Un miembro de PAH-BCN, entre la treintena de activistas multadas en un desahucio en la izquierda del Eixample
Desde la llegada del nuevo consejero, Miquel Sàmper, el cuerpo de Mossos d’Esquadra ha incrementado su represión contra el movimiento en defensa del derecho a la vivienda
El pasado 7 de noviembre entró en vigor el Decreto Ley 37/2020, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda, que introduce medidas de suspensión temporal de aquellos desahucios de grandes tenedores, al tiempo que insiste en la obligación de ofrecer alquiler social en los supuestos previstos en la Ley 24/2015. Conseguida gracias a una iniciativa legislativa popular y a la presión ciudadana, la Ley 24/2015 fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya y fue pionera en Europa. Posteriormente se vio ampliada, de nuevo gracias a la fuerza del movimiento por la vivienda, por los decretos ley descritos.
El Gobierno presentó estas nuevas iniciativas como muestra de que está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar la ejecución de lanzamientos. Sin embargo, este discurso choca de lleno con la forma en que se está procediendo desde el Departamento de Interior, liderado desde principios de septiembre por el nuevo consejero Miquel Sàmper.
Durante la ejecución de desahucios, que no deberían tener lugar, nos estamos encontrando con dispositivos policiales y de unidades antidisturbios desproporcionados, que ponen en riesgo la salud de las afectadas, de las vecinas y de toda la comunidad.
Las activistas somos identificadas y sancionadas de manera sistemática, con multas desde 601 euros por persona, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. Se nos criminaliza por denunciar pacíficamente violaciones de derechos que deberían estar tutelados por la Administración. Las sanciones, en virtud de la Ley 24/2015 y la Ley del Derecho a la Vivienda, deben ser para los especuladores que promueven desahucios sin ofrecer el alquiler social, no para las que defendemos los derechos humanos, que en ningún caso podemos ser sancionadas por ejercer el derecho de manifestación, tal como queda patente según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El último ejemplo, las sanciones tramitadas contra más de una treintena de activistas por un desahucio a principios de octubre en el barrio de la Izquierda del Eixample, entre los que se encuentra un activista de PAH Barcelona, que se acercó ese día a dar su apoyo.
Exigimos a la Generalitat y al Departamento de Interior (ERC y JuntsxCat) que cesen en su ataque a la protesta pacífica, que garanticen la suspensión de todos aquellos desahucios instados por sus instituciones y que sigan blindando, desarrollando y ampliando la protección del derecho a la vivienda. Tenemos sospechas fundadas de que hay nuevos protocolos de los Mossos d’Esquadra para aplicar las sanciones previstas en la ley mordaza a las activistas por el derecho a la vivienda, con el fin de asustar y desincentivar a la ciudadanía a luchar por sus derechos. Nos quieren solas y atemorizadas, pero nos encontrarán juntas y en comunidad, alegres y combativas. Desde ahora, anunciamos expresamente que recurriremos estas sanciones hasta donde haga falta, hasta que estas sean anuladas. En un contexto de crisis y con más falta de recursos que nunca, ¿será aceptable que el Gobierno y el Departamento de Interior destinen recursos económicos a impulsar estas multas y sufragar gastos judiciales para todos los procedimientos de recurso?
Al mismo tiempo, al Gobierno del Estado (PSOE y Unidas Podemos), le exigimos la aprobación de un decreto urgente que detenga todos los desahucios, y la derogación inmediata de la ley mordaza, tal como prometieron en su acuerdo de gobierno de coalición. Es indignante que no se anule este instrumento represivo dirigido a la lucha pacífica por la justicia social, que nos acerca al Estado policial y nos aleja de la democracia, como ya han dicho organizaciones por los derechos humanos, como la misma Amnistía Internacional.
Finalmente, insistimos a la judicatura para que suspenda todos los desahucios de inmediato, sin excusas, y aplique las leyes vigentes de forma garantista. Ante una pandemia global como la que estamos viviendo, no tiene ningún sentido pedir a las familias vulnerables que cumplan un toque de queda en las noches para evitar contagios y expulsarlas de sus casas a la mañana siguiente.
Nosotras, junto al resto de colectivos, seguiremos siendo la última barrera ante los desahucios. ¡Luchamos por lo que es justo y lo seguiremos haciendo, la represión no nos detendrá!
¡Sí SE PUEDE!
