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PorPAH_Bcn

Nueva agresión de la justicia española al derecho a la vivienda

En menos de 24 horas hemos vivido la noticia de un nuevo varapalo a la banca y la de un nuevo favor a sus intereses. ¿La diferencia? La primera viene de Europa y la segunda de la justicia española. Desde la PAH manifestamos nuestro absoluto rechazo a la sentencia sobre el vencimiento anticipado y nos preguntamos, una vez más, de qué lado está el Tribunal Supremo español, si de la justicia que supuestamente deben defender o de la banca

Ayer conocimos el posicionamiento del Abogado General de Europa en relación con el IRPH, declarándolo abusivo por incomprensible y falto de transparencia. Ello, pese a la vergonzosa actuación en el proceso de la Abogada del Estado español, que, cumpliendo órdenes del Gobierno, suponemos, avaló a la banca, ¡cómo no!, y más que eso, pidió al Tribunal que, en caso de considerarlo abusivo, no establezca retroactividad, para que los bancos no tengan que devolver a la gente los miles de millones estafados. No obstante, tendremos que esperar a la sentencia definitiva, que conoceremos en el primer trimestre de 2020.

Hoy el Tribunal Supremo de España ha vuelto, como nos tiene acostumbradas, a dar trato de favor a la banca con la sentencia sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia dictada, como siempre, desde la lógica del prestamista. La sentencia considera que lo que está en peligro es el negocio de los prestamistas (bancos), que sin ejecución hipotecaria no darían préstamos. Sigue la estela de la Ley de Créditos Inmobiliarios, aprobada este año, a la que se remite constantemente. Ya en su momento la PAH denunciamos que, lamentablemente, el PSOE había seguido las huellas de De Guindos y las políticas a favor de los desahucios del PP.

Los contratos hipotecarios tienen la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por impago de una cuota. La Ley 1/2013 modificó la ley procesal y permitía ejecutar al banco por 3 cuotas impagadas. El TJUE a lo largo de diversas resoluciones judiciales ha establecido que, para valorar la abusividad de la cláusula, hay que estar a lo que dice el contrato y no a la práctica que se haya hecho de ella. En la Sentencia de 26 de marzo, tras unas dudas tramposas por parte del Tribunal Supremo, el TJUE considera que los jueces deben valorar la esencialidad de la cláusula, si puede existir el contrato sin la cláusula de vencimiento anticipado. Si llegan a la conclusión de que puede existir el contrato sin el vencimiento anticipado, no pueden sustituir la cláusula por ninguna otra.

Dedica gran espacio a explicar que lo que importa en la garantía hipotecaria, la garantía de cobrar, que es la razón de ser de la sentencia, y pensamos que la razón última de la posición del Tribunal Supremo en abusos bancarios en la última década. De hecho, en la sentencia se menciona la palabra “garantía” 18 veces mientras que palabra “vivienda” solo se nombra en dos ocasiones.

El Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado, pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

El Supremo, interpretando la Sentencia del TJUE, hoy da las directrices de que si el préstamo hipotecario se dio por vencido antes de la reforma de la Ley 1/2013, debe ser sobreseído sin más trámite. Ahora bien, los procesos en los que las familias afectadas hayan incumplido la gravedad que establece la Ley 5/2019, LRCCI (de crédito inmobiliario), 12 o 15 cuotas impagadas, dependiendo del número de años de la vida del préstamo que hayan abonado, podrán los bancos continuar la ejecución. Y avala definitivamente a la banca en todas aquellas ejecuciones hipotecarias en las que se haya dictado un auto sobreseyendo el procedimiento al no dotar de cosa de fuerza juzgada, pudiendo nuevamente iniciar una ejecución hipotecaria basada en lo previsto en el art. 24 LRCCI (12 o 15 cuotas).

Desde un punto de vista meramente jurídico, el tratamiento de la jurisprudencia europea sigue la técnica del “espigueo”, tomando solo lo que interesa para justificar la decisión ya tomada de consagrar el vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria. Destaca la ausencia de la reciente doctrina sobre el “orden público comunitario” y el artículo 6.1 de la Directiva 13/93. Tampoco aparece nada sobre la sentencia de 28 de febrero de 2019 del Tribunal Constitucional, que ha declarado que la protección a consumidores en ejecuciones hipotecarias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por último, aunque esto ya no sorprenda, no existe alusión alguna a los Tratados de Derechos Humanos que determinan una protección cualificada de la vivienda habitual como Derecho Humano de toda persona.

No hay ni una palabra sobre el destrozo social causado por las ejecuciones hipotecarias en los últimos diez años, lo que supone un desprecio absoluto a las víctimas de los abusos bancarios. Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas, o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas. Por supuesto, ninguna autocrítica.

Esta sentencia tendrá como efecto inmediato el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, con el consiguiente aumento del número de desahucios que habrá que sumar a los 173 diarios, que según el CGPJ se ejecutaron en el primer trimestre de este año.

Desde la PAH sí que estamos del lado de las familias y que se haga de una vez por todas justicia tras haber sido estafadas y desahuciadas. Por eso exigimos:

  •  La anulación total y con carácter retroactivo del IRPH, con la devolución a las familias de todo lo que les han robado. Si es ilegal, lo ha sido siempre.
  •  La anulación total y retroactiva de todas las claúsulas abusivas, grandes protagonistas y causantes de que la ley hipotecaria española sea criminal, como declaran las 8 sentencias europeas sobre el tema.
  •  Modificación de la Ley de Crédito Inmobiliario en lo referente al Vencimiento Anticipado, de manera que no se modere su abusividad sino que se elimine definitivamente.
  •  La destitución del Tribunal Supremo por su constante defensa de los intereses de la banca y su ataque a los derechos de las familias.
  •  Ampliación de la moratoria de los desahucios, así como la ampliación de los requisitos para acogerse a ella. No podemos permitir reformas que generen una explosión de los desahucios en lugar de acabar con ellos.

Si hay algo más vergonzoso que medidas de maquillaje de cara a la galería por parte del Gobierno, es que las medidas solo sirvan para retroceder en lugar de avanzar en materia de derechos sociales.

La PAH seguiremos enfrentándonos a estas injusticias hasta conseguir que el Derecho de acceso a una vivienda adecuada y digna sea una realidad en nuestro país, y lograr que las reformas legislativas se hagan con el objetivo de acabar con los desahucios y no alimentarlos, aplicando las medidas que llevamos casi una década presentando.

PorPAH_Bcn

El Gabinete de Crisis no cumple con las expectativas de las 600 familias

La reunión con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con la ausencia de la Delegación del Gobierno del Estado, finaliza sin propuestas en un corto plazo para acabar con el sufrimiento de las 600 familias realojadas indignamente

A raíz de la reunión mantenida la semana pasada entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona, la PAH de Barcelona conseguimos crear un Gabinete de Crisis para dar respuesta a las 600 familias que se encuentran hoy en día realojadas indignamente en pensiones o albergues.

En el encuentro han participado representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Hoy mismo la Delegación del Gobierno del Estado nos ha informado de que no participaría en la reunión. Nos sorprende su postura dado el compromiso que habían adquirido con las 600 familias y ante toda la ciudadanía en el último encuentro. Esperamos que reconsideren su postura y que se reincorporen lo antes posible al Gabinete de Crisis, tal como se habían comprometido públicamente.

Desde la PAH de Barcelona hace tiempo que denunciamos las pensiones o albergues indignos donde son realojadas las familias que han sufrido un desahucio. Muchas de ellas sin tener en cuenta sus necesidades, o en alojamientos que no cumplen unos mínimos de higiene. Espacios pequeños donde una silla de ruedas casi no se puede mover, muchas de ellas sin un lugar donde poder hacer los deberes los más pequeños o incluso sin una cocina o nevera para poder garantizar una alimentación adecuada. 

Con el compromiso acordado la semana pasada por parte de las administraciones de colaborar conjuntamente en el realojo digno de las familias, hoy se ha llevado a cabo el segundo encuentro en el que cada una de ellas se comprometió a explorar medidas concretas para hacer efectivo un plan ejecutivo a principios de septiembre. 

Las dos administraciones presentes en la reunión, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña, se han comprometido a llevar un plan ejecutivo la segunda semana de septiembre especificando medidas, presupuesto y calendario de implementación. Como requiere la situación de emergencia y exigíamos desde la PAH de Barcelona, no han podido concretar ninguna medida innovadora más allá de medidas que ya están intentando implementar y que se han demostrado insuficientes, ya no solo para dar soluciones a las actuales 600 familias sino para frenar el aumento de esta realidad.

Recordemos que el Gabinete de Crisis no solo está formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sino también por el Gobierno del Estado, que no ha estado presente en este encuentro. Es necesario que aporten lo que se comprometieron en la primera reunión, entre otros, la cesión de las viviendas de la Sareb y Bankia, el censo de las viviendas, edificios y solares de su titularidad y el destino de la parte del presupuesto del «Plan de Vivienda». El Gobierno del Estado debe asumir responsabilidades y aportar soluciones concretas.

Las propuestas, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, son totalmente insuficientes para acabar con el grave problema de los realojos indignos. Las administraciones responsables no están a la altura y no actúan a la velocidad que la emergencia requiere.

Una vez más somos los movimientos sociales los que forzamos a la Administración a trabajar por la ciudadanía. La emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y todo el Estado es un grave problema que las diferentes administraciones competentes deben afrontar. Desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes para que este plan ejecutivo dé respuesta a las familias indignamente realojadas. Tenemos claro que es cuestión de voluntad política, hace 10 años que demostramos que «sí se puede» y no cejaremos hasta conseguir garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio.

 

PorPAH_Bcn

Insuficiencia en el plan de derecho a la vivienda del nuevo Ayuntamiento de Barcelona

El acuerdo entre BeC y PSC obvia temas claves

El 10 de julio de 2019 el nuevo gobierno municipal de Barcelona ha publicado el documento titulado “Acord d’esquerres per al govern de Barcelona”, firmado por Barcelona en Comú y el Partit Socialista de Catalunya.

En dicho documento se especifica que en los próximos 4 años trabajarán con diálogo permanente con todas las fuerzas políticas para generar consensos en políticas de ciudad, así como un diálogo con entidades y la sociedad civil. Entre las medidas acordadas, destacamos el punto 4, donde se comprometen a desarrollar el derecho a la vivienda y la transformación urbana en los barrios:

  • Analizar la ampliación del 30% de vivienda social, construir o adquirir 1.500 viviendas públicas anuales con un mínimo de 4.000 de nueva construcción.
  • Reforzar el Operador de Vivienda y el Consorcio Metropolitano de Vivienda.
  • Crear un centro anti-mobbing inmobiliario.
  • Reducir los desahucios.
  • Trabajar con el gobierno central para que se pueda declarar zonas urbanas de mercado tensionado y regular las subidas abusivas de alquileres.
  • Impulsar medidas en diferentes barrios.
  • Rehabilitación de entre 75.000 y 80.000 hogares con énfasis en la pobreza energética.
  • Plan de Barrios: impulsarlo de manera eficiente en 10 áreas incluyendo mecanismos de gobernanza.

Valoramos positivamente estas propuestas pero nos gustaría saber cómo se van a llevar a cabo, con qué presupuesto y cuándo tendremos disponibles las viviendas para hacer frente a las más de 550 familias en la Mesa de emergencia, a las más de 36.000 personas que han solicitado una vivienda social, por ejemplo.  Recordemos que desde la PAH y en campaña electoral se pidieron puntos que se tratan de manera escueta o no se mencionan, como la revisión del protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y la reducción a cero de la lista de espera en la Mesa de emergencia, el realojo digno después de un desahucio, ampliar la bolsa de alquileres, facilitar la negociación en casos de ocupación para obtener realojos sociales, unificar las visitas a Servicios Sociales y Habitatge y el seguimiento individualizado de los bloques con mobbing inmobiliario.

Cabe recordar el compromiso de los representantes de BeC durante la campaña electoral, de “dejar a cero la lista de espera de la Mesa de emergencia, garantizar la Ley 24/2015 y que la bolsa de alquiler se abra todo el año”, así como los compromisos del PSC diciendo que pretendían “evitar los realojos en pensiones, conseguir 5.000 pisos de alquiler de entidades financieras, conseguir 25.000 viviendas sociales y el cumplimiento de la Ley 24/2015”. (https://elpais.com/ccaa/2019/06/21/catalunya/1561124321_164474.html).

La situación de emergencia habitacional hace necesarias y urgentes medidas valientes, que abarquen la totalidad de la población para que tengan garantizado el derecho a la vivienda, y no repetir años como el 2018, donde se practicaron, solo en Barcelona y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 2.381 desahucios. Esta cifra no refleja la realidad de la ciudad donde centenares de familias abandonan su hogar de forma invisible por no poder pagar su alquiler debido a las subidas abusivas, y a las otras centenas de familias que son desahuciadas de sus casas por ocupación y que los datos no reflejan.

Necesitamos medidas valientes e innovadoras para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad. Desde la PAH seguiremos proponiendo medidas y desobedeciendo las leyes injustas para que a ninguna familia se le vulnere su derecho a tener una vivienda digna y adecuada.

¡Porque sí se puede y lo demostramos cada día!

PorPAH_Bcn

Reportaje: Vivienda, entre el derecho y la mercancía

Compartim el reportatge publicat originalment a Catalunya Ràdio que tracta la problemàtica actual de l’habitatge i en el què han participat vàries persones de la PAH Barcelona.

Vivienda, entre el derecho y la mercancía

«Todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

Artículo 47 de la Constitución española

Primero fue el precio de compra y ahora el de alquiler. El encarecimiento de la vivienda ha abocado a muchos ciudadanos a situaciones complicadas y, en algunos casos, desesperadas: vivir en condiciones insalubres, elegir entre tener luz o pagar el alquiler, poder permitirse solo una habitación u ocupar un piso vacío.

Se calcula que en Cataluña hay 11.000 personas sin hogar y 53.000 en situación de exclusión residencial. Esto, mientras una Barcelona cada vez más gentrificada se convierte en un polo de atracción para inversores de todo el mundo, incluyendo compañías como la norteamericana Blackstone, que, con una inversión de más de 20.000 millones de euros desde 2012, es el fondo con más propiedades inmobiliarias de España.

La gentrificación es un fenómeno urbano que expulsa a las clases populares de los barrios céntricos. Los vecinos y vecinas de toda la vida son sustituidos por personas con más poder adquisitivo, que quieren vivir en zonas de moda y próximas a la oferta cultural y de ocio.

Si a este fenómeno se le suma un turismo masivo, ciudades como Barcelona se convierten en un caramelo para los grandes tenedores. Pero la tendencia al alza de los alquileres no solo afecta a Barcelona. El casco antiguo de Girona ha visto un aumento de los precios de hasta el 40%, en medio de una efervescencia turística alimentada por acontecimientos globales como el rodaje de la serie «Juego de tronos».

Evolución del precio medio de los contratos de alquiler en diversos municipios

Raquel Aparicio, su marido y sus dos hijas menores lo sufrieron de primera mano. Después de siete intentos, los echaron del piso donde vivían.

Raquel recuerda la angustia cuando sentía un portazo o veía un policía en la calle, y el momento en que la orden de marchar llegó:

“Cogí las niñas y me encerré en la habitación. No era capaz de pensar.”

Una de las siete peticiones para echar a Raquel era un desahucio abierto. Con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio Desc y el Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha llevado su caso al Tribunal Constitucional. Es el primero sobre un desahucio abierto que llega a este órgano judicial.

La sentencia puede tardar dos o tres años. A pesar de que a Raquel ya no le servirá, la resolución puede establecer un precedente para otras familias y suponer un primer paso para, si es necesario, llegar a la justicia europea.

Mientras espera recibir un piso de la Mesa de emergencia, ella y su familia se alojan en un aparthotel que paga el Ayuntamiento de Barcelona.

Cataluña recuperó el año pasado la llamada ley antidesahucios y contra la pobreza energética, que había quedado suspendida durante dos años por un recurso del PP en el Constitucional.

Esta ley, surgida de una ILP, obliga a bancos, inmobiliarias y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables y evitar así que se queden en la calle. El incumplimiento les puede conllevar sanciones. Los particulares están exentos aunque sumen un número considerable de propiedades.

La legislación, sin embargo, no ha comportado las soluciones esperadas. Por motivos diferentes, Manuela, Juan Carlos, Fadoua, Roger o Míriam no pueden permitirse una vivienda digna. Son la cara visible de las disfunciones del sistema.

Clica en cada imagen para saber su historia:

 

Cuando la pensión no alcanza para pagar el alquiler

Alquileres demasiado elevados, pensiones precarias y sueldos insuficientes explican una parte del problema. La Administración debería ofrecer alternativas, pero sus servicios están saturados.

Albino lleva dos años esperando un piso. Dos décadas trabajando en la mina le provocaron bronquitis crónica y silicosis, una inflamación de los pulmones por inhalación de polvo de sílice. Una máquina le ayuda a respirar, pero cada dos semanas debe ingresar de urgencias en el Hospital del Mar.

Albino vive de alquiler en el Raval en un piso sin ascensor. Cobra una pensión de 1.000 euros y paga 430 de alquiler gracias a una ayuda. Su mujer, con obesidad mórbida, hace casi 2 años que no sale a la calle porque no puede bajar las escaleras. Con sus problemas respiratorios, a él también le cuesta mucho salir de casa.

A pesar de tener dos pensiones, Albino y su mujer no se pueden permitir un piso a precio de mercado

Un arquitecto del Ayuntamiento certificó que el piso donde estaban no era apto y los aceptaron en la Mesa de emergencia. Los médicos del Hospital del Mar hicieron informes sobre su estado de salud para que los Servicios Sociales agilizaran los trámites, sin resultado: el 27 de octubre hará dos años que esperan.

Aún le queda un año de contrato, pero Albino reconoce que no puede más:

“Tengo que mover cielo y tierra, pero un año más aquí no aguanto, ¡es que no aguanto ni dos meses!”

Las personas mayores están en el ojo del huracán. La pensión media en Cataluña es hoy de unos 1.000 euros, según el Instituto de Estadística de Cataluña, poco más de los 930 euros que cuesta un alquiler de media en Barcelona.

Tener una propiedad tampoco es sinónimo de tener ingresos suficientes. Muchos pensionistas se ven obligados a complementar la pensión con productos como la nuda propiedad, la renta vitalicia o la hipoteca inversa, opciones que toman un piso como garantía. Estas fórmulas interesan especialmente a bancos e inversores porque les permiten adquirir viviendas a precio de ganga. Antes de contratarlas, conviene asesorarse y mirar bien la letra pequeña.

Si se tiene en cuenta que en 2030 una de cada cuatro personas en Cataluña tendrá más de 65 años y que la mitad de los nuevos hogares hoy son de alquiler, parece que el problema no ha hecho más que empezar.

Los nuevos damnificados del mercado inmobiliario

Aunque inadecuado, Albino y su esposa tienen un techo y esto hace que su situación no sea considerada de extrema urgencia.

Para los casos más graves y de necesidad inmediata, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha a finales de 2015 el Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO). Atiende cada semana unos 70 casos, pero en momentos punta puede llegar al centenar.

El objetivo del SIPHO es mediar, acompañar y orientar a las personas afectadas por desahucios para evitar situaciones traumáticas.

Una técnica del SIPHO en un desahucio en Nou Barris

Sus responsables reconocen que la mediación no siempre es posible y que sería necesario mejorar la coordinación, tanto con los Servicios Sociales como con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los desahucios son los casos más graves y los que más han salido en los medios, pero no son el único problema ni el más numeroso en relación con el acceso a la vivienda. Hay un gran número de personas que, a pesar de tener un contrato de trabajo, no se pueden permitir un alquiler o una hipoteca. Son lo que se conoce como la clase trabajadora empobrecida. En Cataluña hay más de medio millón.

Esta es la situación de Yoli. Con su marido en el paro, su sueldo no era suficiente para llegar a fin de mes y pagar el piso. Los desahuciaron.

Ahora trabajan ambos, pero no se pueden permitir la fianza de un alquiler.

“Es una vergüenza. ¿De dónde quieren que saquemos 3.500 euros?”

Viven en una habitación que les cuesta 500 euros al mes porque no cumplen los requisitos para acceder a una ayuda al alquiler.

Para beneficiarse de ella, se tiene que cobrar menos de 21.257 euros anuales viviendo solo, y pagar menos de 900 euros de alquiler, unos criterios que han quedado obsoletos.

Yoli critica la falta de opciones para las personas que no tienen ahorros

¿Existen pisos asequibles?

Si no se cumplen los requisitos para acceder a una ayuda, existe la opción de acudir a la bolsa de alquiler social. Son pisos que los propietarios han cedido al Ayuntamiento a cambio de garantías y ventajas económicas, pero hay mucha demanda.

La otra opción es solicitar una vivienda de protección oficial. En 8 años, la lista de espera se ha doblado. Solo el año pasado se inscribieron más de 125.000 familias, y solo se terminaron de construir 677 nuevas viviendas.

En los años 60, Barcelona disponía de 200.000 pisos de protección oficial, pero ahora solo quedan 19.000 con esta calificación. Sin esta reducción, la vivienda pública representaría hoy un tercio del parque inmobiliario de la ciudad.

A la poca oferta se suman el mal uso y el abuso. El Ayuntamiento de Barcelona comenzó el año pasado a hacer inspecciones de oficio a los pisos de protección oficial. De los 2.500 que ha revisado, ha encontrado irregularidades en casi el 10%.

Los problemas para acceder a un piso han hecho que diversas entidades también se arromanguen para encontrar soluciones. Es el caso de la Fundació Hàbitat3, que busca pisos vacíos para familias vulnerables.

Los propietarios que participan cobran entre un 10 y un 20% menos que el precio de mercado a cambio de un compromiso de pago y que el piso será devuelto en buenas condiciones. En caso de que sea necesaria una rehabilitación, la Fundación se hace cargo de una parte.

Los propietarios y las reticencias a alquilar

En la otra cara de la moneda están los propietarios, que denuncien presiones y desprotección.

Montserrat Calvet, abogada, hace más de 20 años que representa propietarios. Afirma que antes no se llegaba al desahucio porque se alcanzaban acuerdos, pero ahora la situación es muy diferente.

“Muchas veces es el inquilino el que no tiene interés en hablar con el propietario y llegar a un acuerdo. Te dicen directamente que les interesa que pongas una demanda para que, de este modo, a través de la Administración, se les acorta el plazo para acceder a un piso social.”

El proceso judicial para autorizar un desahucio debería resolverse en tres meses, pero acaba alargándose nueve meses de media. Si es un caso complicado, el trámite puede durar hasta dos años.

Muchos propietarios se sienten indefensos ante la lentitud de los procesos judiciales

¿Viena, la solución?

Todo el mundo –la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y entitades sociales como el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinoscoinciden en que hay un problema de acceso a la vivienda y que habría que construir más vivienda pública, que ahora no llega al 2%.

El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado 700 pisos para incorporarlos al mercado de alquiler y ha creado la Unidad contra la Emergencia Residencial. «La buena voluntad está», dicen desde la plataforma “Fem Sant Antoni”, pero consideran que no es suficiente porque continúa la expulsión de vecinos y vecinas y de comercios de toda la vida, y no solo en este barrio. La mancha se extiende ahora al Poble-sec.

Los promotores también piden hacer más vivienda privada y hablan de construirla asequible, pero desde el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos reclaman como necesaria la regulación.

El arquitecto David Bravo, experto en gentrificación, defiende un cambio de paradigma y propone como inspiración el modelo de Viena. En la capital austriaca hay un tercio de vivienda de alquiler público, un tercio gestionado por cooperativas y un tercio de alquiler privado regulado.

La gran pregunta es: ¿Cómo se puede aplicar este modelo aquí? En los años 60 el parque de alquiler en Barcelona era del 70% y el de propiedad de 30%. Ahora es todo lo contrario. David Bravo cree que es posible revertir los porcentajes porque, además de las viviendas y locales infrautilizados, hay suficiente suelo para construir pisos nuevos; por ejemplo, los terrenos municipales de la Feria de Montjuïc o cubriendo las Rondas.

Para frenar la subida de precios, la Generalitat ha aprobado vía decreto aplicar topes a los alquileres. Se toma como límite el índice de referencia, es decir, el precio medio de la zona, calculado a partir de los contratos depositados en Incasòl y añadiéndole un 10%. No hay sanciones para los propietarios que se salten las limitaciones del decreto. Los inquilinos que paguen por encima del tope podrán reclamar la diferencia con la mediación de la Generalitat o por vía judicial.

La normativa parece no convencer a nadie. Las plataformas por el derecho a la vivienda creen que las excepciones del decreto lo convierten en papel mojado y los propietarios vuelven a sentirse desprotegidos.

El Banco de España ya ha dicho que desaconseja este tipo de medidas porque hacen que haya menos pisos de alquiler disponibles. Experiencias previas tampoco han funcionado. París y Berlín intentaron regular los precios de alquiler, sin éxito.

Las discrepancias hacen que el balón vuelva a estar en el tejado de las administraciones. De ellas dependerá frenar la especulación y garantizar a toda la ciudadanía el derecho a la vivienda.

CRÉDITOS:

Edición: Carla Pedret y Laia Ortega
Redacción: Laia Ortega, Carla Pedret, Eva Pineda, Jordi Canal, Maria Rovira y Nati Adell
Coordinación de diseño: Sílvia Costa
Diseño y maquetación: Mercè Sabanés

 

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Junio 2019

Contador desahucios mes:  17

Contador total 2019:  149

Parados – 4Suspendidos – 11Entrega llaves – 1Realojos – Ejecutados – 1

Desahucios por hipoteca 

Martes 4
Demandante: BBVA. 3r lanzamiento  #UmaroSeQueda  SUSPENDIDO
Dirección: C/ Foc Follet, 59  Barcelona (08030)

Demandante: BBVA #VilmaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ d’Alcudia, 72  Barcelona 

Jueves 27
Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Lepanto, 238 – 242  Barcelona (08013)

Desahucios por alquiler

Lunes 3
Demandante: CRITERIA CAIXA, S.A.U. 2o lanzamiento #IsabelSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Balmes, 319  Barcelona (08006)

Miércoles 5
Demandante: Inmb. 2o lanzamiento #SoluciónParaAdul PARADO en puerta
Dirección: C/ Arc del Teatre, 67 bis Barcelona (08001)

Viernes 14
Demandante: ADMINISTRACION DE FINCAS TRAVÉ, S.L.  #SoluciónParaMoira PARADO en puerta
Dirección: C/ Almería, 20 Barcelona (08014)

Lunes 17
Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Casals, 19, 1º 2ª de Barcelona (08042)

Jueves 20
Demandante: DESARROLLOS EMPRESARIALES MATARO, S.L. #DianaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: Carretera de la Bordeta, 92  Barcelona (08014)

Martes 25
Demandante: Inmb. lanzamiento #SoluciónParaAziz PARADO en puerta
Dirección: C/ Balboa, 10  Barcelona (08003 Barceloneta)

Desahucio abierto segunda quincena junio

Demandante: Inmb. #SolucionParaMakechu EJECUTADO
Dirección: C/ Sors, 12, Barcelona (08024 Gracia)

Demandante: Inmb. #SoluciónParaMónica ENTREGA LLAVES
Dirección: C/ Consejo de Ciento 217, Barcelona

Desahucios por ocupación

Martes 4
Demandante: AVIR INVESTMENTS 2016, S.L.U. 3r lanzamiento #MiriamSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ San Manuel, 17 Barcelona (08031)

Miércoles 5
Demandante: BUDMAC INVESTMENTS II, S.L.U.  #JesicaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ del Salvador, 18 Barcelona (08001)

Martes 11
Demandante: BBVA 5o lanzamiento SUSPENDIDO
Dirección: C/ Alcudia, 72 – 74 Barcelona (08016 Nou Barris)

Lunes 17
Demandante: AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA #SoniaSeQueda  SUSPENDIDO
Dirección: C/ Pla de Fornells, 76 Barcelona (08042)

Martes 18
Demandante: BBVA 3r lanzamiento #BenceslaoSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Calderón de la Barca, 39  Hospitalet de Ll. (08906)

Miércoles 19 
Demandante: Inmb. 2o lanzamiento #SoluciónParaPurificación PARADO en puerta
Dirección: C/ Padilla, 359 Barcelona (08025)

¡Si se puede Stop desahucios! Junio 2019