Compartim el reportatge publicat originalment a Catalunya Ràdio que tracta la problemàtica actual de l’habitatge i en el què han participat vàries persones de la PAH Barcelona.
Vivienda, entre el derecho y la mercancía
«Todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”
Artículo 47 de la Constitución española
Primero fue el precio de compra y ahora el de alquiler. El encarecimiento de la vivienda ha abocado a muchos ciudadanos a situaciones complicadas y, en algunos casos, desesperadas: vivir en condiciones insalubres, elegir entre tener luz o pagar el alquiler, poder permitirse solo una habitación u ocupar un piso vacío.
Se calcula que en Cataluña hay 11.000 personas sin hogar y 53.000 en situación de exclusión residencial. Esto, mientras una Barcelona cada vez más gentrificada se convierte en un polo de atracción para inversores de todo el mundo, incluyendo compañías como la norteamericana Blackstone, que, con una inversión de más de 20.000 millones de euros desde 2012, es el fondo con más propiedades inmobiliarias de España.
La gentrificación es un fenómeno urbano que expulsa a las clases populares de los barrios céntricos. Los vecinos y vecinas de toda la vida son sustituidos por personas con más poder adquisitivo, que quieren vivir en zonas de moda y próximas a la oferta cultural y de ocio.
Si a este fenómeno se le suma un turismo masivo, ciudades como Barcelona se convierten en un caramelo para los grandes tenedores. Pero la tendencia al alza de los alquileres no solo afecta a Barcelona. El casco antiguo de Girona ha visto un aumento de los precios de hasta el 40%, en medio de una efervescencia turística alimentada por acontecimientos globales como el rodaje de la serie «Juego de tronos».
Evolución del precio medio de los contratos de alquiler en diversos municipios
Raquel Aparicio, su marido y sus dos hijas menores lo sufrieron de primera mano. Después de siete intentos, los echaron del piso donde vivían.
Raquel recuerda la angustia cuando sentía un portazo o veía un policía en la calle, y el momento en que la orden de marchar llegó:
“Cogí las niñas y me encerré en la habitación. No era capaz de pensar.”
Una de las siete peticiones para echar a Raquel era un desahucio abierto. Con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio Desc y el Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha llevado su caso al Tribunal Constitucional. Es el primero sobre un desahucio abierto que llega a este órgano judicial.
La sentencia puede tardar dos o tres años. A pesar de que a Raquel ya no le servirá, la resolución puede establecer un precedente para otras familias y suponer un primer paso para, si es necesario, llegar a la justicia europea.
Mientras espera recibir un piso de la Mesa de emergencia, ella y su familia se alojan en un aparthotel que paga el Ayuntamiento de Barcelona.
Cataluña recuperó el año pasado la llamada ley antidesahucios y contra la pobreza energética, que había quedado suspendida durante dos años por un recurso del PP en el Constitucional.
Esta ley, surgida de una ILP, obliga a bancos, inmobiliarias y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables y evitar así que se queden en la calle. El incumplimiento les puede conllevar sanciones. Los particulares están exentos aunque sumen un número considerable de propiedades.
La legislación, sin embargo, no ha comportado las soluciones esperadas. Por motivos diferentes, Manuela, Juan Carlos, Fadoua, Roger o Míriam no pueden permitirse una vivienda digna. Son la cara visible de las disfunciones del sistema.
Clica en cada imagen para saber su historia:
Cuando la pensión no alcanza para pagar el alquiler
Alquileres demasiado elevados, pensiones precarias y sueldos insuficientes explican una parte del problema. La Administración debería ofrecer alternativas, pero sus servicios están saturados.
Albino lleva dos años esperando un piso. Dos décadas trabajando en la mina le provocaron bronquitis crónica y silicosis, una inflamación de los pulmones por inhalación de polvo de sílice. Una máquina le ayuda a respirar, pero cada dos semanas debe ingresar de urgencias en el Hospital del Mar.
Albino vive de alquiler en el Raval en un piso sin ascensor. Cobra una pensión de 1.000 euros y paga 430 de alquiler gracias a una ayuda. Su mujer, con obesidad mórbida, hace casi 2 años que no sale a la calle porque no puede bajar las escaleras. Con sus problemas respiratorios, a él también le cuesta mucho salir de casa.
A pesar de tener dos pensiones, Albino y su mujer no se pueden permitir un piso a precio de mercado
Un arquitecto del Ayuntamiento certificó que el piso donde estaban no era apto y los aceptaron en la Mesa de emergencia. Los médicos del Hospital del Mar hicieron informes sobre su estado de salud para que los Servicios Sociales agilizaran los trámites, sin resultado: el 27 de octubre hará dos años que esperan.
Aún le queda un año de contrato, pero Albino reconoce que no puede más:
“Tengo que mover cielo y tierra, pero un año más aquí no aguanto, ¡es que no aguanto ni dos meses!”
Las personas mayores están en el ojo del huracán. La pensión media en Cataluña es hoy de unos 1.000 euros, según el Instituto de Estadística de Cataluña, poco más de los 930 euros que cuesta un alquiler de media en Barcelona.
Tener una propiedad tampoco es sinónimo de tener ingresos suficientes. Muchos pensionistas se ven obligados a complementar la pensión con productos como la nuda propiedad, la renta vitalicia o la hipoteca inversa, opciones que toman un piso como garantía. Estas fórmulas interesan especialmente a bancos e inversores porque les permiten adquirir viviendas a precio de ganga. Antes de contratarlas, conviene asesorarse y mirar bien la letra pequeña.
Si se tiene en cuenta que en 2030 una de cada cuatro personas en Cataluña tendrá más de 65 años y que la mitad de los nuevos hogares hoy son de alquiler, parece que el problema no ha hecho más que empezar.
Los nuevos damnificados del mercado inmobiliario
Aunque inadecuado, Albino y su esposa tienen un techo y esto hace que su situación no sea considerada de extrema urgencia.
Para los casos más graves y de necesidad inmediata, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha a finales de 2015 el Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO). Atiende cada semana unos 70 casos, pero en momentos punta puede llegar al centenar.
El objetivo del SIPHO es mediar, acompañar y orientar a las personas afectadas por desahucios para evitar situaciones traumáticas.
Una técnica del SIPHO en un desahucio en Nou Barris
Sus responsables reconocen que la mediación no siempre es posible y que sería necesario mejorar la coordinación, tanto con los Servicios Sociales como con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los desahucios son los casos más graves y los que más han salido en los medios, pero no son el único problema ni el más numeroso en relación con el acceso a la vivienda. Hay un gran número de personas que, a pesar de tener un contrato de trabajo, no se pueden permitir un alquiler o una hipoteca. Son lo que se conoce como la clase trabajadora empobrecida. En Cataluña hay más de medio millón.
Esta es la situación de Yoli. Con su marido en el paro, su sueldo no era suficiente para llegar a fin de mes y pagar el piso. Los desahuciaron.
Ahora trabajan ambos, pero no se pueden permitir la fianza de un alquiler.
“Es una vergüenza. ¿De dónde quieren que saquemos 3.500 euros?”
Viven en una habitación que les cuesta 500 euros al mes porque no cumplen los requisitos para acceder a una ayuda al alquiler.
Para beneficiarse de ella, se tiene que cobrar menos de 21.257 euros anuales viviendo solo, y pagar menos de 900 euros de alquiler, unos criterios que han quedado obsoletos.
Yoli critica la falta de opciones para las personas que no tienen ahorros
¿Existen pisos asequibles?
Si no se cumplen los requisitos para acceder a una ayuda, existe la opción de acudir a la bolsa de alquiler social. Son pisos que los propietarios han cedido al Ayuntamiento a cambio de garantías y ventajas económicas, pero hay mucha demanda.
La otra opción es solicitar una vivienda de protección oficial. En 8 años, la lista de espera se ha doblado. Solo el año pasado se inscribieron más de 125.000 familias, y solo se terminaron de construir 677 nuevas viviendas.
En los años 60, Barcelona disponía de 200.000 pisos de protección oficial, pero ahora solo quedan 19.000 con esta calificación. Sin esta reducción, la vivienda pública representaría hoy un tercio del parque inmobiliario de la ciudad.
A la poca oferta se suman el mal uso y el abuso. El Ayuntamiento de Barcelona comenzó el año pasado a hacer inspecciones de oficio a los pisos de protección oficial. De los 2.500 que ha revisado, ha encontrado irregularidades en casi el 10%.
Los problemas para acceder a un piso han hecho que diversas entidades también se arromanguen para encontrar soluciones. Es el caso de la Fundació Hàbitat3, que busca pisos vacíos para familias vulnerables.
Los propietarios que participan cobran entre un 10 y un 20% menos que el precio de mercado a cambio de un compromiso de pago y que el piso será devuelto en buenas condiciones. En caso de que sea necesaria una rehabilitación, la Fundación se hace cargo de una parte.
Los propietarios y las reticencias a alquilar
En la otra cara de la moneda están los propietarios, que denuncien presiones y desprotección.
Montserrat Calvet, abogada, hace más de 20 años que representa propietarios. Afirma que antes no se llegaba al desahucio porque se alcanzaban acuerdos, pero ahora la situación es muy diferente.
“Muchas veces es el inquilino el que no tiene interés en hablar con el propietario y llegar a un acuerdo. Te dicen directamente que les interesa que pongas una demanda para que, de este modo, a través de la Administración, se les acorta el plazo para acceder a un piso social.”
El proceso judicial para autorizar un desahucio debería resolverse en tres meses, pero acaba alargándose nueve meses de media. Si es un caso complicado, el trámite puede durar hasta dos años.
Muchos propietarios se sienten indefensos ante la lentitud de los procesos judiciales
¿Viena, la solución?
Todo el mundo –la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y entitades sociales como el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos – coinciden en que hay un problema de acceso a la vivienda y que habría que construir más vivienda pública, que ahora no llega al 2%.
El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado 700 pisos para incorporarlos al mercado de alquiler y ha creado la Unidad contra la Emergencia Residencial. «La buena voluntad está», dicen desde la plataforma “Fem Sant Antoni”, pero consideran que no es suficiente porque continúa la expulsión de vecinos y vecinas y de comercios de toda la vida, y no solo en este barrio. La mancha se extiende ahora al Poble-sec.
Los promotores también piden hacer más vivienda privada y hablan de construirla asequible, pero desde el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos reclaman como necesaria la regulación.
El arquitecto David Bravo, experto en gentrificación, defiende un cambio de paradigma y propone como inspiración el modelo de Viena. En la capital austriaca hay un tercio de vivienda de alquiler público, un tercio gestionado por cooperativas y un tercio de alquiler privado regulado.
La gran pregunta es: ¿Cómo se puede aplicar este modelo aquí? En los años 60 el parque de alquiler en Barcelona era del 70% y el de propiedad de 30%. Ahora es todo lo contrario. David Bravo cree que es posible revertir los porcentajes porque, además de las viviendas y locales infrautilizados, hay suficiente suelo para construir pisos nuevos; por ejemplo, los terrenos municipales de la Feria de Montjuïc o cubriendo las Rondas.
Para frenar la subida de precios, la Generalitat ha aprobado vía decreto aplicar topes a los alquileres. Se toma como límite el índice de referencia, es decir, el precio medio de la zona, calculado a partir de los contratos depositados en Incasòl y añadiéndole un 10%. No hay sanciones para los propietarios que se salten las limitaciones del decreto. Los inquilinos que paguen por encima del tope podrán reclamar la diferencia con la mediación de la Generalitat o por vía judicial.
La normativa parece no convencer a nadie. Las plataformas por el derecho a la vivienda creen que las excepciones del decreto lo convierten en papel mojado y los propietarios vuelven a sentirse desprotegidos.
El Banco de España ya ha dicho que desaconseja este tipo de medidas porque hacen que haya menos pisos de alquiler disponibles. Experiencias previas tampoco han funcionado. París y Berlín intentaron regular los precios de alquiler, sin éxito.
Las discrepancias hacen que el balón vuelva a estar en el tejado de las administraciones. De ellas dependerá frenar la especulación y garantizar a toda la ciudadanía el derecho a la vivienda.
CRÉDITOS:
Edición: Carla Pedret y Laia Ortega
Redacción: Laia Ortega, Carla Pedret, Eva Pineda, Jordi Canal, Maria Rovira y Nati Adell
Coordinación de diseño: Sílvia Costa
Diseño y maquetación: Mercè Sabanés
