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La PAH de Barcelona salimos a la calle a exigir soluciones al fondo buitre Divarian

Coincidiendo con la nueva campaña para exigir al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez soluciones a la sangría de los desahucios y una vez convalidado el nuevo Decreto Ley 17/2019 que amplía la Ley 24/2015, exigimos soluciones para 5 familias.

Hoy miércoles 26 de febrero la PAH de Barcelona estamos en la oficina de Divarian para exigir solución para 5 familias de nuestra asamblea.

Llevamos tiempo exigiendo soluciones a Divarian para Luís, Rocío, Irma, Berta, Tania y Juan, y la respuesta de este fondo buitre ha sido la demanda judicial y echar a las familias de sus casas. En respuesta, la PAH de Barcelona nos hemos visto obligadas a ocupar sus oficinas y exigir soluciones para las familias, soluciones que están obligados a hacer en cumplimiento del nuevo Decreto Ley 17/2019 aprobado el pasado 23 de diciembre en Catalunya.

Hoy estamos exigiendo renovaciones de alquileres sociales y un alquiler social para el hermano de Tania, que no pudo seguir pagando su hipoteca.

Desde la PAH llevamos años denunciando las prácticas usureras e inhumanas de los bancos y fondos de inversión. El caso del BBVA y sus filiales no es nuevo, por eso ayer dimos el pistoletazo de salida a la campaña estatal de #ViviendaPorDerecho donde exigimos al nuevo Gobierno del Estado medidas claras y contundentes para rescatar a las personas y no a bancos y fondos de inversión, es decir, una moratoria real de todos los desahucios de familias vulnerables y alquiler social obligatorio. No podemos permitir que en pleno siglo XXI el derecho a la vivienda esté pisoteado y Gobiernos miren hacia otro lado.

Desde la PAH Barcelona lo tenemos claro. Llevamos 11 años convencidas de que no vamos a tolerar que se vulneren los derechos de las familias. Es por eso que  hoy estamos en Av. de Josep Tarradellas, 38, en la oficina de Haya Real State que gestiona Divarian, y vamos a quedarnos hasta conseguir soluciones para las 5 familias. 

¡Animamos a la ciudadanía a que venga a apoyar a las familias! La vivienda es un derecho y no una mercancía y la tenemos que defender entre todas. ¡Juntas sí se puede!

Para más info sigue el HT #GuerraADivarian 

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[Comunicado] El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 apela a que los Jueces apliquen la ley sin excusas

Ante la unificación de criterios de los magistrados de la Audiencia de Girona en contra de la aplicación a Juzgados de la 24/2015 y las recientes noticias aparecidas en los medios , reclamamos a los Jueces de Primera Instancia una interpretación garantista de la norma basada en el respeto los Derechos Humanos

Al largo de los últimos días hemos conocido la decisión de los jueces civiles de la Audiencia de Girona y de unificar criterios en la línea de no sentirse interpelados diciembre de un punto de vista procesal en la aplicación de la Ley 24 / 2015. Ante esta decisión , que es totalmente contraria a la garantía de derechos de las familias en situación de vulnerabilidad afectadas y vulnera los sus derechos más fundamentales , se le han sumado algunas noticias alarmantes aparecidas en los medios de comunicación .

Por este motivo , apelamos al conjunto de jueces de Primera Instancia de todo el territorio para que apliquen la Ley 24/2015 de la forma más garantista posible y respetando los Derechos Humanos , tal y como organismos internacionales han reclamado previamente a el Estado español y como desarrollaremos más adelante . Esto implica, lógicamente , detener los desahucios de aquellos grandes propietarios obligados e instarlos a hacer la correspondiente oferta de alquiler social a las familias afectadas .

Los posicionamientos contrarios se basan, en primer lugar , en una interpretación restrictiva de la literalidad de la Ley 24/2015, todo afirmando que en ningún artículo se hace referencia explícita a cuáles son los efectos procesales que derivan del incumplimiento por parte de los grandes tenedores de vivienda de realizar esta oferta de alquiler . No obstante , cabe destacar que el artículo 3 del Código Civil establece claramente que las normas han interpretar de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas .

En este sentido , queremos hacer patente que nos encontramos en la peor crisis de la vivienda que hemos vivido en décadas . Desde el inicio de la gran crisis económica , más de un millón de familias han sido desahuciadas de las sus hogares . El Estado no ha sido capaz de impulsar normas capaces de garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y hemos vivido cómo se han destinado más de 65.725 millones de euros , 42.561 de los cuales por parte de el Estado , que posiblemente no se recuperen nunca , al rescate bancario . Por otra parte, los precios del alquiler en grandes ciudades como Barcelona o Madrid se han incrementado en alrededor del 40% en sólo cinco años , situando -se a día de hoy como la principal causa de desahucio .

Ante este escenario , se han empezado a generar leyes innovadoras y valientes para poner fin a la concepción de la vivienda como un bien mercantil con el que especular y hacer caja . Varios países han optado por congelar los precios de los alquileres y en Cataluña hicimos conseguir impulsar desde la ciudadanía la Ley 24/2015 hace casi cinco años , recuperarla de la suspensión promovida por el gobierno del PP y el lobby bancario y actualizarla este diciembre con el Decreto ley 17/2019. Con esta herramienta tan potente , los jueces han de entender que la su aplicación es imprescindible para garantizar los derechos más fundamentales de todas las familias afectadas por esta crisis de la vivienda .

De esta manera, organismos internacionales como el Comité DESC de Naciones Unidas han emitido múltiples dictámenes y comunicaciones en el que han denunciado la existencia de desahucios sin alternativa habitacional y han instado la su suspensión , implicando no sólo a la Administración , sino también a los jueces . Las resoluciones criticaban duramente la ausencia de una ponderación de derechos por parte de los jueces y que no tuvieran en cuenta la vulnerabilidad de las familias . Hemos de recordar que a pesar de el derecho a la propiedad está reconocido en la Constitución , este se puede ver limitado de acuerdo con la su función social. A más , hay que encontrar el equilibrio entre este derecho y el de la vida y integridad física y moral, conectando este último con el derecho a la vivienda establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales , ratificado por España en 1977.

En segundo lugar , las voces contrarias se basan también en que la norma es de carácter administrativo y que, por tanto , no debería de tener efectos procesales . No obstante , el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en dos autos de noviembre de 2018, se estableció claramente que la Ley 24/2015 » forma parte de ordenamiento civil catalán » y el artículo 149.1.6 de la Constitución permite en materia procesal que las Comunidades Autónomas puedan generar legislación » de las especialidades que en este orden se deriven necesariamente de las particularidades del derecho sustantivo » de estas .

Por este motivo , desde el Grupo Promotor entendemos que los jueces tienen motivos de sobra para aplicar sin excusas la Ley 24/2015 y las novedades introducidas en el Decreto ley 17/2019 y apelamos a todos los Jueces de Primera Instancia de Cataluña porque así lo hagan . Paralelamente , exigimos a los ayuntamientos y a la Generalitat que tramiten todos los expedientes sancionadores oportunos cuando detectamos incumplimientos por parte de los bancos , fondos y grandes propietarios . La actual crisis de la vivienda sólo la conseguiremos superar si todos los poderes de Estado reman hacia la misma dirección y desde el Grupo Promotor y la sociedad civil organizada haremos toda la presión posible para que la vivienda en casa nuestra sea realmente un derecho y no un sujeto de especulación por parte de los grandes poderes económicos .

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Llamamiento a un Pacto por la vivienda

Un conjunto de entidades sociales hemos presentado el martes 25 de febrero de 2020 en el Colegio de Periodistas la Llamada a un Pacto por la Vivienda, con la presencia de representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB ), ECOM, Comisión Obrera Nacional de Cataluña, Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña, Fundación ARRELS, Fundación APIP-ACAM, EntrePobles, Observatorio DESC, Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y Unión General de Trabajadores de Cataluña (UGT).

La Llamada a un Pacto por la Vivienda quiere ser un instrumento para que la sociedad civil, sindicatos, entidades, colectivos, grupos políticos e instituciones se emplacen a asumir el Derecho a la Vivienda, de manera que esta deje de ser considerada una mercancía y se empiece a valorar la necesidad de la construcción de un sector público, tal como hemos hecho con la educación y la sanidad.

La complejidad del conjunto de factores que inciden sobre los precios de venta y de alquiler nos dan una percepción muy diferente de lo que debería ser una política de regulación del mercado de la vivienda, que por su complejidad se tendría que articular con un conjunto de medidas complejas, un paquete de leyes, e implicar a las diferentes administraciones locales, autonómicas y del Estado.

Para poner en marcha toda esta complejidad de medidas y considerando que el problema de la vivienda es competencia de diferentes administraciones, se necesitan compromisos institucionales, unidad entre los partidos políticos y acuerdos de ciudad, de gobierno y de Estado, que den sostenibilidad a la financiación económica extraordinaria y a la continuidad de los programas estratégicos que vayan más allá de un simple mandato municipal.

Hay que implementar un conjunto de medidas, como la creación de un sector público protegido, un sector de covivienda y un sector de alquiler asequible, que en conjunto regulen el libre mercado privado, tal como ahora existe en otros sectores económicos como la enseñanza y la sanidad.

Nos encontramos en un contexto extraordinario de crisis de vivienda, donde los municipios reciben la máxima presión pero no disponen de las herramientas ni los presupuestos necesarios. Es por ello que hay que poner el foco en la necesidad de dedicar más recursos a la vivienda desde los presupuestos generales del Estado, y de reclamar las herramientas legislativas y reguladoras de quien tiene las competencias.

Reclamamos un Pacto por la Vivienda 2020-2030 que dé una respuesta real, eficiente y consensuada al problema de la vivienda. Un pacto con un alcance mínimo de 10 años, asumido por los partidos, las entidades sociales, los sindicatos y también el sector privado, así como todas las instituciones, empezando por el gobierno del Estado ‒que debe dedicar a ello recursos importantes‒, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona..

Barcelona, 25 de febrero de 2020

 

Fotografía de Ignasi R. Renom

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Arranca la nueva campaña de la PAH #ViviendaPorDerecho

Porque no lo dice solo la PAH, Naciones Unidas nos da la razón. #ViviendaPorDerecho es un paso más en nuestro recorrido para lograr se hagan efectivas las exigencias que llevamos años demandando y recordar al Gobierno PSOE -Unidas Podemos que deben dar un paso al frente y ponerse del lado de las familias, garantizarles un hogar y empezar a ejercer en función a los compromisos adquiridos en los últimos años cuando estaban en la oposición.

Hoy 25 de febrero, presentamos #ViviendaPorDerecho, nueva campaña para presionar al Gobierno y lograr, de una vez por todas, acabar con los desahucios y combatir la emergencia habitacional. Desde que estalló la crisis en 2008, vivimos en un Estado de emergencia que ya se ha cobrado 1.002.000 desahucios. Con esto hablamos del mayor ataque contra el derecho universal a una vivienda digna, un derecho que no solo contempla Naciones Unidas, también está recogido en nuestra Constitución.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, se siguen produciendo 198 desahucios al día. Una situación alarmante, que requiere de medidas urgentes e inmediatas por parte del Gobierno. Desde la PAH llevamos más de una década denunciando la situación y poniendo sobre la mesa propuestas legislativas para cambiar las reglas del juego y velar por los intereses de las familias y no los intereses del sistema financiero.

Con la Ley Vivienda PAH aprobada en el Congreso el 18 de septiembre de 2018, estuvimos cerca de lograrlo y solo el bloqueo sistemático del Partido Popular y Ciudadanos impidieron su debate y resolución. Ha llegado el momento de recordar a PSOE y Podemos, que deben dar un paso al frente real para pasar de las palabras a los hechos gobernando por las familias y el Derecho a la Vivienda.

Las consecuencias de la crisis siguen afectando a miles de familias que se ven incapaces de cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el poder mantener su hogar o la de poder acceder a una vivienda. La burbuja inmobiliaria instada por la banca, la mayor parte rescatada con fondos públicos, y la especulación que no cesa de Fondos Buitre y sus Socimis, han generado una auténtica emergencia habitacional. Muchas familias se encuentran, en nuestras ciudades y pueblos, sin casa o con dificultades para poder acceder o mantener una vivienda adecuada y, al mismo tiempo, existen miles de viviendas vacías.

Esta situación, agravada por altas tasas de paro, precariedad y una muy insuficiente protección de derechos de la ciudadanía, que se constata con el bajísimo porcentaje del 1,5% de vivienda pública asequible en alquiler. Recientemente el relator de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Philip Alston, ha denunciado la inquietante situación de la pobreza y de la crisis de la vivienda, insistiendo en que es una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla. 

El pasado viernes, la PAH nos reunimos con el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y cual fue nuestra sorpresa al constatar que a pesar de reconocer que estamos ante un problema de Estado, el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, no estaba trabajando ni había contemplado tratar la situación de manera inmediata. Ante esta situación de extrema urgencia y teniendo más claro que nunca, que sin la presión social el Gobierno no se mueve, arrancamos la campaña #ViviendaPorDerecho. Una campaña que surge de la necesidad de recordarle al actual Gobierno su responsabilidad hacía las familias, que tengan consciencia de su papel como culpables directos de los 198 desahucios que se producen diariamente. Hoy se cumplen 42 días de Gobierno y nuestro contador de la vergüenza ya indica 8.316 desahucios en este periodo.

Ante esta realidad, en que todo está por hacer, la PAH iniciamos nueva campaña de presión política para actuar y frenar el drama de los desahucios de manera inminente, tal como dictan los dictámenes y tratados internacionales de Naciones Unidas. Dictámenes que dejan muy claro que no puede haber un solo desahucio sin alternativa habitacional garantizada. A raíz de su incumplimiento, España acumula tres condenas en el Comité DESC de NNUU por vulneración del Derecho a la Vivienda, que, además, ha dado a España un plazo que expira el próximo 30 de abril. Tenemos 160 casos más en el Comité, que pueden hacer de España un país coleccionista de condenas por violación de Derechos Universales.

Es evidente que necesitamos cambiar las reglas del juego y conseguir una Ley de vivienda que garantice a todo el mundo poder mantener y acceder a un hogar. Pero para ello, sabemos mejor que nadie la dificultad de llevar esto acabo, primero hay que combatir la situación de extrema urgencia, generada ya por la finalización de la moratoria de lanzamientos hipotecarios el próximo mes de mayo. Para ello nuestras principales exigencias para que se hagan efectivas antes de la finalización de los 100 primeros días de Gobiernos, son

  • La promulgación de un Real Decreto que incluya prórroga de la moratoria y suspensión de todo desahucio, ya sea por impago de hipoteca, de alquiler u ocupación, promovido por grandes tenedores de vivienda a familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional adecuada, junto con una renovación de los alquileres sociales firmados con entidades financieras y fondos de inversión.
  • Establecimiento urgente de mecanismo de interlocución entre la PAH y resto de organizaciones sociales con el Gobierno, que incluya todos los Departamentos que tienen competencias en materia de vivienda y Derechos Humanos, para desarrollar el derecho a una vivienda digna y una futura Ley de Vivienda.
  • Que el Gobierno adopte las medidas necesarias para cumplir fielmente el contenido de los dictámenes del Comité DESC de NNUU.

Sabemos que es posible hacer realidad nuestras demandas. Lo hemos demostrado en Catalunya, no solo ganando una ley como la 24/2015, también logrando ampliarla recientemente a través del Decreto 17/2019. Hablamos de una ley que ya es un referente en toda Europa y que, por sentido común y justicia, debería ser aplicada en todo el Estado. En el año 2016, tanto PSOE como Podemos, se comprometieron por escrito a extender la 24/2015 a todo el territorio, si alguna vez llegaban a gobernar. El momento ha llegado, siendo la hora de pasar de las palabras a los hechos y demostrar que están a la altura de ser el Gobierno Progresista que nos quieren vender. Porque ponerse del lado de la ciudadanía estando en la oposición es fácil, pero lo difícil es hacerlo estando en el poder.

Decimos basta a que nuestros hogares sean simple mercancía de especulación para bancos e inversores extranjeros. Seguiremos en las calles, movilizadas, porque lo pide la ciudadanía, lo exige la ONU y porque ya toca ganar #ViviendaPorDerecho.

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Primeras conclusiones del Relator Especial de las Naciones Unidas después de la visita a España

El pasado 1 de febrero de 2020, Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos visitó la PAH de Barcelona para conocer la realidad de la emergencia habitacional que sufrimos de primera mano. Durante el encuentro tuvo la oportunidad de compartir experiencias y conversar con las families que participan de la PAH para conocer su realidad.

A la espera de hacer público el informe definitivo que se hará hacia junio de este mismo año, Philip Alston ha hecho públicas sus primeras valoraciones que podéis consultar desde este enlace. A continuación compartimos las que hacen referencia a la vivienda:

«Las autoridades no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24% de la población se enfrentó a la “exclusión de la vivienda” en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas.49 La situación ha empeorado tanto que una organización con la que me reuní ha recurrido a celebrar más de 200 asambleas de vivienda en todo el país cada semana para compartir información y consejos colectivos sobre cómo navegar el laberinto de los desafíos de la vivienda.

Los precios de la vivienda siguen subiendo a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler.50 El Banco de España halló que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 2013 y 2019,51 mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década.52 España también ha sido criticada por permitir que las empresas de capital privado e inversión compren viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares.53 Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la mañana, les habían duplicado el alquiler, como resultado de una decisión del Gobierno madrileño de vender vivienda social a gran escala al fondo Blackstone.

La subida de los precios de la vivienda se ha visto acompañada por tasas sorprendentes de desalojos: el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con un total de 712.723 desalojos entre 2006 y el tercer trimestre de 2019.54 Sin embargo, se trata de una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales ni el número total de personas afectadas.

A pesar de la evidente necesidad, la vivienda de alquiler de bajo coste es casi inexistente en España. En 2018, solo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado.55 Housing Europe estima que la vivienda social en España comprende el 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y 16,8% en Francia.56 La construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018.57 Mientras tanto, el último censo nacional de viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacías y Housing Europe calcula que había 3,8 millones de viviendas vacías en 2017.58

Las estadísticas sobre la falta de vivienda son extremadamente limitadas, pero se estima que había entre 27.500 y 33.000 personas sin hogar en 2015,59 y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar.60 Pero la respuesta política es confusa. Por ejemplo, en Extremadura, un funcionario me contó que “no tienen a personas sin hogar”. Las políticas preventivas son “prácticamente inexistentes”,61 y hablé con personas sin hogar que enfatizaron las serias dificultades que tenían para acceder a los servicios sociales sin una dirección permanente, lo que impide que aquellas personas que están en las situaciones más precarias obtengan el apoyo al que tienen derecho. En 2015, entre las personas sin hogar, el 19,8% no tenía tarjeta sanitaria, incluido un 32,7% de personas extranjeras.62 Las comunidades autónomas deberían corregir urgentemente esta situación, implementar un enfoque de Vivienda Primero y buscar estrategias preventivas que enfaticen la intervención y el apoyo antes de que la gente se vea abocada a la calle.

Además, en 2018, casi el 10% de la población de España no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y las personas se veían forzadas a elegir entre calentar sus hogares o alimentar a sus hijos e hijas. España debería ampliar el acceso a lossubsidios para pagar los servicios públicos, y garantizar que no se corte el suministro a las familias vulnerables. La ley de Cataluña sobre la pobreza energética, resultado de la continua movilización en materia de vivienda, es un paso en la dirección correcta.

Después de que tantas personas en ciudades clave de España enfatizaran la gravedad de la crisis inmobiliaria y tras mis conversaciones con funcionarios del gobierno nacional, me preocupa que exista un profundo desajuste entre las necesidades y las respuestas políticas que se están contemplando. Nadie duda de que se requieren medidas urgentes. Un Plan Nacional de Vivienda 2018-21 incluye la construcción de 20.000 unidades de vivienda pública durante cuatro años,63 pero eso está muy lejos de cubrir las necesidades. Las nuevas leyes que aumentan la duración mínima de los contratos de alquiler y condonan la deuda de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria o embargo son un paso en la dirección correcta, aunque esta última medida debería aplicarse retroactivamente. España debería tomar medidas enérgicas para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo coste, pero eso no aliviará la situación durante varios años. De manera similar, partiendo de numerosas experiencias en el pasado, la propuesta de dependencia significativa de las Asociaciones Público Privadas probablemente beneficiará a las clases medias, pero no a las más dramáticamente afectadas. Si bien en Barcelona se han adoptado controles sobre los alquileres, siguen siendo controvertidos a nivel nacional y los funcionarios con los que hablé no les dieron mucha importancia. Esto me parece un error. La experiencia en París, Berlín y un número creciente de ciudades en Estados Unidos indica que los sistemas de estabilización de los alquileres pueden funcionar bien, siempre que estén cuidadosamente diseñados para evitar la torpeza y la inflexibilidad de programas ideados hace décadas en circunstancias muy diferentes.64

El Gobierno también debería dar contenido sustancial al derecho a una vivienda digna. A pesar de su reconocimiento constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible me lleva a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece de importancia. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda.»

Desde la PAH llevamos más de 10 años luchando contra una emergencia habitacional crónica, tenemos claro que hacen falta leyes valientes para hacer valer nuestro derecho a la vivienda y no desfalleceremos hasta conseguirlo. Exigimos que se tengan en cuenta las valoraciones de Naciones Unidas y que de una vez por todas se dejen de vulnerar nuestros derechos.

#SiSePuede

Visita de Philip Alston a la PAH

 

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Sin excusas, exigimos el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015 para acabar con la emergencia habitacional

Una vez convalidado en el Pleno del Parlamento de Cataluña el nuevo Decreto Ley 17/2019 exigimos su correcto cumplimiento a los grandes propietarios, juzgados, ayuntamientos de toda Cataluña y a la Generalitat.

Hoy 5 de febrero de 2020, el pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, aprobado a finales de diciembre por el Gobierno de la Generalitat, que amplía las medidas de la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 tenemos claro que las nuevas coberturas alcanzadas no habrían sido posibles sin la presión de las entidades sociales que trabajamos por el derecho a la vivienda. Desde 2015 que conseguimos aprobar por unanimidad la Ley en el Parlamento, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular, hemos defendido su cumplimiento y hemos conseguido parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en Cataluña. Al mismo tiempo, los últimos años hemos seguido luchando para ampliar la cobertura y proteger cada vez más a las familias en situación de vulnerabilidad. Hemos conseguido hacer de la Ley 24/2015 una ley pionera y valiente en el ámbito del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito autonómico como estatal e internacional. La ampliación convalidada hoy en el Parlamento de Cataluña es otro paso importante contra la emergencia habitacional que padecemos.

Las medidas del nuevo Decreto Ley contemplan aspectos tan importantes como:

  • Renovación a 7 años de los miles de alquileres sociales firmados al amparo de la Ley 24/2015 por 3 años a partir de 2015, que caducan ahora o que finalizan en el futuro.
  • Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
  • Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado en la vivienda, sin título, después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven al menos 6 meses en la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
  • Todos los nuevos alquileres sociales deberán respetar los plazos de la LAU, ampliando los 3 años de 2015. Por lo tanto, tendremos 10 años (3+7) de protección para los que ya existen, y 14 (7+7) para los que se firmen a partir de ahora. En el caso de viviendas que sean propiedad de personas físicas, el período de protección podrá llegar a los 10 años (5+5).
  • Se fija por ley el precio de la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a un 40% del precio de la vivienda de protección oficial. Hasta ahora no se podía aplicar esta herramienta de movilización de vivienda vacía porque el Estado había retirado el recurso que pesaba sobre el artículo 7 de la Ley 24/2015, poniendo como condición que se definiese objetivamente un precio. Ahora se podrá obligar a los bancos y fondos buitre a ceder los pisos vacíos para alquiler social a precios por debajo del mercado (piso de 65 m² en Barcelona de 150 a 200 €).
  • Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas y por tanto protegerá más arrendatarias con amenaza de desahucio.
  • Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.

Nuestra lucha, sin embargo, no termina aquí. Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Seguiremos exigiendo un Plan de choque contra la emergencia por parte de las administraciones competentes, que contemple medidas valientes como la puesta a cero de la lista de espera para acceder a un piso de la Mesa de emergencia, que actualmente es de casi dos años, con 2.500 familias a la espera, y que se movilicen los miles de viviendas vacías de la banca y fondos de inversión para destinarlos a vivienda social. 

Recordemos que en Cataluña hay 49 desahucios al día según datos del Consejo General del Poder Judicial, y continúa liderando este ranking de la vergüenza en el conjunto del Estado español. Datos escandalosos que por otro lado no tienen en cuenta todos aquellos desahucios invisibles de familias que han decidido marcharse por su cuenta previamente al desahucio, ni todas aquellas que viven en una vivienda en situación de ocupación en precario.

Ya no hay excusas. Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y las entidades que formamos parte, el Observatorio DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, exigimos de ahora en adelante el correcto cumplimiento, tanto a los grandes propietarios como a los juzgados, a los ayuntamientos de Cataluña y a la Generalitat. Hemos creado toda una serie de Documentos Útiles para exigir el cumplimiento de la Ley y los hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía en nuestra página web para que todas puedan hacer efectivo el correcto cumplimiento de sus derechos. La Ley 24/2015 es una herramienta que avanza en la protección de nuestro derecho a la vivienda y no vamos a permitir que ningún interés de los grandes especuladores ni de los lobbies financieros pase por delante de nuestros derechos.

¡Estaremos vigilantes!

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Recta final para conseguir las firmas suficientes de la ILP Europea «Vivienda Para Todas»

Quedan menos de 2 meses para que finalice el plazo de recogida de firmas para lograr 1 millón de firmas en toda Europa y poder llevar la petición a la Comisión Europea para su aprobación. En España necesitamos recoger un mínimo de 40.500 firmas y aún nos falta la tuya

Europa está viviendo una grave crisis de vivienda, tratada cada vez más como una mercancía especulativa y no como un Derecho Humano, tal como dictamina Naciones Unidas. Los precios se disparan y muchas nos vemos obligadas a cambiar de barrio o ciudad por no poder asumirlos. Unos precios que, en aproximadamente 82 millones de hogares, ya se comen más del 40% de los ingresos, lo que provoca que cada día sean más las familias que pierden su casa por no poder afrontar el coste de la vivienda.  En España sufrimos una media de casi 60.000 desahucios anuales, de los cuales el 67% ya son por impago de alquiler.

En este contexto, necesitamos una respuesta coordinada, desde distintos países, para conseguir herramientas que nos permitan avanzar en el derecho a la vivienda.

 ¿En qué consiste esta Iniciativa Ciudadana Europea?

«Vivienda para todas y todos» es un llamamiento a los países europeos para que prioricen la inversión en vivienda y den un paso adelante en la creación de vivienda asequible, pública y social, incorporando las siguientes medidas en el marco legal y financiero:

  1. Mejorar el acceso y ayudas a la vivienda social en la Unión Europea.
  2. No aplicación de los criterios de Maastricht a la inversión pública en vivienda.
  3. Mejor acceso a financiación de la Unión Europea para promoción de vivienda pública y sin ánimo de lucro.
  4. Adoptar una normativa europea básica para los alquileres de corta duración, mientras se amplía el número de viviendas asequibles.
  5. Elaboración de estadísticas oficiales sobre las necesidades de vivienda en Europa.

 

La situación en España

España cuenta con la décima parte de la vivienda pública que otros países de su entorno (1,5% frente a una media del 15%). Esto no es accidental, es fruto de la apuesta por un modelo insostenible de propiedad y vivienda protegida de venta, que pasados unos años se volvía a recalificar y pasaba de ser vivienda protegida –más barata– al mercado privado donde poder especular con ella.

Cerca de 1.002.000 de familias han sufrido un desahucio desde 2008, en muchos casos sin alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas debido a la escasez de vivienda social. Por ello, esta Iniciativa europea se acompaña con las siguientes demandas a nivel interno:

1. Crear un parque de vivienda social y asequible de alquiler o cesión de uso de un 15% en 10 años y un 30% en 20 años.

  • Incorporar al parque de vivienda social las viviendas de Bankia y la SAREB.
  • Recuperación de los 77.000M€ del rescate bancario, vía impuesto a las entidades financieras para destinarlo a vivienda pública, social y asequible.
  • Obligar a grandes propietarios a destinar el 30% de nuevas construcciones o rehabilitaciones integrales a VPO en zonas con demanda de vivienda.

2. Asegurar un alquiler estable y asequible.

  • Permitir a los ayuntamientos regular los precios del alquiler con base en el poder adquisitivo de la ciudadanía.
  • Renovación automática de los contratos con actualización de renta limitada, salvo incumplimiento del inquilino/a o por necesidad de la vivienda del arrendatario/a.

3. Priorizar la vivienda pública de alquiler, así como colaborar y financiar entidades sociales, cooperativas de vivienda en cesión de uso y otros operadores sin ánimo de lucro.

 

Esta iniciativa está en la línea de lo expuesto por Leilani Farha, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, en su reciente informe, en el que da las directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho de no discriminación a este respecto. El informe se centra en los requisitos fundamentales para ofrecer respuestas eficaces a los nuevos desafíos, basadas en los derechos.

La Relatora refuerza nuestros argumentos cuando remarca que los promotores e inversores privados ejercen actualmente un dominio sin precedentes de los sistemas de vivienda, separando a menudo a esta última de su función social y tratándola como una mercancía para la especulación. La actual crisis mundial de la vivienda no tiene comparación con ninguna otra crisis anterior de ese tipo. No la ha causado una disminución de los recursos ni una desaceleración económica, sino el crecimiento económico, la expansión y la creciente desigualdad. La vivienda se ha convertido en un impulsor clave de la creciente desigualdad socioeconómica. Argumentos más que suficientes para lograr los objetivos marcados por esta Iniciativa Ciudadana que solo necesita las firmas necesarias para hacerse realidad.

Desde la PAH, como miembros del grupo promotor de la Iniciativa y como defensores del Derecho a la vivienda, hacemos un llamamiento social para que el enlace de firmas online llegue a cada hogar, para lograr más medidas para que nadie se quede sin él o para poder acceder a uno, facilitando nuevos proyectos de vida bajo un techo asequible, digno y duradero.

Nosotras ya hemos hecho todo lo posible, ahora depende de ti. Firma, comparte con todas tus conocidas, difunde y hagámoslo realidad.

Firma y da tu apoyo ✍️ aquí

PorPAH_Bcn

«La pobreza es una elección política». Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos visita la PAH de Barcelona

El pasado sábado 1 de febrero de 2020 Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, ha visitado la PAH de Barcelona con motivo de su visita a España para realizar un análisis sobre el funcionamiento del sistema de protección español para las personas en situación de pobreza, así como la situación de las personas con trabajos precarios o que se enfrentan a dificultades para acceder a una vivienda adecuada, a la educación y a la sanidad, especialmente entre las poblaciones vulnerables.

Durante el encuentro en la PAH ha tenido la oportunidad de conocer la realidad de la emergencia habitacional que sufrimos, conversando y compartiendo experiencias con las familias afectadas que han perdido o están a punto de perder su vivienda y que habitualmente participan de nuestro colectivo, y junto con las compañeras de la Alianza contra la Pobreza Energética y la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

«El nuevo gobierno de España se ha comprometido a mejorar el bienestar económico y social de la población, y mi visita tan temprano en la legislatura ofrece una oportunidad para evaluar la situación y recomendar la mejor manera en que el Gobierno puede apoyar a las personas en situación de pobreza», dijo Alston.

En su visita a España el experto de la ONU viajará a Madrid, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña. Se reunirá con la Administración y con personas afectadas por la pobreza, así como con activistas, academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil, para posteriormente presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2020 su informe anual sobre esta grave situación que sufrimos.

Hoy Philip Alston ha podido poner cara y ojos a las personas que sufren la pobreza y luchan cada día contra ella, empoderándose para, juntas, plantarle cara a un sistema profundamente injusto. Confiamos en que ahora traslade nuestro mensaje a los verdaderos responsables de implementar las soluciones que la ciudadanía organizada lleva años poniendo sobre la mesa: desde el Gobierno de España hasta el Ayuntamiento de Barcelona, pasando por el Govern de la Generalitat. Todos ellos son responsables en hacer políticas públicas valientes que tengan en cuenta a las familias y no a los grandes lobbies financieros para revertir esta situación.

Desde la PAH exigimos que nuestros representantes políticos dejen de ser rehenes de bancos, grandes propietarios, oligopolio eléctrico y demás privilegiados, para ponerse de una vez por todas al lado de las personas de este país, porque como bien dice el propio Philip Alston, «la pobreza es una elección política».

¡#SíSePuede!

Actualización 07/02/2020: Compartimos las primeras valoraciones del Relator de la ONU una vez finalizada su visita en España: «Las altas tasas de pobreza son una opción política, según experto en derechos humanos de la ONU».

PorPAH_Bcn

Hacemos públicos los nuevos Documentos Útiles contra la emergencia habitacional

Los Documentos Útiles son una herramienta, a disposición de toda la ciudadanía de Cataluña, para exigir el cumplimiento de Decreto Ley 17/2019 para las familias.

Hoy miércoles 22 de enero de 2020 el Grupo promotor de la Ley 24/2015 hacemos públicos y a disposición de toda la ciudadanía los Documentos Útiles para exigir el cumplimiento del reciente Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado por el Gobierno de la Generalitat.

A finales del mes de diciembre de 2019, y gracias a la presión de las entidades sociales, conseguimos introducir en el mencionado Decreto Ley medidas muy significativas que amplían significativamente la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional, adaptándola de este modo a la realidad actual.

Los Documentos Útiles que hoy presentamos están a disposición de toda la ciudadanía para poder exigir tanto a los bancos y grandes tenedores, juzgados y ayuntamientos el cumplimiento de las mejoras conseguidas. Son los siguientes:

Documentos Útiles dirigidos en los bancos o a grandes tenedores:

  • Solicitud de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
  • Solicitud de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
  • Solicitud de alquiler social en caso de ocupación
  • Solicitud de renovación de alquiler social

Documentos Útiles dirigidos a los juzgados:

  • Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
  • Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
  • Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de ocupación
  • Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de renovación de alquiler social

Documentos Útiles dirigidos a los ayuntamientos:

  • Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
  • Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
  • Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de ocupación
  • Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de renovación de alquiler social

Desde los inicios de la entrada en vigor de la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular, hemos creado diferentes Documentos Útiles que han servido a la ciudadanía a hacer cumplir la Ley. De este modo las familias tienen a su disposición a través de nuestra página web herramientas efectivas para garantizar sus derechos en materia de vivienda.

Después de haber recuperado de la impugnación del PP y la banca las medidas anti-desahucios de la Ley 24/2015, después de haber conseguido que el Gobierno de la Generalitat retirara un primer Decreto para mejorarlo con las aportaciones de las entidades sociales, y después de conseguir la ampliación de la Ley con las nuevas medidas incorporadas en el Decreto Ley 17/2019 recientemente aprobado, advertimos que no desaprovecharemos la oportunidad de aplicar las leyes contra la emergencia al máximo de su potencial, para conseguir de una vez por todas una Cataluña libre de desahucios.

Los encontraréis en nuestra página web

👉 Documentos Útiles de Hipoteca https://pahbarcelona.org/es/documentos-utiles-hipoteca/

👉 Documentos Útiles de Alquiler https://pahbarcelona.org/es/docs-utiles-alquiler/

👉 Documentos Útiles de Ocupación https://pahbarcelona.org/es/docs-utiles-ocupaciones/

PorPAH_Bcn

¡Volvemos el 7 de enero!

Tras un año de lucha y victorias la PAH de Barcelona volvemos el 7 de enero.

2019 ha sido un año de luchas y victorias, hemos conseguido muchos avances para seguir garantizando el derecho a la vivienda, pero no podemos bajar la guardia, sabemos que los lobbies financieros y los banksters seguirán pretendiendo vulnerar nuestros derechos.

Es por eso que nos tomamos unos días de descanso y volvemos el 7 de enero con más fuerza que nunca. Os esperamos a todas en la siguiente asamblea:

  • 🗓 Martes 7 de enero
  • ⌚ 18h
  • 📍 c/ Leiva 44, Barcelona <M> L1 Hostafrancs

¡Tras 10 años de lucha sabemos que #SiSePuede!