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En el 70º aniversario de la Declaración Universal de los #DerechosHumanos el CGPJ publica los datos de desahucios del 3er trimestre

2.531 desahucios en Cataluña en el 3er trimestre del 2018 y sumando

Hoy se publican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 3er trimestre del 2018 el mismo día que se cumplen 70 años de la declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal como establece el artículo 25 de la declaración:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

O el artículo 47 de la constitución Española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.  La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

En el 2018, en el Estado español, se sigue vulnerando el derecho a la vivienda y se sigue haciendo por la inoperancia de los partidos políticos que en lugar de velar por las ciudadanas lo hacen por los intereses económicos; falta voluntad política para cambiar leyes que rescaten a la ciudadanía. Así lo corroboran los 10.508 desahucios que se han producido desde enero del 2018 hasta el día de hoy en Cataluña. Los datos no lo esconden, desde 2013 hasta el 3r Trimestre se han producido más de 371.036 desahucios en todo el Estado, siendo Cataluña la comunidad que lidera el ránking de la vergüenza. Sólo en este 3r trimestre ya son 2.531 las familias que han sido desahuciadas de sus casas. El 64% de los desahucios producidos son debidos a impagos de alquiler. 

Es urgente tomar cartas en el asunto, hay vidas en juego, literalmente. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que no siga legislando como los anteriores Gobiernos y que sea valiente para legislar en los términos de la #LeyViviendaPAH: protegiendo a los más débiles de los contratos hipotecarios, haciendo una moratoria de todos los desahucios a las familias vulnerables, reformando una LAU que garantice más estabilidad y acceso al alquiler, generando un parque de alquiler social con las viviendas vacías de los bancos y fondos buitres y garantizando a toda familia vulnerable el acceso a agua, luz y gas.

En las próximas semanas las PAHs en todo el Estado saldremos a las calles a exigir derecho a la vivienda y señalar a los responsables  que cada día haya desahucios en nuestras ciudades y poblaciones

¡Sí se puede!

#DiaDeLosDerechosHumanos

PorPAH_Bcn

[Comunicado] ¡Barcelona ya tiene el 30%!

A partir de ahora toda nueva construcción y gran rehabilitación deberá destinar el 30% a vivienda protegida  

El 23 de febrero la PAH de Barcelona,

​​el Observatorio DESC, la ABTS, la FAVB y el Sindicat de Llogaters i Llogateres presentamos en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona una moción para ampliar el parque de vivienda asequible que se aprobó por unanimidad. Hace dos meses, después de un intenso proceso de trabajo con los grupos municipales y los servicios técnicos municipales, el mismo Pleno aprobó con el apoyo del 80% de los concejales -todos los grupos municipales menos el PP y Ciutadans- la modificación del Plan General Metropolitano para incluir vivienda asequible en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de toda la ciudad ya consolidada. Tras superar esta fase compleja y decisiva, y aunque el 30% ya era prácticamente una realidad, faltaba que la Generalitat lo aprobara definitivamente. Lo que parecía un sencillo trámite de validación ha resultado mucho más complicado, con hasta tres reuniones de trabajo previas, con el fin de activar de manera definitiva esta innovadora medida. Las entidades impulsoras hemos seguido el proceso en primera línea procurando garantizar que el 30% no se atascase.

Hoy, miércoles 5 de diciembre de 2018, por fin podremos celebrar su aprobación definitiva a la Subcomisión de Urbanismo Generalitat-Ayuntamiento. El grupo promotor de la medida hemos defendido en todo momento que la Generalitat avale y apruebe inmediatamente el 30% sin modificar el texto que ya estaba aprobado por el Pleno de Barcelona. Ante los mencionados retrasos, hemos exigido públicamente que se desbloqueara su aprobación definitiva con urgencia y al más alto nivel, ya que el 30% es una gran oportunidad en materia de vivi

Respondiendo a esta llamada y al trabajo incansable de la ciudadanía, hoy podemos decir bien alto y orgullosas de la lucha que hay detrás, que ya tenemos el 30% en Barcelona y que ha venido para quedarse y extenderse. Numerosos son los municipios metropolitanos y de más allá que están trabajando en medidas similares: desde las entidades sociales animamos a seguir este camino y próximamente acompañaremos la extensión imparable del 30% en toda Cataluña.

Desde el grupo de entidades promotoras del 30% queremos expresar hoy nuestra inmensa alegría. De ahora en adelante, los edificios de más de 600 m² situados en suelo urbano consolidado y de obra nueva o de grandes rehabilitaciones, deberán poner el 30% de sus viviendas a precios asequibles, por debajo de los de mercado. Estamos hablando de ganar unas 400 viviendas protegidas del año: si el 30% se hubiera aplicado desde que es posible (2007) hoy tendríamos 4.000 viviendas protegidas más en la ciudad y 20.000 más en el área metopolitana. Imaginemos la aportación que podrá significar dentro de 30 años. Asimismo, no podemos obviar que esta aprobación se debería haber producido hace semanas, pero una vez más los ritmos de las administraciones no están a la altura de las necesidades sociales y la Generalitat se ha mirado con lupa el sistema de transitoriedad de la medida, retrasándola. Cabe destacar la gravedad de la situación, porque durante este tiempo han continuado entrando cientos de peticiones de licencias de obras que eludirán el 30%, problema que queríamos evitar con la suspensión de licencias, pero que varios partidos rechazaron en la aprobación inicial.  

La aprobación definitiva del 30% es un punto de inflexión, ya que es la primera vez que se aplica en Cataluña esta previsión de la Ley del derecho a la vivienda, que supone un verdadero cambio de paradigma en el urbanismo a nivel estatal. Hasta ahora la vivienda protegida sólo se podía situar en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado: como el 22 @ o la Sagrera), por tanto en la ciudad construida era prácticamente imposible incluirla. Con el 30% podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión urbana (los criterios de acceso a la vivienda protegida son extensibles al 75% de la población), igualando a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares, y por ello el parque de vivienda asequible es del 20% cuando en Barcelona y en el resto de Cataluña es del 1’5%.

Esta importante conquista por el derecho a la vivienda ha sido posible gracias a la lucha tenaz de las entidades sociales. En febrero llevamos la medida al Pleno en forma de moción, consiguiendo en los meses posteriores que la medida avanzara, superando los obstáculos y venciendo la inmensa presión que han ejercido los lobbies y los grandes poderes económicos inmobiliarios. Avisamos desde ya a quienes han tratado de tumbar la medida del 30% que no vamos a permitir que nuevas presiones o recursos a los tribunales boicoteen este avance tan importante para el derecho a la vivienda.  

Reiteramos la importancia de que la Generalitat vaya más allá y cumpla lo que ha anunciado públicamente, modificando la ley para que las viviendas protegidas no se puedan descalificar y vender, así como permitiendo que las viviendas resultado del 30% sean de alquiler y no de venta. Sólo en Barcelona tendríamos unos 200.000 viviendas protegidas (40% del parque) si no se hubieran vendido. También recordamos que esta medida por sí sola no resuelve el problema de la vivienda en nuestras ciudades y por tanto habrá que hacer muchos más cambios valientes, en favor de la gente y no de los especuladores.  Además de dar respuestas urgentes a los desahucios, acabar con las causas de la emergencia habitacional crónica que padecemos desde el estallido de la crisis y pinchar la burbuja del alquiler, la gentrificación y la expulsión de vecinas, no conseguiremos acabar con el problema de la vivienda si no damos pasos decididos para aumentar el parque de vivienda asequible. No podemos permitir que la creación del parque protegido dependa únicamente de los presupuestos públicos, porque así no llegaríamos nunca a los niveles que necesitamos: es imprescindible que el sector privado empiece a asumir responsabilidades para resolver un problema que los implica, ya que obtienen enormes beneficios a partir de nuestros barrios y ciudades, con enormes consecuencias sobre la vida de las personas.  

Finalmente, queremos dar las gracias a todo Barcelona por seguir a pie de calle: exigiendo responsabilidades a aquellos que, con tal de lucrarse, pretenden expulsarnos de nuestras casas y barrios, o asfixiarse con precios inasumibles.

¡Seguimos! ¡Por el derecho a la vivienda! # JaTenimEl30 # Hola30x100

PorPAH_Bcn

Informe III. Una mirada en profundidad a la salud de las personas afectadas por el acceso a la vivienda y la pobreza energética

Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, para él y su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia independiente de su voluntad”

Hoy 29 de noviembre, presentamos el tercer y último informe enmarcado dentro de la serie de “Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona”, elaborados conjuntamente entre la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ESF), el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observatorio DESC) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la colaboración de la Agencia de salud Pública de Barcelona (ASPB). Este es el tercer informe que pretende profundizar en la salud de las personas afectadas por problemas relacionados con el acceso económico a una vivienda o a los suministros básicos.

La población del estudio son los miembros de la PAH y/o de la APE que han aceptado responder un cuestionario de unos 40 minutos de duración realizado, de manera presencial, por personas voluntarias, cada lunes en la sede de la PAH y cada dos miércoles en la sede de la APE. El cuestionario incluye 247 preguntas que cruzan datos de problemas conectados: la vivienda, los suministros y la salud, para extraer conclusiones sobre sus efectos en las personas afectadas, en este caso echando una mirada en profundidad a su salud y la de uno de los niños del hogar, entre 6 y 14 años, elegido aleatoriamente. El estudio empezó en junio de 2017 y los datos que se analizan, en el presente informe, incluyen información de las 167 personas encuestadas hasta la fecha del 28 de mayo de 2018.

Los problemas económicos y jurídicos para acceder a una vivienda digna y a los suministros básicos se asocian a un mal estado de salud física y mental, siendo la salud mental la que se ve más afectada en estos procesos. En general, son las mujeres las que presentan peor estado de salud que los hombres. Además, si se comparan con la población general de la ciudad de Barcelona, las personas afectadas por estas problemáticas presentan cifras mucho más elevadas de mala salud. Estos resultados van en línea con informes previos que comparaban el estado de salud de miembros de la PAH con la población general, es decir, que las personas afectadas por problemáticas habitacionales presentan peor salud que la población general. El informe sugiere que un adecuado apoyo social o el apoyo de la PAH/APE son claves para atenuar los efectos negativos de la vivienda sobre la salud. En el caso de los niños de 6 a 14 años, hay que destacar que su estado de salud general (referido por la persona adulta) resultó ser mucho peor en comparación con sus iguales en la ciudad de Barcelona y presentaron peores resultados en calidad de vida.

Este informe aporta a informes previos que las personas encuestadas incluyen, no solo personas afectadas por la hipoteca, sino también personas con problemas de alquiler, ocupación y pago de suministros básicos como son la luz, el gas y el agua. Los resultados muestran que las personas con estas problemáticas también presentan un mal estado de salud físico y mental.

Dada la magnitud del problema habitacional que existe en España y, en concreto, en la ciudad de Barcelona, y en base a los resultados observados en este informe se recomienda:

  • Trabajar para atenuar los efectos en la salud de las personas afectadas por estas problemáticas, asegurando un acompañamiento adecuado a estas personas desde Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda, y garantizar el acceso universal a los Servicios Sanitarios, y tratar la salud de forma integral, incorporando la visión de los determinantes sociales de la salud, e intentar no sobremedicalizar problemas sociales.
  • Fomentar el trabajo en red e intersectorial. Servicios Sociales, Vivienda, Justicia y Salud deben trabajar de forma conjunta y coordinada para abordar de la mejor manera posible esta problemática.
  • Crear o mejorar los sistemas de información relativos a estas problemáticas.
  • Poner en marcha políticas que reduzcan la magnitud del problema, que garanticen el acceso a los suministros y a una vivienda digna para todos.

Este estudio pone en evidencia la urgencia de cambios estructurales en políticas de vivienda y energía, que pongan a las personas por delante de los intereses financieros de la banca, de los fondos de inversión y del oligopolio energético. Solo con propuestas valientes para combatir la emergencia habitacional crónica que padecemos desde hace años, se podrá garantizar que las familias más vulnerables puedan llevar una vida digna gracias a un techo a temperatura adecuada garantizado.

Cambiar estas políticas no es solo una cuestión de salud sino de derechos.

Descarga aqui el informe y si estás interesada en organizar una charla sobre el tema no dudes en contactar con nosotras

PorPAH_Bcn

Seguim vigilants: Generalitat i Ajuntament de Barcelona apropen posicions per a l’aprovació definitiva del 30%

Avui fa dos mesos que el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar amb el suport del 80% dels regidors i regidores -tots els grups municipals menys el PP i Ciutadans- la modificació del Pla General Matropolità per situar habitatge assequible a les noves construccions i grans rehabilitacions de tota la ciutat existent. Aquest acord històric, doncs és el primer cop que s’aplica a Catalunya aquesta previsió de la Llei del dret a l’habitatge, fou possible gràcies a la lluita tenaç de les entitats socials que al mes de febrer van portar la mesura al Ple en forma de moció, aconseguint els mesos posteriors que la mesura avancés fins que el Ple li donés el seu suport.
Després de superar aquesta fase complexa i decisiva, tan sols manca la seva aprovació definitiva a la Subcomissió d’Urbanisme Generalitat-Ajuntament, motiu pel qual es van arribar a realitzar fins a tres reunions de treball prèvies, a fi d’activar definitivament aquesta mesura innovadora. Les entitats impulsores hem exigit en tot moment que la Generalitat avali i aprovi immediatament el 30%, sense modificar el que ja està aprovat pel Ple de Barcelona. 
Davant els endarreriments, el darrer la setmana passada, moment en que s’havia d’aprovar, hem exigit públicament que es desbloquegés el 30% amb urgència i al més alt nivell, ja que el 30% és una prioritat claríssima en matèria d’habitatge a Barcelona i a tot Catalunya.
Responent a l’anterior demanda, avui a la tarda ha tingut lloc una reunió entre el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. De la reunió, a porta tancada, tan sols ha trascendit que ambdós administracions estan treballant una proposta que permetria superar el bloqueig de la setmana passada, que es comprometen a tancar abans del proper dimecres 5 de desembre.
Estem doncs davant d’un avenç positiu per a la mesura. No obstant, mantenim la prudència i exigim que es concreti urgentment aquest acord, en favor del 30% i del dret a l’habitatge. Seguirem per tant vigilants per tal de garantir que la Generalitat no posposi un cop més el 30% i l’aprovi definitivament el proper dimecres 5 de desembre, a la subcomisió d’Urbanisme de Barcelona.
Som conscients que aquesta aprovació podia i havia d’haver-se produit fa setmanes, però un cop més els ritmes de les administracions no estan a l’alçada de les necessitats socials. Recordem la gravetat de la situació perquè durant aquest temps han continuat entrant peticions de llicències d’obres que eludiran el 30% del sostre a HPO i cada dia que la Generalitat retrassa l’aprovació definitiva del trenta, perdem habitatge assequible que tanta falta fa.
Per acabar, reiterem la importància de que el Govern vagi més enllà i compleixi el que ja ha anunciat públicament que està treballant: la modificació de la llei perquè els habitatges protegits no es puguin desqualificar i vendre, així com permetent que els habitatges resultat del 30% siguin de lloguer i no de venda.
Seguim! Pel dret a l’habitatge! #ExigimEl30Ja
PorPAH_Bcn

NUEVO ASESINATO A MANOS DEL SISTEMA

Una nueva muerte ante una orden de desahucio pesa sobre la política continuista de las leyes criminales en materia de vivienda del PSOE.

Ayer la sociedad española volvía a convulsionarse frente a la noticia de un nuevo suicidio ante una orden de desahucio. Alicia, una mujer de 65 años, del barrio de Chamberí, Madrid, se lanzaba al vacío desde un quinto piso, mientras la comitiva judicial llamaba a la puerta para desahuciarla por no poder hacer frente a la especulación de los precios del alquiler que viven las inquilinas. ¿Cuánto vamos a seguir permitiendo que las personas decidan quitarse la vida ante la desesperación y el horror de verse en la calle sin ninguna alternativa?

Desde la PAH llevamos años denunciando las leyes criminales de este país y poniendo sobre la mesa cambios legislativos para que sucesos como este no se produzcan. Cambios como los recogidos en la Ley de Vivienda que está siendo bloqueada de forma sistemática cada martes, por PP y Ciudadanos, para evitar su debate y acabar haciéndose realidad. Exigimos explicaciones y responsabilidades a todos los grupos parlamentarios, a quienes esta situación de bloqueo ya les va bien, como están demostrando al no haber trabajado las enmiendas que deberían estar debatiéndose hace un mes. Exigimos explicaciones y responsabilidades al gobierno de Pedro Sánchez, que se llena la boca con titulares de lavado de cara, pero en la práctica lo único que está llevando adelante es una reforma de la Ley Hipotecaria, para seguir protegiendo los intereses de la banca por encima del bienestar de las familias.

Hay que llamar a las cosas por su nombre, no son suicidios, son asesinatos a manos de un sistema que solo se preocupa de contar los billetes, sin importarles la vida de las personas, sentado en un ataúd. Ayer fue Alicia, en junio Jordi, no son casos aislados. Por mucho que se esfuercen en silenciar la realidad, esta es que se siguen produciendo 180 desahucios diarios, de los cuales el 80% ya es de alquiler. Un procedimiento mucho más rápido que las ejecuciones hipotecarias, que acentúa la angustia, que no suele dar tiempo a que la gente se empodere y que la mayoría suceden en silencio. La causa es la alfombra roja que el PP puso a la especulación y que PSOE no está teniendo ninguna prisa en retirar, bien por falta de interés o por exceso de intereses.

Exigimos que de una vez por todas se apliquen las medidas estructurales para acabar con esta tragedia social.

  • Moratoria indefinida de los desahucios
  • Debate y aprobación urgente de la Ley Vivienda PAH, por ser la única que recoge todos los mecanismos para acabar de una vez por todas con la usura de los bancos y fondos buitre, la especulación de nuestros derechos más fundamentales y ganar una ley que garantice el derecho a la vivienda para todas sin excepción.

Son más que palabras, es una realidad, hay vidas en juego y no podemos permitir que se acabe con ninguna más.

Si estás de acuerdo con todo lo expuesto busca tu concentración más cercana y alza la voz.

#LaLeyEspañolaMata

PorPAH_Bcn

Se pospone la reunión de aprobación final del 30%: ¡exigimos a la Generalitat su aplicación inmediata!

Hoy debía tener lugar la reunión entre la Generalitat y el Ayuntamiento en la Subcomisión de Urbanismo, para dar el visto bueno final para que se active el 30% de vivienda protegida en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones en Barcelona. Desde que el Pleno de la ciudad aprobó por amplia mayoría esta medida hace dos meses, ambas administraciones han realizado hasta tres reuniones de trabajo previas a fin de activar esta medida innovadora.

Sin embargo, finalmente la reunión no ha tenido lugar y se ha pospuesto. Actualmente hay acuerdo en el 95% de la medida, pero no en el 100%, motivo que explica lo que hoy ha sucedido. Lo que todavía hay que cerrar es el sistema transitorio para introducir vivienda asequible en operaciones ya puestas en marcha, es decir, compraventas previas a la aprobación definitiva de la medida, para las que la Ley del derecho a la vivienda determina que hay que garantizar su viabilidad económica.

La modificación del Plan General Metropolitano aprobada en el Pleno que incluye el 30%, establece que las operaciones que han tenido lugar antes del 31 de julio de 2016 pueden asumir un 20% (periodo de enero a julio) y un 30% (antes de 2016 ). Esta concreción de la norma está avalada por los informes económicos y jurídicos de los servicios técnicos y del Secretario Municipal, una figura independiente. Pero la Generalitat plantea que hay que eliminar el 20% para las operaciones de los primeros siete meses de 2016, hecho insólito, en especial después de que no suspender las licencias haya liberado de esta obligación a numerosas promociones.

Es indiscutible y evidente que la ciudad necesita medidas estructurales para aumentar el parque de vivienda asequible. Hoy mismo, varias de las entidades promotoras estaban en la calle parando dos desahucios en Ciutat Vella, uno de los cuales se ha ejecutado. El 30% es imprescindible y urgente, lo queremos funcionando desde ya y no permitiremos que se retrase más.

Desde el Grupo Promotor estamos seguras de que la medida saldrá adelante. Por todo ello, exigimos:

1. Que se active inmediatamente el 30% sin modificar lo que ya está aprobado por el Pleno de Barcelona. Es urgente convocar la próxima semana una nueva reunión para hacer efectivo el 30%. No aceptaremos ir más allá de la próxima convocatoria oficial de reunión de la Subcomisión de Urbanismo, el miércoles 5 de diciembre. 

2. Que se resuelva con urgencia y al más alto nivel este último punto de desacuerdo. Estamos ante una prioridad clarísima en materia de vivienda en Barcelona y en toda Cataluña: muchos municipios quieren aprobar el 30% y están atentos.

3. Que la Generalitat vaya más allá y cumpla lo que ha anunciado públicamente y modifique la ley para que las viviendas protegidas no se puedan descalificar y vender, así como permitir que las viviendas resultado del 30% sean de alquiler y no de venta.

Si el Gobierno de la Generalitat defiende realmente el derecho a la vivienda, es urgente que apruebe de inmediato el 30%. Estamos hablando de un desacuerdo en torno a un elemento técnico sobradamente apoyado con informes: recordemos que la función de la Generalitat en la Subcomisión es procedimental (aprobación) y no valorativa. El Gobierno de Cataluña debe dejar bien claro ahora que como administración pública, se encuentra del lado del derecho a la vivienda y no de los especuladores que se oponen al 30%.

¡¡Por el derecho a la vivienda!! ¡¡Exigimos el 30%, ya!!

PorPAH_Bcn

A los responsables federales de vivienda, economía y justicia del P.S.O.E.

Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende

Desde la PAH, nos dirigimos a las personas responsables de Vivienda, Economía y Justicia del PSOE, ante la situación de emergencia habitacional que sufre este país, y la falta de respuestas positivas por parte del Gobierno, en las siguientes materias:

1ª Economía.- Se está tramitando actualmente en el Congreso, la ley de crédito inmobiliario, heredada del Gobierno anterior, y elaborada por el banquero De Guindos. Este hecho, imbuye al proyecto de ley la impronta del banquero, que, en contra de la reiterada jurisprudencia del TJUE, pretende dar cobertura legal a cláusulas abusivas, bajo pretexto de consentimiento, como las cláusulas suelo, en lugar de prohibirlas, establecer una cuantía fija de intereses de demora para impedir la anulación de esas cláusulas… etc. Vuelve a ignorar el contenido y efecto disuasorio de la Directiva 93/13/CE, cuya mala trasposición a la legislación española, permite que, incluso 24 años después de su publicación, se pueda condenar a España por su incumplimiento, como en el caso de las cláusulas suelo en enero de 2017. Impide que la responsabilidad se limite al bien hipotecado, y niega la dación en pago como solución a una situación sobrevenida que impida al deudor hacer frente a sus compromisos, con lo que, de nuevo santifica el que el banco, que sin duda habrá recuperado vía titulización la totalidad de la deuda, se quede con la casa, y el deudor endeudado por el resto del préstamo, más intereses, intereses de demora, costas…

Además, blanquea la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, moderando el número de cuotas impagadas para que el banco pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (declarado ilegal por el TJUE), y por si fuera poco, en su disposición transitoria primera establece la retroactividad, (a diferencia de lo aprobado por el Gobierno en relación al IAJD), de la citada e ilegal moderación, de forma que, a nuestro entender, y a pesar de las declaraciones de la ministra Calviño, podrían activarse cientos de miles de nuevos desahucios al aplicarse los nuevos vencimientos a todos los contratos firmados hasta ahora, y al reactivarse miles de procedimientos judiciales actualmente suspendidos. Impone también la vinculación obligatoria a esta ley para cualquier novación o subrogación del préstamo, otorgando a la banca la posibilidad de blanquear todas las Cláusulas Abusivas que contenga el contrato,  en lugar de permitir acogerse a las condiciones más beneficiosas para el consumidor. Esta ley, de aprobarse en sus actuales términos, perjudica gravemente a la Ley de Vivienda de la PAH en materia de protección al deudor hipotecario, ya que sus contenidos están incluidos en esta.

Supone en definitiva, un nuevo acto de superprotección a la banca, tras la sentencia del TS y el espejismo de la transferencia de la obligación futura del pago IAJD, que les libera de la retroactividad que sí se impone con la ley De Guindos.

En consecuencia, pedimos al PSOE: Que reconsidere su actitud frente a esta ley, y acepte las enmiendas que limitan la responsabilidad al bien hipotecado, establecen como solución normal la dación en pago, y protegen al deudor de buena fe, en consonancia con la directiva  93/13/CE, y la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas y sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como que se elimine la retroactividad de la ley, salvo que sea condición más beneficiosa para el consumidor. Desde finales de septiembre, seguimos esperando respuesta a una solicitud de entrevista remitida al Ministerio de Economía para tratar estos temas.

2ª Vivienda.- Tras más de 33.000 desahucios en el primer semestre de este año, la burbuja galopante de los precios de alquiler, la subida de los de compra, cada vez más cerca de los incrementos de la época de la burbuja financiero/hipotecaria, el acaparamiento sistemático de centenares de miles de viviendas por fondos buitre y Socimis, unido a la carencia casi absoluta de Parque Público de Vivienda, aunque se han anunciado varias, no se ha adoptado medida alguna capaz, al menos, de paliar esta situación de evidente emergencia habitacional, y podríamos acabar el año con cifras de desahucios similares a las de los peores de la crisis.

Urge la aplicación inmediata de los acuerdos en materia de Vivienda, contenidos en el acuerdo para los PGE, que aunque insuficientes, pueden paliar, sobre todo en materia de alquileres, la burbuja especulativa que se sufre. Para la puesta en práctica de los mismos, no se precisa aprobar dichos PGE, se debiera hacer urgentemente por decreto. Urgen también medidas para movilizar al mercado, viviendas que actualmente están vacías (3,4 según el último censo del INE); es imprescindible definir legalmente el concepto de vivienda deshabitada o de gran tenedor de vivienda, para poder abordar medidas en esa dirección, para evitar la especulación. Las sentencias del TC sobre las leyes de vivienda de Andalucía, Comunidad Valenciana, Euskadi y Navarra, dejan claro que se puede establecer un cánon contra las viviendas injustificadamente deshabitadas además de que se debe estudiar una reforma fiscal que las grave, y ello, a pesar de las competencias autonómicas en materia de vivienda, ya que el artículo 47 de la Constitución, establece como un Derecho Universal de la ciudadanía el acceso a la Vivienda, y además, insta a las Administraciones Públicas a combatir la especulación. Tampoco se conoce plan alguno para ir generando el imprescindible Parque Público de Vivienda, para que el derecho de acceso a la misma no dependa, como ahora, de forma exclusiva del nivel de renta. Hace falta adoptar medidas urgentes  para disponer de las viviendas de quienes ahora las tienen, algunas provenientes de ayudas públicas y en manos de bancos rescatados, especialmente de Bankia.

Tampoco se nos han facilitado las enmiendas a la Ley de Vivienda PAH, lo que nos impide conocer cuál es la posición real del PSOE al respecto, y sobre Vivienda en general, aunque lo visto hasta ahora en la ley de crédito inmobiliario nos da muy mala espina, y nos inclina a pensar que, otra vez van a prevalecer los intereses de la banca sobre los de las personas, lo cual no tiene nada de socialista ni de progresista.

Aunque mantuvimos una entrevista con el ministro Ábalos en septiembre, y una más con la Secretaria General de Vivienda, y tenemos prevista otra, como ya hemos dicho, no vemos avances.

3. Justicia.- Desde que en julio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitiera un dictamen por el que condenaba a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda, ninguno de los gobiernos habidos ha hecho nada para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo. Además, cerca de 70 familias afectadas han solicitado amparo al Comité, que ha pedido a España medidas cautelares concretas de suspensión temporal de desahucios. Estas peticiones son remitidas por el Comité al solicitante, y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que, no tenemos constancia alguna de que los remita a ningún órgano judicial. Esto supone una clara violación de, al menos 3 artículos de la Constitución: el 96, sobre Tratados Internacionales, el 9.3 sobre el principio de legalidad, y el 10.2 sobre Derechos Fundamentales y Tratados Internacionales, igualmente supone una vulneración de la Ley 25/2014 sobre Tratados Internacionales. También la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo, nos recuerda la obligación de cumplir los dictámenes y recomendaciones emanados de Organismos Internacionales de Derechos Humanos y pactos suscritos por España, como el PIDESC.

Esta injustificable pasividad del Ministerio de Justicia, provoca además más desigualdades, ya que, hay jueces que las tienen en cuenta, y otros que las ignoran. Es urgente que el Ministerio de Justicia resuelva esta situación, para cumplir con los Derechos Humanos, los compromisos internacionales voluntariamente suscritos por España, y la Constitución, tan invocada para otras cosas mucho más superfluas para la vida de las personas.

Para tratar este tema, solicitamos también una entrevista al ministerio, el mismo día que a Economía, con el mismo resultado: seguimos esperando.

Mientras, los juzgados españoles se encuentran ya saturados por pleitos sobre Cláusulas Abusivas que en el 98% de los casos son favorables a los clientes. Siendo así, resulta indecente que, después de la Sentencia del TJUE sobre Cláusula Suelo, aún no hayan recuperado su dinero casi la mitad de las afectadas, con lo que a los bancos les salen rentables en España los abusos cometidos y la utilización fraudulenta de la Justicia para retrasar lo más posible las devoluciones, sin los intereses de demora que ellos mismos imponen a las afectadas si se retrasan mínimamente.

Los 3 ámbitos expuestos, reflejan la pasividad del Gobierno en relación al Derecho a la Vivienda, sobre el que ha habido muchas declaraciones y ninguna actuación concreta, y en el que la situación de emergencia descrita en el primer párrafo del apartado de Vivienda, tendría que provocar actuaciones decididas y urgentes para poner freno a este caos especulativo; sin embargo, como hemos descrito, todo apunta a pasividad y connivencia con la banca. El PSOE está desperdiciando una oportunidad histórica para hacer justicia social, tras un rescate bancario de más de 60.000 millones sin contraprestaciones.

En España, los Derechos en materia hipotecaria o de defensa de los consumidores habidos en los últimos años, no han venido como consecuencia de cambios legislativos impulsados desde la política, sino como consecuencia de sentencias del TJUE, impulsadas en muchos casos por la lucha de la PAH. Esto genera más desigualdades, ya que, los derechos disponibles para ejercer la defensa de un deudor hipotecario, dependen de las sentencias producidas hasta ese momento, y derechos que entonces se te han negado, han sido reconocidos meses después por otra sentencia. Es por tanto imprescindible una legislación que recoja lo más avanzado para que no tenga que ser siempre el TJUE quien imparta justicia en España

Desde la PAH, estamos abiertas al diálogo, y así lo hemos demostrado, pidiendo reuniones y efectuando propuestas. Pero también exigimos medidas, algunas de las cuales se pueden aplicar ya, y sin embargo nada se mueve por la otra parte.

Estamos tan abiertas al diálogo, como dispuestas a la lucha. Acostumbradas a presionar a los bancos para conseguir paralizar desahucios, defender a las familias con daciones, recursos jurídicos, condonaciones de deudas, negociar alquileres sociales o a interponernos pacíficamente para tratar de impedir la injusticia de los desahucios. Así que, si no se deciden y aplican cambios reales, palpables y significativos, pues haremos lo que mejor sabemos hacer y mejores resultados reporta a las personas

#PSOEblanqueaLaBanca

PorPAH_Bcn

Una vez más queda patente que los ritmos de la Administración no están a la altura de las necesidades de las familias desahuciadas.

Es alarmante tener una mesa de emergencia con una lista de espera de 489 familias con tiempos de espera que ya superan el año y medio y la Administración solo reaccione a paso lento ante la presión de la PAH

Hoy, martes 13 de noviembre de 2018, PAH Barcelona nos hemos vuelto a reunir con los responsables de la Mesa de emergencia, en la calle de la Diputació, 92,  para que nos informaran de los avances que habían realizado, ante el creciente colapso de la lista de espera de la mesa de emergencia desde que nos reunimos por última vez  y logramos que pusieran sobre la mesa medidas concretas, en las que la Generalitat se comprometió a:

  • Ceder 4 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 3 años, que servirían para conseguir 100 viviendas a través de convenios con Habitat 3
  • Abrir una nueva línea de crédito para financiar la compra, con tanteo y retracto, de pisos de la banca, que garantizará 400 viviendas de aquí a finales de año para cubrir la lista de espera de la Mesa de emergencia.

Han pasado cuatro meses de ese encuentro y dos desde que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hicieron público su plan de choque, pero seguimos con una mesa de emergencia más colapsada que nunca y sin ver avances en cómo hacer efectivo dicho plan mientras las familias siguen  siendo desahuciadas sin realojo garantizado, en una demostración de que los tiempos de la Administración no están a la altura y totalmente alejados de la realidad.

Hablamos de casi 500 familias desahuciadas o con orden de desahucio, que tienen que esperar hasta un año y medio para acceder al piso de emergencia que les corresponde por ley. Hablamos de familias obligadas a sufrir una orden de desahucio tras otra hasta ser expulsadas definitivamente de sus hogares sin más alternativa que una pensión, un albergue o una habitación de hotel, en el mejor de los casos un piso puente, pero siguen esperando ese piso que nunca llega, mientras son sometidas a una estrictas normas de convivencia que tampoco les permite llevar una vida digna y normal.

A pesar del anuncio de ese plan de choque para lograr los pisos que las familias necesitan, en su momento ya fuimos críticas y denunciamos la falta de un calendario claro y conciso de ejecución  y exigimos una reunión para que nos contaran en profundidad cómo iban a llevarlo a cabo. Así como el hecho urgente e imprescindible, de que Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona busquen más soluciones para que no se vuelva a saturar la mesa una vez resuelta la lista de espera y también pasar a pensar cómo llegamos al 15% que marca la ley y demos respuesta a las 35.000 familias inscritas en  registro de VPO. Una reunión que ha tenido lugar hoy con unos resultados bastante insatisfactorios.

Cuatro meses después de comprometerse a movilizar 100 pisos con Habitat 3 aún no se han firmado los acuerdos para hacer esto efectivo. 100  que podrían estar ya dando solución a 100 familias.

Sobre el tanteo y retracto, parece que algo se está avanzando y ya se tiene intención de comprar. De 700 pisos, han podido visitar 100 y parece ser que entre Generalitat y Ayuntamiento han confirmado la compre de 60, estamos a la espera de que sucede con los 600 restantes. Al mismo tiempo el BBVA, que firmó en un convenio con la Generalitat para entregar 1.800 pisos, no ha entregado la partida de julio con 300 pisos más. y nada parece indicar que tengan intención de hacerlo. Una muestra más de la actitud de la banca que no solo hace las cosas de cara a la galería, sino que se dedica a poner palos en las ruedas para evitar cualquier avance en derechos sociales. Exigimos a la Generalitat que denuncie públicamente a BBVA y que no nos utilice a nosotras para ello. Igualmente exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que haga lo mismo con Caixabank, entidad con la que firmaron en febrero de 2016 un acuerdo para entregar 50 pisos y casi tres años después solo ha entregado 30. Nosotras denunciamos la inacción de la Administración permitiendo que los bancos sean capaces de reírse de ellos de esta manera, y forzarles al cumplimiento de los convenios firmados.

Cerberus ya está afilándose las garras para comprar los pisos de BBVA y empezar a desahuciar masivamente cuando los tenga en su poder, ya que el 80% están ocupados. Antes de que esto ocurra, exigimos a Generalitat y Ayuntamiento para que hagan la mayor compra posible.

Desde la PAH seguiremos atentas y marcando como hemos hecho hasta ahora para que esta situación se solucione lo antes posible, ya que si algo ha quedado demostrado es que sin presión la Administración no solo no se mueve, si no que Generalitat y Ayuntamiento son incapaces de sentarse para trabajar con un objetivo común, dar una respuesta rápida y eficaz a la emergencia habitacional que sufrimos. No podemos seguir permitiendo que los tiempos administrativos estén tan alejados de la realidad y de la urgencia que viven las familias que no pueden esperar más.

Teniendo confirmada una partida de 40 millones de euros para la compra de pisos vía tanteo y retracto, esperamos que esta sea efectiva antes de fin de año y se amplíe considerablemente el parque de vivienda social para cubrir la emergencia.

 

PorPAH_Bcn

[Convocatorias] Dos convocatorias que no te puedes perder este finde

1

Sábado 10 noviembre 18h Manifestació “la banca sempre guanya? Diguem prou

Las PAHs hemos quedado y convocado a prensa a les 17:45h delante de la puerta del Banco de España. ¡Traed vuestras camisetas verdes! 

 

 

2

Domingo 11 de noviembre ¡PAHella de celebración! Hemos recuperado la Ley más garantista en materia de vivienda: la 24/2015. ¡Ven a celebrarlo con nosotras!

PorPAH_Bcn

[Convocatoria] 15 marionetas obedeciendo a la banca en el Tribunal Supremo

Frente a la resolución del Tribunal Supremo sobre que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, desde la PAH de Barcelona denunciamos la sumisión de los magistrados a los intereses y la presión del lobby financiero e inmobiliario, es decir, a los bancos.

Desde la PAH llevamos 9 años denunciando la estafa hipotecaria y enfrentándonos al lobby financiero y político como David contra Goliat, porque estamos seguras de que la banca no tiene que ganar nunca (debería ser una herramienta) y que las leyes antidemocráticas tienen que ser remplazadas. Es por eso que nuestra primera medida y de mínimos es la dación en pago retroactiva y no permitiremos que en la nueva Ley de créditos inmobiliarios que se está debatiendo en el Congreso actualmente no se integre. Desde la PAH exigiremos mayor protección a las familias en vez de a las entidades financieras, así como es ahora.

La sentencia de ayer del TS es un reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros. No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello haya que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por la ciudadanía y no por los grupos de presión. No podemos permitir que tengamos marionetas de las entidades financieras en los órganos de la justicia. Sabemos que los tenemos en algunos grupos políticos. Así nos lo demostraron cuando el PP puso el recurso al TC a leyes autonómicas que ponían freno a los desahucios como la 24/2015, o cuando la PAH recogió 1.500.000 de firmas para legislar la ILP hipotecaria en 2013 y la mayoría absoluta del PP nos la bloqueó. Pero la resolución de ayer sobre el TS solo nos verifica una vez más que es imprescindible que la gente de todos los pueblos, ciudades y barrios nos organicemos y digamos BASTA y cambiemos las reglas del juego.

Hagamos posible lo imposible. Somos capaces de hacerlo. Juntas somos imPAHrables.

Saldremos a la calle a denunciar esta situación porque no vamos a consentir que a la parte más vulnerable (las familias) de un contrato hipotecario se la haga responsable de esta situación, y sobre todo salgamos juntas a las calles a exigir nuestros derechos y nuestra dignidad. Ningún juez y ningún político, vendidos a la banca, debe de estar en espacios de poder. ¿Dónde queda la separación de poderes?

El próximo viernes convocamos delante de los TTSSJJ a las 11:30h una acción estatal, y el sábado a las 18 horas en Madrid delante del Supremo. Continuaremos con todas las que hagan falta. Nosotras tenemos soluciones, la Ley vivienda PAH y vamos a exigir que se tramite ya

 Sí se puede