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PorPAH_Bcn

¡Defendamos la Ley 24/2015! Exigimos al PSOE que la blinde urgentemente con un acuerdo bilateral Estado-Generalitat, antes de que el Tribunal Constitucional emita sentencia

Hoy alertamos sobre una inminente sentencia del recurso del PP contra el Decreto 17/2019 que amplió la Ley 24/2015. Del Gobierno del PSOE depende el fin definitivo de los desahucios y que la banca devuelva los recursos públicos destinados a su rescate

Los efectos de una anulación serían desastrosos: en este momento 3.289 familias serían desahuciadas si la sentencia es negativa por estar pendientes de un alquiler social según datos de la Generalitat

El 5 de febrero y el 4 de marzo de 2020 se convalidaban en el Parlament de Catalunya los Decretos Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y el 1/2020 respectivamente. Ambas normas amplían la cobertura de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, de manera que se protegen nuevas situaciones de emergencia como los desahucios por finalización de alquileres sociales o los desahucios invisibles por el hecho de aplicar aumentos abusivos a la renta de alquiler cuando se quiere renovar un contrato, entre otros.

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 tenemos claro que las nuevas coberturas alcanzadas no habrían sido posibles sin la presión de las entidades y movimientos sociales que trabajamos por el derecho a la vivienda. En 2015 conseguimos aprobar por unanimidad la Ley en el Parlament, fruto de una iniciativa legislativa popular; y a partir de entonces hemos velado por su aplicación y cumplimiento. Así hemos conseguido parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en toda Catalunya demostrando que es una ley útil e imprescindible para la garantía del derecho a la vivienda. Al mismo tiempo, hemos continuado luchando por ampliar la cobertura y proteger cada vez más a las familias en situación de vulnerabilidad.

Hemos conseguido hacer de la Ley 24/2015 con su ampliación, una ley pionera y valiente en el ámbito del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito autonómico como estatal e internacional.

Esta lucha ha estado llena de ataques constantes por parte del «lobby» de la banca y los fondos buitre con sus tentáculos en el PP e incluso en el sistema judicial. El último ataque volvió a venir del PP con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los DL 17/2019 y 1/2020, alegando que estas normas son un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos. Fue admitido a trámite el 14 de julio.

El ataque del PP vuelve a demostrar el nulo compromiso del partido con la garantía de los derechos de los colectivos más vulnerados y pone de manifiesto su férrea defensa de los intereses de bancos y fondos buitre, que son responsables de la actual situación. Además, de nuevo genera un discurso de odio hacia las familias que se han visto forzadas a ocupar en precario una vivienda y pone una diana para que se las siga estigmatizando.

Sorprendentemente, si miramos los tempos del TC, que suele tardar unos dos años en debatir y emitir sentencias, este recurso se incluyó en el orden del día del Plenario del Tribunal constitucional de 15 de diciembre de 2020 y se prevé que se pueda emitir sentencia este mes de enero.

Paralelamente, el gobierno central del PSOE convocó la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para debatir y negociar algunas discrepancias con relación a los dos decretos ley. El Grupo Promotor hicimos llegar nuestro posicionamiento y propuestas a la Generalitat con el fin de seguir incidiendo en la constitucionalidad y la aplicación total de la Ley. La Generalitat trasladó una propuesta de acuerdo concreta al Estado el día 18 de diciembre del año pasado y no se ha avanzado más.

El Grupo Promotor estamos convencidas de la constitucionalidad de la Ley original y los decretos ley que la amplían, pues hacen efectivo el artículo 47 de la Constitución tan vulnerado sistemáticamente y desamparado por la propia Administración pública a todos los niveles. La ciudadanía ha tenido que organizarse para autotutelar sus derechos. Hoy estamos aquí con el Sindicato de Inquilinas, el Congreso de Vivienda, la Mesa del Tercer Sector, el Colegio de trabajadoras sociales de Catalunya, la AMC (Asociación Catalana de Municipios), la FCM (Federación Catalana de Municipios), la Marea Blanca, el Consejo Nacional de Juventud de Catalunya, la Comisión de Defensa del ICAB, Bombers Indignats y representantes de los Grupos Parlamentarios Junts x Cat, ERC, En Comú Podem y la CUP para mostrar todo el apoyo a las políticas garantistas del derecho a la vivienda y manifestar la necesidad de que la Ley 24/2015 ampliada no sea recortada y menospreciada.

No obstante, somos conscientes de que, desgraciadamente y con demasiada frecuencia, gobiernos y tribunales ceden a las presiones del poder económico ejercido por la banca y fondos buitre y han obviado su deber de protección de las personas, los derechos humanos y la justicia social. Por eso desconfiamos de una posible sentencia, propuesta además por un juez ponente conservador y exigimos al gobierno del PSOE que establezca urgentemente un acuerdo con la Generalitat que blinde definitivamente la Ley 24/2015 ante la posible sentencia y otros ataques, de manera que no sea recortada en ninguno de los derechos que protege.

En plena pandemia y estado de alarma por la COVID-19 que han hecho más que evidente la importancia de la vivienda y de «quedarse en casa», no vamos a permitir este nuevo ataque descarado a la población cada vez más empobrecida y desprotegida. ¿Cómo nos podemos quedar en casa si nos desahucian o no tenemos una vivienda digna y adecuada?

El rescate bancario de 100.000 millones de euros sin ninguna contrapartida social, mientras la ciudadanía sufría desahucios, constantes recortes en la educación y la sanidad pública ha sido el tono permanente de la política y gestión de los gobiernos del PP, que siempre ha gobernado para los responsables de la burbuja inmobiliaria. Un partido criminal, que mientras tiene abiertos incontables casos de corrupción, es corresponsable de más de medio millón de familias desahuciadas de sus hogares sin ofrecer ninguna alternativa.

Esperamos que el PSOE se desmarque totalmente de este modo de hacer y esté a la altura de lo que se espera de un gobierno progresista: que garantice los derechos básicos de las personas, proteja el bien común y público y ponga freno definitivamente a los desahucios y a las prácticas especulativas.

Los efectos de una anulación serían desastrosos: según datos de la Generalitat, en menos de un año la Ley ha obligado a los grandes tenedores a hacer 2.200 ofertas de alquiler social para evitar desahucios y, sin contar los casos de Barcelona, en este momento 3.289 familias serían desahuciadas si la sentencia es negativa por estar pendientes de un alquiler social (1.399 desahucios de alquiler, 1.324 de ocupación y 566 de hipoteca).

Igualmente, si la sentencia fuera negativa, advertimos desde el día de hoy que exigiremos con fuerza, tanto en el nuevo Gobierno de Catalunya como al del Estado, que tomen medidas para no dejar desprotegidas a las familias amenazadas por desahucios.

No vamos a parar hasta que los derechos que recoge la Ley 24/2015 se legislen y se cumplan en todo el Estado, un objetivo por el cual nacimos y que todas las PAH están exigiendo a sus Parlamentos, al Gobierno estatal y al Congreso.

Volveremos a las calles y denunciaremos a los culpables de quien pisotea el derecho a la vivienda, ¡todas las veces que haga falta!

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Enero 2021

Contador desahucios mes: 5

Contador total 2020: 5

Parados
Suspendidos 4
Entrega llaves
Realojo
Ejecutados

Desahucios por hipoteca

 

Desahucios por alquiler

Viernes 15
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: C/Nàpols, 100, Barcelona

Martes 19
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: C/Mare de Déu de Montserrat, 203, Barcelona

Jueves 21
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: C/Cartagena, 285 Barcelona

Viernes 22
Demandante: Black Bit SL
Dirección: C/Gayarre, 76, Barcelona

Desahucios por ocupación

Jueves 14
Demandante: SAREB SUSPENDIDO
Dirección: C/Font, 7, L’Hospitalet de Llobregat

PorPAH_Bcn

¡Os deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021!

2020 no ha sido un año fácil, la pandemia nos ha traído momentos duros, tanto personales como para el colectivo en general. Pero si de algo tenemos que estar orgullosas es de nuestra capacidad de adaptación. Llevamos casi 12 años ya demostrando que nadie puede pararnos si las leyes son injustas, que nadie puede vulnerar nuestros derechos porque estamos empoderadas y somos fuertes. Así que en esta ocasión, el COVID-19 tampoco ha podido doblegarnos.

Nos hemos hecho más fuertes y hemos tenido una gran capacidad de respuesta. Al poco del confinamiento domiciliario empezamos a organizar las asambleas online. Webinar, zoom, jitsi, hemos aprendido nuevas palabras que hasta ahora no conocíamos y que con el tiempo hemos ido incluyendo en nuestro lenguaje del día a día. Las familias seguíamos necesitando respuestas y organización. Se había parado todo, pero nuestra vulneración de derechos no había cesado. Desde entonces se han acercado a la PAH cientos de personas a las que hemos ido aconsejando y dando apoyo.

Durante este 2020 también hemos podido celebrar muchos Logros PAH. Logros de compañeras incansables que por fin, después de mucha lucha y esfuerzo, han conseguido su alquiler social o quita. Achoura, Eva, Lídia, Plácido, María Jesús, Nadia, Carmen, Nassima, Kerly, Meri, Irma, Ariel, Lucía, Fernando, Touraya, son claros ejemplos de ello. ¡Sabemos que #SiSePuede y vamos a seguir demostrándolo!

Este 2020 también hemos tenido que lamentar la pérdida de dos grandes compañeras de lucha. Dora, Ernesto y María, incansables hasta el final, luchando día a día, en cada desahucio, en cada acción. En estos momentos, seguro que desde el cielo nos acompañan para seguir con más fuerza. La PAH los tendremos siempre presentes.

El 2021 arranca con incertidumbre. ¿Qué nos deparará la pandemia? Lo que tenemos claro es que seguiremos al pie del cañón. Tenemos muchos frentes abiertos y no vamos a parar hasta ganarlos. Los banksters y fondos buitre no dejan de acosarnos e intentar vulnerar nuestros derechos, negándonos nuestros alquileres sociales; y por otro lado, tampoco la Administración les está multando como correspondería. Estaremos vigilantes y, o hay soluciones, o nos seguirán encontrando de frente.

Os deseamos a todas una feliz Navidad y un próspero año 2021, que nos traiga energías renovadas, fuertes, y con toda la alegría de la familia PAH para seguir luchando unida.

🙋‍♀️ Si quieres colaborar económicamente con la PAH puedes hacer tu donación en nuestro número de cuenta:
 
Titular beneficiario: Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Datos bancarios: IBAN ES59 1491 0001 2820 2195 9529
 
¡Gracias!
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Crónica de la asamblea de bienvenida del lunes 21 de diciembre de 2020

Estamos a unos días de Navidad, pero las familias siguen teniendo problemas con su vivienda. No importa la época del año que sea, por eso la PAH no podemos irnos tranquilas de vacaciones y dejar a todas las familias sin ayuda

Hemos paralizado muchos desahucios en puerta, pero lo mejor es intentar que se paralicen en los juzgados y conseguir alquileres sociales y evitar a las familias más sufrimiento. Esta semana hemos podido suspender uno en el juzgado, a pesar de que su abogado de oficio dijera «Yo ya no puedo hacer NADA por tu familia«. Pues bien, con uno de los documentos útiles que la PAH tiene en su página web, esta familia tiene suspendido su desahucio y no solo eso, el juez pidió ver la oferta de alquiler social del gran tenedor para la familia. Por lo que podemos decir una vez más que ¡SÍ SE PUEDE!

Alquileres

Maribel está teniendo problemas por tres frentes: el primero, Habitatge no trabaja hacia la resolución de su problema; el segundo es que su gran propietario no le ofrece el alquiler social y el tercero es que el juez de su caso sigue diciendo que se tiene que ir de la casa sin solicitar a su asistente social el informe de vulnerabilidad y sin tener en cuenta sus documentos que acreditan la situación vulnerable en la que se encuentra. Un claro ejemplo de que las Administraciones muchas veces no están ayudando a resolver los problemas de vivienda.

Laura ha solicitado un alquiler social porque es familia monomarental, tiene dos hijos y es familia vulnerable; su caso lo lleva Anticipa y le dicen que le hacen el «alquiler social», pero sin bajar el precio de ahora. ANTICIPA, ¿entonces de qué alquiler social están hablando?

Ocupación

Ingrid está en negociación con Building Center y está a la espera de que vaya la técnica para ver en qué estado está su casa para ofrecerle el alquiler social. Esperemos que esta familia termine o empiece el año con la gran noticia de su tan esperado alquiler social.

Hipotecas

Rina compró su piso, su hogar. Y luego su hermana le pidió el favor de que le hiciera de aval para comprarse un piso, pero la sorpresa fue que después de un tiempo desapareció y dejó de pagar todo, por lo que a Rina le quedó su hipoteca y la de su hermana. Al principio intentó pagar lo suyo y lo otro, pero obviamente le fue imposible, por lo que ahora el banco se quiere quedar con los dos pisos y a ella dejarla sin nada de nada. Le hemos dado unas tareas para hacer e intentar solucionar esto de la mejor manera posible, ya que su abogada de oficio no está mucho por la labor.

Otra semana más hemos escuchado a las familias e intentado desde nuestra experiencia ayudarles y aconsejarles, ya que nosotras también hemos estado ahí, con esos nervios y miedos y sabemos que al principio parece no tener solución, pero que SÍ SE PUEDE.

Por eso es tan importante leer los documentos útiles que la PAH nos brinda en su página web y cualquier duda que tengamos conectarse a la asamblea online de los lunes a las 17:30h. Y si no hay manera de hacerlo online, asistiendo presencialmente al local, recordando siempre intentar que sea una sola persona por familia, por el aforo limitado de estos momentos de pandemia.

PorPAH_Bcn

El incendio en Gorg, consecuencia del racismo institucional

En el Dia Internacional dels Drets Humans denunciem com, més que mai, aquests s’han convertit en un privilegi.

Ahir vam anar a dormir amb l’angoixa i la ràbia de veure com les flames a una nau industrial podien acabar amb vides de persones que s’han vist excloses de tot plegat.

Però per què arribem a aquest punt?

Aquests horribles esdeveniments són una conseqüència directa d’un sistema capitalista, classista i racista que vulnera els drets econòmics, socials, culturals de les persones migrades. Tot plegat, drets humans que les institucions de tot nivell, municipals, autonòmiques, estatals, han vulnerat i vulneren sistemàticament. Els fets succeïts aquesta nit són la conseqüència d’haver privat a totes aquestes persones de drets fonamentals com: el dret a un habitatge digne, el dret a la seguretat social, el dret al treball, el dret a la salut, etc. La violació que condueix a situacions de pobresa o d’exclusió social i naturalment a la pèrdua de la dignitat humana. És obligació i deure de les administracions respectar, protegir i garantir l’accés a aquests drets.

Assenyalem també com a còmplices necessaris, per acció o omissió, els responsables de les administracions. En primer lloc, a l’Ajuntament de Badalona i al seu alcalde Xavier García Albiol per promoure els discursos d’odi i la xenofòbia envers una part de la població, desviant el focus d’atenció (quan hi ha vides humanes en joc) cap a l’incivisme i la suposada delinqüència, i per liderar una política racista que nega els drets més bàsics, al padró, a l’atenció social o a un habitatge digne.

A la Generalitat de Catalunya per la manca de polítiques que garanteixin l’accés a un habitatge per a totes les veïnes i pel col·lapse de la mesa d’emergència.

A l’Estat espanyol per negar-se a regularitzar les persones en situació administrativa irregular, fins i tot enmig d’una pandèmia, excloent i deixant encara més enrere milers de persones.

Denunciem el racisme institucional

Les polítiques estatals i europees migratòries i la Llei d’Estrangeria empenyen a moltes persones a la irregularitat, a la precarietat, a l’exclusió, a l’assetjament policial als espais públics, a l’explotació laboral i al constant perill de la deportació, previ pas pel CIE o sent víctima d’una deportació exprés, sense cap garantia jurídica. La violència de l’aparell deportador, les traves burocràtiques per aconseguir regularitzar la situació i la constant criminalització de la migració ens permeten afirmar que vivim en una societat estructuralment racista.

No permetrem la victimització i criminalització d’aquestes persones que són permanentment excloses i que ni en els moments d’urgència es tenen en compte les seves necessitats vitals. Es proposen solucions que mai no serien acceptables per a persones blanques però que sembla que siguin l’única opció per a les persones migrants.

És urgent que les administracions reconeguin primer el racisme com un dels factors principals que impedeixen l’accés als drets més bàsics, i que treballin en desenvolupar polítiques públiques efectives per a totes les persones, independentment del seu origen o la seva situació administrativa

Denunciem la precarietat habitacional

No tenir una llar digna i estable és una vulneració de drets. L’Estratègia integral per a l’abordatge i implementació del sensellarisme a Catalunya, que encara està pendent d’aprovació i implementació, parlava el 2017 de més de 53.000 persones en aquesta situació. La problemàtica s’agreuja i no hi ha una perspectiva optimista, perquè no hi ha cap consens de llarga durada ni compromís ferm dels diferents administracions públiques per combatre aquesta injustícia.

L’accés i el gaudi de l’habitatge han de ser contemplats com a drets essencials de totes les persones, però l’administració prioritza els interessos de les grans corporacions capitalistes per sobre de la lògica de la protecció social. Segons l’Agència d’Habitatge de Catalunya, les entitats bancàries i fons d’inversió són propietàries de 30.000 habitatges buits. Mentrestant, els desnonaments s’executen diàriament i els mitjans de comunicació posen el focus mediàtic en les ocupacions, criminalitzant-les, enlloc d’abordar la problemática amb tota la seva complexitat i assenyalar tots els factors estructurals que la provoquen.

Es criminalitza a persones que veuen vulnerats els seus drets i dignitat. Famílies senceres, que no només pateixen la condició d’inestabilitat, sinó que a més son estigmatitzades i excloses de la societat des dels seus més petits racons: són assenyalats a l’escola, són acusats pels veïns, surten a la televisió com a criminals per intentar viure en condicions mínimes d’habitabilitat.

Es condemna a pares i mares pel fet d’intentar donar als seus fills condicions pel seu desenvolupament, oblidant la responsabilitat de les institucions de donar condicions de vida, salut, educació, treball i dignitat per a tothom tal com s’expressa en la Declaració Universal de Drets Humans.

Viure amb dignitat no és patir constantment d’una manca de recursos o del risc de ser desallotjats o afectats per un incendi.

El dret al lliure desenvolupament de la persona no es pot dur a terme si s’ha d’anar d’assentament en assentament, esperant el dia del proper desnonament.

Una vida digna no pot ser discriminada: no tolerem el fet que s’assenyali als nens, nenes, pares, veïnes, per les condicions del seu habitatge, especialment quan l’article 25 d’aquesta Declaració de Drets confereix el dret a l’habitatge que veiem violat en aquest i altres molts casos.

Per això denunciem que el crim no és en viure en un lloc que cau, és no tenir un altre lloc per anar-hi.

Des de fa anys el Moviment Popular de l’Habitatge lluita al carrer amb campanyes com l’Obra Social i promou lleis per solucionar l’emergència habitacional que patim (24/2015 RD 1/2019 11/2020…), però no s’estan complint, abocant a milers de persones al sensellarisme després de patir desnonaments. És urgent situar el dret a l’habitatge com a punt de partida i desenvolupar mecanismes perquè ningú perdi casa seva. I no només això, actualment no hi ha prou places en pisos d’emergència ni albergs per acollir les persones que no tenen alternativa habitacional i els dispositius d’urgència, oberts per exemple per la pandèmia de la Covid-19, evidencien que sovint s’actua amb respostes temporals i a curt termini. Cal una estratègia conjunta per afrontar el sensellarisme més enllà dels temps de crisi i els recursos d’emergència.

Per evitar situacions com la d’ahir, l’habitatge ha de deixar de ser una mercaderia.

Denunciem la pobresa energètica

Segons algunes informacions, el foc podria tenir el seu origen en una espelma que hauria caigut dins la nau. Les entitats que treballem per l’eradicació de la pobresa energètica portem anys denunciant la inseguretat que pateixen les persones que, per la seva situació de precarietat, es veuen forçades a ocupar per accedir a un habitatge o, en aquest cas, a un sostre.

L’accés als subministraments ha de ser universal i sense excepcions. Exigim que les administracions garanteixin els drets bàsics de totes les veïnes i estableixin protocols perquè els col·lectius més vulnerabilitzats puguin accedir als seus subministraments de forma regular, sigui quina sigui la seva situació dins de l’immoble. Alhora cal que la Generalitat estableixi el més aviat possible al seu cos de Bombers el llargament reclamat protocol de detecció de casos de pobresa energètica. Mentre no es duguin a terme accions contundents en aquest sentit, seguirem veient morts als nostres barris i pobles. Unes morts, per tant, que tenen responsables directes.

Drets humans com a privilegi

Avui, Dia internacional dels Drets Humans, contemplem un cop més com aquests han deixat de ser universals per convertir-se en un privilegi. En un premi que s’atorga a discreció segons el seguiment d’unes suposades normes socials o si s’encaixa dins d’unes determinades classificacions econòmiques, socials i culturals.

Denunciem el racisme institucional, la precarietat habitacional, l’exclusió social i la criminalització de les persones migrades. Amb la tristesa i la indignació davant la tragèdia que s’ha viscut aquesta nit a Badalona, que demà pot ser en qualsevol altre municipi de Catalunya, de l’estat o del món; però amb la solidaritat i el suport mutu en primer pla per a les persones que eren a la nau incendiada i per tal que mai més ningú hagi de patir situacions com aquesta,

Les organitzacions signants, exigim als poders públics:

  • Regularització de totes les persones en situació administrativa irregular.
  • Garantir l’accés als drets bàsics: Padró, habitatge, sanitat, educació, serveis socials, etc.
  • Garantir la tutela i el suport al jovent migrant fins a la seva autonomia.
  • Prendre mesures per fer realitat els compromisos adquirits per part de les institucions municipals i autonòmiques pel tancament dels CIE, la fi de les identificacions il·legals per perfil racial i de les deportacions forçoses.
  • Pla de Xoc d’Habitatge liderat per la Generalitat, coordinat amb els municipis i el Govern de l’estat i amb la participació de les entitats socials, per posar la llista de la Mesa d’Emergències d’habitatge a zero i reallotjar totes les persones que viuen en espais temporals i/o precaris.
  • Assegurar el dret de totes les persones a l’accés i gaudi d’un habitatge digne i desenvolupar eines efectives per combatre les diferents formes de discriminacions racistes, directes i indirectes.
  • Garantir l’accés universal als subministraments bàsics per a tota la ciutadania implementant protocols que permetin la instal·lació de comptadors socials d’aigua, llum i gas en situacions d’ocupació en precari.
  • Establir un protocol de detecció de casos de pobresa energètica en el cos de Bombers de la Generalitat coordinat entre el Departament d’Interior i el d’Afers Socials i Família tal i com porten reclamant les organitzacions socials desde fa anys

Adhereix-te a aquest manifest:

https://bit.ly/AdhesionsComunicatGorg

Entitats i col·lectius signants:
– PAHs catalanes
– Tanquem els CIE
– Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes
– Coordinadora Obrim Fronteres
– Emergencia Frontera Sur Barcelona
– UGT/Bombers de Catalunya.
– SOS Racisme Catalunya
– Aliança contra la pobresa energètica (APE)
– Sindicat llogateres
– Irídia
– Enginyeria Sense Fronteres
– Terrassa Sense Murs
– Aigua és Vida
– Amics del Moviment Quart Món
– Ecologistes en Acció
– Espacio del Inmigrante
– Suport Casa Àfrica
– Arrels Fundació
– Observatorio Marielle Franco
– Coop 57El incendio en