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PorPAH_Bcn

Comunicado campaña Obra Social ‘VIVIR NO ES DELITO’

Hoy hemos convocado diversas ruedas de prensa de forma simultánea en distintos municipios para presentar la nueva campaña de la Obra Social de la PAH en Cataluña contra la criminalización de la ocupación, a la que hemos llamado “Vivir no es delito”.

Como bien sabéis, el derecho a una vivienda está recogido en diferentes normativas y tratados, por ejemplo, en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado por 108 Estados, entre ellos España, en el cual, además, se reconoce al Estado como garante de este derecho. Asimismo, el artículo 47 de la Constitución Española también recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada. Por último, recordar que en España el Relator Especial de las Naciones Unidas por el derecho a una vivienda digna lanzó una serie de recomendaciones que no han sido implementadas por nuestro gobierno.

El acceso a la vivienda no está garantizado en Cataluña. La Administración pública no es capaz de dar soluciones habitacionales a las necesidades de la ciudadanía, teniendo una Mesa de emergencia habitacional desbordada. En los últimos cinco años, el precio medio del alquiler en Cataluña ha crecido un 49%, lo que obliga a las personas a destinar el 51% de sus ingresos para poder mantenerla. Todo esto ha contribuido a que el riesgo de pobreza se sitúe en una tasa del 20%… y que en el caso de los menores de 16 años se sitúa en un 28,5%.

Por otro lado, los desahucios, aunque han dejado de ser mediáticos, siguen aumentando. Nos encontramos con el dato aterrador de que se producen 2 desahucios cada hora en Cataluña, de los cuales el 64% es por impago de alquiler.

Como posible alternativa habitacional podríamos contar con las llamadas viviendas sociales. Sin embargo, los datos nos dicen que solo un 1,3% del parque de vivienda corresponde a esta tipología de vivienda pública. Y es que España solo dispone de 3 viviendas de alquiler social por cada 1.000 habitantes, siendo así el país de la UE con menos oferta. Esto provoca que la espera para acceder a una vivienda social pueda alargarse años. Mientras tanto, la única alternativa que se da es la del hacinamiento de hasta tres generaciones familiares en una misma vivienda, con todas las problemáticas sociales, familiares y psicológicas que eso trae consigo.

En contrapartida, nos encontramos que en Cataluña existe un 11,6% de viviendas vacías, lo que supone un total de 448.000 viviendas. Debido a este contexto social, económico y político que nos rodea, muchas familias que han visto vulnerado su derecho a vivienda, han encontrado en la ocupación de pisos vacíos la única solución para poder vivir dignamente. Con la Obra Social Catalana y la organización popular y colectiva se han realojado a más de 4.000 personas que no tenían ninguna alternativa habitacional, en pisos vacíos de bancos o grandes tenedores. Con estas recuperaciones ponemos en el centro la función social de la vivienda: que las personas hagan vida en ellas.

Asimismo, al contrario de lo que el imaginario colectivo ha instaurado, casi el 70% de las personas que ocupan una vivienda vacía de un banco o gran tenedor dicen tener una relación positiva o muy positiva con la comunidad de vecinas.

Estas acciones de justicia social han levantado ampollas dentro del sistema capitalista, ya que la propiedad privada es una de sus bases. Su respuesta no ha sido otra que la criminalización de estas recuperaciones usando todas las armas que tienen a su disposición, sobre todo los grandes medios de comunicación. A través de ellos, los partidos políticos y las grandes entidades financieras pretenden criminalizar la pobreza con mentiras y manipulaciones de la realidad que alimentan mitos sobre las ocupaciones. Quieren relacionar pobreza y delincuencia, ocupación y mafia, drogas y mala convivencia, cuando ellos son los principales responsables de este sistema que nos condena a la miseria. Por eso estamos aquí, para contestar a sus mentiras afirmando que el 93% de las personas que ocupan una vivienda vacía viven por debajo del umbral de la pobreza. Además el 82% de las viviendas ocupadas en Cataluña son propiedad de bancos y grandes tenedores; acabemos con la mentira de que a cualquier persona le pueden ocupar su vivienda cuando no esté. La ocupación de pisos vacíos se ha convertido en la única alternativa para miles de familias que solo intentan tener un techo donde vivir. Por ello pedimos a la ciudadanía que no se dejen engañar, que no miren a otro lado y que se unan a nuestra lucha contra la mafia financiera y política, aquella que posee miles de viviendas vacías, en las que nosotras solo queremos recuperar su función social. Basta de mentiras. Basta de desahucios. Basta de guerra entre pobres.

Por lo tanto, presentamos nuestra campaña Vivir no es delito en toda Cataluña, en la que intentaremos llegar a toda la población con el material que hemos elaborado, hablaremos con distintas organizaciones sociales, asociaciones de vecinas y plantearemos acciones para combatir el discurso que criminaliza la ocupación, y lo más importante: vamos a seguir organizadas y recuperando viviendas para darle su función social.

Sabemos que la criminalización de la ocupación va a ser el discurso que algunos políticos van a usar para ganar 4 votos. Desde la Obra Social catalana vamos a estar pendientes de esta campaña electoral y no vamos a permitir que se use el discurso que criminaliza la pobreza. Vamos a señalar a todos los políticos que hagan campaña en este sentido.

Basta de criminalizar las ocupaciones. Trabajemos para conseguir unos alquileres sociales para todas las personas que lo necesiten y para que los bancos y grandes propietarios cedan sus pisos vacíos al parque público de vivienda. Defendamos nuestro derecho a vivienda digna. ¡Es la hora de recuperar la función social de la vivienda!

¿Casas sin gente y gente sin casas? ¡Ni hablar! Organízate en tu Pah más cercana. 

PorPAH_Bcn

1ᵃ Fiesta por el Derecho a la Vivienda

Por la situación de emergencia habitacional, para poner la problemática en el centro y conseguir recursos para continuar la lucha, organizamos junto con el Sindicato de Inquilinas la 1 fiesta por el Derecho a la Vivienda con The SEY Sisters, Maria Arnal y Marcel Bagés, Za! y Lágrimas De Sangre 
  • Martes 23 de abril (Sant Jordi)
  • 20 h
  • Sala Apolo (Barcelona)
El encarecimiento de los precios, tanto de alquiler como de compra, en la ciudad de Barcelona se encuentra en una situación que excluye a la mayoría de la población. Vivimos una emergencia habitacional que se ejemplifica día tras día en los barrios y pueblos. Tan solo tenemos que mirar datos: 644.718 desahucios en todo el Estado desde 2008.
La vivienda no es un artículo de lujo, es una necesidad y un derecho, y como tal necesita una regulación para garantizar el acceso. No nos detendremos hasta conseguir nuestro objetivo.
La ocupación de viviendas vacías es un recurso legítimo en tiempos de especulación y una herramienta útil para visibilizar que la propiedad de las viviendas recae en pocas manos, curiosamente bancos y fondos buitre, los mismos que nos estafaron hace diez años y que no solo no han asumido ninguna responsabilidad sino que han recibido 70.000 M € públicos.
El Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, junto con muchos otros grupos de vivienda que hay en toda la ciudad, son los únicos espacios de esperanza y solidaridad. Solo organizándonos podemos ser más fuertes. Solo organizándonos dejamos de estar solas.
Por un modelo de ciudad y pueblos para las personas y no por los beneficios del mercado, ¡ven el próximo 23 de abril a la fiesta por el derecho a la vivienda! ¡Queremos ciudades habitables! 
Los beneficios del concierto irán destinados a continuar la lucha por una vivienda digna y a las afectadas por la violencia inmobiliaria. Podéis hacer donaciones con el concepto «fiesta por la vivienda» en el núm. de cuenta: ES59 1491 0001 2820 2195 9529
PorPAH_Bcn

[Comunicado] Valoración inicial de urgencia del Decreto Ley 5/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

Los grupos impulsores de la medida del 30% de vivienda protegida y de la ILP Vivienda  ̶ Ley 24/2015 ̶ denuncian que este decreto ha sido aprobado con total secretismo, al tiempo que desregula y permite subidas de precio de VPO mientras deja problemáticas graves en temas de vivienda sin resolver.

Barcelona, 26 de marzo de 2019

El Decreto 5/2019, aprobado el pasado 5 de marzo en el Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat, supone la modificación de más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo. La próxima semana el Parlamento vota si lo acepta o lo rechaza. Y en caso de que lo acepte, posteriormente se votaría si se tramita como proyecto de ley o se queda como está. Desde las entidades sociales consideramos que hay que volver a la casilla de salida, hacerlo de nuevo y hacerlo bien, poniendo sobre la mesa un nuevo decreto participado por la ciudadanía que garantice de forma efectiva el derecho a la vivienda en Cataluña. Es por este motivo que los próximos días, nos reuniremos con los diferentes grupos parlamentarios para conocer su valoración y compartirles nuestra oposición, por las líneas rojas que pisa.

Cataluña tiene un tejido social importantísimo de organizaciones y movimientos que luchan por el derecho a la vivienda, que ha sido pionero en la denuncia de la emergencia habitacional (desahucios y cortes de suministro), la burbuja de los alquileres o los efectos nefastos de la turistización sobre la vivienda. Además, la sociedad civil organizada ha sido capaz de cambiar leyes (ILP Vivienda), aprobar medidas como el 30% de vivienda protegida o provocar debates sobre el alquiler que han llevado a aprobar 2 decretos estatales, con la regulación de precios como gran tema pendiente. No tener en cuenta a las entidades y a los movimientos sociales demuestra una miopía y un desprecio indignante.

Este Decreto es una reforma importante de las leyes actuales, normas que para aprobarse han sido debatidas largamente y que han recibido aportaciones de la sociedad civil, y modifica más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo, por lo tanto, se trata de un trabajo de meses del Gobierno, que debería haberse compartido. Lo anterior agrava aún más la falta de participación en su diseño y redacción.

A través de esta valoración de urgencia, queremos destacar varios aspectos que nos alarman y que deben hacerse públicos:

En primer lugar, no aborda la emergencia habitacional con valentía y recorta la protección respecto a la Ley 24/2015. Mientras que esta norma, nacida de una ILP impulsada desde la calle, aseguraba el realojo adecuado por parte de las administraciones de las personas en exclusión residencial que no fueran realojadas por los propietarios de la vivienda  ̶ obligación que se preveía para grandes tenedores ̶ , el decreto apuesta por alojamientos temporales, que a día de hoy no existen, abriendo la puerta a que las soluciones temporales se cronifiquen. Además, incomprensiblemente, también pone condiciones y filtros inaceptables para conseguir alquileres sociales para las familias que no han tenido más alternativa que ocupar para vivir en una vivienda en desuso de la banca o de los fondos buitre.

En segundo lugar, abre la puerta a una liberalización del precio de la vivienda protegida, haciendo que una VPO pueda ser más cara según el barrio, precio que se marcará en base a los costes de edificación y urbanización, valor del suelo, beneficio empresarial y factor de localización, eliminando las tres tipologías de precios existentes hoy en día, que se definen en base a los ingresos de los solicitantes. Esto cuestiona gravemente la función de cohesión social de la VPO, agravará la segregación por barrios y reforzará la burbuja en los barrios gentrificados. También representará un encarecimiento de la vivienda protegida. El decreto desvirtúa claramente la medida del 30%, aprobada por la presión social que había detrás y el consenso político municipal que se consiguió en el Pleno Municipal de Barcelona, que precisamente posibilitaba distribuir la vivienda protegida dentro de los municipios, huyendo de la concentración histórica de la vivienda asequible en determinadas zonas.

Además, el Decreto reduce la validez de inscripción en el registro, de tres años a un año, y establece que las inscripciones actuales caducan en un año. Consideramos que estamos ante un intento de vaciar artificialmente la lista de demandantes de vivienda protegida, en uno de los momentos donde hay más demanda (125.426 personas) y cuando sabemos que muchas personas, directamente ni se inscriben, porque saben que hay poquísimas y es una «lotería», es decir, que en vez de dar respuesta de forma decidida, se quiere reducir la lista y flexibilizar los precios.

En tercer lugar, aunque la Generalitat se había mostrado públicamente favorable al carácter permanente de la vivienda protegida, este decreto desaprovecha una oportunidad histórica para hacer que toda la vivienda protegida sea de alquiler e indefinido. Esto solo se hace con la vivienda en suelo público pero no en las viviendas del 30%, por ejemplo. Legislaciones como la de Baleares o el País Vasco ya han legislado para garantizar el carácter indefinido de la VPO. Se puede hacer y se debe hacer, ya que la pérdida del parque de VPO es una de las causas principales que explican que hoy en día prácticamente no tengamos (se calcula por ejemplo que, si no se hubiera podido vender la vivienda protegida, Barcelona tendría hoy en día un 40%).

Por otra parte, se insiste en un índice de precios de los alquileres que no es más que un reflejo de los precios de mercado y de la burbuja, ya que no recoge las condiciones socioeconómicas reales de la población, no tiene en cuenta elementos claves como los ingresos familiares o la tasa de paro, de manera que el índice pudiera garantizar que los precios del alquiler se adapten a la economía real de las familias. Se ponen algunas medidas de transparencia, pero seguimos teniendo un índice de precios no vinculante y la propiedad no está obligada a aplicarlo, por lo que queda en papel mojado, que ni siquiera puede servir para evitar que los precios sigan subiendo.

Desde las entidades sociales tenemos claro que para garantizar el derecho a la vivienda es imprescindible cambiar de forma ambiciosa las leyes que defienden a la ciudadanía, hacer políticas valientes y dedicar presupuesto para llevarlas a cabo. Este Decreto Ley, queda muy lejos de alcanzar estos tres objetivos. Es cierto que incluye algunas mejoras, pero las medidas que nos alarman predominan y se ha quedado muy corto en todo lo que se podría y se debe hacer.

Desde la ciudadanía creemos que tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien, trabajando en un nuevo texto que contemple medidas con un amplio apoyo social como son: que la vivienda protegida (tanto pública como privada) sea permanente, incidir en los precios de los alquileres regulándolos para evitar precios abusivos, erradicar la emergencia habitacional obligando al sector privado a hacer alquileres sociales y realojando para que nadie se quede en la calle o tenga que acceder a una vivienda de forma precaria (ocupando), movilizando y actuando sobre la vivienda vacía de forma urgente, extendiendo el 30% a toda Cataluña o aumentando las cesiones de suelo de los privados en nuevos sectores residenciales para aumentar el parque de vivienda protegida, etc. Todo ello, entre muchas otras medidas urgentes y estructurales que necesitamos para llevar a cabo cambios significativos en la conquista del derecho a la vivienda.

Hay que hacer un nuevo Decreto Ley que esté a la altura de la situación que vivimos y que proyecte un futuro con derecho a la vivienda. Queremos barrios vivos y con vivienda asequible. Hemos demostrado que hemos podido hacer posible lo imposible y creemos firmemente que así será.

Recuperamos la parte de vivienda de la Ley 24/2015 de las manos del PP y de la banca y fuimos capaces de sacar adelante la medida del 30% con el sí del Pleno de Barcelona y de la Generalitat.

Exigimos que, de una vez por todas, se pongan las leyes y las políticas al servicio de la gente y del derecho a la vivienda.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] La semana del Día Mundial del Agua, casi 200 organizaciones adheridas al Compromiso por el Agua Pública y Democrática

¡Os invitamos el jueves 21 de marzo a las 11:30h a los Jardins de la Torre de les Aigües a celebrar el éxito de la campaña!

  • Llamada Abierta a las organizaciones sociales a adherirse

El agua en Barcelona y su Área Metropolitana (AMB) ha sido gestionada por Agbar durante muchos años de forma ilegal, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en 2016.

Sin embargo, Agbar -propiedad de la multinacional francesa Suez- ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia (TS) y la sentencia está al caer. Muy probablemente, el TS ratificará la sentencia porque la sentencia del TSJC fue muy contundente. Será un momento trascendental para poder remunicipalizar el agua en Barcelona y en la AMB.

Desde Aigua és Vida y el Movimiento por el Agua Pública y Democrática (MAPID) hace mucho tiempo que luchamos por una gestión del Agua Pública y Democrática. Entre muchas otras acciones, conseguimos más de 26.000 firmas para que en Barcelona se pudiera hacer una Consulta Ciudadana sobre el modelo de gestión del agua. Finamente, a pesar de los constantes obstáculos de Agbar, en la próxima legislatura la consulta se podrá realizar.

Como tenemos muy cerca las elecciones municipales catalanas y la sentencia del TS, hemos decidido seguir luchando. Así, el pasado 15 de enero lanzamos el Compromiso por el Agua Pública y Democrática con cuatro grandes objetivos:

  • Considerar el Agua y el Saneamiento como un Derecho Humano
  • Gestionar el servicio de agua y saneamiento de forma pública y con participación ciudadana
  • Crear un Observatorio Ciudadano del Agua Metropolitano
  • Velar por el cuidado de los ecosistemas fluviales que abastecen las ciudades de la AMB

A estas alturas, ya han firmado el Compromiso 180 organizaciones de perfiles muy transversales. Por todo ello, y en el marco de la semana del #DiaMundialAigua, os invitamos el jueves 21 de marzo a la presentación pública del Compromiso. Será a las 11:30h en los Jardins de la Torre de les Aigües (C/Roger de Llúria, 56, metro Girona). ¡Ven a celebrar que somos muchos y muchas las que creemos en modelos de gestión diferentes, que pongan la vida en el centro

PorPAH_Bcn

¡¡Pinchemos la burbuja del alquiler!!

Por unos alquileres asequibles

Por un parque público de vivienda de alquiler

El 6 de abril nos manifestamos para denunciar el abuso de los precios del alquiler. Los especuladores nos estrangulan subiendo y subiendo los precios y cada vez tenemos más problemas para llegar a fin de mes, mientras que los sueldos no suben. Un drama social ante la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho con el que no se tendría que especular. Hay miles y miles de pisos vacíos en nuestras ciudades, en cambio hay miles y miles de personas y familias sin un lugar donde vivir.

Salimos a la calle para denunciar el negocio que las industrias inmobiliaria y turística hacen con nuestros hogares. Mientras el gobierno español regaló a la banca  más  de  60.000 millones de euros de nuestros  bolsillos,  éstas no han hecho  otra  cosa  que  echar  de  su casa a personas sin dar ninguna alternativa habitacional. Los propietarios físicos  y  jurídicos de viviendas de alquiler,  con los  fondos  buitres  y  SOCIMI  a la cabeza,  disfrutan de  medidas de elusión fiscal en su favor desde hace décadas para no pagar impuestos, mientras los inquilinos e inquilinas soportan presión fiscal de hasta más del 30%. Hay que sustituir la LAU por una nueva ley que legisle los alquileres sociales en el mercado libre con ventajas fiscales vigiladas por el Estado y ciudades. Como solicitan Madrid y Barcelona, hace falta que los  impuestos directos  del  Estado sean gestionados  proporcionalmente por  las ciudades con una descentralización solidaria, como pasa en muchos países avanzados.

Los desahucios se han disparado y actualmente están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 desahucios por vía judicial  cada día,  uno cada 5  minutos.  Mientras  los fondos buitre  acumulan viviendas  a una  velocidad vertiginosa, sin precedentes en la historia, el alquiler se come más ingresos que en cualquier otro país de la OCDE. Y hay que añadir todos aquellos desahucios invisibles, que no están contabilizados, pero que suponen la expulsión de muchas vecinas de sus barrios y pueblos por no querer renovarles el contrato o por pretender imponerles subidas imposibles de asumir por los inquilinos e inquilinas. Hemos llegado a un punto asfixiante de la burbuja del alquiler y  queremos  pincharla,  por todos lados y desde todos los frentes.

Queremos pincharla y estamos determinadas a hacerlo. A pesar de que el nuevo decreto introduce medidas en cuestiones de alquiler, éstas son todavía insuficientes. Es por eso que el movimiento por la vivienda y las organizaciones, barrios y entidades que convocamos esta manifestación queremos dejar muy claro a toda la población los motivos por los cuales no dejaremos de luchar hasta desmercantilizar una de las necesidades y derecho básicas de todo ser humano: tener un techo digno donde vivir. Y así reivindicamos:

  • Pinchemos la burbuja: exigimos medidas políticas y fiscales para adecuar los alquileres a la renta disponible del hogar.
  • Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler teniendo en cuenta el poder adquisitivo real de la gente, es decir, la renta.
  • Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden acabarse de forma injustificada y unilateralmente. Tienen que renovarse automáticamente, a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para su uso personal o de un familiar.
  • Ningún desahucio sin alternativa habitacional: mayor autonomía financiera de los ayuntamientos (participar de los impuestos directos del Estado) para gestionar el parque de viviendas de las ciudades.
  • Contrato de alquiler único gestionado por oficinas de Vivienda y ayuntamientos: el fin de los abusos de los intermediarios: el negocio de las inmobiliarias es un escándalo.
  • Justicia fiscal: eliminación de todas las figuras a medida de la elusión fiscal en el Impuesto de Sociedades (Socimis, patrimoniales,  etc.)  y en el IRPF (persones  físicas y comunidades de bienes).
  • Expulsión de los fondos buitre: exigimos eliminar las Socimis, que disfrutan de grandes privilegios fiscales, y que el gobierno deja que especulen masivamente con nuestros hogares y que sean la punta de lanza de la burbuja.
  • Parque público de vivienda: Se tiene que convertir en parque público de vivienda las viviendas acumuladas por la Banca y por los fondos buitre para garantizar su función social, evitar la escasez artificial de vivienda y frenar la especulación. Grabar fiscalmente las viviendas urbanas vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas “especulativas” que no sean para primera residencia.
  • Aumentar la construcción de vivienda social: por parte del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.
  • Basta de pisos turísticos: la mala gestión del turismo tiene un gran impacto en la vida de la gente y disminuye enormemente la oferta de vivienda de alquiler.
  • Ley 24/2015: La aplicación integral de la Ley 24/2015.

Se les ha acabado hacer negocio con nuestros hogares, con nuestros barrios, con nuestras vidas. Pinchemos la burbuja, y pinchémosla bien, que no vuelva a hincharse nunca más.