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PorPAH_Bcn

La PAH, Iridia y el Obervatorio DESC interponen una querella a los Mossos d’Esquadra por coacción y violación de domicilio.

La ciudadanía responde ante la vulneración de Derechos Humanos

La PAH Barcelona, el Centro por la Defensa de Derechos Humanos Irídia y el Observatorio DESC interponemos una querella por violación de domicilio, coacciones y detención ilegal, ante los hechos del pasado 8 de octubre donde la actuación de los Mossos d’Esquadra terminó dejando a una familia con dos menores en la calle y a dos personas detenidas.

 

En primer lugar, la querella se presenta por un delito de allanamiento de morada porque los Mossos entraron por la fuerza a la vivienda a pesar de que esta, ya constituía el domicilio de la familia. Cabe destacar, además, que la causa por una eventual usurpación ya estaba en conocimiento y por tanto, bajo competencia del Juzgado de Instrucción de Hospitalet. Es evidente que la actuación fue desproporcionada y sin las debidas garantías procesales, plazo suficiente y razonable de notificación con antelación a la fecha del desahucio para las personas afectadas y garantía de asistencia jurídica.

 

En segundo lugar, entendemos que hay un delito de coacciones porque los agentes utilizaron el aviso primero, y la detención efectiva después, para conseguir que la familia saliera de la casa a través de la intimidación.

 

En tercer lugar, consideramos que se produjo un delito de detención ilegal porque la misma se produjo mediante intimidación y castigo sin que hubiera habilitación legal clara para ello.

 

Vivimos una situación de emergencia alarmante en Cataluña con 46 desahucios diarios según los datos del CGPJ. No obstante, lamentablemente, desde la Generalitat  que debería garantizar el bienestar de las familias aplicando los protocolos legales que garantizan el derecho a la vivienda, como es la Ley 24/2015, que regula la obligación de la Administración a un realojo adecuado a las personas que estén en proceso de desahucio, no vemos la voluntad ni la contundencia para ello. Por el contrario, las personas que defendemos el derecho a la vivienda afrontando los desahucios cada dá en la calle, constatamos que hay un cambio de directrices por parte de los Mossos d’Esquadra y en sus intervenciones ante estas situaciones.

 

Creemos que la actuación de los cuerpos de seguridad debe respetar la legalidad vigente, los protocolos y deben enfocarse en la protección de las familias más vulnerables. La intervención de las fuerzas policiales debe ser la última opción, priorizando el trabajo de los servicios sociales o de otras unidades de la Administración. Lejos de ello, se ha contravenido la forma como se efectuaban los desahucios últimamente. Las últimas intervenciones policiales, como la del sábado 8 de octubre, en lugar de defenderlos, suponen una vulneración de derechos humanos, muy especialmente de los derechos de la infancia. Esta actuación nos hace cuestionarnos si desde los responsables del departamento de la Generalitat competente, ha habido un cambio de directrices en las actuaciones policiales, teniendo en cuenta que los desalojos forzosos son la injerencia más grave en el derecho a la vivienda adecuada y que solo puede darse en casos excepcionales y respetando los principios del derecho internacional, como ha establecido el Comité DESC de Naciones Unidas.

 

Si no se trata de un cambio de directrices y nos encontramos ante situaciones de mala praxis por parte de los Mossos d’Esquadra, instamos al gobierno de la Generalitat a abrir una investigación para depurar responsabilidades y evitar que estos hechos se repitan.

 

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, miles de familias se encuentran en situación de emergencia habitacional, no solo por no poder pagar su cuota hipotecaria, sino también por no poder pagar un alquiler. En la ciudad de Barcelona más del 65% de los desahucios son por no poder pagar la mensualidad del alquiler. Desde la PAH defendemos el derecho a una vivienda digna y trabajamos cada día por que este derecho sea efectivo, hemos tendido la mano a administraciones, entidades y a todos los partidos políticos para trabajar conjuntamente para erradicar esta situación. Hoy no será diferente. Interpelamos a las administraciones, tanto autonómica como locales, a tener una actuación coordinada para la movilización de viviendas vacías en manos de los bancos rescatados con dinero público, como este caso en concreto propiedad de la SAREB, con el objetivo de aumentar el parque público para evitar desalojos de niños y sus familias sin alternativa habitacional.

 

 

Nuestros derechos no se negocian, seguiremos exigiendo y defendiendo el derecho a la vivienda. Los desalojos no pueden resultar en la constitución de personas sin vivienda o vulnerables a la violación de otros derechos humanos.

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Los efectos de los desahucios en la salud y la infancia, hay vidas en juego

Desde hace casi 7 años, la Plataforma de Afectador por la Hipoteca hemos denunciado la estafa hipotecaria y la complicidad de diferentes administraciones y gobiernos. No sólo eso, sino que nos hemos visto obligadas a actuar de urgencia parando desahucios, realojando a familias a través de la Obra Social y arrancando, colectivamente, daciones, condonaciones y alquileres sociales a las entidades financieras. Desde el principio hemos sido propositivas y hemos llevado a cabo diferentes propuestas legislativas para solucionar la emergencia habitacional. Además,  desde el principio hemos denunciado la falta de datos cuantitativos y cualitativos con una clara voluntad política de invisibilizar la problemática. 
 
Por eso, ante la falta de datos oficiales, el 2013 el Observatorio DESC y la PAH publicamos el Informe “Emergencia Habitacional en el estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derecho” dónde, a través de 11.000 encuestas, aportábamos datos inéditos sobre el impacto en las personas afectadas y el comportamiento de las entidades financieras. Ante el interés suscitado por medios extranjeros y por las redes europeas e internacionales en las que participamos el Informe se encuentra disponible también en inglés.
 
De éste informe ya pudimos detectar el gran impacto que tiene el procedimiento de ejecución hipotecaria en la salud y la infancia. Una realidad que todas las PAHs conocemos de primera mano, cuántas veces hemos escuchado en una asamblea que una familia no puede cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, para pagar la hipoteca, con una cruda realidad como“llevo meses alargando la leche de mis hijos con agua”. 
 
Fruto de la realidad que palpamos cada día y de lo que ya vislumbraba el informe de “Emergencia habitacional en el Estado Español en 2013”, el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la colaboración del proyecto europeo de investigación SOPHIE sobre el impacto de las políticas estructurales en las desigualdades en salud y el grupo EMIGRA (CER-Migracions, UAB), presentaremos el Informe Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en Cataluña. Impacto en el derecho a la salud y en los derechos de la infancia en la crisis hipotecaria”.
 
El estudio analiza la problemática que sufren en Catalunya las persones con dificultades para hacer frente a la hipoteca a partir del análisis de 1.000 encuestas realizadas a persones que han contactado con la PAH durante los meses de octubre y noviembre de 2014. A pesar de no tener carácter exhaustiva la amplitud de la muestra permite detectar patrones comunes.
 
 
El análisis de las encuestas aporta, en primer lugar, información sobre el perfil sociodemográfico y los factores de vulnerabilidad de los hogares catalanes afectados. En segundo término, la muestra detalla el diferente comportamiento de las entidades financieras en Catalunya, unos datos que tanto los propios bancos como las administraciones no han querido facilitar a día de hoy. En tercer y último lugar, la estadística permite avaluar los impactos de la problemática en el derecho de las personas afectadas, y muy especialmente de los niños, a disponer de una vivienda digna y a gozar del más alto nivel posible de salud. El Informe confirma los graves efectos de la problemática en términos de salud y alto número de niños afectados. Es por esta razón que este año hemos querido profundizar en estos dos aspectos valorando su impacto en Catalunya.
 
Este informe se enmarca en el contexto de una campaña estatal de ILP autonómicas, que pretenden, ante la mayoría absoluta del PP en el gobierno estatal, que los Parlamentos autonómicos legislen en el sentido de poner fin a los desahucios, las deudas de por vida y los cortes de suministros. 

La ILP de vivienda impulsada en Catalunya por las PAHs, la Alianza contra la Pobreza Energètica y el Observatorio DESC, es la que está más avanzada, en trámite parlamentario y con el compromiso por parte de una mayoría de partidos de ser votada y aprobada en Julio. 
 
Este informe viene a denunciar la situación que se vive en Catalunya, situación que no dista de la del resto de autonomáas del estado español. Con datos y cifras parece más evidente el resultado de este estudio, pero no podemos olvidar que detrás de esos porcentajes de fracaso escolar, enfermedades o alimentación deficiente están nuestros hijos e hijas, no son solo nuestras vidas las que están en juego mientras se mantienen las leyes injustas que provocan esta situación. Es por ello que cada día es más evidente que hay que cambiar la ley, las leyes a todos los niveles que provocan y no dan solución a esta situación de emergencia. 
 
Pero tenemos claro que podemos cambiarlas, que tenemos alternativas y capacidad para llevarlas a cabo, esperamos que este informe sea un argumento de peso más para que el Parlament de Catalunya apruebe de urgencia la ILP habitatge en el mes de Julio, que pronto esta ILP suponga el principio de un cambio que vaya más allá y nos de a las personas la oportunidad de vivir dignamente que nos merecemos.
PorPAH_Bcn

Datos de vergüenza: 410 viviendas adjudicadas por el Fondo Social de Viviendas

En enero de 2013, la PAH entregaba al Congreso de los diputados, las 1.402.000 firmas recogidas para la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios. Ese mismo mes, el gobierno central anunciaba la creación del Fondo Social de Viviendas, 6.000 viviendas para todo el Estado, un cifra complemtamente ridícula e insultante. La PAH denunció que la medida era absolutamente insuficiente e hipócrita, a lo que se sumaba que los requisitos para acceder al FSV son similares al Real Decreto Ley (RD27). Los requisitos del RD27 excluyen a la inmensa mayoría de afectadas e incluyen medidas tan perversas como negar la posibilidad de firmar el alquiler social antes de ser desahuciada.

Quince meses después, cerca de 70.000 ejecuciones hipotecarias después según datos del CGPJ, el número dos del Gobierno anunciaba que solo 410 pisos del FSV habían formalizado un contrato de alquiler social. Un dato vergonzoso que confirma el fracaso anunciado por la PAH el mismo día de la creación del Fondo Social de Viviendas. Un dato que muestra la total falta de voluntad del gobierno del PP de resolver el problema de las miles de familias que pueden perder su vivienda y quedarse en la calle.

Un años después, se vuelve a constatar que esta medida de la banca y el gobierno era un simple lavado de cara frente a la ILP de la PAH que sí que planteaba las soluciones para los problemas de vivienda de centenares de miles de personas y encaraba la estafa hipotecaria frente a los intereses de la banca.

En el informe “Emergencia habitacional en el Estado Español 2013” del Observatorio DESC y la PAH se recoge la denuncia del Síndic de Greuges (julio 2013) en la que considera “en relación con las características y las finalidades del FSV, considera que no se ajustan a las necesidades reales”.

No sólo es una medida totalmente insuficiente, sino que el FSV tiene también un efecto perverso: en muchas ocasiones las entidades financieras han utilizado el FSV como excusa para no conceder alquileres sociales. Ha sido a través de la movilización, la presión social y las negociaciones con las entidades que hemos conseguido miles de alquileres sociales para familias afectadas por el procedimiento de ejecución hipotecaria. La medida de gobierno y entidades financieras no solo no resuelve el problema, sino que obliga a la ciudadanía organizada sin recursos, criminalizada en muchas ocasiones, a duplicar los esfuerzos para conseguir lo que son unas demandas de mínimos, de garantía básica de los derechos humanos. Los alquileres que ha conseguido la PAH han evitado el trauma del desahucio, hemos conseguido que en general sean de 5 años, no de 2 como establece el FSV o el RD27, han evitado el desarraigo y que han sobrepasado los requisitos que imponen tanto el FSV como el RD27. Han literalmente, salvado vidas humanas.

Frente a la emergencia habitacional, la PAH se vió obligada a iniciar hace casi dos añis la campaña Obra Social de la PAH que consiste en recuperar, con el uso de la desobediencia civil, pisos vacíos propiedad de entidades financieras o de la SAREB, para realojar a familias desahuciadas o que han firmado la dación y no han conseguido alquiler social. Los números hablan, con esta campaña hemos realojado a 1.180 personas frente a los 410 pisos del FSV que han sido concedidos en alquiler.

Recordamos al gobierno y a las entidades financieras, que ante su parálisis no nos queda otra opción que seguir auto tutelando nuestros derechos. Seguiremos implementando la ILP a través de la Obra Social de la PAH y la presión social a las entidades financieras.

 

 

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Presentación del informe Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.

Descarga el informe

entidades

El informe muestra el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe de ámbito estatal que recoge los datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan.

Este informe analiza la situación de emergencia habitacional que existe en España desde una perspectiva de derechos humanos. En concreto, se estudia la regulación de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por las administraciones públicas y el impacto concreto que supone esta problemática para las familias afectadas.

El estudio analiza, en primer término, la función del derecho a una vivienda digna y de la prohibición de desahucios arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional de los derechos humanos y a la Unión Europea. En segundo lugar, ofrece datos sobre el comportamiento de las entidades financieras y sobre el impacto de la problemática en las familias a partir de 11.561 encuestas realizadas. En un tercer capítulo, para visibilizar las consecuencias en la vida concreta de las personas, el informe incorpora cuatro entrevistas en profundidad a personas afectadas. El informe concluye con un breve capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos.

menores

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos.

 

En un 70% de los casos el impago de la hipoteca obedece a la pérdida de
empleo.

70% de las familias desalojadas tenían al menos un menor de edad.

Un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto o muy alto

Clica aquí para descargar el informe
(avance de junio de algunos de los datos)

Fe de erratas: la entidad rescatada con dinero público a la que se hace referencia en la página 139 no es Caixa Banc, sino Catalunya Caixa

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Presentación del estudio: Emergencia Habitacional en el estado Espanyol

La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona(PAH) presentan el Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos, martes 17 de diciembre a las 11.00 . Con la participación de: Jordi Borja, presidente del Observatorio DESC, Ada Coláis, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Gerardo Pisarello, profesor de Derecho constitucional de la UB y vicepresidente del Observatorio DESC

El informe muestra el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe estatal que recoge los datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o qué son las entidades que más ejecutan.

Este informe analiza la situación de emergencia habitacional que existe en España desde una perspectiva de derechos humanos. En concreto, se estudia la regulación de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por las administraciones públicas y el impacto concreto que supone esta problemática para las familias afectadas.

El estudio analiza, en primer término, la función del derecho a una vivienda digna y de la prohibición de desahucios arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional de los derechos humanos y a la Unión Europea. En segundo lugar, ofrece datos sobre el comportamiento de las entidades financieras y sobre el impacto de la problemática en las familias a partir de 11.561 encuestas realizadas. En un tercer capítulo, para visibilitzar las consecuencias en la vida concreta de las personas, el informe incorpora cuatro entrevistas en profundidad a personas afectadas. El informe concluye con un breve capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos estado de las primeras entidades que, ya en febrero de 2009, alertaron de la gravedad de la problemática y desde entonces han denunciado reiteradamente la carencia de unos datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que está suponiendo el actual marco normativo en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas.

Es por eso que las dos entidades han hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos: consultar aquí

En el 70% l’impagament de la hipoteca obeix a una situació d’atur

77% de les famílies afirmen haver patit un nivell d’ansietat alta o molt alta.