El partido se desdice de su compromiso del pasado mes de junio para sacar adelante la nueva Ley antidesahucios dando un paso atrás y posicionándose al lado de los lobbies inmobiliarios y la banca
El pasado mes de junio presentamos y registramos la futura ley antidesahucios catalana. Lo hicimos con un apoyo mayoritario y suficiente para sacar adelante la ley con tramitación de urgencia y con el compromiso de los Grupos Parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, En Comú Podem y CUP de tenerla aprobada a finales de octubre.
La nueva ley antidesahucios, acordada con las entidades sociales, quiere recuperar urgentemente los alquileres sociales antidesahucios anulados por el Constitucional debido al nuevo recurso del PP contra el Decreto Ley 17/2019, que amplió la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministros.
Como resultado de mucha negociación y de un esfuerzo de consenso importante, la futura “Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional” nació incorporando mejoras para proteger a más gente y para evitar que los grandes tenedores se la salten.
Pasado el verano, justo cuando se acerca la votación final en el Parlament, prevista en noviembre, Junts se ha desdicho sorprendentemente y ha presentado 7 enmiendas que recortan la proposición de ley. Una parte de Junts cambia las prioridades y quiere proteger a los lobbies, algo que ya ocurrió con la ley catalana de regulación de los alquileres y gracias a la presión social, se evitó.
Las 7 “enmiendas recortadoras” de Junts, se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Compensación a grandes tenedores: quieren compensar a los grandes tenedores de más de 15 viviendas, sean personas físicas o grandes empresas, la diferencia entre el precio del alquiler social y el de mercado. Esta enmienda impugna el espíritu de la Ley 24/2015: alquiler social obligatorio para los grandes propietarios que pretenden desahuciar familias y realojamiento público o ayudas para evitar los desahucios de pequeños tenedores.
- Rebaja de la definición de gran tenedor: se niegan a homologarla a la definición estatal de 10 viviendas, subiéndola a 15 pisos, tanto para personas físicas como empresas, que tan solo contarán si están en Catalunya y no en el resto del Estado. También rechazan la mejora de la definición en las partes por las que se escapan, troceando, por ejemplo, el patrimonio.
- Debilitación de la definición de vivienda vacía: quieren que la compra de una vivienda vacía ponga a cero el contador de los dos años para poder penalizarlo o movilizarlos. Esto pondría más difícil multar los pisos vacíos de bancos y buitres, obligar a cederlos o expropiarlos.
- Menos familias que ocupan pisos de bancos, protegidas: excluyen del alquiler social a las familias que ocupan pisos de bancos desde octubre del 2020, cuando la ley registrada incluía hasta junio de 2021. Esta enmienda deja fuera a las familias sin alternativa que han entrado a vivir en pisos vacíos de bancos o buitres a raíz de las dificultades del último año, y en vez de dar seguridad habitacional, puede provocar miles de desahucios.
- Recortan el alquiler social para arrendatarias: la nueva ley aumentaba el tiempo durante el cual se aplican los alquileres sociales obligatorios cuando se acaban los contratos o no se renuevan para subir el precio y desahuciar, a 6 y 12 años, según si el gran propietario era persona física o jurídica. Junts quiere reducirlo a 5 o 7, según el tipo de gran tenedor.
Estas enmiendas recortan o impugnan directamente la Ley y podrían haber sido redactadas por el PP. ¿Las aprobará Junts con la complicidad de C’s, PP y VOX? Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y la ciudadanía organizada responderemos a la anulación del Tribunal Constitucional por el enésimo recurso del PP con una rebaja de la Ley. Sería un escándalo y por ello hoy salimos a la calle a denunciarlo.
Junts falta a su palabra, al texto que firmó y registró antes del verano, por eso no podemos confiar en ellos, si no retiran las enmiendas presentadas. Debido a los intentos que se han hecho para evitar que se registren estas enmiendas, nos consta que hay una parte del partido que duda al respecto: deben hacerse valer para volver al «SÍ» a la ley, al «SÍ» a poner fin a los desahucios.
¡No podemos rebajar la protección a las familias que han sido o pueden ser desahuciadas! La lista de espera de la mesa de emergencia ha aumentado en 1.000 familias desde el 2019 y hoy es de 2.242 unidades familiares que necesitan ya una vivienda.
Tampoco podemos transferir dinero público a los grandes propietarios que pretenden desahuciar: que son para realojar familias, evitar desahucios de pequeños tenedores o construir vivienda protegida. Ya se hizo con los bancos y ahora no puede volver a pasar con el sector inmobiliario.
¡No nos podemos permitir ningún paso atrás en la lucha contra los desahucios! ¡Queremos la ley entera!
#JuntesContraElsDesnonaments
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