivienda, entre el derecho y la mercancía

Compartim el reportatge publicat originalment a Catalunya Ràdio que tracta la problemàtica actual de l’habitatge i en el què han participat vàries persones de la PAH Barcelona.

Vivienda, entre el derecho y la mercancía

«Todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

Artículo 47 de la Constitución española

Primero fue el precio de compra y ahora el de alquiler. El encarecimiento de la vivienda ha abocado a muchos ciudadanos a situaciones complicadas y, en algunos casos, desesperadas: vivir en condiciones insalubres, elegir entre tener luz o pagar el alquiler, poder permitirse solo una habitación u ocupar un piso vacío.

Se calcula que en Cataluña hay 11.000 personas sin hogar y 53.000 en situación de exclusión residencial. Esto, mientras una Barcelona cada vez más gentrificada se convierte en un polo de atracción para inversores de todo el mundo, incluyendo compañías como la norteamericana Blackstone, que, con una inversión de más de 20.000 millones de euros desde 2012, es el fondo con más propiedades inmobiliarias de España.

La gentrificación es un fenómeno urbano que expulsa a las clases populares de los barrios céntricos. Los vecinos y vecinas de toda la vida son sustituidos por personas con más poder adquisitivo, que quieren vivir en zonas de moda y próximas a la oferta cultural y de ocio.

Si a este fenómeno se le suma un turismo masivo, ciudades como Barcelona se convierten en un caramelo para los grandes tenedores. Pero la tendencia al alza de los alquileres no solo afecta a Barcelona. El casco antiguo de Girona ha visto un aumento de los precios de hasta el 40%, en medio de una efervescencia turística alimentada por acontecimientos globales como el rodaje de la serie «Juego de tronos».

Evolución del precio medio de los contratos de alquiler en diversos municipios

Raquel Aparicio, su marido y sus dos hijas menores lo sufrieron de primera mano. Después de siete intentos, los echaron del piso donde vivían.

Raquel recuerda la angustia cuando sentía un portazo o veía un policía en la calle, y el momento en que la orden de marchar llegó:

“Cogí las niñas y me encerré en la habitación. No era capaz de pensar.”

Una de las siete peticiones para echar a Raquel era un desahucio abierto. Con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio Desc y el Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha llevado su caso al Tribunal Constitucional. Es el primero sobre un desahucio abierto que llega a este órgano judicial.

La sentencia puede tardar dos o tres años. A pesar de que a Raquel ya no le servirá, la resolución puede establecer un precedente para otras familias y suponer un primer paso para, si es necesario, llegar a la justicia europea.

Mientras espera recibir un piso de la Mesa de emergencia, ella y su familia se alojan en un aparthotel que paga el Ayuntamiento de Barcelona.

Cataluña recuperó el año pasado la llamada ley antidesahucios y contra la pobreza energética, que había quedado suspendida durante dos años por un recurso del PP en el Constitucional.

Esta ley, surgida de una ILP, obliga a bancos, inmobiliarias y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables y evitar así que se queden en la calle. El incumplimiento les puede conllevar sanciones. Los particulares están exentos aunque sumen un número considerable de propiedades.

La legislación, sin embargo, no ha comportado las soluciones esperadas. Por motivos diferentes, Manuela, Juan Carlos, Fadoua, Roger o Míriam no pueden permitirse una vivienda digna. Son la cara visible de las disfunciones del sistema.

Clica en cada imagen para saber su historia:

 

Cuando la pensión no alcanza para pagar el alquiler

Alquileres demasiado elevados, pensiones precarias y sueldos insuficientes explican una parte del problema. La Administración debería ofrecer alternativas, pero sus servicios están saturados.

Albino lleva dos años esperando un piso. Dos décadas trabajando en la mina le provocaron bronquitis crónica y silicosis, una inflamación de los pulmones por inhalación de polvo de sílice. Una máquina le ayuda a respirar, pero cada dos semanas debe ingresar de urgencias en el Hospital del Mar.

Albino vive de alquiler en el Raval en un piso sin ascensor. Cobra una pensión de 1.000 euros y paga 430 de alquiler gracias a una ayuda. Su mujer, con obesidad mórbida, hace casi 2 años que no sale a la calle porque no puede bajar las escaleras. Con sus problemas respiratorios, a él también le cuesta mucho salir de casa.

A pesar de tener dos pensiones, Albino y su mujer no se pueden permitir un piso a precio de mercado

Un arquitecto del Ayuntamiento certificó que el piso donde estaban no era apto y los aceptaron en la Mesa de emergencia. Los médicos del Hospital del Mar hicieron informes sobre su estado de salud para que los Servicios Sociales agilizaran los trámites, sin resultado: el 27 de octubre hará dos años que esperan.

Aún le queda un año de contrato, pero Albino reconoce que no puede más:

“Tengo que mover cielo y tierra, pero un año más aquí no aguanto, ¡es que no aguanto ni dos meses!”

Las personas mayores están en el ojo del huracán. La pensión media en Cataluña es hoy de unos 1.000 euros, según el Instituto de Estadística de Cataluña, poco más de los 930 euros que cuesta un alquiler de media en Barcelona.

Tener una propiedad tampoco es sinónimo de tener ingresos suficientes. Muchos pensionistas se ven obligados a complementar la pensión con productos como la nuda propiedad, la renta vitalicia o la hipoteca inversa, opciones que toman un piso como garantía. Estas fórmulas interesan especialmente a bancos e inversores porque les permiten adquirir viviendas a precio de ganga. Antes de contratarlas, conviene asesorarse y mirar bien la letra pequeña.

Si se tiene en cuenta que en 2030 una de cada cuatro personas en Cataluña tendrá más de 65 años y que la mitad de los nuevos hogares hoy son de alquiler, parece que el problema no ha hecho más que empezar.

Los nuevos damnificados del mercado inmobiliario

Aunque inadecuado, Albino y su esposa tienen un techo y esto hace que su situación no sea considerada de extrema urgencia.

Para los casos más graves y de necesidad inmediata, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha a finales de 2015 el Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO). Atiende cada semana unos 70 casos, pero en momentos punta puede llegar al centenar.

El objetivo del SIPHO es mediar, acompañar y orientar a las personas afectadas por desahucios para evitar situaciones traumáticas.

Una técnica del SIPHO en un desahucio en Nou Barris

Sus responsables reconocen que la mediación no siempre es posible y que sería necesario mejorar la coordinación, tanto con los Servicios Sociales como con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los desahucios son los casos más graves y los que más han salido en los medios, pero no son el único problema ni el más numeroso en relación con el acceso a la vivienda. Hay un gran número de personas que, a pesar de tener un contrato de trabajo, no se pueden permitir un alquiler o una hipoteca. Son lo que se conoce como la clase trabajadora empobrecida. En Cataluña hay más de medio millón.

Esta es la situación de Yoli. Con su marido en el paro, su sueldo no era suficiente para llegar a fin de mes y pagar el piso. Los desahuciaron.

Ahora trabajan ambos, pero no se pueden permitir la fianza de un alquiler.

“Es una vergüenza. ¿De dónde quieren que saquemos 3.500 euros?”

Viven en una habitación que les cuesta 500 euros al mes porque no cumplen los requisitos para acceder a una ayuda al alquiler.

Para beneficiarse de ella, se tiene que cobrar menos de 21.257 euros anuales viviendo solo, y pagar menos de 900 euros de alquiler, unos criterios que han quedado obsoletos.

Yoli critica la falta de opciones para las personas que no tienen ahorros

¿Existen pisos asequibles?

Si no se cumplen los requisitos para acceder a una ayuda, existe la opción de acudir a la bolsa de alquiler social. Son pisos que los propietarios han cedido al Ayuntamiento a cambio de garantías y ventajas económicas, pero hay mucha demanda.

La otra opción es solicitar una vivienda de protección oficial. En 8 años, la lista de espera se ha doblado. Solo el año pasado se inscribieron más de 125.000 familias, y solo se terminaron de construir 677 nuevas viviendas.

En los años 60, Barcelona disponía de 200.000 pisos de protección oficial, pero ahora solo quedan 19.000 con esta calificación. Sin esta reducción, la vivienda pública representaría hoy un tercio del parque inmobiliario de la ciudad.

A la poca oferta se suman el mal uso y el abuso. El Ayuntamiento de Barcelona comenzó el año pasado a hacer inspecciones de oficio a los pisos de protección oficial. De los 2.500 que ha revisado, ha encontrado irregularidades en casi el 10%.

Los problemas para acceder a un piso han hecho que diversas entidades también se arromanguen para encontrar soluciones. Es el caso de la Fundació Hàbitat3, que busca pisos vacíos para familias vulnerables.

Los propietarios que participan cobran entre un 10 y un 20% menos que el precio de mercado a cambio de un compromiso de pago y que el piso será devuelto en buenas condiciones. En caso de que sea necesaria una rehabilitación, la Fundación se hace cargo de una parte.

Los propietarios y las reticencias a alquilar

En la otra cara de la moneda están los propietarios, que denuncien presiones y desprotección.

Montserrat Calvet, abogada, hace más de 20 años que representa propietarios. Afirma que antes no se llegaba al desahucio porque se alcanzaban acuerdos, pero ahora la situación es muy diferente.

“Muchas veces es el inquilino el que no tiene interés en hablar con el propietario y llegar a un acuerdo. Te dicen directamente que les interesa que pongas una demanda para que, de este modo, a través de la Administración, se les acorta el plazo para acceder a un piso social.”

El proceso judicial para autorizar un desahucio debería resolverse en tres meses, pero acaba alargándose nueve meses de media. Si es un caso complicado, el trámite puede durar hasta dos años.

Muchos propietarios se sienten indefensos ante la lentitud de los procesos judiciales

¿Viena, la solución?

Todo el mundo –la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y entitades sociales como el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinoscoinciden en que hay un problema de acceso a la vivienda y que habría que construir más vivienda pública, que ahora no llega al 2%.

El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado 700 pisos para incorporarlos al mercado de alquiler y ha creado la Unidad contra la Emergencia Residencial. «La buena voluntad está», dicen desde la plataforma “Fem Sant Antoni”, pero consideran que no es suficiente porque continúa la expulsión de vecinos y vecinas y de comercios de toda la vida, y no solo en este barrio. La mancha se extiende ahora al Poble-sec.

Los promotores también piden hacer más vivienda privada y hablan de construirla asequible, pero desde el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos reclaman como necesaria la regulación.

El arquitecto David Bravo, experto en gentrificación, defiende un cambio de paradigma y propone como inspiración el modelo de Viena. En la capital austriaca hay un tercio de vivienda de alquiler público, un tercio gestionado por cooperativas y un tercio de alquiler privado regulado.

La gran pregunta es: ¿Cómo se puede aplicar este modelo aquí? En los años 60 el parque de alquiler en Barcelona era del 70% y el de propiedad de 30%. Ahora es todo lo contrario. David Bravo cree que es posible revertir los porcentajes porque, además de las viviendas y locales infrautilizados, hay suficiente suelo para construir pisos nuevos; por ejemplo, los terrenos municipales de la Feria de Montjuïc o cubriendo las Rondas.

Para frenar la subida de precios, la Generalitat ha aprobado vía decreto aplicar topes a los alquileres. Se toma como límite el índice de referencia, es decir, el precio medio de la zona, calculado a partir de los contratos depositados en Incasòl y añadiéndole un 10%. No hay sanciones para los propietarios que se salten las limitaciones del decreto. Los inquilinos que paguen por encima del tope podrán reclamar la diferencia con la mediación de la Generalitat o por vía judicial.

La normativa parece no convencer a nadie. Las plataformas por el derecho a la vivienda creen que las excepciones del decreto lo convierten en papel mojado y los propietarios vuelven a sentirse desprotegidos.

El Banco de España ya ha dicho que desaconseja este tipo de medidas porque hacen que haya menos pisos de alquiler disponibles. Experiencias previas tampoco han funcionado. París y Berlín intentaron regular los precios de alquiler, sin éxito.

Las discrepancias hacen que el balón vuelva a estar en el tejado de las administraciones. De ellas dependerá frenar la especulación y garantizar a toda la ciudadanía el derecho a la vivienda.

CRÉDITOS:

Edición: Carla Pedret y Laia Ortega
Redacción: Laia Ortega, Carla Pedret, Eva Pineda, Jordi Canal, Maria Rovira y Nati Adell
Coordinación de diseño: Sílvia Costa
Diseño y maquetación: Mercè Sabanés

 

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Junio 2019

Contador desahucios mes:  17

Contador total 2019:  149

Parados – 4Suspendidos – 11Entrega llaves – 1Realojos – Ejecutados – 1

Desahucios por hipoteca 

Martes 4
Demandante: BBVA. 3r lanzamiento  #UmaroSeQueda  SUSPENDIDO
Dirección: C/ Foc Follet, 59  Barcelona (08030)

Demandante: BBVA #VilmaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ d’Alcudia, 72  Barcelona 

Jueves 27
Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Lepanto, 238 – 242  Barcelona (08013)

Desahucios por alquiler

Lunes 3
Demandante: CRITERIA CAIXA, S.A.U. 2o lanzamiento #IsabelSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Balmes, 319  Barcelona (08006)

Miércoles 5
Demandante: Inmb. 2o lanzamiento #SoluciónParaAdul PARADO en puerta
Dirección: C/ Arc del Teatre, 67 bis Barcelona (08001)

Viernes 14
Demandante: ADMINISTRACION DE FINCAS TRAVÉ, S.L.  #SoluciónParaMoira PARADO en puerta
Dirección: C/ Almería, 20 Barcelona (08014)

Lunes 17
Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Casals, 19, 1º 2ª de Barcelona (08042)

Jueves 20
Demandante: DESARROLLOS EMPRESARIALES MATARO, S.L. #DianaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: Carretera de la Bordeta, 92  Barcelona (08014)

Martes 25
Demandante: Inmb. lanzamiento #SoluciónParaAziz PARADO en puerta
Dirección: C/ Balboa, 10  Barcelona (08003 Barceloneta)

Desahucio abierto segunda quincena junio

Demandante: Inmb. #SolucionParaMakechu EJECUTADO
Dirección: C/ Sors, 12, Barcelona (08024 Gracia)

Demandante: Inmb. #SoluciónParaMónica ENTREGA LLAVES
Dirección: C/ Consejo de Ciento 217, Barcelona

Desahucios por ocupación

Martes 4
Demandante: AVIR INVESTMENTS 2016, S.L.U. 3r lanzamiento #MiriamSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ San Manuel, 17 Barcelona (08031)

Miércoles 5
Demandante: BUDMAC INVESTMENTS II, S.L.U.  #JesicaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ del Salvador, 18 Barcelona (08001)

Martes 11
Demandante: BBVA 5o lanzamiento SUSPENDIDO
Dirección: C/ Alcudia, 72 – 74 Barcelona (08016 Nou Barris)

Lunes 17
Demandante: AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA #SoniaSeQueda  SUSPENDIDO
Dirección: C/ Pla de Fornells, 76 Barcelona (08042)

Martes 18
Demandante: BBVA 3r lanzamiento #BenceslaoSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Calderón de la Barca, 39  Hospitalet de Ll. (08906)

Miércoles 19 
Demandante: Inmb. 2o lanzamiento #SoluciónParaPurificación PARADO en puerta
Dirección: C/ Padilla, 359 Barcelona (08025)

¡Si se puede Stop desahucios! Junio 2019
PorPAH_Bcn

Los partidos responden a las demandas de la PAH

¿Cuál es la postura de los diferentes partidos ante las demandas de la PAH Barcelona?

El pasado 6 de mayo, en la asamblea de bienvenida habitual, recibimos a los diferentes partidos políticos para dar a conocer la realidad de la ciudadanía en materia de vivienda. En el encuentro aprovechamos para trasladar 8 demandas claras de cara a las próximas elecciones municipales para hacer frente a la emergencia habitacional que sufrimos en la ciudad de Barcelona, solicitando cuál era la postura de todas y cada una de las candidaturas ante nuestras propuestas.
De las siete candidaturas a quienes trasladamos las propuestas, solo cinco han respondido: JuntsXCat BCN, ERC, Barcelona en Comú, CUP y PSC. El PP y Ciudadanos han seguido dando la espalda a la ciudadanía negándose a contestar y sin posicionarse por el derecho a la vivienda.
A continuación damos a conocer la respuesta de cada una de las demandas:

1. Protocolo de acceso a la Mesa de emergencia.

Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales, las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.

  • CUP: «Se deben utilizar todos los recursos que se destinan a alojamientos precarios, pensiones, hoteles, que son muchos, a la vivienda social digna y la prevención de los desahucios».
  • JxCAT: «Se ha normalizado la comercialización de estos espacios como vivienda y pensamos que si se acepta como tal, no podemos desproteger a los ocupantes».
  • BComú: «Nuestra prioridad en estos momentos es dejar a cero la lista de espera de 500 familias, cosa que podríamos hacer si la Generalitat asumiera la responsabilidad que no ha cubierto durante este mandato».
  • PSC: «Estamos abiertos a estudiarlo y a trabajar de la mano de la PAH y otras entidades».
  • ERC: «Si algo hace complicada la solución de la problemática de la vivienda es que responde a una persona o personas diversas con una situación diferente cada una, por eso se necesitan protocolos que permitan dar respuesta a todas las situaciones».
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

2. Realojo después de desahucio.

Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Cumplimiento con la Ley 24/2015.
  • CUP: “Crear un observatorio específico para evitar los desahucios y personarse como defensa de las personas amenazadas de desahucio e impedir por todos los medios que se ejecute ninguno”.
  • JxCAT: “Según cada caso no podemos descartar ni excluir ninguna solución que proporcione una solución temporal antes de un realojo definitivo”.
  • BComú: “Hemos puesto la maquinaria municipal al máximo para ampliar el parque público e innovando con Alojamientos Temporales para evitar estas situaciones, pero es cierto que en 4 años no podemos reparar el déficit histórico de políticas públicas municipales dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda”.
  • PSC: “Incorporaremos pisos destinados al alojamiento de los casos aprobados por la Mesa de emergencia, para evitar el destino a pensiones y para reducir el plazo de espera”.
  • ERC: “Hay que acordar un destino y un acompañamiento para estas familias, en entornos donde puedan crecer y se les permita salir de la vulnerabilidad”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

3. Lista de espera de la Mesa de emergencia.

Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Plan de choque para ponerla a cero.

  • CUP: “La respuesta a estas situaciones de emergencia debe ser inmediata y efectiva globalmente por parte de la Administración pública de forma directa (titularidad, gestión y provisión)”.
  • JxCAT: “Hay que hacer un plan de choque para reducir la espera que actualmente sufre la Mesa de Emergencia. Ahora bien, poner la Mesa de Emergencia a cero con el parque de vivienda asequible actual, no es posible”.
  • BComú: “Continuaremos ampliando los recursos habitacionales del Ayuntamiento con el tanteo y retracto, la compra y construcción de viviendas, así como con las nuevas viviendas que debe incorporar durante este año Habitat 3 y garantizando que se cumple la Ley 24/2015”.
  • PSC: “Ampliaremos de forma inmediata y con una posición muy proactiva de negociación con la SAREB y las entidades financieras para incorporar del orden de 5.000 pisos de alquiler que tienen estas entidades, en el parque de alquiler social de la ciudad”.
  • ERC: “Hay que explorar seriamente y con contundencia la movilización de las viviendas de la Sareb para responder a la emergencia habitacional”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

4. Aumento del parque público.

Promociones públicas de alquiler indefinido, implicación con la medida del 30%, uso intensivo del mecanismo de tanteo y retracto, cumplimiento del 15% de vivienda pública.

  • CUP: “El Ayuntamiento debe expropiar, inmediatamente y sin indemnización, los pisos vacíos propiedad de la SAREB y de grandes tenedores. Estos pisos deben pasar a formar parte, en primer lugar, del parque de vivienda pública de alquiler social, y en segundo lugar, del parque de vivienda pública de alquiler”.
  • JxCAT: “De acuerdo con la medida, pero se tendría que saber qué cambios se quieren propiciar en los criterios de acceso a la VPO para poder concretar nuestro posicionamiento”.
  • BComú: “Estamos totalmente de acuerdo en que la promoción pública debe garantizar que la vivienda mantenga la protección de forma permanente, es por ello que hemos hecho esta demanda a la Generalitat de Cataluña, ya que es de su competencia”.
  • PSC: “Volveremos a construir 4.000 viviendas públicas y promoveremos los dispositivos de gestión necesarios para desarrollar el objetivo de disponer de un parque de 25.000 viviendas en Barcelona”.
  • ERC: “El parque debe promover la rotación para responder siempre a aquellos que no tienen alternativa, pero no puede ser permanente para aquellos que no tienen necesidad. Implicación en el 30% y el tanteo y retracto”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

5. Alquiler.

Cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración, que actualmente se abren solo durante un breve plazo a lo largo del año.
  • CUP: “Prohibición inmediata del uso de viviendas para alquiler turístico; exigimos implicación y compromiso con la medida del 30% y un uso intensivo del mecanismo del tanteo; y el importe del alquiler no podrá ser superior al marcado por el Ayuntamiento”.
  • JxCAT: “Estamos de acuerdo en revisar las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento que actualmente solo se abren durante un breve plazo a lo largo del año y, también, estudiar la posibilidad de su ampliación”.
  • BComú: “Estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar para que las convocatorias no se limiten a un determinado período”.
  • PSC: “La Ley 24/2015, es evidente que se debe cumplir y tenemos que intentar no llegar a los juzgados para hacerla cumplir. En relación a la bolsa de alquiler, estamos abiertos a estudiar los plazos de las convocatorias. En cuanto a los precios de alquiler, aplicaremos una subvención del 50% del IBI para los pisos que los inquilinos pongan a disposición en régimen de alquiler, según el precio de referencia o inferior, y ampliaremos de manera inmediata y con una posición muy proactiva de negociación con la SAREB”.
  • ERC: “A favor de la Regulación de los alquileres y mayor duración de los contratos (6-10 años)”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

6. Ocupaciones.

Facilitar la negociación de las familias con la propiedad para llegar a acuerdos de alquiler social, instaurar un servicio municipal de mediación comunitaria para resolver conflictos con vecinas, facilitar la regularización de los suministros básicos, publicar datos sobre el fenómeno que ayuden a tener una idea clara del número de hogares que se encuentran en esta situación.
  • CUP: “Defenderemos que se garantice el empadronamiento, el acceso a los suministros y las condiciones de habitabilidad de la vivienda, más allá de si hay relación contractual entre la persona que vive y la propiedad. Priorizando siempre el derecho al uso por encima del derecho a la propiedad”.
  • JxCAT: “Apostamos por un análisis que sea individualizado y caso por caso y ver si hay vulnerabilidad en las personas que ocupan para dar soluciones a estas familias. En una regulación general no estamos de acuerdo”.
  • BComú: “Hemos hecho cambios como dejar de excluir a estas unidades familiares de la Mesa de Emergencia y por otro lado, con la creación del servicio SIPHO hemos mediado en todos los casos de vulnerabilidad para intentar regular su situación con un alquiler social”.
  • PSC: “Con las medidas antidesahucios, esperamos que las ocupaciones se reduzcan”.
  • ERC: “Hay que saber discernir bien el tipo de ocupaciones y en cada caso se necesitan medidas diversas”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

7. Funcionamiento de Servicios Sociales/Vivienda/SIPHO.

Unificar las visitas a Servicios Sociales y Vivienda para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones, reducir el plazo de espera para las citas previas. Refuerzo del servicio SIPHO.
  • CUP: “Hay que remunicipalizar todos los servicios dedicados a la vivienda, comenzando por los más sensibles para las personas”.
  • JxCAT: “De acuerdo con la medida”.
  • BComú: “Se han reforzado las oficinas de Vivienda incorporando Puntos de Asesoramiento Energético y ampliando la presencia de abogadas, y se han creado nuevas oficinas”.
  • PSC: “Estamos dispuestos a estudiarlo porque es evidente que la coordinación entre Servicios Sociales y Vivienda no ha funcionado con suficiente eficiencia en el pasado mandato, así como el refuerzo de la SIPHO”.
  • ERC: “Equipos transversales mejor coordinados con Salud y Asuntos Sociales, aumentar los recursos de las oficinas de Vivienda y ampliar las oficinas en los lugares de mayor demanda”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

8. Bloques.

Seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento, agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.
  • CUP: “Se hará efectiva la Declaración de tratar toda la ciudad de Barcelona como área sujeta al derecho a tanteo y retracto aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona (de forma directa, pública y sin intermediaciones)”.
  • JxCAT: “Nuestro compromiso es luchar contra el acoso inmobiliario y debemos acompañar en estos casos. En cuanto a la intermediación, apostamos por hacerla de manera individualizada y viendo la situación de cada caso”.
  • BCcomú: “Proponemos la creación de un centro de atención y defensa de los y las inquilinas en coordinación con las entidades sociales especializadas que sirva para asesorar, mediar, y denunciar casos de acoso”.
  • PSC: “Fortaleceremos los distritos como Administración cercana con capacidad de abordar la inspección sistemática de pisos vacíos de grandes tenedores, viviendas turísticas, problemas de ruidos y detección de situaciones de ocupación no consentida generadora de conflicto vecinal”.
  • ERC: “El Ayuntamiento debería personarse en los casos de acoso inmobiliario”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

 Compartimos también las respuestas completas de cada uno de los partidos:

PorPAH_Bcn

El alquiler nos ahoga y el PSOE pretende que lo siga haciendo

La reforma de la LAU propuesta por el PSOE sigue dando la espalda a los derechos de las inquilinas y poniendo la alfombra roja a la especulación, y aún no recoge medidas para la regularización de los precios

Que en España se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional es algo reconocido por casi todo el mundo. Mañana martes, el Congreso votará la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Leído el mismo, resulta que, tras un preámbulo en el que se hace un diagnóstico acertado ‒ya que parte del reconocimiento del Derecho a la Vivienda como un derecho fundamental, de reconocer también la insignificancia del Parque Público de Vivienda Social, de admitir la obligación de cumplir el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)‒, finalmente el Gobierno cede a la presión de los fondos buitre y la banca, y aprueba una serie de recetas incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito, ya que:

  • No propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de viviendas deshabitadas que señala el INE.
  • Aunque reconoce la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adopta ninguna medida para abaratarlos.
  • No limita los incrementos de renta vinculándolos al IPC.
  • La comunicación entre juzgados y Servicios Sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que, como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas.
  • El PIDESC se infringe y se seguirá infringiendo cada vez que se produzca un desalojo forzoso a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • A pesar de reconocer como fundamental el Derecho a la Vivienda adecuada, el acceso a la misma sigue vinculado exclusivamente al nivel de renta de cada persona o familia, sin que se garantice el derecho de acceso a las personas sin renta o con rentas insuficientes.
  • No permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas, al no incluir la elaboración de índices de referencia de los precios.

Frente a esta emergencia, el PP ‒todavía más partidario de los fondos buitre, a quienes Ana Botella vendió un importante número de viviendas sociales de Madrid‒ reacciona, utilizando la Ley de Vivienda de la PAH, presentando una enmienda a la totalidad, con la que pretende anularla y enmendar a la vez el real decreto del Gobierno, revirtiendo los escasos avances del mismo en relación con la ampliación de la duración de los contratos.

¿Qué dice la PAH en materia de alquileres?

  • Cumplimiento del PIDESC: Ningún desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Duración de los contratos: 5 años si el propietario es persona física con más de 5 viviendas en propiedad, o 10 años si es persona jurídica.
  • Los precios del alquiler estarán subordinados al índice de referencia de precios.
  • Los aumentos de renta no podrán subir por encima del IPC.
  • En caso de cambio de inquilina, el alquiler en el nuevo contrato no podrá superar al anterior en más del 1,5%.
  • Limita la fianza a una mensualidad de alquiler.
  • Modifica el régimen fiscal de las Socimis, para que tributen al 40% en el impuesto de sociedades.
  • Promueve la cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores que hayan recibido dinero público.
  • Establece la obligación de generar parque público de vivienda.
  • Aumenta el IBI a las casas injustificadamente vacías y,
  • Prohíbe la venta de viviendas del parque público.

Por todo esto, desde la PAH lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público o el híperliberalismo del mercado y limitara y redujera los precios, o que garantizase el cumplimiento del PIDESC.

Sin embargo, ahora que la complicidad del PP con los especuladores ha posibilitado el desbloqueo que junto a Cs mantenían de la Ley de Vivienda de la PAH, su trámite urgente, y la aplicación de las medidas que contiene, pueden facilitar el que el acceso a la vivienda en España deje de ser un privilegio y pase a ser un Derecho, y por conseguirlo seguiremos luchando.

¡Sí se puede!

#RegulaciónAlquileresYa

Ayer nos movilizamos en Madrid, Valencia, Iruña, Manresa, Málaga y Barcelona para exigir que el decreto sobre alquileres…

Gepostet von PAH Barcelona am Dienstag, 22. Januar 2019

PorPAH_Bcn

¡Hemos vuelto a hacer posible lo imposible: recuperamos la Ley 24/2015 para parar desahucios y ampliar el parque de alquiler social!

Las medidas clave de vivienda impugnadas de la Ley 24/2015 volverán a ser vigentes en Cataluña

Martes 30 de octubre de 2018

Hoy martes 30 de octubre, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado firman el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. Este importante hito que anunciamos, ha sido posible gracias a las familias que cada día están a pie de calle parando desahucios, a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero recordamos porque nos dan fuerza para seguir batallando, a las 150.000 personas que firmaron para parar los desahucios en Cataluña, y a todas las entidades que nos han apoyado en el camino de hacer posible lo imposible. 

Por fin podemos decir con orgullo que hemos recuperado la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el PP, obedeciendo a la banca, impugnó en mayo de 2016. Después de recoger 150.000 firmas con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2015 y conseguir que el Parlamento de Cataluña la aprobara por unanimidad, el Partido Popular puso un recurso a la ley que paraba los desahucios y daba herramientas para ampliar el parque de vivienda social a los municipios.

Sabemos que la banca daba por sentenciada y enterrada la Ley. Pero la esperanza y la solidaridad han ganado de nuevo la partida. La fuerza que hizo posible su aprobación, con un apoyo social agobiante y por unanimidad en el Parlamento, y la defensa incansable en la calle que salvó la parte de pobreza energética del recurso del PP, ha funcionado de nuevo y ha posibilitado contra todo pronóstico recuperarla después de la caída del PP del Gobierno del Estado.

Después de luchar contra el ignominioso recurso del PP, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos valentía y coherencia a los nuevos gobiernos de la Generalitat de Cataluña y del Estado para recuperar una herramienta que funcionaba y daba soluciones a miles de familias en Cataluña. Lo hicimos desde la urgencia que pide frenar de una vez por todas la emergencia habitacional: la situación ingobernable de desahucios ejecutados en Cataluña ‒61 desahucios diarios, liderando el ranking de la vergüenza‒, y el colapso de las Mesas de emergencia, con unas 2.000 familias en lista de espera. No había excusas para no recuperar la ley y garantizar el derecho a la vivienda. Desde julio hemos estado trabajando para recuperar la ley más garantista en materia de vivienda: hubiera tenido que ser mucho más sencillo, al tratarse de un compromiso que asumió el PSOE cuando fue impugnada y al haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento. Pero ha sido la esperanza y la solidaridad quien ha ganado el pulso a los especuladores que viven de hacer negocio con los derechos fundamentales.

Los efectos concretos sobre la vida de las personas son muy importantes: hacemos público un resumen y en los próximos días difundiremos el detalle de las herramientas de que dispondrá la ciudadanía, entidades sociales y ayuntamientos para defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos:

  1. Después de que el viernes el Consejo de Ministros lo ratifique y comunique al Tribunal Constitucional para que cierre el procedimiento, recuperaremos dos herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar las viviendas de alquiler social: 
  • Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios (artículo 5, apartados 1-2-3-4 y 9): para los desahucios en curso y para los nuevos procedimientos; no hacer la oferta de alquiler o no respetar los precios sociales que marca la Ley comporta multas de 90.000 euros.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a las administraciones para alquiler social (artículo 7): la Generalitat y los ayuntamientos pueden usar esta herramienta recuperada. Las listas de espera para las Mesas de emergencia se tienen que acabar con inmediatez.
  1. Las medidas contra el sobreendeudamiento: se recuperan con carácter extrajudicial y de mediación entre la banca y las deudoras, porque los dos gobiernos han acordado recuperar los artículos de la Ley 4/2016, que son menos vinculantes y efectivos. La PAH seguirá exigiendo dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y en el Congreso con la #LeyViviendaPAH.
  2. La obligación de realojo por parte de las administraciones y ayudas para los desahucios de pequeños propietarios (artículo 5.6): no fue impugnada y sigue vigente, con la diferencia de que ahora tenemos la cesión obligatoria para obtener las viviendas sociales que se necesitan.
  3. Las medidas contra la pobreza energética y los cortes: las salvamos del recurso y nunca han dejado de estar vigentes (artículo 6): por eso toda familia vulnerable tiene garantizados los suministros básicos de agua, luz y gas. Es imprescindible que se firmen los convenios y que las empresas suministradoras asuman las deudas de las familias vulnerables, a cargo de sus ingentes beneficios.

Hoy podemos decir que hemos conseguido aquello que nos decían que era imposible. A partir de hoy seguiremos atentas para que se cumplan y se apliquen al 100% las leyes sociales nacidas en la calle. Hoy hemos subido definitivamente un escalón en la escalera de la conquista de los derechos sociales, que no bajaremos nunca más.

Ahora más que nunca exigiremos que se cumpla la Ley hasta la última coma. Avisamos a la banca, fondos buitre y eléctricas, que no toleraremos ningún intento más de eludir sus responsabilidades. Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de hacerlo. También velaremos por que las Administraciones públicas apliquen con firmeza todas las medidas para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de toda la población, en especial, de las personas más vulnerables. Quien no lo haga nos tendrá delante.

Una vez más hemos demostrado que sí, que se puede. Ahora toca pasar página a los desahucios y a los cortes de suministros en Cataluña, ¡sin excusas! ¡Seguiremos exigiendo todos los cambios que faltan (aumentar el parque público al 15%, modificar la Ley de arrendamientos, etc.) para conseguir recuperar nuestro derecho a la vivienda!

¡Gracias a todas! ¡Nos vemos en las calles y el domingo 11 de noviembre en Barcelona para celebrarlo juntas!