El protocolo actual está totalmente desfasado y, a pesar de haber pedido cambios en múltiples ocasiones, el Consistorio de Núria Marín prefiere seguir maltratando a las familias.
La PAH, así como diferentes entidades sociales, denunciamos hoy en una rueda de prensa conjunta convocada ante las puertas del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat la nula respuesta que ofrece el consistorio en relación a las familias que han sufrido o van a sufrir un desahucio en el municipio. En el acto han participado también compañeras de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), el sindicat de Llogateres y el Sindicat de Llogateres.
La segunda ciudad de Catalunya, con más de 260.000 habitantes y con 554 desahucios ejecutados en 2019, cuenta con un protocolo totalmente desfasado y que no responde a las necesidades de sus vecinas, especialmente las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Este hecho ha sido trasladado en múltiples ocasiones a los principales regidores que se encargan del tema, pero hasta la fecha no ha habido una respuesta adecuada a la problemática. La última reunión impulsada por la PAH tuvo lugar el pasado 3 de febrero y contó con la participación de Cristian Alcázar, 2º Teniente de Alcaldía y responsable del Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad; José Castro, 3er Teniente de Alcaldía y responsable del Área de Convivencia y Seguridad; y Jesús Husillos, 5º Teniente de Alcaldía y responsable del Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos.
En ella, compartimos con los regidores nuestra profunda preocupación sobre cómo se están gestionando los problemas relacionados con la vivienda en la ciudad y la necesidad de abordar cambios estructurales en el protocolo de atención a las familias, que en muchas ocasiones son maltratadas tras vivir la experiencia del desahucio.
En este sentido, cuando una familia vulnerable es desahuciada judicialmente de su hogar en Hospitalet, desde la Administración local solo se le ofrecen tres noches en un alojamiento temporal. Además, el Ayuntamiento únicamente cuenta con acuerdos con tres pensiones para estos casos y ninguna de ellas se encuentra en el municipio, alejando a las afectadas de su arraigo al barrio. Cuando transcurren los tres días, la familia debe acudir de nuevo al centro de Servicios Sociales para estudiar la posibilidad de ampliar el plazo, aunque siempre se le recuerda que debe buscar una habitación por su cuenta. Este trato choca de frente con lo que marca la Ley 24/2015, que obliga a las Administraciones públicas a ofrecer un realojo adecuado a las personas en proceso de desahucio, y supone un maltrato injustificable para aquellas familias que ya han tenido que vivir en sus carnes un desalojo y que durante las semanas posteriores necesitan estabilidad para poder afrontar con garantías esta nueva etapa en sus vidas.
Merecen un capítulo aparte los casos como el de Farida, viuda con dos hijos a cargo, que participa de las asambleas de la PAH. Tras ser desahuciadas ella y sus hijos (una de ellas menor), el Ayuntamiento las ha enviado al Centro Residencial de Estancia Limitada Els Alps, un equipamiento público con unas normas muy estrictas y que básicamente se dirige al colectivo de personas sin hogar. La familia de Farida lleva allí desde el 24 de febrero, y cada día debe abandonar el espacio entre las 9 h y las 19 h y debe deambular por las calles hasta que puede ingresar de nuevo ya bien entrada la tarde. Además, por las noches debe soportar lloros y gritos de otras usuarias. Claramente se trata de un destino nada adecuado para una familia que acaba de ser desahuciada y que además cuenta con una menor.
Cabe añadir, por otro lado, que el protocolo actual también falla en todas las etapas anteriores al desalojo. La Oficina de Habitatge de la ciudad no ofrece un servicio efectivo para todas las familias que acuden a ella, y el día del desahucio, en la mayoría de casos, no hay ningún responsable del consistorio para mediar con la comisión judicial y las familias se encuentran totalmente solas si no cuentan con el apoyo de algún colectivo de vivienda. Además, el sistema de acceso a la Mesa de Emergencia es opaco y en ninguna web corporativa se pueden consultar los criterios de acceso, los datos de adjudicaciones ni las fechas de sus reuniones de valoración.
Todas estas demandas se trasladaron al Ayuntamiento en la reunión de principios de febrero, y dos semanas después se remitió un documento de trabajo con peticiones concretas a las cuales los regidores presentes se comprometieron, sin que a día de hoy haya habido ningún tipo de respuesta.
Esta inoperancia también la han vivido las compañeras de APE, quienes durante tiempo exigieron que se instalaran contadores sociales de agua en viviendas sin título habilitante, tal y como faculta un decreto de la AMB. Tras múltiples peticiones sin éxito y diversas campañas de presión, solo un escrache a la alcaldesa Núria Marín en plena campaña electoral consiguió desbloquear la situación y cambiar el modo de actuar del Ayuntamiento. A pesar de ello, desde APE se sigue requiriendo que se agilice el procedimiento y que se informe adecuadamente a todas las familias que pasan a diario por Servicios Sociales y que desconocen este mecanismo.
Por todo ello, la PAH y el resto de entidades sociales exigimos un cambio de 180º en las políticas de vivienda y realojos del Ayuntamiento de Hospitalet y que se cumpla con la Ley y se priorice el bienestar de las familias afectadas. Es insoportable que esta situación perdure más y se siga maltratando a familias vulnerables, y acudiremos ante este Ayuntamiento las veces que haga falta para exigir que se garanticen los derechos más básicos de la ciudadanía. La segunda ciudad de Catalunya no puede seguir con un protocolo ineficaz y que se ha visto totalmente desbordado por la situación de emergencia habitacional que viven nuestros barrios.
