Archivo de categoría Inicio

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015

Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha puesto una sanción a un gran tenedor de vivienda del Raval por no haber hecho la obligatoria oferta de alquiler social a una familia vulnerable antes de ordenar el desalojo y, por otra parte, una expropiación forzosa del uso de un piso vacío del BBVA en el barrio del Besòs por 10 años. También se ha hecho público que existen 7 expedientes más de expropiación en pisos de Caixabank, Sareb, BBVA y Bankia, y que hay 300 casos más detectados donde se debe ofrecer alquiler social para evitar desahucios, y que si no se ofrece, también se actuará.

Es una buena noticia que se sancione a los grandes tenedores por incumplir sus obligaciones legales con los desahucios, y que se utilicen las herramientas existentes para aumentar el parque de vivienda social movilizando los miles de viviendas vacías existentes. Según nos consta, se trata de las dos primeras actuaciones de este tipo en Cataluña.

Hay que tener presente que la ley que rompió por primera vez en todo el Estado la impunidad de los bancos a la hora de desahuciar cuando tienen cientos de miles de viviendas vacías, es la Ley 24/2015, aprobada gracias a la lucha incansable de las entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda digna. La Ley 4/2016 se aprobó después de que el gobierno de Rajoy suspendiera la 24/2015, nacida de la ILP Vivienda. Y no solo eso, sino que también la salvamos del intento del PP y la banca, de enterrarla a través de su impugnación en el Tribunal Constitucional.

Gracias a 3 años de lucha imparable y después de recuperar las leyes a principios de 2019, las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca y el Grupo Promotor hicimos una primera acción en todos los municipios de Cataluña exigiendo a los bancos, ayuntamientos y juzgados el cumplimiento íntegro de sus medidas. Además, el pasado mes de abril nos reunimos con el President Quim Torra para exigirle lo mismo, y posteriormente se han realizado numerosas reuniones con los Departamentos de Territorio, Asuntos Sociales, y Empresa, para asegurar la aplicación valiente y plena de la Ley 24/2015, tanto la parte de vivienda como la parte de pobreza energética.

Cada día hay 45 desahucios en Cataluña, y el alquiler social obligatorio se debe ofrecer en todos aquellos lanzamientos hipotecarios y por impago de alquiler de grandes tenedores que afecten a familias en exclusión residencial, es decir, que tengan ingresos inferiores al 2’5 del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Por lo tanto, miles de familias han de firmar anualmente alquileres sociales ofrecidos por la banca, fondos buitre y grandes propietarios, que eviten su desahucio (13.941 perdieron su vivienda en Cataluña en 2018 y 3.557 en el primer trimestre de 2019).

Los desahucios de pequeños propietarios también están cubiertos por la Ley 24/2015, a través de la obligación de realojo obligatorio por parte de las administraciones (Generalitat y ayuntamientos) y de las herramientas de movilización de vivienda vacía de bancos y fondos buitre para alquiler social. Esta obligación está siendo incumplida de forma sistemática y a diario, y lo demuestran las más de 2.000 familias que esperan una vivienda en las Mesas de emergencia en todo Cataluña: ¡necesitamos movilizar las miles de viviendas vacías de bancos y fondos buitres que no cumplen su función social!

Para acabar, exigimos las siguientes medidas:

• A todos los ayuntamientos de Cataluña: más allá de este primer expediente de sanción, es imprescindible y obligatorio que controlen todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen y dando señales inequívocas de que la ley no se puede obviar y vulnerar.

• Al Ayuntamiento de Barcelona: que imponga la sanción máxima en este primer caso y en los que vengan. Las leyes dicen muy claramente que no puede resultar más beneficioso recibir una sanción que incumplir la ley (art. 28 Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público), y que si el beneficio de incumplir es superior al importe de la multa, este puede ser incrementado hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido (art. 118 de la Ley del derecho a la vivienda). Por lo tanto, la sanción máxima y su incremento vienen justificadas por la rentabilidad que los fondos buitre y las entidades bancarias extraen de los alquileres abusivos.

• A la Generalitat: que ponga las herramientas con urgencia para poder aplicar otra medida importantísima para movilizar, la cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca a los precios de alquiler social que marca la Ley 24/2015. En este momento el Grupo promotor ya ha hecho una propuesta al Departamento de Territorio para que se pueda aplicar por parte de los ayuntamientos, que deberá ser aprobada lo antes posible.

Aprovechamos para anunciar, que el próximo 11 de julio tendremos una nueva reunión con el President Torra, para valorar si desde abril se han hecho los avances necesarios para garantizar la aplicación al 100% de la Ley 24/2015.

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías! ¡Hace falta una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015 y la protección del derecho a la vivienda!

La Ley 24/2015 obliga a las administraciones a realojar a las familias desahuciadas, y ayuntamientos y Generalitat lo están incumpliendo

Hoy viernes 21 de junio de 2019 la PAH de Barcelona ha ocupado la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona para reclamar un realojo digno para familias desahuciadas que hoy en día se encuentran en pensiones y/o albergues, sin un lugar donde poder hacer los deberes sus hijas, poder cocinar para comer caliente ni poder hacer una vida digna mientras están a la espera del piso de la Mesa de emergencia o de una solución definitiva. Este realojo temporal, que se hace por no tener pisos de la Mesa de emergencia, está gestionado por la empresa Snow Travel, que selecciona arbitrariamente pensiones para las familias desahuciadas sin ver las necesidades de la familia y las va moviendo de pensión en pensión, como es el caso de la familia de Chaymae o la de Teresa. Aquí podéis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Cataluña.

Recordemos que la Ley 24/2015 obliga en su articulado, nunca suspendido, en el artículo 5.6 que: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo tiene que acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Hoy en día este artículo se está incumpliendo por parte de las administraciones locales como Barcelona y por parte de la Generalitat que está dejando a las familias desahuciadas sin este realojo y responsabilizando a los movimientos sociales como la PAH a buscar soluciones para las familias.

Desde la PAH, una vez más, vamos más allá y proponemos soluciones para hacerle frente. Concretamente exigimos la convocatoria del Consejo Social de la vivienda de Barcelona para reabrir y trabajar los protocolos de acceso a la Mesa de emergencia y los realojos en casos específicos, como son los procedimientos de desahucios abiertos y de pequeño tenedor. El pasado mes de mayo preguntamos a los partidos políticos que se presentaban a la alcaldía de Barcelona sobre estos temas y otros que creemos urgente abordar. La respuesta mayoritaria es de hacerles frente. Ahora, con un nuevo gobierno, exigimos que nos pongamos a trabajar desde hoy, pues las familias no pueden esperar.

Exigimos para las familias que se encuentran en riesgo de desahucio propuestas de mínimos:

• Protocolo de acceso a la Mesa de emergencia. Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales o las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.
• Realojo después de desahucio. Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015.
• Lista de espera de la Mesa de emergencia. Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Es necesario un plan de choque para ponerla a cero.

Sabemos que ante situaciones difíciles hay que poner imaginación y valentía, desde la PAH lo llevamos haciendo desde hace 10 años. Ante esto es necesario que todas las administraciones, entidades, partidos políticos, se responsabilicen y que digan abiertamente si continuarán poniendo trabas para salir de esta situación o realmente pondrán todos sus recursos para dejar atrás el ranking de la vergüenza de desahucios que lideramos en el territorio español.

Nosotras lo tenemos claro, mientras siga habiendo cualquier vulneración en el derecho a la vivienda, nos tendrán enfrente. Exigimos una #CiutatPerViure.

Las PAHs de toda Catalunya exigimos soluciones para familias vulnerables

Hoy hace exactamente un año del asesinato de Jordi, el vecino de Cornellá que se quitó la vida por no poder pagar su alquiler a Blackstone. Las PAHs de Catalunya volvemos a las oficinas de este fondo buitre a exigir justicia, a decir alto y claro que no vamos a dejar que haya una muerte más por su usura, y que atiendan uno a uno todos los casos. Esperamos que no se tenga que perder otra vida para que se sienten a negociar con nosotras.

Blackstone en España opera con el nombre Anticipa Real Estate, gestora inmobiliaria con la que se adueñó de las hipotecas de Catalunya Caixa. Una operación habitual, comprar la deuda de economías en problemas, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor de esa deuda, negando a las familias reestructuraciones de deuda, quitas o alquileres sociales, a pesar de que estamos hablando de viviendas que provienen de cajas y bancos que recibieron ayudas del FROB, ese rescate bancario de más de 60.000 M € de dinero público y sin ningún tipo de contraprestación a la sociedad. 

Blackstone, aprovechándose de la situación, lleva invertidos en España desde el inicio de la crisis más de 20.000 M € (5.420 M € solo durante 2018). Blackstone ha comprado Hoteles (con 20.000 camas es el segundo mayor propietario de camas hoteleras de España), Viviendas (con 35.000 viviendas es el mayor propietario de España), Hipotecas (100.000 en Catalunya Caixa), Logística (55 activos logísticos y 162.000 m² de suelo para uso industrial) y Juego (compró Cirsa Codere). Como cualquier fondo buitre extractivista, su único objetivo es comprar barato y vender caro en el menor tiempo posible. No le importa los métodos ni cómo quede el país tras su paso. En España, por ejemplo, solo 5 años después, ya ha puesto a la venta parte de los 1.860 pisos de vivienda pública que compró al Ayuntamiento de Madrid, o de las 100.000 hipotecas que compró a Catalunya Caixa. 

La relatora de vivienda de la ONU, Leilani Farha, en un reciente informe sobre Blackstone expresó “serias preocupaciones de que sus acciones sean consistentes con el derecho internacional de los derechos humanos con respecto al derecho a la vivienda y su responsabilidad de respetar los derechos humanos bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.” 

Blackstone se esconde tras 6 SOCIMIS (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), creadas por el Partido Socialista y que gracias al Partido Popular no pagan impuesto de sociedades (Euripo, Torbel, Albirana, Testa, Corona y Fider); y detrás de numerosas empresas como Budmac o Alquilovers. Todo un entramado de sociedades para evadir impuestos en paraísos fiscales o Luxemburgo, cuyo principal objetivo de Blackstone es comprar activos con el menor precio posible y que en el momento de la venta, en un periodo a corto o medio plazo, se venda a otros inversores para conseguir altas rentabilidades. Algunos de sus  competidores en el  sector son: Kronos Homes y Värde Partners. Blackstone registró el año pasado dos nuevas socimis bajo el nombre de Pegarena y Tourmalet.

En pocos años se ha convertido en el mayor gestor inmobiliario de nuestro país, acumulando el suficiente poder sobre el mercado como para permitirse el lujo de influir en las políticas de vivienda, con amenazas al propio Gobierno. Haya Real Estate es la empresa  inmobiliaria de Blackstone. Administra la mayor cartera de REOs en toda España y comercializa más de 15.000 inmuebles al año. Además, explota grandes carteras de patrimonio inmobiliario y son expertos en alquiler de REOs (REO es el acrónimo del término inglés «Real Estate Owned» o propiedades embargadas tras un juicio hipotecario. REO es un término de la industria financiera que hace referencia a las propiedades que una institución ha ejecutado y que ahora le corresponden). Y también vivienda social. En Barcelona se adjudicó un edificio de vivienda de protección oficial en la Avenida Diagonal y ahora lo está poniendo a la venta por 30.000 millones de euros. Desde la PAH exigimos a la Generalitat de Catalunya que no lo permita. Con un 1.5% de parque público de alquiler social no podemos permitir que fondos buitres como Blackstone vengan a colonizar y a expulsarnos de nuestras ciudades. 

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca llevamos años denunciando y exigiendo a los Gobiernos de turno responsabilidad y protección a las familias. Durante estos años la respuesta de las instituciones ha sido la de seguir protegiendo a los especuladores y dejando en la cuneta a las miles de familias que son víctimas de este fondo buitre.

Frente a esto, las PAHs  de toda Catalunya dicen BASTA. No vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos humanos sin ninguna consecuencia.

Hoy empezamos una campaña de presión y escrache al fondo de inversión Blackstone y a todos aquellos que le favorezcan para operar en el Estado y ciudades. Como primer paso nos hemos concentrado en sus oficinas del Prat del Llobregat a exigir demandas concretas para decenas de familias que llevan años intentando buscar soluciones y que este fondo de inversión solo les ha dado una orden de desahucio como respuesta. 

Exigimos: 

• Una oficina de atención al público en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida
  
• Alquileres sociales según la Ley 24/2015 por impago de hipoteca y de alquiler, con los baremos de la ley y a 7 años, como marca la LAU
• Renovaciones de los alquileres sociales. Hay 500 familias en Barcelona a las que les finaliza el contrato de alquiler social y no se lo quieren renovar
• Quitas de deuda
• Alquiler social para los casos de ocupación
• Citas por escrito para cada uno de los casos que presentamos hoy, en sus respectivas PAHs en una semana

La batalla empezó hace años, ahora seguiremos denunciando sus nuevas prácticas abusivas y usureras. Ya no solo están quedándose con las viviendas de las familias vulnerables, sino que están adquiriendo hoteles, empresas de juegos, para seguir explotando nuestras vidas y exprimir hasta el último céntimo de las familias que hacen malabarismos para llegar a fin de mes.

Si estás afectada por este fondo de inversión escríbenos un correo a: lapahdebarcelona@gmail.com Estamos tejiendo una red internacional para hundir a este fondo buitre y a todos los que permitan que operen de manera fraudulenta incumpliendo tratados internacionales de DDHH.

Digamos bien alto y claro que Blackstone – Anticipa: estafa, engaña, mata y echa a la gente de sus casas. ¿Lo vas a permitir? ¡Nosotras NO! La revolución empieza aquí. ¡No estás sola!

#BlackstoneMata

Hemos elaborado un amplio dossier sobre Blackstone y testimonios de afectadas que puedes leer y descargar aquí

 

Estos días presenciamos cómo los resultados de las elecciones municipales se convierten en una lucha por el poder que obvia qué medidas se implementarán a lo largo del próximo mandato para garantizar a las personas una vida digna y la preservación de la biodiversidad que la hace posible. Desgraciadamente se ha continuado con la priorización del choque de bloques por encima de las necesidades de las personas.

Por todo ello, en un momento donde los grandes lobbies presionan en la dirección contraria, desde los movimientos sociales de la ciudad exigimos que se pongan en el centro las políticas sociales y las necesidades de las personas y el planeta.

Ante los abusos y ataques a la democracia de los poderes económicos, las persistentes desigualdades, el grave deterioro ambiental y la emergencia habitacional de la ciudad, se hace imprescindible abordar de forma inmediata las siguientes peticiones en la acción de gobierno en Barcelona:

Desigualdades y justicia social

• Debe mantenerse el compromiso con el plan decenal de inclusión, revisar, reforzar y ampliar los planes de barrios, reforzar las políticas públicas en sanidad, servicios sociales y educación, luchando contra la segregación escolar, desarrollando políticas de ocupación claramente orientadas a hacer frente a la precariedad y los bajos salarios, incorporando medidas urbanísticas que hagan frente a la gentrificación y la apropiación privada del espacio público.
• Exigimos garantizar el acceso universal a los suministros básicos, sea cual sea el nivel de renta de la familia o el régimen de tenencia de su vivienda. En este sentido, toda política municipal tendría que integrar la defensa y la aplicación en forma de sanciones de la Ley 24/2015, como norma que protege los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, debe consolidarse el enfoque de la pobreza energética desde una perspectiva de derechos, ampliando de este modo los recientemente creados Puntos de Asesoramiento Energético para que sean un servicio conocido y empleado por el conjunto de la ciudadanía y fomenten el empoderamiento colectivo. Igualmente, hay que avanzar de manera decidida hacia la soberanía energética, haciendo de Barcelona Energia un espacio de participación colectiva por un control democrático de la producción, distribución y consumo energético.

Emergencia climática y justicia ambiental

Es necesaria una visión global de la cuestión y abordar prioritariamente la emergencia climática donde las siguientes medidas son fundamentales:

• Hace falta un cambio en el modelo de movilidad, con una apuesta decidida por el transporte público: tranvía, metro, red de transporte en superficie con perspectiva metropolitana, puesta en marcha de una extensa red de parkings disuasorios, fomento del uso de la bicicleta y planificación de un urbanismo favorable a los peatones y de una extensa red de espacios verdes con la renaturalización de los ríos Llobregat y Besòs.
• Apostar por una política de transformación del modelo energético local. Con un operador municipal verde, que no participe de la incineración de residuos, con gobierno público-comunitario, que ejerza como verdadero agente de cambio, hacia una transición energética social y ambientalmente justa en la ciudad de Barcelona.
• Luchar contra los grandes contaminantes limitando al máximo el tráfico de vehículos movidos por energías fósiles, la llegada de cruceros, la generación de energía mediante incineración o centrales de ciclo combinado de gas o carbón.
• Una política de gestión de residuos orientada al residuo cero, implementación en toda la ciudad del sistema de recogida puerta a puerta con una fuerte limitación del uso de plásticos, fomento de envases retornables, reutilización, reciclaje y que elimine la incineración.
• Implementar la remunicipalización del agua de Barcelona y el Área Metropolitana, así como poner en marcha un espacio de concertación entre actores sociales e institucionales para velar por la gestión del agua como un bien común, el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y la preservación de los ecosistemas que abastecen de agua a Barcelona y el Área Metropolitana. Tal como piden más de 250 entidades, algunas de 3er nivel, en el Compromiso por el Agua Pública y Democrática de la AMB*.

Emergencia habitacional, alquiler y turismo

• Políticas decididas para una transición en forma de decrecimiento turístico acompañadas de alternativas económicas más justas. Sustitución del consorcio público-privado Turismo de Barcelona por una agencia pública encargada de controlar y contener el sector. Ampliación de la zona 1 del actual plan de alojamientos turístico (PEUAT) a toda la ciudad, parando la concesión de licencias de cualquier tipo de alojamiento turístico en la ciudad y poniendo en marcha un proceso análogo en el ámbito metropolitano.
• Abordaje de las grandes infraestructuras de movilidad como factor fundamental de la turistificación; por ser puerto y aeropuerto competencias supra-municipales, hace falta un acuerdo de ciudad y un proceso de diálogo con el resto de administraciones para que sea la ciudad quien gestione estas infraestructuras. Cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de la gestión del 100% de la recaudación de la tasa turística para destinarla por ley a finalidades, como por ejemplo, el parque público de alquiler, a reforzar el tejido vecinal o la financiación del proceso de decrecimiento turístico.
• En política de vivienda es imprescindible el aumento del parque público de alquiler en cumplimiento de la medida del 30% y 15% de vivienda pública. Debe hacerse un cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, así como ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración. Hay que facilitar acuerdos de alquiler social ante problemáticas como la de las familias forzadas a ocupar, así como publicar datos del fenómeno.
• Para hacer frente a la emergencia debe modificarse el protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y una reducción drástica de la lista de espera que actualmente supera los dos años. Debe acordarse el destino del realojo después del desahucio con antelación a la fecha de éste y evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Deben unificarse las visitas a Servicios Sociales y Habitatge para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones.
• Debe hacerse un seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento y agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.

Y por todo esto, es imprescindible que el próximo gobierno de la ciudad tenga como prioridad estas cuestiones, con transparencia y facilitando la participación de los movimientos sociales para seguir con la profundización de la democracia, y hacer frente a los lobbies y a los poderes que intenten apropiarse de la ciudad.

Barcelona, 11 de junio de 2019

Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea de Barris per a un  Turisme Sostenible, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la PAH, Sindicat de Llogateres i la Xarxa per la Sobirania Energètica

* Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica https://aiguabcn.org/compromis/compromis/