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Así están las cosas

La PAH arrancamos en Catalunya una campaña global de denuncia, señalización a la inacción política, la banca y los fondos buitre. Así están las cosas y queremos sensibilizar a la ciudadanía no consciente de que el problema de la vivienda nos afecta a todas. 

Hoy las PAHs de Catalunya iniciamos nueva campaña para alertar sobre la emergencia habitacional debido a la falta de voluntad política para revertir la situación y ante la desfachatez de los grandes especuladores que trafican con nuestras viviendas negándose, con impunidad, a aplicar las leyes catalanas que les obligan a ofrecer alquileres sociales para garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a las familias desahuciadas.

Desde el estallido de la crisis de 2008, lejos de solucionarse, la problemática con la vivienda ha mutado y se ha encrudecido. Donde antes nos enfrentábamos a procesos de perdida de vivienda derivados de la estafa hipotecaria, de un tiempo a esta parte el grueso de la problemática lo encontramos en los precios desorbitados del alquiler. Donde antes nos enfrentábamos a la banca, ahora toca lidiar con todo un entramado formado por fondos buitre, socimis, inmobiliarias, patronales, bancos… que han encontrado en la especulación inmobiliaria la gallina de los huevos de oro, sin importar el coste humano que esto conlleva.

Lo que no ha cambiado es la irresponsabilidad política, cuya defensa de los intereses capitalistas por encima de la defensa del bienestar de la ciudadanía, ya ha destrozado la vida de millones de personas. Bien arrebatando sus sueños de toda la vida vía ejecución hipotecaria, bien desahuciándolas por no poder asumir el abusivo precio del alquiler, bien obligándolas a ocupar una vivienda tras quedarse en la calle para volver a ser desahuciadas, bien pagando el precio más alto al arrebatarles vida debido a la desesperación. Un punto de no retorno.

Si a esto les sumamos que el empobrecimiento de las familias es cada vez mayor y el coste de la vida más alto, la situación se vuelve insostenible. Lamentablemente, los culpables y responsables de la situación son poderosos. Controlan el Congreso, el Parlament, demasiados Ayuntamientos, los Tribunales, los medios de comunicación mayoritario y con todo ello, la opinión pública. Tanto repiten sus discurso autoritario, lleno de mentiras, desprecio y odio (sobretodo hacía quien menos tiene), que al final cala y nos empujan a una guerra entre vecinas, de la cual solo se benefician ellos. El que más tiene, contra el que menos, el que menos contra el que nada. Y así están las cosas.

Desde la PAH, llevamos más de una década empujando para lograr los cambios legislativos necesarios para revertir la situación y hacer efectivo el derecho a la vivienda, tal como recogen los dictámenes de Naciones Unidas, la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Hemos vivido como el PP negaba la segunda oportunidad a las personas hipotecadas que perdían su casa, al tiempo que rescataba a la banca. Hemos vivido como se ponía la alfombra roja a los fondos buitre para que especularan a su antojo con el alquiler. Hemos vivido como la banca amasaba millones de vivienda vacía que después vendió a los fondos, mientras la vivienda pública se recalificaba y pasaba a manos del sector privado. Nos dejaron sin un parque público de vivienda social y asequible para dar respuesta a la emergencia habitacional, a las familias desahuciadas y a las familias que no pueden permitirse los precios de la corrupción.

Así están las cosas con los últimos datos del Poder Judicial cerrando el año 2022: 38.266 desahucios (177 al día),  27.533 desahucios derivados del alquiler, 8.509 derivados de hipoteca y 24,935 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas.

A pesar de todo, el PSOE lleva todos sus años de gobierno bloqueando la Ley vivienda al no querer incluir las medidas sociales necesarias y promoviendo la represión a la reivindicación endureciendo la Ley Mordaza. Medidas tan de sentido común como las que tenemos en Catalunya, gracias al esfuerzo de la PAH y otros colectivos. La ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, así como el articulado para ampliarla, efectivo desde marzo del año pasado, está pensada, sobre todo, para acabar con los desahucios obligando a grandes especuladores a ofrecer un alquiler social. Cosa que no están haciendo.

No solo eso, también obliga a la renovación de dichos alquileres sociales, a ofrecerlos al finalizar un contrato si no se puede asumir la subida abusiva habitual y a ofrecerlos a esas personas vulnerables que están ocupando, un piso vacío de banco o fondo de inversión, para no acabar en la calle. Remarcar que esta última medida es solo para ocupaciones previas al 31 de junio 2021, no posteriores, un dato que el relato de los defensores de la especulación omite cuando arremeten contra esta ley afirmando, falsamente y con alevosía, que es una ley que fomenta la ocupación. La realidad es todo lo contrario, no hay mejor ley antiocupación que una ley que garantice el derecho a la vivienda a todos los bolsillos.

En esta nueva campaña que iniciamos hoy, con una concentración en la sede central de Serbihabitat en Cornellá, denunciamos que en Catalunya:

  • Los fondos buitre y su entramado de socimis e intermediarios están incumpliendo la ley negándose descaradamente a ejercer su obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias que no pueden pagar los precios abusivos del mercado.
  • Los bancos, accionistas de las socimis, se lavan las manos alegando que ya no tienen la propiedad, al tiempo que venden los pisos a los fondos con inquilinas e inquilinas dentro a las que se les niega la renovación al finalizar él y contrato.
  • El Gobierno de la Generalitat está siendo participe de los desahucios al no actuar con mano dura contra los grandes especuladores interponiendo las sanciones millonarias que dicta la ley.
  • La ley está siendo vulnerada por las administraciones al no obligar a bancos, fondos buitre y a la Sareb a movilizar su vivienda vacía para fomentar el parque público de vivienda social o a reducir urgentemente la lista de espera para acceder a un piso de la mesa de emergencia.

Con 34.856 pisos vacíos en Catalunya, en manos de grandes tenedores y la Sareb, decimos:

¡Basta de vivir en un estado de gente sin casa y casas sin gente!

¡Basta de ser el territorio líder en desahucios!

Las leyes y los derechos están para cumplirlos. No podemos seguir viviendo en la angustia que compartimos semana tras semana en nuestras asambleas. No podemos ver como nuestros mayores pierden su hogar y a la juventud se les niega un futuro al no podérselo permitir, mientras al resto nos sobra mucho mes al final del sueldo que gastamos en pan y techo.

Exigimos se cumplan las leyes sociales que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Seguiremos movilizandonos y denunciando hasta conseguir que los fondos buitre cumplan con nuestra ley, hasta romper con la persecución política a la pobreza. Así están las cosas y no bajaremos los brazos, ni en Catalunya en defensa de nuestras ley, ni en España hasta logra la ley vivienda que la ciudadanía se merece.

Denunciamos y rechazamos la amenaza de los buitres a las administraciones para que no apliquen la Ley 24/2015

La instrumentalización de la justicia por parte de empresas privadas ha logrado un hito insólito: la persecución de los poderes públicos que hacen cumplir las leyes impulsadas por la sociedad civil y refrendadas por la soberanía popular

Esta semana hemos conocido que la justicia ha citado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau -así como a las concejalas Lucía Martín y Marc Serra y a la trabajadora responsable de la unidad antidesahucios- a declarar el próximo mes de marzo como investigadas por haber multado al fondo Vauras Investment, propietario del Bloc Llavors, un edificio de pisos situado en el barrio del Poble Sec que en el 2017 fue ocupado por varias familias vulnerables que fueron desahuciadas en el 2020. Las investigadas no hicieron más que aplicar lo que establece la Ley 24/2015, que se aprobó en el Parlament de Catalunya hace ahora ocho años con la intención de remediar la lacra de los desahucios y evitar que Catalunya siga encabezando las listas de lanzamientos en todo el Estado.

La ley antidesahucios catalana en aquel momento -ya que estaba en vigor el Decreto 17/2019-, obligaba a los grandes tenedores de vivienda -como Vauras Investment- a ofrecer un contrato de alquiler social a aquellas familias que acreditaran vulnerabilidad económica antes de desahuciarlas. Este era el caso del Bloc Llavors: las 7 familias ocupantes contaban con un informe de vulnerabilidad. Los desahucios no se pararon y, ante el incumplimiento de la Ley 24/2015, el Ayuntamiento hizo lo que le correspondía: notificó e impuso 5 multas -una por cada alquiler social sin ofrecer- por importe de 417.000€ a Vauras Investment, que ha respondido con una querella.

Nos preocupa el hecho insólito de que un fondo buitre tenga la capacidad de utilizar a los tribunales para incumplir leyes con impunitad y esquivar aquellas obligaciones que perjudican sus intereses. El caso de Vauras contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo claro de lawfare, es decir, del uso -y abuso- de la justicia para hacer guerra política contra aquellas decisiones -fruto de la soberanía popular, recordemos-, que de algún modo limitan los beneficios de un capital que se está enriqueciendo a costa de un derecho básico, es decir, a una vivienda digna y adecuada.

Vauras Investment sabe que es muy posible que esta querella no prospere, pero de momento ya ha conseguido que la justicia obligue al consistorio a retirar las multas, todo ello con la idea de condicionar el compromiso del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir una ley antidesahucios que ha demostrado su capacidad para resolver los problemas de muchísimas familias que el sistema había dejado abandonadas. Esta reacción por parte de Vauras indica lo que ya hace tiempo que sabemos: que la Ley 24/2015 funciona, y precisamente es por ello que la única alternativa que les queda a los grandes tenedores es intentar atemorizar a la Administración para que evite aplicarla.

Es imperativo que desde todos los estamentos sociales e institucionales -y judiciales- rechacemos el lawfare y exijamos que cualquier disputa de intereses se haga de manera política, es decir, con proyectos y movilizaciones, sin tergiversar el sentido de las normas jurídicas que no es otro que hacer efectivas las decisiones democráticas y la garantía de los derechos, especialmente aquellos más amenazados por los intereses de unos pocos, como lo es, desde hace demasiado tiempo, el derecho a una vivienda digna.

Las PAH de Barcelona y Hospitalet realizamos una acción sorpresa en la sede de CaixaBank para reclamar alquileres sociales para las familias vulnerables

Las activistas irrumpimos en la oficina bancaria porque tenemos varios casos de familias vulnerables que han solicitado un alquiler social, pero no han obtenido respuesta

Esta mañana una treintena de activistas de las PAH de Barcelona y Hospitalet hemos irrumpido pacíficamente en las oficinas de CaixaBank situadas en la plaza del Ayuntamiento de Hospitalet para denunciar varios casos de familias vulnerables que esperan un alquiler social a causa de su situación de vulnerabilidad y reclamar una reunión con un interlocutor válido para negociar. CaixaBank es uno de los propietarios de la empresa Coral Homes, una SOCIMI compartida con el fondo buitre Lone Star, que ha comprado muchos de los pisos que antes pertenecían al banco y se dedica a asediar a las familias residentes -instando un desahucio, ofreciéndoles dinero, etc.- para que se marchen y así poder especular. Después de unos momentos de tensión con los trabajadores del banco y la intervención de los Mossos, hemos conseguido que desde la oficina concierten una reunión con nosotras y las afectadas el próximo miércoles 8 de febrero con el director de la oficina, el Jefe de Zona y posiblemente Tecnotramit, la empresa que ejerce de mediación con Coral Homes.

Las afectadas que reclaman sus alquileres sociales son Djamila y Rosario, dos mujeres que viven en pisos de Coral Homes. El caso de Djamila es la consecuencia de la crisis económica del 2008: en 2014 CaixaBank le embargó el piso por impago de la hipoteca y posteriormente le transfirió la propiedad a Coral Homes; por su parte, Rosario ocupa el piso en precario desde hace 8 años. Ambas se encuentran en situación de vulnerabilidad y han sufrido intentos de desahucio que se han parado. Asimismo, ambas han solicitado a la empresa que les realice la oferta de alquiler social, por ahora sin respuesta.

 

Un alquiler social que no llega

Los grandes tenedores de vivienda, en particular los bancos y los fondos buitre, están obligados por la ley antidesahucios catalana (Ley 24/2015) a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que acrediten situación de vulnerabilidad y se encuentren en situación de impago de alquiler o hipoteca, finalización de contrato de alquilerocupando en precario. Desde que esta medida se restituyó en el Parlament de Catalunya el pasado mes de marzo, hemos conseguido firmar varios contratos de alquiler social –como el caso de Marcos y Solange; sin embargo, hay otros en los que los grandes tenedores se niegan a cumplir con la ley y no dan respuesta a las demandas de las familias, dejándolas desprotegidas e incluso intentando desahuciarlas. El objetivo es claro: no atender estas solicitudes mientras el gobierno español y los partidos de derecha y ultraderecha les hacen el trabajo sucio en los tribunales y ponen recursos en el Tribunal Constitucional con la esperanza de que este los tumbe, como ha hecho en otros ocasiones. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar cuatro duros y les impide tener vivienda vacía para especular.

La PAH no está dispuesta a permitir este abuso contra las personas que lo están pasando peor en esta crisis -ya cronificada- y nos hemos propuesto movilizarnos todas las veces que sea necesario para conseguir todos los alquileres sociales que la banca y los fondos buitre nos deben. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Catalunya y les animamos a acercarse a nuestras asambleas para organizarse y defender sus derechos. ¡Exigimos que aquellos que han promovido la miseria en nuestros barrios y ciudades cumplan con las leyes! 

Las PAH Catalanas irrumpimos en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona para protestar contra la criminalización de la ocupación

Las activistas protestamos por la celebración de un seminario sobre la “persistencia” de la “okupación”, aunque las cifras demuestran que los casos de ocupación han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019

El ICAB es uno de los principales impulsores de la reforma anunciada por el PSOE de modificar la LECrim para facultar a los jueces a poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas

Las PAH Catalanas hemos organizado una acción sorpresa en la sede del Colegio de la Abogacía en Barcelona coincidiendo con la celebración, en el mismo edificio, del seminario Okupación, el problema persiste. Una treintena de activistas de la PAH hemos accedido pacíficamente a la Sala de Actos de la entidad, hemos explicado a los asistentes que nos hemos visto obligadas a irrumpir en esta formación porque desde el Colegio se ha decidido abordar el fenómeno de la ocupación desde una perspectiva criminalizadora de aquellas familias que ocupan en precario debido a su situación de vulnerabilidad. Jesús M. Sánchez, Decano del Colegio, ha exigido varias veces a las activistas que nos vamos, bajo el pretexto de no estar inscritas y argumentando que otras veces sí que se nos ha invitado al Colegio -pero no en esta ocasión- y que esta es una formación “puramente técnica”, todo ello mientras varios asistentes se han dedicado a abuchearnos, demostrando una absoluta y preocupante falta de empatía y tacto hacia aquellas personas más vulnerables que se supone que han de defender en un proceso legal.

Según la misma nota de prensa de la entidad, el motivo de celebración de esta jornada es que la “okupación” es “una problemática que persiste y que genera preocupación y malestar a la ciudadanía ante la falta de una respuesta rápida y eficiente para acabar con esta práctica”. Nos sorprende que en esta jornada no se cuente con la participación de ninguna entidad social -de las muchas que tratamos este fenómeno en nuestro día a día- o ni siquiera el testimonio de una familia que se ve obligada a vivir en precario por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Por otra parte, vemos que entre los ponentes encontramos nombres de “expertos” y antiguos cargos públicos, como Lourdes Ciuró, exconsejera de Justicia de la Generalitat, o Carles Sala, exsecretario de Vivienda, quien tan solo 14 días después de ser destituido se incorporó a la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en un caso claro de puertas giratorias. Asimismo, sorprende que el Colegio barcelonés no conozca que la realidad de este fenómeno en la ciudad vaya a la baja, ya que según datos del Ayuntamiento, las ocupaciones de inmuebles han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019. En último lugar, nos resulta extraño que un colegio profesional decida abordar “técnicamente” este fenómeno, pero que en todo el programa de la jornada no se haga ni una sola mención a la Ley antidesahucios catalana (Ley 24/2015) que precisamente aborda el fenómeno de la ocupación y provee de herramientas a jueces y abogados para eliminarla.

El ICAB y el fantasma de la okupación

A las organizaciones que defendemos el derecho a la vivienda nos indigna que organismos como el ICAB agiten el fantasma de la okupación -a menudo utilizado por la derecha y la ultraderecha- entre la población, en un contexto de emergencia habitacional en el que ya es evidente que la mayoría de las ocupaciones se producen en pisos de grandes tenedores como bancos y fondo buitre quienes, además, mantienen más de 30.000 pisos vacíos en Catalunya, según datos de Crític. El Colegio, además, ha mostrado en varias ocasiones su discurso criminalizador hacia las familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar una vivienda, organizando, junto con los colegios de Málaga y Mataró, el I Congreso de Ocupación Ilegal celebrado en la ciudad andaluza el pasado mes de mayo y que fue inaugurado por la ministra de Justicia del gobierno español, Pilar Llop. Sabemos, además, que el ICAB es uno de los principales instigadores de la reciente propuesta del PSOE de impulsar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para habilitar a los jueces para poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas, así como habilitar a ayuntamientos y comunidades de vecinos para poder solicitar un lanzamiento, proposición que Junts i Ciutadans pretenden aprobar en pocos días en el Parlament de Catalunya.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. Tenemos muchas propuestas que el Colegio de la Abogacía podría tener en cuenta a la hora de abordar el problema: la Ley 24/2015 antidesahucios -que contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de hacer alquiler alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad y movilizar los pisos vacíos; o bien, la futura Ley de Vivienda -actualmente bloqueada en el Congreso porque el PSOE se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad– o bien movilizar los pisos de la Sareb -una entidad rescatada y que actualmente está controlada por el Estado- y ponerlos a disposición del parque público

Desde la PAH estamos haciendo toda la presión necesaria en la calle para evitar que desde los poderes públicos se criminalice a aquellas familias que no tienen más remedio que ocupar una vivienda por no quedarse en la calle. Y exigimos a organismos “profesionales” como el ICAB que abandonen los discursos populistas y se decidan a abordar el fenómeno de la ocupación con rigor y seriedad, con datos contrastados y contando con la debida pluralidad de opiniones. ¡Es escandaloso que una profesión -la abogacía-, que se supone sensible y comprometida con los derechos fundamentales no esté al lado de las familias más vulnerables!

La PAH arranca a Yolanda Díaz y Ada Colau el compromiso de obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler a familias vulnerables en la Ley de Vivienda

Esta mañana la alcaldesa de Barcelona y la vicepresidenta segunda del gobierno se han reunido con miembros de la PAH en la capital catalana

Esta mañana miembros de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca nos hemos reunido con Yolanda Díaz y Ada Colau en Barcelona y hemos conseguido que ambas dirigentes se comprometan a incluir en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda la obligación, para los grandes tenedores, de ofrecer un alquiler a aquellas familias vulnerables que estén afrontando un desahucio sin alternativa habitacional. Esta medida es una de las razones por las que esta ley lleva ya dos años encallada en el trámite parlamentario, a pesar de las informaciones que aparecen en los medios sobre un supuesto avance.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en el Auditori de Barcelona por la mañana, tanto Díaz como Colau han admitido que esta medida es la única forma real de acabar con la aberración que supone expulsar una familia de su casa sin alternativa, opinión que comparten diferentes organismos internacionales que califican los desalojos como una flagrante vulneración de los derechos humanos en España. Obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler a las personas en situación de vulnerabilidad es una medida que ya ha sido avalada por el Tribunal Constitucional cuando éste evaluó la ley antidesahucios valenciana en 2018.

El alquiler social en Cataluña, una medida pionera que evita miles de desahucios

El alquiler social es una medida antidesahucios impulsada por la PAH y otros colectivos, que lleva algunos años aplicándose en Cataluña con éxito: se estima que ha conseguido detener entre 1.000 y 5.000 lanzamientos al año desde su implementación en 2015 -a pesar de haber sufrido suspensiones parciales por parte del Tribunal Constitucional y el boicot de la derecha y la ultraderecha. Esta medida consiste en obligar a los grandes tenedores de vivienda (principalmente bancos y fondos buitre) a ofrecer un alquiler social como medida para evitar o detener los desahucios de personas en situación de exclusión residencial; por otra parte, la ley también obliga al realojo por parte de las administraciones para el resto de casos, es decir, para los desahucios promovidos por pequeños tenedores.

Hasta ahora esta medida ha sido rechazada de plano por la parte socialista del gobierno, quien se niega a buscar cualquier regulación que limite los beneficios de los bancos y los fondos de inversión, así como tampoco se plantea utilizar la Sareb para aumentar el ya de por sí pírrico parque de vivienda en el país.

Por primera vez en la historia de la democracia, el proyecto Ley de Vivienda podría solucionar un problema endémico en España, el acceso a la vivienda. Sin embargo, y a pesar de los anuncios del gobierno, actualmente esta propuesta es un texto vacío de contenido, sin ninguna aplicación práctica, ni mucho menos un cambio estructural en el ámbito de la vivienda, que entendemos que debería ser el objetivo principal de la ley. No entendemos que en una Ley de Vivienda no se haga una sola mención a medidas concretas y estructurales para prevenir los desahucios sin alternativa habitacional y el sobreendeudamiento de las familias, garantizando el acceso a la vivienda al conjunto de la sociedad. Lo máximo que plantea ahora la norma es, en primer lugar, una mediación no vinculante previa antes de interponer una demanda; en segundo lugar, plantea una moratoria de 3 meses a la espera de una vivienda por parte de la Administración; el gobierno sabe que esta obligación que será imposible de cumplir debido al exiguo parque público actual.

Por todo ello, después de esta reunión con Díaz y Colau, desde la PAH y el resto del movimiento por la vivienda esperamos que cumplan con sus compromisos y no aprueben una ley que no acabe con los desahucios de forma estructural. Todas las entidades de la sociedad civil agrupadas en la Iniciativa Ley Vivienda estaremos vigilantes y seguiremos en nuestro empeño para que, finalmente, la ley que se apruebe incluya medidas reales y efectivas para garantizar el derecho a una vivienda digna al conjunto de la población. ¡Nos vemos en las calles! ¡Sí se puede!