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El alcalde Collboni busca favorecer los intereses de las inmobiliarias desactivando la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona

Las entidades impulsoras hacemos pública la nueva campaña “¡Contra la especulación, defendamos el 30%!” para detenerla

Las entidades sociales impulsoras de la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona hemos celebrado hoy una rueda de prensa para denunciar la voluntad firme del ayuntamiento socialista de Jaume Collboni de desactivarla con modificaciones. Recordemos que estamos hablando de una medida que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% de las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones para vivienda protegida -tanto de compra como de alquiler.

La ubicación escogida para la rueda de prensa no es casual. Se trata de la futura nueva promoción del número 1B de la calle Pelayo, que hoy día son apenas los cimientos y el primer piso de un futuro nuevo edificio de 13 viviendas a menos de 500 metros de plaza Catalunya, que incorporará viviendas a precio regulado, todo un ejemplo de la utilidad de esta medida como herramienta de cohesión social, evitando que las vecinas sean expulsadas hacia una periferia cada vez más lejana y dejando el centro como una ciudad-escaparate para el turismo y para una minoría de superricos que pueden comprar pisos de lujo.

Hasta diciembre de 2018, año en que se aprobó el 30% en Barcelona, la primera ciudad de toda Cataluña donde se ganó, la vivienda protegida sólo podía situarse en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado: como el 22@ o la Sagrera), por lo tanto, en la ciudad construida prácticamente no se podía hacer. Con el 30% son los propios promotores privados quienes tienen la obligación de incluir vivienda asequible en los nuevos edificios, por lo que podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión social y urbana (los criterios de acceso a la vivienda protegida son extensibles al 75% de la población), igualándonos a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares, por lo que el parque de vivienda asequible es del 20%, cuando en Barcelona y en el resto de Cataluña es del 1,5%, una de las tasas más bajas de Europa.

Jaume Collboni, líder del Partido Socialista y alcalde de la ciudad de Barcelona, creó a finales de septiembre un grupo de expertos para “ajustar” la medida, después de constatar que “no funciona”, sin aportar ningún estudio que lo demuestre, y de intentar −primero en el Pleno sin conseguirlo en plena campaña electoral, y tras las elecciones en la comisión de urbanismo aliándose con Trias y PP− aprobar dos resoluciones que proponen recortar el 30%. ¿Pero, realmente la medida no ha funcionado tal y como dicen los socialistas?

Boicot a la medida desde el primer minuto

En estos últimos años la medida ha logrado unos 60 pisos protegidos. Si bien no es una cifra particularmente alta, esto se debe a varias cuestiones que nada tienen que ver con su potencial.

En primer lugar, porque tanto el PSC como ERC pusieron como condición para aprobar la norma que no se aplicara la suspensión de licencias mientras ésta se tramitaba. Por tanto, los promotores tuvieron unos cuantos meses para solicitar licencias antes de que entrara en vigor, lo que provocó un alud de casi 600 licencias de obras mayores y certificados de aprovechamiento urbanístico más que en el 2017.

En segundo lugar, se aplazó durante 2 años la entrada en vigor de la norma para las operaciones en curso, lo que supuso que unos 57 expedientes quedaran exentos de cumplir con el 30%, porque ya tenían certificado urbanístico o por haber justificado una compraventa antes de julio de 2016. Estos expedientes, de no haberse dejado pasar, habrían sumado 425 viviendas protegidas en la ciudad.

Por si fuera poco, la crisis sanitaria del 2020 lo empeoró todo, quedando parada la actividad constructiva en todas partes, lo que retrasó 2 años más la aplicación de la norma, que funciona en las grandes promociones y rehabilitaciones. Por no hablar de las picarescas de los promotores, que en algunos casos optaban por pedir un enterado o comunicado de obras menores, o subdividían las promociones de las fincas para evitar sobrepasar el número de m2 que les obliga a cumplir la norma.

Por otra parte, también ha tenido que ver la pasividad del propio ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la norma, ya que no ha hecho suficientes inspecciones ni ha sancionado a quien se saltaba la ley. De hecho, como mínimo habríamos ganado otras 120 viviendas protegidas, contando los incumplimientos detectados y por los que se anunció la apertura de expedientes sancionadores en 2022. Con una vigilancia real del cumplimiento del 30%, podrían ser muchas más.

Por todo ello, no es casual que en el 2023, cuando la medida apenas empieza a funcionar al 100%, hayan surgido las críticas sobre su funcionamiento. Conocemos sobradamente las maniobras de los lobbies especuladores para no perder ni un pedazo del negocio que hacen con la vivienda: primero amenazaron con un “Armagedón” o la ruina si se aprobaba el 30% y no fue tal; después presionaron para que no se suspendieran las licencias, restando potencial inicial a la medida; una vez aprobada, la impugnaron en los Juzgados para tumbarla sin que les dieran la razón; y actualmente, pregonan que no funciona, en una especie de “profecía auto-cumplida” y con el altavoz de Collboni y Trias para que la recorten o la vacíen de contenido.

Es evidente que estos intentos de derogarla tienen el objetivo de proteger los beneficios de las promotoras, y por eso Collboni ha formado un grupo de “expertos” para “modificar” la norma, entre ellos, por alguna razón, no hay ningún representante de la sociedad civil ni mucho menos ninguna de las organizaciones que la impulsamos. En cambio, aunque el alcalde no ha hecho público quién conforma este grupo, no nos extrañaría que participe la propia Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), y por ello exigimos que se haga pública su composición. De ser así, claramente este grupo de expertos liderados por Carme Trilla no tendrá ningún tipo de credibilidad. 

Lo que debería hacer el actual gobierno es destinar recursos al despliegue de toda la medida y a velar por que todos los promotores la cumplan, incluyendo recursos humanos y económicos destinados a inspección y sanción. En el supuesto de que se quiera reforzar, se debería ir en la línea de que la vivienda protegida sea de alquiler o de reducir la superficie mínima donde se aplica a las zonas de la ciudad donde el tejido urbano y los solares son más pequeños, como ya se hizo en el barrio de Gràcia. Es inadmisible el cuestionamiento de esta norma en un contexto en el que el 60% de la población de Barcelona cumple los criterios de ingresos para optar a una VPO, sobre todo sabiendo que el parque actual se está perdiendo: en 2018 quedaban 19.000 VPO con calificación vigente y se calcula que en 30 años (en 2048) se habrán descalificado el 88%. Por otro lado, la población está destinando más del 40% de su sueldo a pagar la vivienda, con unas cifras de precio de alquiler completamente disparadas.

La ciudadanía de Barcelona no merece dar pasos atrás en materia de vivienda. Nos jugamos la posibilidad de permitir que las familias puedan quedarse a vivir en su ciudad −tanto en el centro como en los barrios− a un precio asequible a través de aportaciones de los privados a las nuevas grandes promociones o rehabilitaciones. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los pisos de lujo colonizan sin cesar los barrios centrales y el Eixample y las vecinas son expulsadas de su casa.

Advertimos que si no se detiene este intento de recortar el 30%, ¡nos movilizaremos en la calle! ¡Hacemos también un llamamiento a todo el tejido social de Barcelona para que participe y apoye las acciones de protesta que convocaremos a partir de hoy!

El 30 por ciento no se toca. ¡Defendamos la vivienda protegida!

[Comunicado] Las entidades sociales publican datos sobre la efectividad de las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a nivel estatal

  • Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden 

  • Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios en el año y  200.000 cortes de suministros en Cataluña desde el 2015

  • El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

Las entidades sociales presentamos por primera vez en castellano un informe con datos sobre la efectividad de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.

Estos datos han sido obtenidos a través de la Administración Pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética, y forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)  y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Si bien el foco se sitúa en la Ley 24/2015, (una norma impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESCA), también se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas tanto a nivel local, autonómico y estatal -incluyendo las moratorias- que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano

Aunque las entidades se reafirman en la -aún limitada- eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar, sinó también consolidar las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra quienes se nieguen a cumplirlas.

La PAH de Barcelona denunciamos el desahucio de una familia con menores que lleva casi 3 años en la Mesa de Emergencia

Hoy miembros de la PAH hemos acudido a la Oficina de Vivienda de Gràcia y a Servicios Sociales para presionar y que le den una alternativa digna a la familia

Irina, vecina del barrio del Coll, está pendiente de un lanzamiento el próximo 6 de octubre por impago del alquiler

Hoy la PAH de Barcelona hemos acudido a la Oficina de Vivienda de Gracia y a los Servicios Sociales de Vallcarca para acompañar a Irina, vecina del barrio del Coll, que está pendiente de un desahucio el próximo 6 de octubre por impago del alquiler. La familia, con dos menores a cargo, lleva más de dos años con el expediente aprobado para obtener un piso de la Mesa de Emergencia, pero éste nunca llega. Tanto desde Vivienda como desde Servicios Sociales hasta ahora han sido incapaces de ofrecerle una alternativa y, por tanto, si nada cambia, este viernes una familia con dos criaturas de 10 y 12 años acabará en la calle, lo que constituye una vulneración flagrante del derecho a una vivienda digna.

La historia de Irina se remonta al 2019, cuando dejó de pagar el alquiler porque, tanto ella como su marido, perdieron su trabajo en el sector de la hostelería, situación que se complicó aún más con la llegada de la pandemia a principios del 2020. Es por ello que ese mismo año tramitó la solicitud para pedir un piso de la Mesa de Emergencia que ha esperado hasta ahora. Mientras tanto, las órdenes de desahucio se han ido sucediendo, si bien, se han ido deteniendo hasta ahora, gracias a la moratoria antidesahucios.

Por lo tanto, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que asuma el compromiso de no permitir que se expulse a Irina de su casa sin una alternativa habitacional digna. Es vergonzoso que un recurso que se supone de emergencia, como la Mesa, no sea capaz de dar un techo a una familia que lleva casi 3 años esperando. La Administración en general tiene la obligación de poner en marcha todos los mecanismos disponibles para evitar situaciones tan penosas como la que está viviendo esa familia. 

Por otro lado, desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas para que se movilicen de forma solidaria el próximo 6 de octubre frente a la calle Móra d’Ebre, 51 (hora por confirmar) para detener esta barbaridad y buscar una solución digna para Irina y su familia. ¡Estad atentas a nuestras redes, iremos publicando novedades del caso!

La PAH de Barcelona denunciamos ante Vivienda el desahucio de un hombre de 72 años instado por Cerberus

Desde la entidad reclamamos una respuesta rápida y digna de la Administración ante la perspectiva de que José acabe malviviendo en una pensión

La PAH de Barcelona hemos convocado hoy una rueda de prensa ante la Oficina de Vivienda de Sants-Montjuïc para acompañar a José, quien actualmente está pendiente de un desahucio el próximo 14 de septiembre por ejecución hipotecaria, después de haber parado el último intento de desalojo instado por Divarian, filial del fondo buitre Cerberus. Si nada cambia, la próxima semana un hombre de 72 años se quedará en la calle o malviviendo en una pensión, ya que ésta es la única alternativa que le ofrecen desde Servicios Sociales. Después de hacer declaraciones a los medios, hemos acompañado a José a su Oficina de Vivienda para aclarar su situación administrativa y activar todos los mecanismos necesarios (Mesa de Emergencia, programa de alojamiento de personas mayores, etc.) para evitar que el próximo jueves se quede en la calle de forma indigna.

Desde Vivienda hoy nos han dado largas, excusándose en que no estaba la directora y hemos conseguido concertar una nueva reunión para el próximo martes 12 de septiembre a las 9:30h para que nos den respuesta a las peticiones que les hemos hecho hoy. Por nuestra parte, les hemos pedido que, por un lado, sigan presionando a Divarian para conseguir el alquiler social que le corresponde por ley a José; que resuelvan el expediente de la Mesa de Emergencia -si es favorable o no- y, para acabar, que el Ayuntamiento asuma el compromiso para que no permita que José se marche de su casa sin una alternativa habitacional. ¿Qué clase de sociedad queremos tener si un hombre de 72 años se ve abocado a pasar el último tramo de su vida malviviendo en una pensión?

José vive en la Zona Franca (C/Mare de Déu del Port 407-409) de Barcelona y se encuentra en situación de vulnerabilidad acreditada. Originalmente, era el propietario del piso, pero en el 2007 le engañaron y traspasó la propiedad a un tercero, quien contrajo una hipoteca con el BBVA, acordando que él se quedaría viviendo allí. El nuevo propietario dejó de pagar y así se inició la ejecución del préstamo. Mientras tanto, el BBVA transfirió la hipoteca a Divarian, quien ahora está instando el desalojo para especular. Aunque la Ley 24/2015 le obliga a hacerle un alquiler social a José, Divarian se niega a hacerle ningún tipo de oferta más allá de desahuciarlo.

Con esta rueda de prensa reclamamos que la Administración se ponga manos a la obra y haga cumplir la Ley 24/2015, ya que quien está instando este desahucio es el fondo buitre Cerberus y José cumple los requisitos para tener un alquiler social. Asimismo, exigimos que José, por su situación, entre en la Mesa de Emergencia y obtenga una solución digna para su caso lo antes posible. ¡La Generalitat tiene la obligación de hacer cumplir las leyes que se aprueban, poniendo en marcha todos los mecanismos disponibles para que vulneraciones de derechos como las que José está sufriendo no queden impunes!

Hoy nos hemos reunido con el concejal y comisionado de vivienda Joan Ramon Riera (PSC) del nuevo Ajuntament de Barcelona

Desde la PAH de Barcelona hemos querido presentarnos y compartir diferentes temas importantes para nosotras, como son el funcionamiento de la mesa de emergencia, las SIPHO, la importancia de ampliar el parque público de alquiler y un tema primordial, como son los realojos dignos. Hemos presentado el documento que preparamos de cara a las elecciones municipales y que no nos dieron retorno.

Asimismo, hemos explicado que es necesario un plan de choque para afrontar la gestión de la mesa de emergencia, donde nuestra compañera Nancy ha explicado su situación después de sufrir un desahucio por parte de Promontoria Coliseum -quien se saltó la ley y no le ofreció alquiler social- y que a día de hoy sigue en un hostal. Además, nuestra compañera Núria ha explicado la importancia de exprimir todas las leyes garantistas, como la Ley 24/2015, y que es necesario un compromiso firme en defensa de la ley. Ella lleva tiempo luchando por un alquiler social porque no pudo seguir pagando su hipoteca al banco Santander y a día de hoy todavía no tiene firmado el alquiler y no sabemos si el Ayuntamiento de Barcelona ha cursado la sanción correspondiente.

Por su parte, Riera ha explicado el compromiso en ampliar el parque público, en continuar trabajando en la rehabilitación del parque de Barcelona sin expulsar a las vecinas y en seguir trabajando para aplicar la ley estatal de vivienda para frenar los precios del alquiler. Ha sido una reunión de primer contacto y nos hemos convocado de cara a septiembre para trabajar temas más concretos, como la Ley 24/2015 y el despliegue de la ley estatal de vivienda entre otras cuestiones.