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La entidad opta por la vía penal, a pesar de saber que se trata de familias vulnerables

Hoy 15 de noviembre de 2019 la PAH de Barcelona y la PAH de Terrassa, a través de una acción de denuncia pública en las oficinas de Abanca en Gran Vía, denunciamos el caso de Wendy y su familia, y el de Pape, amenazadas con la expulsión de sus casas la próxima semana, sin una alternativa habitacional. La entidad financiera, hasta hace poco propietaria de los inmuebles, ha optado por la vía penal, aunque sabe perfectamente que denuncia a familias en situación de vulnerabilidad.

Wendy, vecina de la Trinitat Nova y una víctima más de la crisis económica, se vio sin posibilidades de acceder a una vivienda, y junto con su hijo se vieron forzados a ocupar un inmueble, que en aquel momento era propiedad de Abanca. Desde que asisten a la PAH, han intentado regularizar su situación en la vivienda y reclamar a la entidad un alquiler social de acuerdo con sus ingresos. Wendy llegó a intercambiar correos con la entidad financiera, pero finalmente el proceso no fructificó y la posible negociación concluyó con la presentación por parte de Abanca de una denuncia a Juzgados.

Por su parte, Pape, después de vivir durante diez años en su piso, y viendo que no podía hacer frente a la cuota, intentó negociar en numerosas ocasiones un alquiler social con Abanca, siempre, pero sin ningún tipo de respuesta ni solución. Finalmente, después de sufrir cuatro intentos de desahucio, al quinto lo desahuciaron, y ni el Ayuntamiento de Terrassa, ni Servicios Sociales le ofrecieron ningún tipo de alternativa habitacional. Gracias a la Obra Social de la PAH pudo recuperar su piso y ha seguido intentando negociar un alquiler social, hasta ahora en que Abanca le ha demandado por la vía penal.

Hay que recordar que Abanca nace de la caída de varias cajas de ahorro gallegas y contó con una inyección de dinero público descomunal. El caso es especialmente escandaloso. El Estado inyecta a la entidad 9.052 millones de euros, momento en el que pasa a ser 100% pública, para posteriormente venderla por 1.002 millones a un grupo venezolano. En el primer ejercicio tras la compra, en 2014, los beneficios de la entidad son de 1.157 millones, una cantidad superior al precio de venta. Desde entonces, Abanca ha obtenido unos beneficios de 330 millones de euros en 2015; 333,6 millones en 2016; 367 en 2017; y 430 millones en 2018.

Pese acumular 2.600 millones de euros de beneficio neto desde su rescate y sobrevivir gracias a la inyección de dinero público, la entidad decide dar la espalda a casos como el de Wendy y denunciar a familias vulnerables. La vía penal, a diferencia de la demanda civil, conlleva más perjuicios para las personas afectadas y es especialmente onerosa para las familias vulnerables. En primer lugar, las denunciadas tienen que pagar una multa, bajo riesgo de pena de cárcel si no lo hacen, que en el caso de Wendy, alcanza los 270 €. Por otra parte, la sentencia firme comporta antecedentes penales por un plazo de seis meses, lo que puede dificultar, por ejemplo, el acceso a algunos lugares de trabajo y así genera una mayor exclusión a la familia.

El día de hoy, Wendy, con una sentencia condenatoria firme, ha recibido un aviso de Juzgados como que tiene que abandonar su casa la próxima semana, bajo amenaza de que si no lo hace, la policía, utilizando incluso unidades de antidisturbios, podría llegar en cualquier momento para echarla sin ni siquiera poder recoger sus pertenencias. El Ayuntamiento de Barcelona no ha ofrecido todavía a la familia una alternativa habitacional, incumpliendo así lo establecido en la Ley 24/2015 en relación con la obligación de la Administración de ofrecer un realojo adecuado en caso de desahucio.

Ante esta situación, la PAH de Barcelona exige a Abanca ‒una entidad que aún existe gracias al dinero de la ciudadanía‒, que dé marcha atrás y pida a Juzgados la suspensión del desalojo. Por otra parte, seguimos reclamando un alquiler social para Wendy y su hijo, que se corresponda con los ingresos de la familia. Es intolerable que, como también ocurre con la SAREB, un banco rescatado con los impuestos de todos se dedique a expulsar familias vulnerables de su casa, y encima lo haga por la vía penal. La PAH no cejaremos y seguiremos luchando hasta que no se encuentre una solución adecuada. ¡Wendy, no estás sola!

Ante la nueva campaña electoral, gobierne quien gobierne, garantizar el derecho a la vivienda y aplicar las medidas necesarias para acabar con la emergencia habitacional y los desahucios debe ser una prioridad

Arranca una nueva campaña de elecciones generales, la cuarta en cuatro años, que no hace más que reafirmar lo que realmente preocupa a la clase dominante, mantener su estado de bienestar sin importarles el del resto de la ciudadanía, al tiempo que son incapaces de formar un Gobierno, y por el camino nos tenemos que seguir enfrentando a una vulneración sistemática de nuestros derechos y a reformas de maquillaje puramente electorales.

Desde la PAH llevamos una década defendiendo el derecho a la vivienda y su función social,  proponiendo cambios legislativos y estructurales que los garanticen. Hemos logrado avances a nivel municipal, ganar leyes autonómicas y registrar una Ley de vivienda integral en el Congreso, que no avanzó por el bloqueo crónico de PP y Ciudadanos. Las movilizaciones y presión social han sido lo suficientemente potentes y sostenidas en el tiempo como para lograr pequeños avances, como la reforma de la LAU y las que se incluyeron en  la ley hipotecaria; insuficientes debido a la falta de contundencia del PSOE, que dejó pasar una oportunidad histórica de frenar la emergencia habitacional y reventar las burbujas de alquiler y de hipotecas. Unas reformas que en ningún momento recogían medidas que atacaran el problema de raíz, para seguir siendo medidas de favor a la banca y a los fondos de inversión. En resumen, seguir tratando un derecho fundamental, la vivienda, como una mercancía con la que especular en beneficio de unos pocos.

Este verano, Pedro Sánchez tomó prestado un turno de lavado de cara reuniéndose con actores sociales para tratar distintas problemáticas y  recoger propuestas planteadas en esas reuniones. La PAH fue invitada a una de estas sesiones y presentamos nuestro plan de choque con propuestas para enfrentar urgentemente  la grave crisis de emergencia habitacional, así como el Derecho de acceso a la Vivienda en España.

No podemos permitir que se sigan produciendo 60.000 desahucios al año, que no se fomente la creación de vivienda pública y social, que la vivienda vacía en manos de la banca se siga vendiendo a fondos buitre o que no se regule el precio de los alquileres, mientras miles de familias están angustiadas por la falta de horizonte habitacional.

Por eso exigimos medidas como:

• La suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas  puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada.
• El cumplimiento de Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional que desahucia sin alternativa habitacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios, emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
• La anulación total de los desahucios con fecha abierta. Es necesaria una revisión de la LEC que evite la reinterpretación de algunos jueces, aumentando la angustia y evitando la defensa de la vivienda.
• La ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, y mejora de sus protocolos de acceso.
• La renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad.
• La regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los ingresos de la unidad familiar, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
• El incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
• Impedir la venta de vivienda pública por norma legal.
• Medidas legales que otorguen a las Administraciones Públicas el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente acaban en manos de fondos buitre.
• La cesión obligatoria de las viviendas vacías que posea la banca rescatada, con especial hincapié en Bankia y la SAREB. Hacerlo de forma inmediata en zonas tensionadas. 
• Que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en vivienda.
• Que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades y se estudien medidas para modular/evitar los efectos especulativos de sus prácticas.
• Penalizaciones a la vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
• Que se determine de una vez por todas la ilegalidad de las cláusulas abusivas, como dictan las sentencias del Tribunal europeo.
• La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas demostrables y ajenas a la voluntad del deudor. Por una ley de segunda oportunidad que suponga la integración social frente a la muerte civil que supone el sobreendeudamiento de por vida.
• Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH y la Ley 24/2015 catalana, fruto de una ILP aprobada por unanimidad en el Parlament.

Basta de excusas. Basta de burbujas especulativas que nos ahogan y niegan nuestro derecho a vivir dignamente. Llegó el momento de cambiar las reglas del juego y, gobierne quien gobierne, lograr una legislación que nos ampare y garantice una vivienda digna, asequible y estable a la que todas podamos acceder y mantener. Hay que hacer justicia a las familias que han perdido su hogar desde 2008, que no se siga repitiendo la situación, facilitar que nuestros jóvenes puedan independizarse y crear sus proyectos de vida o que nuestros mayores no vean cómo pierden su hogar tras años de sacrificio.

#ReventemosLasBurbujas

Los colectivos de vivienda salimos a la calle a señalar y denunciar que tres administraciones públicas mantienen edificios vacíos para su especulación ante una situación de falta de vivienda social

Hoy 31 de octubre de 2019 los colectivos que defendemos el derecho a la vivienda denunciamos a tres administraciones públicas con edificios en propiedad vacíos que podrían ser rehabilitados y destinados a vivienda social para dar respuesta a la emergencia habitacional crónica que padecemos. Exigimos la movilización de estos edificios y locales para rehabilitarlos y destinarlos al actual insuficiente parque de vivienda social que necesitan las familias.

Sólo en Cataluña hemos sufrido 3.557 desahucios durante el primer trimestre de 2019. Actualmente, solo en Barcelona, hay 600 familias que se encuentran realojadas indignamente en albergues o pensiones y 1.500 familias de Cataluña en lista de espera de la Mesa de emergencia, con una media de espera de casi dos años, cifras totalmente inadmisibles. Mientras tanto, las familias que han sufrido un desahucio son realojadas, muchas de ellas fuera de sus barrios, sin cocinas y con baños compartidos, sin tener en cuenta las necesidades familiares, espacios para el estudio de los niños o incluso muchas de ellas sin cumplir con unos mínimos de higiene.

Las soluciones aportadas para poner fin a esta situación por parte del Gabinete de Crisis, formado gracias a la presión de los colectivos de vivienda, han sido del todo insuficientes hasta el momento. El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado han dado la espalda a las familias en las tres reuniones mantenidas hasta el momento, con unas propuestas totalmente insuficientes y sin concreción de presupuestos ni calendario de actuación, demostrando así un nulo compromiso con la sociedad.

Recordemos que la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular y aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos en el Parlamento de Cataluña obliga a las administraciones a ofrecer un realojo digno a las familias. Así pues, exigimos unas administraciones valientes, que cumplan la Ley, que estén al lado de la ciudadanía y aporten soluciones reales y efectivas pensando en la grave situación de las familias. Es cuestión de voluntad política el poner freno a la emergencia habitacional.

La realidad que vivimos los colectivos de vivienda en nuestras asambleas es insostenible. Las familias no pueden esperar más. Nosotras seguiremos al lado de la ciudadanía, defendiendo nuestros derechos y vigilando para que se garanticen, a menudo materializándolos nosotras mismas ante la inacción de las administraciones, facilitando alternativas mucho más dignas que las suyas. No cederemos hasta hacer realidad estos derechos. Porque hay vidas en juego.

En la última reunión con el citado Gabinete de Crisis, nos fuimos anunciando que nos veríamos en las calles, motivo por el que estamos hoy aquí y continuaremos mientras no se dé un realojo digno a las familias que lo necesitan.

En la acción de denuncia de hoy hemos participado diferentes colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda: Resistim al Gòtic, 500×20, Grup d’Habitatge de Sants, Oficina d’Habitatge de Gràcia, PAH Barcelona, Xarxa de Suport Mutu Trinitat Vella y Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.