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Después de cuatro meses desde la primera reunión con el President, valoramos el trabajo conjunto pero los avances son pocos: hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario

Barcelona, 11 de julio de 2019

Hoy, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015, formado por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, hemos mantenido una reunión de seguimiento de la aplicación de la norma con el President Quim Torra, en la que se ha puesto sobre la mesa que no se han conseguido los compromisos acordados al respecto.

En el encuentro, han participado también el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Judith Gifreu, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, el Secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias y el Secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons.

El pasado mes de febrero, y después de casi 3 años, conseguimos recuperar íntegramente la Ley 24/2015 que el PP y la banca intentaron tumbar llevándola al Tribunal Constitucional, recuperando artículos imprescindibles. Un mes después, presentamos medidas efectivas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña  y exigimos al President de la Generalitat la necesidad de un gobierno valiente para hacerle frente. 

Durante cuatro meses, hemos mantenido ocho reuniones con los diferentes departamentos que abordan tanto la emergencia habitacional como la pobreza energética. La valoración y balance de las reuniones se puede consultar aquí.

Como aspecto positivo, cabe mencionar el trabajo conjunto que antes no existía y el reconocimiento de las entidades sociales como interlocutoras principales. También se han hecho algunos avances en cuatro de las trece demandas que planteamos.

No obstante, quedan avances claves pendientes de activar y hay que darles una prioridad real de cara a septiembre. No estaremos eternamente sentadas en una mesa, ahora hay que pasar a la acción y ver resultados reales.

Las demandas principales que hemos exigido que se activen en septiembre y la respuesta del Gobierno son las siguientes:

1. Aplicación inmediata de un plan de choque para poner la Mesa de emergencia a cero antes de que termine el año 2019. El Gobierno lo vincula al nuevo decreto ley de vivienda, reconociendo que es necesario pero posponiéndolo.
2. Activar una campaña comunicativa dirigida a la población para que conozca sus derechos y para la aplicación plena de la ley en el mes de septiembre de 2019. El President ha aceptado activarla en septiembre con urgencia.
3.  Actualizar en el mes de septiembre el protocolo de comunicación de desahucios del TSJC y la Consejería de Justicia, ya que es de 2013, y obvia la Ley 24/2015. El Gobierno hará una reunión en septiembre con el TSJC a la que reclamamos asistir.
4. Concretar en septiembre a través de un reglamento o instrumento legislativo propio un precio y procedimiento de la cesión obligatoria de viviendas vacías para aplicarla, sin transferir a los bancos dinero público. El Departamento lo vincula al decreto y hay que señalar que no podemos renunciar ni un día más a movilizar vivienda vacía de los grandes propietarios.
5. Incorporar las propuestas de ampliación de la Ley 24/2015 a las iniciativas legislativas del Gobierno previstas para el curso 2019-2020 y contar con nuestro acuerdo en la forma de incluirlas. También lo vinculan al decreto y hemos dejado claro que habrá que contar con nuestro visto bueno.
6. Firma de convenios para acabar con las deudas antes de terminar el año 2019. Hemos obtenido un compromiso de la Consejera de Empresa de hacerlo realidad en este plazo.
7. Implementación del protocolo de detección de casos de pobreza energética de los Bomberos de la Generalitat en todos los parques una vez finalizada la prueba piloto en noviembre. El Consejero de Asuntos Sociales se ha comprometido.
8. Reunión con el Departamento de Empresa para que el protocolo de instalación de contadores sociales de luz y de gas en viviendas en situación de ocupación pueda ver la luz a lo largo del mes de septiembre. Se ha obtenido el compromiso de una reunión para hacerlo desencallar en julio.
9. Hacer públicos los datos de los cortes de suministro parados desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 antes del mes de agosto. A pesar de la falta de respuesta hasta el momento, hoy mismo se han aportado nuevos datos que serán complementados de forma urgente.

El Gobierno no puede renunciar a hacer uso del 100% del potencial de una ley pionera que nos permite acabar con la emergencia habitacional, además, habiéndola salvado del recurso del PP y la banca.

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de sus hogares y dejarlas en la calle sin alternativas

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja claro cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales y violar las leyes que los protegen.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende, a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco, y volvemos a poner a Caixabank en medio del relato. No vamos a permitir ni un día más que las familias vivan sus vidas en cajas, con el miedo a ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas

#enCAIXAdes

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015

Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha puesto una sanción a un gran tenedor de vivienda del Raval por no haber hecho la obligatoria oferta de alquiler social a una familia vulnerable antes de ordenar el desalojo y, por otra parte, una expropiación forzosa del uso de un piso vacío del BBVA en el barrio del Besòs por 10 años. También se ha hecho público que existen 7 expedientes más de expropiación en pisos de Caixabank, Sareb, BBVA y Bankia, y que hay 300 casos más detectados donde se debe ofrecer alquiler social para evitar desahucios, y que si no se ofrece, también se actuará.

Es una buena noticia que se sancione a los grandes tenedores por incumplir sus obligaciones legales con los desahucios, y que se utilicen las herramientas existentes para aumentar el parque de vivienda social movilizando los miles de viviendas vacías existentes. Según nos consta, se trata de las dos primeras actuaciones de este tipo en Cataluña.

Hay que tener presente que la ley que rompió por primera vez en todo el Estado la impunidad de los bancos a la hora de desahuciar cuando tienen cientos de miles de viviendas vacías, es la Ley 24/2015, aprobada gracias a la lucha incansable de las entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda digna. La Ley 4/2016 se aprobó después de que el gobierno de Rajoy suspendiera la 24/2015, nacida de la ILP Vivienda. Y no solo eso, sino que también la salvamos del intento del PP y la banca, de enterrarla a través de su impugnación en el Tribunal Constitucional.

Gracias a 3 años de lucha imparable y después de recuperar las leyes a principios de 2019, las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca y el Grupo Promotor hicimos una primera acción en todos los municipios de Cataluña exigiendo a los bancos, ayuntamientos y juzgados el cumplimiento íntegro de sus medidas. Además, el pasado mes de abril nos reunimos con el President Quim Torra para exigirle lo mismo, y posteriormente se han realizado numerosas reuniones con los Departamentos de Territorio, Asuntos Sociales, y Empresa, para asegurar la aplicación valiente y plena de la Ley 24/2015, tanto la parte de vivienda como la parte de pobreza energética.

Cada día hay 45 desahucios en Cataluña, y el alquiler social obligatorio se debe ofrecer en todos aquellos lanzamientos hipotecarios y por impago de alquiler de grandes tenedores que afecten a familias en exclusión residencial, es decir, que tengan ingresos inferiores al 2’5 del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Por lo tanto, miles de familias han de firmar anualmente alquileres sociales ofrecidos por la banca, fondos buitre y grandes propietarios, que eviten su desahucio (13.941 perdieron su vivienda en Cataluña en 2018 y 3.557 en el primer trimestre de 2019).

Los desahucios de pequeños propietarios también están cubiertos por la Ley 24/2015, a través de la obligación de realojo obligatorio por parte de las administraciones (Generalitat y ayuntamientos) y de las herramientas de movilización de vivienda vacía de bancos y fondos buitre para alquiler social. Esta obligación está siendo incumplida de forma sistemática y a diario, y lo demuestran las más de 2.000 familias que esperan una vivienda en las Mesas de emergencia en todo Cataluña: ¡necesitamos movilizar las miles de viviendas vacías de bancos y fondos buitres que no cumplen su función social!

Para acabar, exigimos las siguientes medidas:

• A todos los ayuntamientos de Cataluña: más allá de este primer expediente de sanción, es imprescindible y obligatorio que controlen todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen y dando señales inequívocas de que la ley no se puede obviar y vulnerar.

• Al Ayuntamiento de Barcelona: que imponga la sanción máxima en este primer caso y en los que vengan. Las leyes dicen muy claramente que no puede resultar más beneficioso recibir una sanción que incumplir la ley (art. 28 Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público), y que si el beneficio de incumplir es superior al importe de la multa, este puede ser incrementado hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido (art. 118 de la Ley del derecho a la vivienda). Por lo tanto, la sanción máxima y su incremento vienen justificadas por la rentabilidad que los fondos buitre y las entidades bancarias extraen de los alquileres abusivos.

• A la Generalitat: que ponga las herramientas con urgencia para poder aplicar otra medida importantísima para movilizar, la cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca a los precios de alquiler social que marca la Ley 24/2015. En este momento el Grupo promotor ya ha hecho una propuesta al Departamento de Territorio para que se pueda aplicar por parte de los ayuntamientos, que deberá ser aprobada lo antes posible.

Aprovechamos para anunciar, que el próximo 11 de julio tendremos una nueva reunión con el President Torra, para valorar si desde abril se han hecho los avances necesarios para garantizar la aplicación al 100% de la Ley 24/2015.

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías! ¡Hace falta una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015 y la protección del derecho a la vivienda!