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El fondo buitre israelí Imedria Spain SL protagoniza una nueva vulneración de derechos humanos a favor de la especulación con la vivienda

Jueves 25 de octubre de 2018, 9:30 de la mañana, otra familia es desahuciada y dejada en la calle sin alternativa habitacional, ante la falta de escrúpulos de los fondos de inversión, y de políticas de vivienda efectivas y valientes que protejan a la ciudadanía y no a los intereses económicos de unos pocos.

Hafsa, su marido y 4 hijos menores llevan 18 años viviendo en su casa pagando el alquiler, hasta que hace 3 años, Imedria Spain SL, un fondo buitre israelí, compró el edificio. Cuando a Hafsa se le terminó el contrato de alquiler, se negaron a renovárselo con el único propósito de seguir alimentando la expulsión de vecinas para especular con el inmueble. La familia hizo todo lo posible para seguir pagando, sin resultados, debiendo enfrentarse por el camino a cuatro órdenes de desahucio, la última en abierto, que logró parar con la ayuda de la PAH, y tienen adjudicado desde hace 7 meses un piso de la Mesa de emergencia que nunca llegó.

Hace exactamente una semana, el jueves 18, logramos parar el desahucio abierto, y hoy nos preguntamos: ¿Cómo es posible que con la cantidad de desahucios que hay diariamente en Barcelona, haya sido tan rápida una nueva orden? La dura realidad es que hoy, sin ningún tipo de aviso previo, la comitiva judicial se ha presentado en el piso ubicado en la calle Nou de la Rambla, 99, y saltándose todos los tratados internacionales ha dejado en la calle a cuatro niños, sin ningún tipo de realojo garantizado.

Ahora mismo Hafsa está junto a PAH Barcelona, en las oficinas de Servicios Sociales de la calle Carme, 101-109, exigiendo una solución inmediata para que la familia hoy no duerma en la calle. Es indignante que siendo conocedoras de la situación desde hace meses, hayamos llegado a este punto, y lo único que se les esté ofreciendo ahora mismo desde el Ayuntamiento sea una habitación de pensión, para los 6 miembros de la familia, solo para esta noche, y que mañana ya veremos.

Son este tipo de actuaciones las que evitaríamos si la Ley 24/2015 estuviera vigente. Llevamos exigiendo su recuperación desde el mes de junio, pero una vez más queda latente que los tiempos institucionales no están a la altura de la emergencia habitacional. La Ley 24/2015 contiene medidas para garantizar el realojo en caso de desahucio, corresponsabilizando para ello a la banca y los grandes tenedores, siendo justo estos artículos los que el PP suspendió y los que debemos recuperar con urgencia. No podemos permitir que se sigan vulnerando impunemente los derechos más básicos de las familias. En Catalunya cada día hay 61 desahucios, las Mesas de emergencia están colapsadas con 5.000 solicitudes recibidas, y solo 2.689 solicitudes con vivienda adjudicada.

Necesitamos frenar la especulación, que la vivienda sea tratada de una vez por todas como un derecho y no como una mercancía, las familias no pueden esperar más y hoy tenemos un ejemplo claro de la urgencia con la que debemos recuperar íntegramente y lo antes posible una ley surgida desde y para la ciudadanía, que fue aprobada por unanimidad en el Parlament y es la herramienta más eficaz para garantizar el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna.

La cesión de vivienda vacía y el alquiler social obligatorios para la banca y fundes buitres son medidas clave para parar desahucios y garantizar el derecho constitucional a una vivienda 

Ayer 23 de octubre, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se reunió con el Secretario General de Política Territorial del Gobierno del Estado, José Ignacio Sánchez Amor, y con la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera i Mestres, para transmitirles y exigir la recuperación íntegra de la Ley este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Tras el recurso interpuesto por Mariano Rajoy y la banca, el Tribunal Constitucional suspendió los artículos clave que permitían frenar la emergencia habitacional: los que obligaban a hacer un alquiler social por parte de los grandes tenedores a las familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y se enfrentan a desahucios (artículo 5.1-2-3), y la cesión obligatoria de viviendas de la banca y fondos buitre para aumentar el parque de vivienda social (artículo 7).

Del Grupo Promotor asistieron a la reunión ocho representantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAHs de Cataluña),  de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y del Observatorio DESC (ODESC). Por fin se han concretado las reuniones que hemos solicitado desde el mes de julio a los dos gobiernos. En caso de haber sido así, habríamos podido avanzar antes y posiblemente ya tendríamos la Ley vigente. 

El Grupo Promotor ha defendido el carácter plenamente constitucional de cada uno de los artículos de la Ley y ha pedido al Gobierno del Estado que no limite la potencialidad de sus medidas. El Gobierno del PSOE tiene una oportunidad única de mostrar su voluntad real de frenar la emergencia habitacional y hacer un gesto claro a favor de las personas y de los derechos humanos, y no a favor de la banca, como estamos viendo demasiadas veces.

Los representantes del Estado han reafirmado su compromiso de retirar totalmente la impugnación del artículo 5, referente al alquiler social obligatorio para parar desahucios. En cuanto al artículo 7, de la cesión obligatoria de vivienda vacía de banca y fondos buitre, también se han comprometido a desistir totalmente del recurso. Por este último artículo el Gobierno del Estado considera conveniente hacer una concreción normativa referente a su aplicación, que deberá tramitar posteriormente el Gobierno catalán, y que el Grupo Promotor seguiremos al detalle para que no se desvirtúe la medida.

Por lo tanto, si el Estado ejecuta con celeridad su compromiso, recuperaríamos dos herramientas clave que el PP impugnó en 2016: la cesión de vivienda vacía de banca y fondos buitre para el parque asequible, y el alquiler social antidesahucios de alquiler e hipoteca para los grandes tenedores. Recuperar esta parte de la Ley era uno de los objetivos básicos y línea roja del Grupo Promotor de la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Posteriormente, asistimos a una reunión de urgencia convocada por la Generalitat, donde asistió el mismo Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, así como la Federación y la Asociación de Municipios de Cataluña, el Colegio de Abogadas de Barcelona (ICAB) y el mismo Grupo Promotor de la Ley 24/2015. En el encuentro la Generalitat explicó las negociaciones que mantienen con el Estado sobre las leyes 24/2015 y 4/2016. 

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, transmitimos las importantes novedades de última hora surgidas en la reunión con el Estado. La Generalitat se comprometió a contactar de nuevo con el Ministerio para avanzar definitivamente en la retirada de este recurso. También agradecimos que, por fin, se informara de las conversaciones de ambos gobiernos a los agentes implicados en el impulso de las dos leyes. 

Tal como expusimos en la carta dirigida a Pedro Sánchez, en la carta al President Torra, y en el manifiesto público que presentamos la semana pasada a las puertas del Parlament, con el apoyo transversal de Ayuntamiento y entidades sociales catalanas, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para recuperar urgentemente una herramienta que paraba desahucios y ampliaba el parque de vivienda asequible, aprovechando la ventana de oportunidad que representa la caída del PP y con los dos nuevos gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra constituidos. 

Por todo esto, es urgente que los dos gobiernos arreglen este compromiso y acuerdo hoy mismo, que lo formalicen en la Comisión Bilateral para que esta semana el Consejo de Ministros retire el recurso.

Ya no podemos esperar más. Cada día sufrimos 60 desahucios en Cataluña y el ínfimo parque de vivienda social deja a 4.000 familias vulnerables sin vivienda y a 115.000 personas en la lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial. Además, existe el riesgo de que llegue una sentencia y, por lo tanto, perderíamos la oportunidad de corregir el ataque del PP al derecho a la vivienda.

Ahora es la hora de que ambos gobiernos reaccionen para que el Gobierno del Estado retire el recurso, pasando de las palabras a los hechos. 

¡¡Es necesario que, de una vez por todas, consigamos revertir el ataque gravísimo al derecho a la vivienda que significó el recurso del PP, recuperando la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministro!!