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El alquiler nos ahoga y el PSOE pretende que lo siga haciendo

La reforma de la LAU propuesta por el PSOE sigue dando la espalda a los derechos de las inquilinas y poniendo la alfombra roja a la especulación, y aún no recoge medidas para la regularización de los precios

Que en España se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional es algo reconocido por casi todo el mundo. Mañana martes, el Congreso votará la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Leído el mismo, resulta que, tras un preámbulo en el que se hace un diagnóstico acertado ‒ya que parte del reconocimiento del Derecho a la Vivienda como un derecho fundamental, de reconocer también la insignificancia del Parque Público de Vivienda Social, de admitir la obligación de cumplir el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)‒, finalmente el Gobierno cede a la presión de los fondos buitre y la banca, y aprueba una serie de recetas incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito, ya que:

  • No propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de viviendas deshabitadas que señala el INE.
  • Aunque reconoce la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adopta ninguna medida para abaratarlos.
  • No limita los incrementos de renta vinculándolos al IPC.
  • La comunicación entre juzgados y Servicios Sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que, como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas.
  • El PIDESC se infringe y se seguirá infringiendo cada vez que se produzca un desalojo forzoso a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • A pesar de reconocer como fundamental el Derecho a la Vivienda adecuada, el acceso a la misma sigue vinculado exclusivamente al nivel de renta de cada persona o familia, sin que se garantice el derecho de acceso a las personas sin renta o con rentas insuficientes.
  • No permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas, al no incluir la elaboración de índices de referencia de los precios.

Frente a esta emergencia, el PP ‒todavía más partidario de los fondos buitre, a quienes Ana Botella vendió un importante número de viviendas sociales de Madrid‒ reacciona, utilizando la Ley de Vivienda de la PAH, presentando una enmienda a la totalidad, con la que pretende anularla y enmendar a la vez el real decreto del Gobierno, revirtiendo los escasos avances del mismo en relación con la ampliación de la duración de los contratos.

¿Qué dice la PAH en materia de alquileres?

  • Cumplimiento del PIDESC: Ningún desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Duración de los contratos: 5 años si el propietario es persona física con más de 5 viviendas en propiedad, o 10 años si es persona jurídica.
  • Los precios del alquiler estarán subordinados al índice de referencia de precios.
  • Los aumentos de renta no podrán subir por encima del IPC.
  • En caso de cambio de inquilina, el alquiler en el nuevo contrato no podrá superar al anterior en más del 1,5%.
  • Limita la fianza a una mensualidad de alquiler.
  • Modifica el régimen fiscal de las Socimis, para que tributen al 40% en el impuesto de sociedades.
  • Promueve la cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores que hayan recibido dinero público.
  • Establece la obligación de generar parque público de vivienda.
  • Aumenta el IBI a las casas injustificadamente vacías y,
  • Prohíbe la venta de viviendas del parque público.

Por todo esto, desde la PAH lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público o el híperliberalismo del mercado y limitara y redujera los precios, o que garantizase el cumplimiento del PIDESC.

Sin embargo, ahora que la complicidad del PP con los especuladores ha posibilitado el desbloqueo que junto a Cs mantenían de la Ley de Vivienda de la PAH, su trámite urgente, y la aplicación de las medidas que contiene, pueden facilitar el que el acceso a la vivienda en España deje de ser un privilegio y pase a ser un Derecho, y por conseguirlo seguiremos luchando.

¡Sí se puede!

#RegulaciónAlquileresYa

Ayer nos movilizamos en Madrid, Valencia, Iruña, Manresa, Málaga y Barcelona para exigir que el decreto sobre alquileres…

Gepostet von PAH Barcelona am Dienstag, 22. Januar 2019

¡Hemos vuelto a hacer posible lo imposible: recuperamos la Ley 24/2015 para parar desahucios y ampliar el parque de alquiler social!

Las medidas clave de vivienda impugnadas de la Ley 24/2015 volverán a ser vigentes en Cataluña

Martes 30 de octubre de 2018

Hoy martes 30 de octubre, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado firman el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. Este importante hito que anunciamos, ha sido posible gracias a las familias que cada día están a pie de calle parando desahucios, a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero recordamos porque nos dan fuerza para seguir batallando, a las 150.000 personas que firmaron para parar los desahucios en Cataluña, y a todas las entidades que nos han apoyado en el camino de hacer posible lo imposible. 

Por fin podemos decir con orgullo que hemos recuperado la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el PP, obedeciendo a la banca, impugnó en mayo de 2016. Después de recoger 150.000 firmas con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2015 y conseguir que el Parlamento de Cataluña la aprobara por unanimidad, el Partido Popular puso un recurso a la ley que paraba los desahucios y daba herramientas para ampliar el parque de vivienda social a los municipios.

Sabemos que la banca daba por sentenciada y enterrada la Ley. Pero la esperanza y la solidaridad han ganado de nuevo la partida. La fuerza que hizo posible su aprobación, con un apoyo social agobiante y por unanimidad en el Parlamento, y la defensa incansable en la calle que salvó la parte de pobreza energética del recurso del PP, ha funcionado de nuevo y ha posibilitado contra todo pronóstico recuperarla después de la caída del PP del Gobierno del Estado.

Después de luchar contra el ignominioso recurso del PP, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos valentía y coherencia a los nuevos gobiernos de la Generalitat de Cataluña y del Estado para recuperar una herramienta que funcionaba y daba soluciones a miles de familias en Cataluña. Lo hicimos desde la urgencia que pide frenar de una vez por todas la emergencia habitacional: la situación ingobernable de desahucios ejecutados en Cataluña ‒61 desahucios diarios, liderando el ranking de la vergüenza‒, y el colapso de las Mesas de emergencia, con unas 2.000 familias en lista de espera. No había excusas para no recuperar la ley y garantizar el derecho a la vivienda. Desde julio hemos estado trabajando para recuperar la ley más garantista en materia de vivienda: hubiera tenido que ser mucho más sencillo, al tratarse de un compromiso que asumió el PSOE cuando fue impugnada y al haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento. Pero ha sido la esperanza y la solidaridad quien ha ganado el pulso a los especuladores que viven de hacer negocio con los derechos fundamentales.

Los efectos concretos sobre la vida de las personas son muy importantes: hacemos público un resumen y en los próximos días difundiremos el detalle de las herramientas de que dispondrá la ciudadanía, entidades sociales y ayuntamientos para defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos:

  1. Después de que el viernes el Consejo de Ministros lo ratifique y comunique al Tribunal Constitucional para que cierre el procedimiento, recuperaremos dos herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar las viviendas de alquiler social: 
  • Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios (artículo 5, apartados 1-2-3-4 y 9): para los desahucios en curso y para los nuevos procedimientos; no hacer la oferta de alquiler o no respetar los precios sociales que marca la Ley comporta multas de 90.000 euros.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a las administraciones para alquiler social (artículo 7): la Generalitat y los ayuntamientos pueden usar esta herramienta recuperada. Las listas de espera para las Mesas de emergencia se tienen que acabar con inmediatez.
  1. Las medidas contra el sobreendeudamiento: se recuperan con carácter extrajudicial y de mediación entre la banca y las deudoras, porque los dos gobiernos han acordado recuperar los artículos de la Ley 4/2016, que son menos vinculantes y efectivos. La PAH seguirá exigiendo dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y en el Congreso con la #LeyViviendaPAH.
  2. La obligación de realojo por parte de las administraciones y ayudas para los desahucios de pequeños propietarios (artículo 5.6): no fue impugnada y sigue vigente, con la diferencia de que ahora tenemos la cesión obligatoria para obtener las viviendas sociales que se necesitan.
  3. Las medidas contra la pobreza energética y los cortes: las salvamos del recurso y nunca han dejado de estar vigentes (artículo 6): por eso toda familia vulnerable tiene garantizados los suministros básicos de agua, luz y gas. Es imprescindible que se firmen los convenios y que las empresas suministradoras asuman las deudas de las familias vulnerables, a cargo de sus ingentes beneficios.

Hoy podemos decir que hemos conseguido aquello que nos decían que era imposible. A partir de hoy seguiremos atentas para que se cumplan y se apliquen al 100% las leyes sociales nacidas en la calle. Hoy hemos subido definitivamente un escalón en la escalera de la conquista de los derechos sociales, que no bajaremos nunca más.

Ahora más que nunca exigiremos que se cumpla la Ley hasta la última coma. Avisamos a la banca, fondos buitre y eléctricas, que no toleraremos ningún intento más de eludir sus responsabilidades. Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de hacerlo. También velaremos por que las Administraciones públicas apliquen con firmeza todas las medidas para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de toda la población, en especial, de las personas más vulnerables. Quien no lo haga nos tendrá delante.

Una vez más hemos demostrado que sí, que se puede. Ahora toca pasar página a los desahucios y a los cortes de suministros en Cataluña, ¡sin excusas! ¡Seguiremos exigiendo todos los cambios que faltan (aumentar el parque público al 15%, modificar la Ley de arrendamientos, etc.) para conseguir recuperar nuestro derecho a la vivienda!

¡Gracias a todas! ¡Nos vemos en las calles y el domingo 11 de noviembre en Barcelona para celebrarlo juntas!

La legitimidad del Tribunal Supremo en entredicho una vez más

Suprema vergüenza tras la información del Tribunal Supremo de dar marcha atrás en la sentencia de los impuestos de las hipotecas

El Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ha tomado una decisión que provoca vergüenza suprema. Después de que la Sección Segunda de la Sala dictara e hiciera pública una sentencia declarando que la obligación del pago de los impuestos derivados de la firma de una hipoteca corresponde a los bancos y no a los consumidores, el Presidente de la Sala ha ordenado la paralización de su aplicación, así como de la tramitación de todos los recursos pendientes sobre este tema, hasta que el Pleno de la Sala (31 jueces) ratifique o no la decisión de sus compañeros.

No es la primera vez que este Tribunal opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen. Recordemos cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, y tuvo que ser el TJUE en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.

También en materia de cláusula de vencimiento anticipado, tras la sentencia del TJUE en enero de 2017, y para no cancelar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, planteó otra cuestión prejudicial ante el TJUE, o cuando ha aceptado moderar cláusulas abusivas en lugar de anularlas, como viene reiterando el TJUE.

La Sala de lo Contencioso ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil, como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio, o la de julio de este mismo año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos; y los poderes económicos han debido de hartarse ya y han decidido presionarla para que hagan Justicia, e impedir que sigan haciendo su propia justicia.

Desde la PAH denunciamos esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda, aunque para nosotras no es nuevo el tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los vulnerables.

Ahora le toca al Tribunal Supremo defender el porqué de este cambio de rumbo. Es alarmante ver el poder que amasan los bancos y las entidades financieras, llegando al extremo de ser capaces de que el TS se desdiga en pocas horas tras haber pronunciado una sentencia. La sentencia inicial dicta que las consumidoras podrán recuperar, sin definir si con carácter retroactivo o no, los gastos de gestión de las hipotecas. Una sentencia que pone de manifiesto algo que desde la PAH llevamos 9 años denunciando y que por suerte ya no lo decimos solo nosotras, nos dan la razón jueces, abogadas, partidos políticos o la mismísima ONU.

La PAH seguirá defendiendo el sistema democrático y utilizará todos los mecanismos jurídicos y de movilización contra quienes quieren romper un sistema de convivencia basado en la justicia y la dignidad. Proteger el sistema democrático es defendernos de quienes creen que pueden romper con total impunidad nuestro sistema de convivencia. Seguiremos defendiéndolo, como siempre .

Hay que decir basta ante este nuevo ataque de la banca y exigirles que devuelvan lo robado, y seguir avanzando para lograr esa reforma de la Ley Hipotecaria, que incluya la dación en pago retroactiva, como tenemos recogido en la Ley Vivienda PAH, para empezar a legislar a favor de las familias y no a favor de los engaños que ya se destaparon con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la estafa mal llamada crisis.

Un paso importante hacia la aprobación del 30% de vivienda asequible

Nueva reunión con los grupos municipales para valorar los últimos informes jurídicos y económicos que avalan la medida

Ayer, 13 de septiembre, el grupo promotor de la moción de ampliación del parque asequible en la ciudad de Barcelona convocó a los grupos municipales a una sesión de trabajo. El objetivo era compartir y valorar los informes jurídicos y económicos técnicos que avalan que la medida es solvente jurídicamente y viable económicamente. Estamos en la recta final para hacer efectiva la medida, la votación final será el 28 de septiembre y la previa en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad el próximo miércoles 19, y por ello hay que dejar claras todas las posturas y remarcar los compromisos que los grupos municipales hicieron efectivos el mes de febrero cuando la moción fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento por todos los grupos, excepto el PP.

En la reunión se presentó un importante informe jurídico elaborado por el Secretario del Ayuntamiento de Barcelona. Las conclusiones son relevantes: desde la perspectiva jurídica la propuesta es plenamente sólida; la ensambladura competencial, la base legal y la fundamentación de la medida quedan plenamente avaladas por la Secretaría Municipal. El secretario ha sido claro y contundente: la medida es viable y las discusiones pueden tener lugar en el ámbito político, pero la viabilidad jurídica es clara.

De la reunión también hay que destacar que existe un consenso muy amplio sobre la necesidad de extender la medida a toda el área Metropolitana, pero el mismo Secretario ha dejado claro que este elemento no tiene que ser un impedimento para implementarla en el ámbito municipal, porque este freno llevaría a la inacción, cuando el Ayuntamiento es plenamente competente en la materia.

Esta argumentación por parte de una figura como la del Secretario Municipal, ajeno a todo partido político y altamente respetado como garante de la fe pública y de la legalidad plena de las actuaciones de los ayuntamientos, es un elemento de seguridad jurídica clave, pues algunos actores, como parte del sector inmobiliario, lo habían puesto en duda.

Por último, también conocimos una ampliación del informe de sostenibilidad económica de la medida, que de nuevo avala su viabilidad actualizando las cifras de los precios del suelo y la viabilidad de la actividad económica del sector una vez se aplique. El Grupo Promotor explicó a los grupos municipales las alegaciones presentadas en el mes de julio, que van en el sentido de consolidar y mejorar la efectividad del 30% una vez se aplique, fomentando que las nuevas viviendas de protección oficial que consigamos sean de alquiler y de gestión pública o social.

En los próximos días seguiremos teniendo reuniones de trabajo bilaterales con los grupos políticos, y el próximo miércoles estaremos presentes en la comisión de urbanismo, una fecha clave donde ya se podría decidir el resultante de la votación en el pleno del 28 de septiembre.

No queremos perder la ocasión para invitar a toda la ciudadanía el próximo jueves 20 a las 19 h en la Lleialtad Santsenca a un acto público abierto a toda la ciudad, con el objetivo de crear un espacio donde podremos escuchar diversas voces reconocidas que nos ayudarán a entender el reto que tenemos delante en materia de vivienda y ciudad, así como la necesidad de activar sin perder más tiempo la medida del 30%.

Queremos compartir el momento clave en el que estamos para que salga adelante y poner en relieve el apoyo transversal que tiene la medida. ¡Os esperamos!

Seguiremos trabajando por que la medida se lleve a cabo y sea aprobada definitivamente: ¡La ciudad y el derecho a la vivienda lo hacen imprescindible!

#VolemEl30

Acontecimiento de Facebook

México. Taller de capacitación ciudadana para la defensa frente a los desalojos forzosos

El pasado 29 de marzo participamos en el Taller de capacitación ciudadana para la defensa frente a los desalojos forzosos, realizado en México y organizado por la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), la red global por los derechos vinculados al hábitat. A través de la solidaridad, la articulación y el apoyo a movimientos y organizaciones sociales, HIC lucha por la justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental, y trabaja por la defensa, la promoción y la realización de los derechos humanos vinculados a la vivienda y a la tierra, tanto en el campo como en la ciudad.

Lo hicimos mediante un par de vídeos explicativos de qué es la PAH y de sus luchas, que os queremos compartir.

Una gran experiencia que, una vez más, demuestra lo global de nuestra lucha, y desde aquí queremos agradecer el que contaran con nosotras a pesar de la distancia.

Os compartimos las palabras de agradecimiento que nos mandaron tras el visionado del vídeo. También nos ayudan a entender la situación que viven en otros países, lamentablemente muy parecida a la que vivimos aquí, con la especulación colonizando nuestras ciudades:

Quería agradecerte mucho el video que nos mandaste para el taller de defensa sobre los desalojos. Lo pasamos ayer y los compañeros quedaron muy impactados, hubieron lágrimas y mucha emoción, algunas preguntas y ganas de articular más con ustedes. 

La situación de los alquileres planteada en el vídeo es muy similar a la de México. El hecho que llegue una empresa a querer desalojar edificios que acaba de adquirir, es la razón quizás más frecuente para llevar a cabo un desalojo hoy en la Ciudad (muchas personas están particularmente desprotegidas, ya que son poseedoras sin mayores títulos, muchos dueños han muerto y los edificios han quedado intestados, los inquilinos ya no tienen contrato ni pagan los servicios y un buen día aparece una empresa diciendo ser dueña del inmueble, aun cuando con mucha probabilidad lo consiguió a través de corrupción). Aun así, estas son suposiciones, ya que no se cuenta con un registro claro que mucha falta nos haría. Otro problema es que de este lado del mar los desalojos se llevan a cabo con frecuencia sin notificación (lo que dificulta organizarse para pararlos, lo que sí se lograba hace años), con un despliegue brutal de fuerza pública fuertemente armada que mientras desaloja roba pertenencias y saca a la calle las personas con brutalidad, y que incluso se apoya en golpeadores que, obviamente, no se identifican y hacen lo que se les viene en gana (se ha llegado a hablar casi de una fuerza paramilitar pagada por las empresas).

En las sesiones previas del taller ha surgido la propuesta de elaborar una iniciativa de ley popular inquilinaria. Esta posibilidad es bastante nueva en la ciudad y la idea es poderla explotar aun cuando existen varias trabas para hacerlo. Por lo anterior, los colegas del curso estarían interesados en conocer su propuesta de ley sobre el tema. Quizás más adelante sería muy lindo organizar una charla más detallada sobre este asunto.

Mi colega Laura tomó unas fotos para compartir. Las personas que verás en la imagen son representantes de diferentes colectivos, algunos recientes, más de clase media-baja, y otros históricos.

Muchísimas gracias una vez más y seguimos en comunicación.

¡Contacta con la PAH, no estás sola!

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Qué es la PAH

La PAH de Barcelona es una plataforma de acción que reúne a afectadas por hipotecas, alquileres y ocupación, formada por personas voluntarias solidarias en defensa de la ciudadanía ante la usura bancaria

Contacto

lapahdebarcelona@gmail.com
C/ Leiva, 44, Barcelona
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Tel. 611 306 456 (Lunes, miércoles y viernes de 15 a 19 h)
 

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