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Las entidades sociales presentan datos que avalan la efectividad de las medidas contra los desahucios y la pobreza energética

Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado 1.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015

El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

3 de cada 4 personas afectadas presentan malestar psicológico y la mitad tienen depresión debido a su situación

Puedes descargarte el informe aquí

Las leyes y medidas vigentes impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado al menos 1.000 desahucios al año y un mínimo de  200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015. Son los primeros datos que se ofrecen sobre el impacto de las medidas contra la pobreza energética y la exclusión residencial desde que se aprobó la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética hace ahora 7 años.

Estos datos forman parte del informe “Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta” elaborado por el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se ha presentado hoy en la Lleialtat Santsenca de Barcelona después de dos años de trabajo conjunto con familias afectadas. El objetivo es estudiar y analizar el papel de los movimientos sociales, concretamente el de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), en la defensa del derecho a la vivienda y la energía y analizar la situación de emergencia habitacional en Catalunya en los últimos años. Situando el foco sobre la Ley 24/2015, una norma que deriva de una iniciativa legislativa popular impulsada por ambos colectivos y el Observatorio DESC, se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas que se han ido consiguiendo y el impacto de estas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, en este informe se reivindica el papel de las organizaciones sociales, como la PAH y la APE, como entidades que no solo rompen el discurso hegemónico sobre la exclusión residencial y la pobreza energética –entendida como un fracaso personal– sino como impulsoras de políticas públicas dirigidas a resolver estos problemas, como la propia Ley 24/2015 o bien las unidades municipales antidesahucios (llamadas SIPHO) en la ciudad de Barcelona.

Si bien las entidades se reafirman en la eficacia de estas leyes, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: las diferentes derogaciones que la ley ha sufrido en manos del Tribunal Constitucional, la oposición sistemática por parte de grandes tenedores y de las grandes compañías de suministros y la falta de control por parte de la Administración a la hora de hacerlas cumplir e informar a la población −de hecho, el 90% de personas afectadas afirma que su participación en organizaciones es lo que les ha permitidos conocer sus derechos habitacionales y de suministros– son algunas de las razones por las que no se disponen de datos absolutos. Aun así, los testimonios de las afectadas y los logros conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

 

Mujeres e infantes, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mentalsiguiendo la línea de trabajo del anterior informe− y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres, mientras que los varones apenas alcanzan el 30%. Y si se mira con mayor detalle la composición de los hogares, el 32% están formados por una pareja con hijos e hijas y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con infantes a su cargo. Por otra parte, se desmonta el mito de que las personas con inseguridad residencial son mayoritariamente gente migrada; si bien es cierto que están más afectadas, el 60% de las personas que han participado en el estudio –y, por tanto, refieren tener problemas con la vivienda y/o los suministros– son nacidas en España. Asimismo, si bien existe un porcentaje elevado de personas en situación de desempleo, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, lo que refuerza aún más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que cerca del 15% de infantes y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno y un 13,4% sufren retrasos en las facturas. Asimismo, entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos e hijas a cargo, y el 27% están formadas por infantes con una sola persona adulta, en este caso siempre una mujer. Asimismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho mayores que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión medido en población española). Con relación a los infantes, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho mayor que los infantes de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2% respectivamente). También se midió la calidad de vida, según la cual el 33,3% de los niños y el 47,6% de las niñas obtuvieron una puntuación baja, una proporción muy superior a la que se observa entre los infantes de Barcelona (8,7% y 7,5%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone consolidar las medidas que a día de hoy son temporales –por la crisis de la covid– como, por ejemplo, la suspensión de desahucios y la moratoria de cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna –como la instalación de contadores sociales en los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona– y, sobre todo, en hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor (como la 24/2015 y la 1/2022), a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra aquellos actores que, por ahora, se resisten a implementarlas, es decir, bancos, fondos buitre y empresas suministradoras.

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Una década de lucha por la vivienda digna 2009-2019

Este año 2022 hemos celebrado el décimo-tercer aniversario de la PAH con la publicación de un libro colectivo sobre su primera década de vida. 

Un tiempo antes de 2019, nos reunimos un grupo de investigadoras en ciencias sociales y de investigadoras militantes, todas conocedoras de la experiencia de la Plataforma, para celebrar y analizar la primera década de este actor fundamental de la lucha por el derecho a la vivienda en el Estado español.

Este libro pretende, en primer lugar, celebrar el hito logrado por la PAH: cumplir sus primeros 10 años de vida y haberse convertido en un actor crucial para entender la lucha por el derecho a la vivienda y la movilización social en el contexto de la crisis en el Estado español. 

En segundo lugar, el libro pretende contribuir a la comprensión de los procesos de organización ciudadana y de defensa de derechos individuales y colectivos, además de analizar las tensiones inherentes a cualquier colectivo social y los retos de la organización colectiva en el seno de la PAH. 

En tercer lugar, el libro quiere participar en el debate sobre los legados, estrategias e impactos y las perspectivas de los movimientos sociales desarrollados en España en tiempos de crisis. 

En cuarto lugar, pero no con menos importancia, este libro es una forma de agradecimiento a la “familia PAH”, que nos ha integrado con generosidad y paciencia a su cotidiano en tanto que observadoras. Ojalá la mirada crítica y analítica que se ofrece en este libro sirva para restituir una pequeña parte de todo lo que la PAH nos ha ofrecido.

Os dejamos con algunos mensajes de las autoras de algunos de los capítulos del libro, que nos comparten visiones y deseos de futuro para la PAH.

 

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La PAH, manual de uso

Aprendizajes para la acción colectiva a partir de la lucha por el derecho a la vivienda

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) nacimos en febrero del 2009 en un local del centro de Barcelona donde nos dejaron realizar nuestra primera asamblea. Lo que era una respuesta de un pequeño grupo de personas a la estafa hipotecaria que se estaba produciendo en España, con el paso de los años, se ha convertido en un movimiento civil a nivel estatal y referente nacional e internacional en la lucha por el derecho a una vivienda digna para todas.

Son más de doce años de lucha, de pequeñas y grandes victorias, de aciertos, de alegrías, de muchas celebraciones, pero también de alguna derrota, de errores, a veces de impotencia, de incertidumbre, de irnos adaptando a la realidad a medida que esta iba cambiando.

En definitiva, son más de doce años de continuo aprendizaje. Cómo nos organizamos, cómo nos cuidamos, cómo hacemos política desde la calle, cómo cambiamos leyes, cómo conseguimos cambiar el relato mayoritario que nos hacía culpables de no poder pagar nuestra hipoteca, alquiler o que nos hayamos visto obligadas a ocupar para acceder a una vivienda, cómo hemos conseguimos tener un amplísimo apoyo social, cómo hemos practicado la desobediencia civil pacífica, cómo hemos forzado a los partidos políticos a aprobar leyes o cómo los poderosos, la banca, los fondos buitre o grandes propietarios, han tenido que sentarse a negociar con nosotras y aceptar nuestras demandas.

Doce años de desobediencia civil pacífica, de propuestas legislativas, de demostrar que la ciudadanía organizada tiene mucho más poder que el que quieren que creamos que tiene.

Nuestra lucha no es solo una lucha local sino también internacional porque muchos de los actores contra los que nos enfrentamos son actores internacionales. La vivienda sufre en todo el mundo un proceso de financialización y quieren que responda a las leyes del capitalismo más despiadado, que considera la vivienda como un bien de inversión con el que poder especular y no como un derecho humano que garantizar. La lucha ha de ser una lucha internacional. Juntas lo conseguiremos.

Es por esto que queríamos compartir todo este aprendizaje con quien considere que le puede servir como inspiración. La PAH se centra en garantizar el derecho a la vivienda, pero creemos que nuestro modelo puede servir para cualquier colectivo ciudadano en cualquier parte del mundo que decida luchar juntas. Uno de nuestros mayores aprendizajes es que solo desde la calle y organizadas se cambian las leyes y solo cambiando leyes se avanza en derechos.

Esperamos que os sirva algo de lo que contienen las siguientes páginas, es nuestra humilde experiencia, aprendizaje y aportación.

Descarga el libro:

Podéis solicitar ejemplares gratuitos a la Fundación Rosa Luxemburg, a través del correo info.madrid@rosalux.org.

El libro La PAH, manual de uso, está escrito por el periodista João França y editado por la Fundación Rosa Luxemburg.

¡Sí se puede!

PorPAH_Bcn

Guía PAH para suspender desahucios en Catalunya durante el estado de alarma

En Catalunya existen dos normas distintas (una estatal y otra autonómica) que ofrecen la posibilidad de pedir la suspensión de nuestro desahucio ante el juez mientras dure el estado de alarma

El Gobierno estatal aprobó a finales de marzo de 2020 el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. En un primer momento, solo cubría lanzamientos de alquiler y exclusivamente para familias afectadas directamente desde un punto de vista económico por la crisis del coronavirus.

No obstante, a finales de diciembre se aprobó una ampliación (Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes) para cubrir algunos casos de ocupación/recuperación de vivienda y extenderlo a familias en situación de precariedad antes de la pandemia.

Por su lado, el Gobierno de la Generalitat impulsó la aprobación del Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. En el texto se permite la suspensión de desahucios hipotecarios, de alquiler y de ocupación, siempre que se cumplan algunos requisitos y mientras dure el estado de alarma u otras medidas que supongan una restricción a la movilidad.

Es posible que para un mismo caso se pueda pedir la suspensión en base a las dos leyes, así que, después de explicar la letra pequeña de los dos textos y cuáles son las condiciones para poderse acoger a ellos, explicaremos la mejor estrategia según el tiempo que quede para el lanzamiento. Las dos normas comparten casualmente el mismo número, así que es importante estar atentas y no confundirnos.

Descarga la guía en PDF con toda la información aquí.

Como siempre, la mejor manera de defender nuestro caso es acercarnos a nuestra asamblea PAH más cercana y empoderarnos para luchar juntas por resolver nuestra situación.

 

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Presentamos el informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: Inseguridad residencial en Barcelona 2017 – 2020”

Analizamos la realidad existente aportando datos propios cuantitativos y cualitativos para profundizar en la problemática de la pérdida de la vivienda, el acceso a los suministros y las consecuencias en la salud

La PAH de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética, el Observatorio DESC, la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y la Agencia de Salud Pública de Barcelona hacemos público el informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: Inseguridad residencial en Barcelona 2017 – 2020”.

Vídeo de la presentación pública del 23 de julio de 2020

El informe resume las coordenadas que explican la situación de emergencia o crisis habitacional actual con perspectiva histórica, a través de datos sobre su evolución, conjugando elementos vinculados a las políticas públicas, las leyes, y la acción de la ciudadanía.

Asimismo, el informe aporta datos sobre cuáles son los colectivos más afectados por la pérdida de la vivienda, cómo la pobreza energética no es únicamente una cuestión estacional, y cifras sobres los impactos en la salud, no solo física sino también mental de estas problemáticas, entre otros muchos. Además, el informe aporta recomendaciones dirigidas principalmente al Ayuntamiento de Barcelona, pero también a otras administraciones, para revertir estas situaciones.

A nivel jurídico, en el informe se analizan los avances legales en materia de vivienda que se han producido en los últimos años, tanto en el ámbito estatal, autonómico y local, así como por lo que respecta a la pobreza energética, empezando por la liberalización a nivel europeo del sector y qué impacto ha tenido en las regulaciones estatales, y centrándose también en las principales novedades de los últimos años, encaminadas a garantizar el acceso a los suministros básicos. Respecto al derecho a la salud, se hace un recorrido a lo largo de los diferentes textos normativos de carácter internacional, que incluyen la protección de la salud como pieza clave para la consecución de una vida digna.

Además, se analiza el perfil sociológico y demográfico de las personas que participan en la PAH Barcelona y la APE con problemas de vivienda y de acceso a los suministros básicos, desglosada según la problemática, y se evalúa su impacto en la salud, complementadas con entrevistas personales a las propias personas que participan, tanto en la PAH como en la APE.

Para finalizar, el informe finaliza con las conclusiones más relevantes derivadas del análisis de datos, y se elaboran una serie de recomendaciones para los diferentes niveles de la Administración pública, orientadas a abordar la problemática que el informe estudia.

Descarga el informe completo aquí en castellano (y aquí en catalán).

En las últimas investigaciones se había puesto el foco en la devastadora “burbuja inmobiliaria”, concretamente en el informe de 2013 “Emergencia habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios desde una perspectiva de Derechos Humanos”; en el de 2015, titulado “Emergencia habitacional en Catalunya. Impacto de la crisis hipotecaria en el derecho a la salud y los derechos de los niños”; y en 2016, en el informe “Exclusión residencial en el mundo local: Informe de la crisis hipotecaria en Barcelona (2013-2016)”. Los tres permiten profundizar, tanto en el perfil sociodemográfico de las familias que sufrieron estos procesos, como en el comportamiento de las entidades financieras, las condiciones hipotecarias y el impacto en la salud y la infancia.

En el presente Informe queremos profundizar en el trabajo iniciado en las “Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en salud en Barcelona”, publicadas en 2018. Tres estudios que evalúan la problemática de personas con problemas de vivienda, ya sea por hipoteca, alquiler y/u ocupaciones o suministros, con enfoque de género e impacto sobre la salud.
Vídeo de la presentación en rueda de prensa el 16 de julio de 2020