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Las activistas irrumpimos en la oficina bancaria porque tenemos varios casos de familias vulnerables que han solicitado un alquiler social, pero no han obtenido respuesta

Esta mañana una treintena de activistas de las PAH de Barcelona y Hospitalet hemos irrumpido pacíficamente en las oficinas de CaixaBank situadas en la plaza del Ayuntamiento de Hospitalet para denunciar varios casos de familias vulnerables que esperan un alquiler social a causa de su situación de vulnerabilidad y reclamar una reunión con un interlocutor válido para negociar. CaixaBank es uno de los propietarios de la empresa Coral Homes, una SOCIMI compartida con el fondo buitre Lone Star, que ha comprado muchos de los pisos que antes pertenecían al banco y se dedica a asediar a las familias residentes -instando un desahucio, ofreciéndoles dinero, etc.- para que se marchen y así poder especular. Después de unos momentos de tensión con los trabajadores del banco y la intervención de los Mossos, hemos conseguido que desde la oficina concierten una reunión con nosotras y las afectadas el próximo miércoles 8 de febrero con el director de la oficina, el Jefe de Zona y posiblemente Tecnotramit, la empresa que ejerce de mediación con Coral Homes.

Las afectadas que reclaman sus alquileres sociales son Djamila y Rosario, dos mujeres que viven en pisos de Coral Homes. El caso de Djamila es la consecuencia de la crisis económica del 2008: en 2014 CaixaBank le embargó el piso por impago de la hipoteca y posteriormente le transfirió la propiedad a Coral Homes; por su parte, Rosario ocupa el piso en precario desde hace 8 años. Ambas se encuentran en situación de vulnerabilidad y han sufrido intentos de desahucio que se han parado. Asimismo, ambas han solicitado a la empresa que les realice la oferta de alquiler social, por ahora sin respuesta.

Un alquiler social que no llega

Los grandes tenedores de vivienda, en particular los bancos y los fondos buitre, están obligados por la ley antidesahucios catalana (Ley 24/2015) a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que acrediten situación de vulnerabilidad y se encuentren en situación de impago de alquiler o hipoteca, finalización de contrato de alquiler u ocupando en precario. Desde que esta medida se restituyó en el Parlament de Catalunya el pasado mes de marzo, hemos conseguido firmar varios contratos de alquiler social –como el caso de Marcos y Solange; sin embargo, hay otros en los que los grandes tenedores se niegan a cumplir con la ley y no dan respuesta a las demandas de las familias, dejándolas desprotegidas e incluso intentando desahuciarlas. El objetivo es claro: no atender estas solicitudes mientras el gobierno español y los partidos de derecha y ultraderecha les hacen el trabajo sucio en los tribunales y ponen recursos en el Tribunal Constitucional con la esperanza de que este los tumbe, como ha hecho en otros ocasiones. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar cuatro duros y les impide tener vivienda vacía para especular.

La PAH no está dispuesta a permitir este abuso contra las personas que lo están pasando peor en esta crisis -ya cronificada- y nos hemos propuesto movilizarnos todas las veces que sea necesario para conseguir todos los alquileres sociales que la banca y los fondos buitre nos deben. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Catalunya y les animamos a acercarse a nuestras asambleas para organizarse y defender sus derechos. ¡Exigimos que aquellos que han promovido la miseria en nuestros barrios y ciudades cumplan con las leyes!