Activistas de la PAH se citan ante diferentes oficinas de entidades financieras y fondos buitre para entregar documentación y exigir soluciones para las familias afectadas
Hoy 26 de mayo las PAHs de Catalunya han convocado una acción sorpresa ante las oficinas de bancos y fondos buitre para entregar la documentación de familias en riesgo de desahucio, pero que cumplen los requisitos para obtener un alquiler social según la nueva Ley 1/2022 antidesahucios. Esta acción se enmarca dentro de una campaña de presión cuyo objetivo es reivindicar el cumplimiento de la nueva ley que amplió la Ley 24/2015 por parte de grandes tenedores con más de 10 pisos y que se niegan a hacerlo.
La PAH Barcelona, en particular, ha decidido visitar un aoficina de Banc Sabadell en la calle Roselló con Rambla Catalunya, sede corporativa del Banco Sabadell. Hemos escogido esta entidad porque a nuestra asamblea llegan muchos casos de familias que firmaron hipotecas y alquileres sociales con Banco Sabadell o su sociedad inmobiliaria, Solvia. Posteriormente, la entidad vendió muchos de estos inmuebles a Promontoria Coliseum, una sociedad de inversión, cuyo propietario es el fondo buitre Cerberus (80%), si bien Banco Sabadell conserva parte de las acciones (20%), por lo que desde la PAH entendemos que la entidad tiene la responsabilidad, como gran tenedor y propietaria, de obligar a Promontoria Coliseum a otorgar el alquiler social a estas familias. Desde la recuperación de la ley catalana que obliga a hacer alquileres sociales a grandes tenedores como el Sabadell, este se ha lavado las manos asegurando que muchas de las viviendas ya no son de su propiedad, pero la realidad es que han dejado desamparadas a muchas familias con quienes firmaron acuerdos en su momento. Es el caso de Xesca, Alicia y José, quienes firmaron una dación en pago con alquiler social y ahora Promontoria Coliseum se niega a renovarles el alquiler. Otros casos son los de Tomislav y Carmen, quienes exigen su alquiler social por su situación de ocupación en precario.
El pasado mes de febrero el Parlamento de Catalunya aprobó la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, un texto que volvía a restituir algunos supuestos importantes de alquiler social de la Ley 24/2015 tumbados por el Tribunal Constitucional a instancia del Partido Popular y el gobierno español.
El principal efecto de esta ley es que detiene los desahucios hipotecarios, de alquiler y de ocupación. En el caso de los grandes tenedores como bancos, fondos buitre e inmobiliarias (es decir, personas jurídicas con más de 10 inmuebles), la ley obliga a la propiedad a ofrecer un alquiler social de 7 años a las familias antes de desahuciarlas. Por otra parte, la ley antidesahucios también contempla la cesión obligatoria de vivienda por parte de bancos y fondos buitre, lo que permite movilizar pisos vacíos para realojar a familias en riesgo de exclusión residencial y que ni siquiera pueden optar a una vivienda pública porque en Catalunya y España apenas constituye el 2% del total.
Está claro que la Ley 24/2015 es útil y eficaz, pero los bancos están reaccionando como siempre: utilizan la burocracia para confundir e intimidar a las familias, demorando y resistiéndose a firmar los alquileres sociales. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar provecho y les impide tener vivienda vacía para especular.
Hace dos meses, exigimos al presidente de Catalunya, Pere Aragonès, que aplique la Ley 24/2015 con urgencia y sin que le tiemble el pulso. Estamos manteniendo reuniones con la Agencia de Vivienda de Catalunya y la Agencia Catalana del Consumo para que sancionen, tal y como marca la Ley, a quien no ofrezca alquileres sociales un mes después de haber recibido la solicitud y la documentación.
Durante este tiempo, bancos como CaixaBank, Banco Sabadell o BBVA vuelven a dilatar los procesos para no realizar alquileres sociales a las familias, mientras que fondo buitre como Blackstone, Cerberus-Divarian, etc. no dan señales de vida… ¡ahora que deben cumplir con la ley! Es por esto que hoy salimos todas las PAHs de Catalunya a señalar a las entidades financieras y sus amigos buitres. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se dirija a las oficinas bancarias de toda Catalunya exigiendo el cumplimiento de la ley; y avisamos de que continuaremos yendo a sus oficinas o donde sea necesario hasta conseguir nuestros alquileres sociales. Denunciaremos públicamente esta actitud antisocial y contraria a la Ley por parte de estos tenedores (más propia de la mafia), al tiempo que informaremos a toda la ciudadanía de sus derechos.
No dejaremos tranquilos ni a los fondos ni a las entidades financieras, hasta que cumplan la ley. ¡Esto solo acaba de empezar!
