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¿Hasta cuándo? ¡Decimos basta al genocidio!

No sabemos desde cuántos días dura el genocidio, la barbarie, la deshumanización.
Hemos perdido la cuenta de los muertos.
Si el mundo no para el genocidio, nosotras pararemos el mundo.

El 7 de febrero seguiremos en la lucha, pues está en nuestras manos defender la vida y mostrar que no nos olvidamos de Palestina.

7 de febrero, jornada de lucha.

Ya no sabemos ni cuántos días lleva durando.
El genocidio, la barbarie,
la deshumanización.

Hemos perdido la cuenta
de los muertos y las masacres.
De discursos insultantemente hipócritas,
de gobiernos cínicamente cómplices,
de instituciones eternamente impotentes.

Lo que sí sabemos es
que en estos meses nos hemos encontrado.
A miles.
En las calles.
Acciones pequeñas.
Acciones grandes.
Conversaciones, concentraciones,
manifestaciones,
bloqueos y huelgas.
Y sabemos que no ha sido en vano.

Frente a la historia,
muerta y macabra,
que nos quieren imponer,
la solidaridad va dibujando
otra historia
hecha de empatía,
lucha,
amor y valentía.

Una historia que todavía
está por escribir,
y que sabemos que habla
de un mundo común
donde defendemos la vida
y la libertad,
donde no hay sitio para
guerras ni opresiones
y donde Palestina es libre,
del río hasta el mar.

Nosotras,
las que amamos Palestina,
las que defendemos la vida,
hacemos un llamamiento a levantarnos.
A desobedecer la idea
de que no podemos ser
más que espectadoras,
más o menos ruidosas,
de un genocidio.

Un llamamiento a apostar
que la fuerza sí
está con nosotras,
que somos cientos de millones.
Por todas partes.

Un llamamiento a luchar juntas,
diversas y organizadas.
Un llamamiento a dejar bien claro
que si el mundo no para el genocidio,
nosotras paramos el mundo.
Está en nuestras manos.

Este 7F seguimos,
incapaces de abandonar
la posibilidad de la revuelta.

¡PAREMOS EL MUNDO!

[Especial elecciones 28M] ¿Los partidos comparten las propuestas del movimiento por la vivienda?

[Especial elecciones 28M] ¿Los partidos comparten las propuestas del movimiento por la vivienda?

Pocos días antes de las elecciones publicamos esta tabla informativa para explicar la adhesión de las diferentes candidaturas de Barcelona a las propuestas de la PAH para mejorar el acceso a la vivienda

Quedan pocos días para las elecciones del 28 de mayo en Barcelona y es por ello que desde la PAH hacemos pública hoy nuestra parrilla para evaluar si las diferentes candidaturas a la alcaldía de Barcelona comparten nuestras propuestas para mejorar el derecho a la vivienda en la ciudad y están dispuestas a incorporarlas a su programa de gobierno para la próxima legislatura. A principios de mayo hicimos públicas nuestras propuestas recogidas en este documento y durante los últimos días hemos recibido retorno de los diferentes partidos, en forma de reuniones, respuestas escritas o bien en el debate que que diferentes entidades en defensa de la vivienda organizamos el pasado 18 de mayo

Os hacemos un breve resumen de las diferentes respuestas de cada partido:

  • Barcelona en Comú: concertaron reunión con nosotras, donde hablamos extensamente de las propuestas y asistieron al debate. Si bien existen ligeros matices −como la apuesta decidida por el tanteo y retracto como mecanismo para adquirir VPO por encima de la expropiación−, existe un consenso general de entendimiento. En algunos casos ha faltado concreción sobre los realojos de las familias desahuciadas o no comparten que se focalice tanto en la ocupación porque es un fenómeno menor y que va de baja.
  • Ciutadans: no han respondido a nuestros intentos de contactar ni asistieron al debate.
  • CUP: si bien no concertamos reunión, sí que nos respondieron por escrito y nos referenciaron su programa electoral; además, también asistieron al debate del 18 de mayo. Comparten la totalidad de las propuestas.
  • Esquerra Republicana: concertaron reunión con nosotras y asistieron al debate. Entendimiento general, aunque con matices −modelo de Ventanilla Única para mejorar la atención de Servicios Sociales, por ejemplo. Las divergencias más notorias son: por un lado, su apuesta por modificar la normativa del 30%, ya que aseguran que no funciona después de 4 años de aprobada (aunque fue la propia ERC quien condicionó su voto favorable pidiendo la no suspensión de licencias mientras se discutía la norma, hecho que muchas promotoras aprovecharon para solicitar licencias extra para poder seguir construyendo sin reservar VPO).
  • Partido Popular: no concertaron reunión y no asistieron al debate, pero contestaron por escrito. Si bien comparten nuestra preocupación por la situación de la vivienda en la ciudad, se mostraron bastante contrarios a nuestras propuestas, argumentando que “muchas de las medidas que este gobierno ha implantado con el apoyo de entidades como las que ustedes representan no han logrado mejorar la cuestión de la vivienda en nuestra ciudad” y proponen directamente derogar la medida del 30%, por ejemplo, y argumentan que la ocupación es un fenómeno que “atenta contra la propiedad privada”
  • Partido Socialista: no han contestado a los correos, pero sí que asistieron al debate. A grandes rasgos se muestran evasivos con muchas de las propuestas o directamente contrarios: no quieren aplicar la Ley Antidesahucios catalana (no poner multas), quieren derogar la medida del 30% o crear una oficina para denunciar ocupaciones.
  • Trias per BCN: no concertamos reunión, pero sí que han contestado por escrito y asistieron al debate. Hay algunos puntos de acuerdo, como es el compromiso de reducir la lista de espera de la Mesa de Emergencia o la necesidad de poner sanciones en base a la Ley Antidesahucios catalana, pero hay bastantes puntos que no nos han contestado (como las reuniones periódicas con los movimientos o los realojos dignos) o bien se muestran directamente contrarios (derogación del 30%).
  • Valents: Si bien celebramos una reunión, no se habían preparado las respuestas y nos las enviaron posteriormente por escrito, y tampoco asistieron al debate. Pocos puntos de entendimiento, generalmente se muestran contrarios con la mayoría de las propuestas y las que no, plantean fórmulas totalmente diferentes a las que proponemos (Plan de Choque para la Mesa de Emergencia y las reuniones periódicas con entidades).

Por lo tanto, la parrilla finalmente queda de la siguiente manera (si no la ves bien, puedes descargarla en PDF aquí):

Desde la PAH, queremos agradecer a todas las formaciones que han mostrado interés en reunirse con nosotras y contestar a nuestras demandas, demostrando así su sensibilidad hacia las problemáticas de la vivienda. ¡Gracias a todas por colaborar! Gobierne quien gobierne, desde la PAH continuaremos exigiendo al Ayuntamiento y al resto de administraciones públicas su obligación de hacer cumplir el derecho fundamental a tener una vivienda digna y adecuada.

La PAH de Barcelona publicamos nuestras propuestas en materia de vivienda para las elecciones municipales

La semana pasada enviamos el dossier con las 8 propuestas a los principales partidos que optan a la alcaldía de la ciudad

El 18 de mayo diversas entidades organizamos un debate electoral sobre vivienda con la participación confirmada de candidatos y candidatas de BeC, ERC, Junts y la CUP

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Barcelona publicamos hoy nuestras propuestas en materia de vivienda para la próxima legislatura que se iniciará después de las elecciones del 28 de mayo. Desde la entidad queremos compartir con los medios el fruto de varias semanas de trabajo que se han condensado en un total de 8 propuestas de ámbito municipal que creemos que pueden mejorar sensiblemente la realidad de las personas que viven en situación de inseguredad residencial en la ciudad, algo que todavía está pendiente de solucionar por parte de las diversas administraciones. La semana pasada ya hicimos llegar este mismo dossier a las principales candidaturas a la alcaldía de la ciudad para que nos trasladaran sus comentarios al respecto. Asimismo, también esperamos conocer el punto de vista de los candidatos y candidatas durante el debate que organizamos diversas entidades sobre políticas de vivienda en Barcelona el próximo 18 de mayo a las 18:30h en el Centro Cívico Can Felipa (Pl. Josep Claveria, 1 – Barcelona) y el próximo 23 de mayo haremos públicas las respuestas de los partidos sobre estas medidas.

8 medidas para hacer buenas políticas de vivienda

A continuación os enumeramos, de forma resumida (en el dossier las encontrareis ampliadas), las 8 propuestas que creemos que son cruciales a la hora de poder hacer unas buenas políticas de vivienda pensadas para −y con− la gente que se encuentra en situaciones de inseguridad residencial:

  1. Plan de choque: poner la Mesa de Emergencia a CERO
  2. Servicios sociales más justos y de calidad
  3. Mantener y potenciar el SIPHO
  4. Creación de una unidad especializada en casos de ocupación
  5. Reuniones de análisis y evaluación en políticas de vivienda con los movimientos sociales
  6. Aumento del parque de vivienda pública
  7. Realojos dignos
  8. Pisos vacíos y sanciones de la Ley 24/2015.

Desde la PAH de Barcelona esperamos que los distintos partidos adopten estas medidas en su programa de gobierno para la próxima legislatura. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para paliar la crisis habitacional en la ciudad y velaremos por el cumplimiento de aquellas leyes que garantizan derechos y han sido impulsadas por la sociedad civil, que no puede esperar ni un minuto más para dar respuesta al derecho −fundamental− a tener una vivienda digna.

DESCÁRGATE EL DOSSIER AQUÍ

Publicamos nuevas guías para interponer demandas en los Juzgados que reconozcan nuestros alquileres sociales

El Grupo Promotor y las abogadas que ganaron el caso pionero de Badalona seguiremos trabajando para extender este nuevo frente de lucha

Antes del verano publicamos y celebramos la sentencia pionera de Badalona, que obligaba a un gran tenedor a hacer una oferta de alquiler social a Ginés y Manoli, dos inquilinas de un piso con amenaza de desahucio en Badalona.

Ante este precedente importantísimo para reclamar a los Juzgados con fuerza el cumplimiento de la ley catalana 24/2015 para parar los desahucios, también anunciamos que nos poníamos a trabajar con las abogadas que han impulsado esta nueva vía para fomentar que se extienda.

Hoy presentamos los primeros resultados: dos guías, una para afectadas y la otra para abogadas, que explican qué es y cómo interponer la demanda declarativa del derecho a reclamar el alquiler social.

Las podéis consultar en los siguientes enlaces, en catalán y castellano:

Guía para abogadas:

Guía para afectadas:

Recordamos que con esta nueva demanda, somos nosotras quienes planteamos a los Juzgados, en la mayoría de los casos a través de abogados/das de oficio, que se nos reconozca el derecho a obtener el alquiler social y se obligue al propietario a hacerlo.

Hagamos un llamamiento a todas las profesionales para que usen la guía y que acompañen a las personas o familias que quieran reclamar el alquiler social a los Juzgados. También es importante que las propias personas afectadas conozcan esta nueva forma jurídica de luchar su caso.

A la vez, pedimos que el Consell de la Abogacía Catalana (CICAC), el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y a la Generalitat que organicen formaciones en los colegios profesionales para informar a los abogados y abogadas de esta nueva vía para defender el derecho a la vivienda.

¡Advertimos a los bancos y los buitres que haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir firmar miles de alquileres sociales! Pronto vendrán más pasos para conseguirlos.

#StopDesahucios #AlquilerSocialYa

Las entidades sociales presentan datos que avalan la efectividad de las medidas contra los desahucios y la pobreza energética

Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado 1.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015

El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

3 de cada 4 personas afectadas presentan malestar psicológico y la mitad tienen depresión debido a su situación

Puedes descargarte el informe aquí

Las leyes y medidas vigentes impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado al menos 1.000 desahucios al año y un mínimo de  200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015. Son los primeros datos que se ofrecen sobre el impacto de las medidas contra la pobreza energética y la exclusión residencial desde que se aprobó la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética hace ahora 7 años.

Estos datos forman parte del informe “Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta” elaborado por el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se ha presentado hoy en la Lleialtat Santsenca de Barcelona después de dos años de trabajo conjunto con familias afectadas. El objetivo es estudiar y analizar el papel de los movimientos sociales, concretamente el de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), en la defensa del derecho a la vivienda y la energía y analizar la situación de emergencia habitacional en Catalunya en los últimos años. Situando el foco sobre la Ley 24/2015, una norma que deriva de una iniciativa legislativa popular impulsada por ambos colectivos y el Observatorio DESC, se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas que se han ido consiguiendo y el impacto de estas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, en este informe se reivindica el papel de las organizaciones sociales, como la PAH y la APE, como entidades que no solo rompen el discurso hegemónico sobre la exclusión residencial y la pobreza energética –entendida como un fracaso personal– sino como impulsoras de políticas públicas dirigidas a resolver estos problemas, como la propia Ley 24/2015 o bien las unidades municipales antidesahucios (llamadas SIPHO) en la ciudad de Barcelona.

Si bien las entidades se reafirman en la eficacia de estas leyes, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: las diferentes derogaciones que la ley ha sufrido en manos del Tribunal Constitucional, la oposición sistemática por parte de grandes tenedores y de las grandes compañías de suministros y la falta de control por parte de la Administración a la hora de hacerlas cumplir e informar a la población −de hecho, el 90% de personas afectadas afirma que su participación en organizaciones es lo que les ha permitidos conocer sus derechos habitacionales y de suministros– son algunas de las razones por las que no se disponen de datos absolutos. Aun así, los testimonios de las afectadas y los logros conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

 

Mujeres e infantes, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mentalsiguiendo la línea de trabajo del anterior informe− y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres, mientras que los varones apenas alcanzan el 30%. Y si se mira con mayor detalle la composición de los hogares, el 32% están formados por una pareja con hijos e hijas y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con infantes a su cargo. Por otra parte, se desmonta el mito de que las personas con inseguridad residencial son mayoritariamente gente migrada; si bien es cierto que están más afectadas, el 60% de las personas que han participado en el estudio –y, por tanto, refieren tener problemas con la vivienda y/o los suministros– son nacidas en España. Asimismo, si bien existe un porcentaje elevado de personas en situación de desempleo, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, lo que refuerza aún más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que cerca del 15% de infantes y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno y un 13,4% sufren retrasos en las facturas. Asimismo, entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos e hijas a cargo, y el 27% están formadas por infantes con una sola persona adulta, en este caso siempre una mujer. Asimismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho mayores que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión medido en población española). Con relación a los infantes, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho mayor que los infantes de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2% respectivamente). También se midió la calidad de vida, según la cual el 33,3% de los niños y el 47,6% de las niñas obtuvieron una puntuación baja, una proporción muy superior a la que se observa entre los infantes de Barcelona (8,7% y 7,5%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone consolidar las medidas que a día de hoy son temporales –por la crisis de la covid– como, por ejemplo, la suspensión de desahucios y la moratoria de cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna –como la instalación de contadores sociales en los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona– y, sobre todo, en hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor (como la 24/2015 y la 1/2022), a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra aquellos actores que, por ahora, se resisten a implementarlas, es decir, bancos, fondos buitre y empresas suministradoras.