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Barcelona no está en venta

En enero de 2017, la coordinadora de entidades vecinales, organizaciones sindicales y grupos de lucha de barrio «Barcelona no está en venta», llevaba a cabo su primera acción contra la gentrificación de la ciudad, la precarización de los colectivos de vecinas más vulnerables, y la defensa de los derechos políticos, sociales, culturales y laborales, exigiendo la derogación de la ley mordaza.

Desde aquel enero de 2017 nos hemos continuado movilizando para denunciar la creciente precarización de las condiciones materiales de nuestras vidas y la emergencia habitacional que soportamos. En estos últimos años, la gentrificación y la turistización se han extendido como mancha de aceite por toda el área metropolitana y por las zonas del territorio menos visibilizadas hasta ahora. El resultado ha sido una violación sistemática del derecho a la vivienda, a la vez que se degradaban las condiciones laborales de las trabajadoras. Desafortunadamente, la falta de medidas políticas ha cronificado esta situación.

El acoso inmobiliario y la expulsión del vecindario por parte de los fondos de inversión y grandes tenedores se ha disparado, y los desahucios siguen siendo un hecho cotidiano, incluso en su versión más cruel, la de los desahucios abiertos. La violencia policial contra las vecinas en los desahucios se ha convertido en una constante que no podemos tolerar.

Gracias a la presión del movimiento vecinal por la vivienda se han conseguido parar decenas de desahucios e impulsar medidas, como la del 30%, la recuperación de la Ley 24/2015 o la aprobación de algunas medidas, como el PEUAT, que podrían ayudar a reducir la segregación urbana y mejorar el acceso a la vivienda.

Sin embargo, la cifra de pernoctaciones y de desplazamientos turísticos no ha parado de crecer, y los planes de ampliación del puerto, del aeropuerto y la firma del nuevo convenio con la Feria de Barcelona, amenazan con agravar la masificación turística.

El pasado 6 de abril, más de 40 ciudades europeas han reivindicado la urgencia de medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna para todas. Decenas de entidades en Europa están impulsando la ILP «Housing for All» para reclamar un marco jurídico y financiero que facilite estas medidas.

Por otra parte, la red SET está articulando la lucha de cada vez más ciudades y territorios contra la turistización, y en todo el mundo ciudades, entidades y personas a título individual están apoyando el Manifiesto Ciudades por la vivienda adecuada, presentado en Naciones Unidas en julio de 2018.

En el ámbito laboral, el capitalismo de plataforma, la híper-flexibilización de las condiciones de trabajo, las sucesivas (contra)reformas laborales, la cronificación de la tasa de paro y de las falsas autónomas, el ataque al sistema de pensiones y la pérdida de los derechos de las trabajadoras indefinidas han incrementado la precarización y la explotación.

Sin embargo, últimamente se ha producido la movilización del sector del taxi contra las VTC (Uber y Cabify), y están apareciendo nuevas formas de autoorganización laboral y/o sindical, como las de las cooperativas de riders y la de los colectivos de las Kellys.

La crisis ecológica, el machismo y el crecimiento de la extrema derecha, están topando con el nacimiento y el crecimiento de movimientos para la transformación social que son la expresión de la voluntad de un mundo plural formado por movimientos sociales, entidades, colectivos y personas que quieren seguir tejiendo espacios y procesos horizontales y liberadores.

Nos reencontramos el próximo 11 de mayo, junto con otras ciudades del Estado y de Europa, para reiterar las reivindicaciones de hace tres años, pero también para entender y para hablar sobre lo que está ocurriendo hoy.

Exigimos a todas las administraciones responsables (Unión Europea, España, Generalitat de Cataluña y gobiernos municipales):

• La derogación de la ley mordaza, el cese de los desahucios abiertos y el fin de la violencia policial.
• La introducción de mecanismos democratizadores de participación política ciudadana (reforma de la ley electoral, listas abiertas, referéndums y fórmulas de revocación de los cargos políticos).
• El establecimiento de procesos participativos vinculantes sobre los proyectos de gran alcance.
• La derogación de la LAU y la adopción de medidas políticas y fiscales con el fin de adecuar los precios de los alquileres a la renta disponible del hogar.
• La expropiación de las viviendas vacías que están en manos de la banca rescatada y los grandes tenedores.
• La prohibición de la descalificación de la VPO, de la privatización del suelo público y la destinación para alquiler de toda la VPO que se construya.
• La destinación de las herencias intestadas a vivienda pública de alquiler.
• El aumento significativo del parque público de alquiler para cumplir con el 15% que marca la Ley por el derecho a la vivienda.
• El establecimiento de medidas inequívocas y ejecutivas para el decrecimiento turístico: alojamiento, desplazamientos, fiscalidad, condiciones laborales, etc..
• La restricción de los usos privados del espacio público y el fomento de los vecinales.
• La aplicación de medidas para luchar contra la brecha salarial y por la socialización de los trabajos de cuidados.
• El establecimiento del salario mínimo de 1.200 €, y el cumplimiento de la Ley de Renta Garantizada.
• La reversión de las privatizaciones de los recursos naturales y las externalizaciones de los servicios básicos: sanidad, pensiones, educación, etc.
• La adopción de medidas concretas para detener el cambio climático y, a corto plazo, de objetivos urgentes como evitar la subida de 1,5º C en 2030.
• El establecimiento de un plan para la transición energética que implique a todos los niveles de la Administración territorial y todas las actividades productivas.
• Asunción de la agenda política del movimiento feminista, tanto por parte de las administraciones como de los movimientos sociales.
• La derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIE y el establecimiento del ius soli (‘derecho del suelo’ o ‘derecho del lugar’).

Ni precarización ni privatización de las ciudades. Barcelona no está en venta.

Adhesión al manifiesto.

Todas el 11 de mayo, a les 18:00 horas, en la Plaça Universitat.

Ante la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y la emergencia habitacional crónica que sufrimos, mientras desde los distintos gobiernos miran hacia otro lado o ponen sus energías en medidas de maquillaje cara a la galería, obviando las soluciones reales para revertir la situción, una vez más la PAH presenta un plan de choque para cambiar las reglas del juego, que cualquier candidato con pretensiones de gobernar este país debería llevar en su programa electoral.

Demasiadas razones impulsan a La PAH a presentarnos los primeros ante los partidos políticos: los suicidios de personas por problemas económicos relacionados con la vivienda, la sangría y el dolor de los desahucios (más de 630.000 desde 2008, a día de hoy se siguen produciendo 165 desahucios diarios, sin contabilizar los producidos por renovaciones de los contratos de alquiler con precios inasumibles), la vergüenza de un irrisorio parque público de vivienda (que no llega al 2% frente al 15% de media en la UE de nuestro entorno, algunos paises oscilan en el 40%) y la inminente amenaza de un aumento de la emergencia habitacional provocado por el fin de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias y la finalización de los alquileres sociales vigentes (la primera en mayo de 2020 para más de 30.000 familias, y los segundos ya están finalizando, afectando a unas 15.000 familias), por el aumento espectacular de los precios de alquiler, responsables de un 62,49% de los desahucios, y por la situación de pobreza de amplios sectores de la ciudadanía, que los aboca a la ocupación cada vez en mayor número como única alternativa para acceder a un derecho universal.

Pedimos a todos los partidos políticos que nos respondan a estas tres preguntas:

• ¿Se compromete a acabar con los desahucios? Desahucios sin un realojo asegurado de familias con menores, discapacitados, personas mayores o en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo? Respetando y cumpliendo los acuerdos internacionales y el dictamen DESC de Naciones Unidas, esto se podría evitar.
• ¿Se compromete a aumentar el parque público de vivienda para que se pueda hacer frente a la emergencia habitacional?
  • a) ¿Se atreverá a exigir la cesión del uso temporal de las viviendas a la Sareb, de Bankia o de la banca rescatada en la proporción que no devuelve el rescate?
  • b) ¿Movilizará las viviendas vacías de Socimis y Fondos Buitre para que salgan al mercado, imponiendo impuestos de manera efectiva?
• ¿Se compromete a que no aumente la emergencia habitacional? ¿Cómo? ¿Prolongará la moratoria más allá de 2020? ¿Mantendrán los alquileres sociales a punto de finalizar? ¿Eliminarán requisitos para que haya reestructuraciones y quitas para que no se pierda más vivienda? ¿Aumentarán la protección jurídica frente a cesiones de crédito y así eliminar el Vencimiento Anticipado de la LCI? ¿Acabarán de una vez por todas con el sobreendeudamiento de miles de familias por deudas contraídas durante la crisis? ¿Pincharán la burbuja del alquiler regulando los precios con índices de referencia en manos de los ayuntamientos?

El Partido Popular despreció las más de 1.400.000 firmas en la ILP que se presentó en 2012. En 2018, con el apoyo incondicional de Ciudadanos, ha conseguido paralizar la Ley de Vivienda de la PAH. En 2019, con la ayuda del PSOE, el PNV y el PdeCat, el capital especulativo ha impuesto una nueva Ley Hipotecaria que sigue blanqueando cláusulas abusivas como el vencimiento anticipado, no aumenta la protección de los deudores y es incapaz de impulsar la responsabilidad limitada a la vivienda para evitar, tras perderla, deudas de por vida. No conformes con eso, el PP ha boicoteado la mayor parte de las leyes de vivienda aprobadas en las CCAA. También en 2019, el PSOE no ha tenido la valentia suficiente para elaborar un Decreto que realmente pusiera soluciones a la emergencia, quedándose corto y a medio gas.

Por todo ello, la ciudadanía organizada quiere saber si, de una vez por todas, se va a entender la vivienda como un derecho y no como una mercancía, si va a existir un marco normativo estatal que garantice unos mínimos derechos en vivienda en todas las CCAA, y si van a asumir con responsabilidad políticas de vivienda que conduzcan al reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda para toda la sociedad.

En esta campaña electoral La PAH pide a cada partido, y a las personas que acudan a los mítines que se organicen, que respondan de una vez a las preguntas y demandas que les hemos formulado anteriormente y que, a continuación, explicamos con más detalle.

EXIGENCIAS URGENTES DE LA PAH – PLAN DE CHOQUE

1. NI UN DESAHUCIO MÁS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

•Ello implica el compromiso de trasladar desde el Ministerio del Interior/Exteriores a los Juzgados las resoluciones DESC y verse con el CGPJ para reforzarlo.

•También implica modificación legislativa de la vinculación en los tratados internacionales y las leyes normativas que obligan a su cumplimiento, que supondrá la obligación de grandes tenedores a ofrecer alquiler social, y de las administraciones ¿¿¿a relajar??? de las unidades de convivencia, tanto por impago de hipotecas, como de alquileres, como de ocupación, despenalizando las viviendas ocupadas de buena fe y por necesidad.

2. POR LA CREACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA adecuado, que pueda acabar con la situación catastrófica de emergencia habitacional, y brutal desequilibrio entre la banca y amplios sectores de la sociedad. Para ello, exigimos:

•Nacionalización de Bankia, que supondrá la disposición de sus viviendas

•Viviendas de la Sareb al parque público como sea, incluso compra

•Devolución en vivienda de las cantidades que la banca rescatada no devuelve

•Creación de un Convenio Marco con la banca, base para su desarrollo en CCAA y ayuntamientos

•Impuesto a viviendas vacías de Fondos Buitre y Socimis

3. MEDIDAS URGENTES QUE EVITEN MÁS EMERGENCIA HABITACIONAL, que la corten de raíz, lo que implica:

•Mantenimiento de la Moratoria hasta que haya alternativa habitacional

•Mantener los Alquileres Sociales, en condiciones de suministros dignos, con aplicación retroactiva del 7+3 del R.Decreto y adecuando la normativa sobre alquileres sociales

•Eliminación de los requisitos para reestructuración, y con quita

•Modificación LCI del Vencimiento Anticipado y de la Responsabilidad Limitada

•Impedir la pérdida de vivienda para impedir que la banca ejerza la falta de legitimación activa ante las titulaciones

•Desarrollo del tema de tanteo y retracto (incorporando texto Rafi)

Algunas de estas exigencias son de competencia estatal, por lo que deben regularse para que no vuelva a haber repercusiones negativas para las Comunidades Autónomas, ni falta de claridad en la determinación de las competencias del Estado, CCAA y ayuntamientos ¿¿respecto a la vivienda como la nuestra??. POR UNA LEY ESTATAL DE VIVIENDA QUE GARANTICE UNOS MÍNIMOS.

Un elemento que ayudaría a poner en marcha mecanismos serios de avance sería la declaración de catastrófica de la situación actual –que puede agravarse ¿¿con las amenazas de futuro?? expresadas anteriormente– que implicaría la adopción de tres medidas:

• la urgente modificación, flexibilizándola, de los procedimientos administrativos-burocráticos que impiden el desarrollo de medidas urgentes a las diferentes administraciones,
• que se permita superar el techo de gasto provisionalmente, para que puedan adoptarse medidas valientes ante la ausencia de parque público de viviendas, que permitan garantizar un número suficiente de viviendas sociales,
• evidenciando e investigando con total transparencia la información relacionada con la vivienda, cuya ocultación ha sido utilizada como un arma para no desvelar la gravedad del ataque a las personas y unidades familiares, así como la gravísima vulneración del derecho a la vivienda.

En la PAH lo tenemos claro, vamos a hacer llegar nuestras exigencias a la ciudadanía, como siempre hemos hecho, avisando que aquellos que no se comprometan a hacer realidad el Derecho a una vivienda digna, estable y asequible, nos van a tener delante, denunciando y señalizando. Llevamos 10 años de lucha y seguimos con la misma energía que cuando empezamos, logrando miles de soluciones gracias a la autoorganización y la desobediencia pacífica, demostrando que tenemos razón y que solo es cuestión de voluntad y altura política cambiar las reglas del juego.

Ya lo avisamos aquí y ahora

#LaPAHentraEnCampaña