Digamos no a los desahucios. Digamos sí a los alquileres sociales obligatorios

PorPAH_Bcn

Digamos no a los desahucios. Digamos sí a los alquileres sociales obligatorios

Hoy han finalizado las rondas de comparecencias de entidades, instituciones, organizaciones y expertos para hacer defender o hacer aportaciones a la nueva Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional que acabará con miles de desahucios. Ahora sí que entramos en la recta final para aprobarla en el Parlament.

A continuación compartimos la comparecencia de Lucía Delgado, portavoz de la PAH y del Grupo Promotor de la Ley 24/2015:

Cuando alguien presencia un accidente de tráfico tiene la obligación de socorrer a la víctima. Ante una emergencia, hay que actuar.

La PAH lleva socorriendo y actuando desde su creación, hace 12 años. Mientras los bancos y los buitres destrozaban vidas (sí, desahuciar es degradar la vida de personas), dejando miles de familias en la cuneta, que necesitaban socorro por una emergencia, demasiadas veces, las administraciones competentes han hecho dejadez de funciones. Volviendo al símil del accidente de tráfico, miles de familias han sido abandonadas a su suerte, cuando necesitaban ayuda urgente, acción de socorro, pero quien había de socorrerlas ha pasado de largo.

Aunque el Gobierno estatal no haga lo que hay que hacer, es nuestra obligación hacerlo. Por ello celebramos que hoy sea el último día de comparecencias para tramitar una Proposición de Ley con una mayoría parlamentaria que hará posible poner fin al tsunami de desahucios que irrumpirá este otoño en Catalunya.

Lo que esperamos con nuestra intervención es que más grupos parlamentarios se sumen a sacar adelante esta ley y sobre todo, en su desarrollo después, desde la Generalitat y desde todos los municipios, sea cual sea su color político. Porque lo que estamos discutiendo hoy debe traspasar las lógicas partidistas, las presiones de los poderosos, porque de lo que estamos hablando es de socorrer a la víctima, de proteger los derechos humanos más básicos.

Hay que parar el golpe de una vez y asentar a la vez las bases para un modelo que no deje a nadie más sin derecho a la vivienda.

Y recordemos que las instituciones teneis la obligación de hacerlo.

En 2015 comparecimos en este Parlament defendiendo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP vivienda). Una ILP que llegó con la fuerza y la esperanza de miles de familias que se vieron abocadas a perder sus casas por no poder pagar su hipoteca o su alquiler mientras los bancos eran rescatados con dinero público, sin pedirles nada a cambio. Salimos a la calle y a todas las plazas de los pueblos y ciudades de Catalunya y conseguimos 3 veces más de las firmas necesarias para su tramitación (150.000, que se dice pronto, pero que son muchas) y el 29 de julio del mismo año conseguimos aprobar por unanimidad la Ley 24/2015.

Esta ley, conocida popularmente como la «Ley catalana contra los desahucios y los cortes» ha tenido una vida complicada. En 2016, el gobierno del PP de Mariano Rajoy suspendió todas las medidas de vivienda que afectaban a los privilegios de la banca, y la llevaron al Tribunal Constitucional. Pero de nuevo, las PAHs de Catalunya volvieron a demostrar el amplísimo apoyo social que tenía la ley y la necesidad (y el deseo) imperiosa de dejar atrás los desahucios. En 2018 conseguimos recuperar lo que algunos grandes lobbies económicos pensaban que tenían sentenciado y enterrado: obligar a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales en desahucios de vivienda habitual de impago de alquiler e hipoteca de familias vulnerables.

Como sabéis, en 2019 conseguimos incluir en un decreto ley de vivienda impulsado por el Gobierno de la Generalitat, una ampliación de la norma para adaptarla a las nuevas caras de la emergencia habitacional. Para dar respuesta a los 45 desahucios diarios que se producían en Catalunya. La actualización de la ley fue aceptada por el Gobierno y tuvo de nuevo mayoría para ser aprobada, porque la situación de emergencia requiere actuar. Ahora se trata de recuperar la ampliación de medidas contra la emergencia habitacional del Decreto Ley 17/2019.

Quiero recordar 2 puntos claves de lo que está en juego con la aprobación de la ley que ahora se tramita en el Parlament.

El primero: esta proposición de ley es una propuesta de mínimos o de urgencia y que, las PAHs de Catalunya, junto con el resto de organizaciones que la impulsan y apoyan, creemos que hay que ir aún más allá en futuras leyes y políticas que apuesten por medidas más estructurales. Como incrementar los presupuestos destinados a la vivienda y asumir de una vez la obligación legal (incumplida hasta hoy) de llegar al 15% de vivienda social en 2025, tal y como marca la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007. Por lo tanto, una vez aprobada esta norma, trabajaremos para proponer nuevas medidas a todos los niveles para ampliar el parque inexistente de nuestras ciudades.

Y en segundo lugar: la idea es que no debemos caer en «falsos debates» sobre si unas u otras medidas. O las urgentes para detener los desahucios o las estructurales para aumentar el parque de vivienda pública o social. Las necesitamos ambas. Pero es urgente y necesario hacer frente primero a la emergencia porque realmente hay vidas en juego que no pueden esperar ni un minuto más. No se puede seguir desviando la mirada y hay que actuar con valentía.

A continuación defenderé cada punto de esta Proposición de Ley y explicaré por qué desde el Grupo Promotor pensamos que debe aprobarse sin recortar ningún artículo a la baja, ya que estamos en una situación de urgencia desde hace 12 años y hay que salir de esta para seguir avanzando. Hay que poner además en valor el esfuerzo de acuerdo compartido de 4 grupos parlamentarios con las organizaciones sociales que representamos las afectadas por los desahucios y que impulsamos esta iniciativa legislativa.

Esperamos que más grupos den su apoyo a medidas de choque para una situación crítica: hacemos un llamamiento solemne a legislar para acabar con los desahucios, ya que una sociedad no puede, ni debe soportar, tanto sufrimiento social.

La proposición de ley cuenta con las siguientes medidas:

Renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales lleguen a su fin

Este es un punto de consenso. Es necesario que los bancos devuelvan el rescate asumiendo responsabilidades en forma de vivienda para las familias vulnerables. Es de sentido común que aquellas familias que entregaron en dación en pago su casa al banco por no poder pagar su hipoteca y que firmaron un alquiler social gracias a la Ley 24/2015, puedan seguir en las viviendas si no han mejorado su situación. Por lo tanto, hay que renovar los alquileres sociales para proteger a las familias vulnerables y corresponsabilizar mínimamente a los que provocaron parte de la situación que estamos viviendo hoy en día. Lo mismo debe pasar con el resto de alquileres sociales que se firmen, una vez pasen 7 años y si sigue la crisis habitacional actual.

En Catalunya, las unidades familiares que ingresan cantidades menores al 2,5 IRSC (1.747,4 euros), definido como el tope legal por debajo del cual se encuentran en exclusión residencial, deben destinar un 42 por ciento de los ingresos a pagar el alquiler medio de 2020.

Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en finalizaciones de contratos de alquiler

Esta medida se debe explicar bien para entender su lógica. Muchos grandes propietarios demandaron en 2018 a las familias por finalización de contratos de alquiler, en vez de por impago, que era la situación de muchas de estas, ya que la Ley 24/2015 les obligaba a hacer un alquiler social. Es por ello que hemos buscado la manera de que los grandes tenedores no se salten la norma de ninguna de las maneras. Además, miles de familias estaban haciendo un sobreesfuerzo para pagar su alquiler y las expulsaban de sus hogares no renovando contratos, para sumarse al carro del «todo vale» subiendo los precios de alquiler de forma exagerada, provocando desahucios invisibles o lo que se conoce como «desahucios silenciosos» (la familia abandona la vivienda porque sube desorbitadamente el precio del nuevo contrato). Muchos grandes propietarios, que son personas físicas, han empleado las mismas tácticas que la Sareb o que Blackstone. Máximo beneficio y desahucios de alquiler (casi un 80% de los desahucios en Catalunya) sin importar nada más.

Es evidente que, si un gran tenedor no actúa agresivamente como un fondo buitre, sin subir precios de forma salvaje y hablando con las inquilinas o con la Administración si hay imposibilidad de pagar las rentas, se llegará a soluciones y al alejarse el desahucio, no entraría en juego la ley. Ahora bien, como dijo el compareciente que representaba a Sogeviso, empresa que gestiona las viviendas de alquiler social del Banco Sabadell, el primer día de estas sesiones: si no se obliga a los privados a hacer alquiler social, no lo harán. Es decir, si no ponemos límites a estos grandes tenedores que quieren utilizar la vivienda como un activo bursátil, lo harán y creo que estaremos de acuerdo en esto: sí a poder hacer cierto negocio, pero no a la usura.

Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en algunos casos de ocupación

Este es uno de los puntos donde hemos notado más reticencias, pero poco realistas y sin aportar soluciones reales. Hundir o señalar a las familias que han de ocupar para tener un techo no las hará desaparecer. Desde la PAH y las entidades sociales lo tenemos claro. Basta de hipocresía, basta de criminalizar a las familias que ocupan viviendas vacías de la banca o de los buitres, donde antes vivían familias que fueron desahuciadas y ahora están vacíos a la espera de la próxima venta en un paquete de activos. Jéssica ha explicado claramente cuál es la realidad de la ocupación que tenemos el día de hoy en Catalunya y a la que claramente se deben aportar soluciones, al igual que en su día con el chabolismo: dignificar la vivienda precaria y que las familias paguen un alquiler social y sus facturas de agua o luz (si las eléctricas dejan de exprimirnos, claro). Al final estamos hablando del acceso precario a la vivienda y creemos que esta fórmula soluciona gran parte de la situación, no toda, porque se ha dejado pasar demasiado tiempo sin actuar. Pero servirá para desatascar las mesas de emergencia junto con el resto de la batería de medidas que hoy estamos presentando, pero sobre todo con esta.

Por favor. No falseemos la realidad, no estamos hablando de casos anecdóticos minoritarios o de falsas historias que alimentan algunas cadenas de televisión. Estamos hablando de casos como el de Jéssica; Mariana, que está ocupando un piso de CaixaBank vacío hace 5 años, por cierto, vecina de Jéssica; Bibiana, Wilson y Joana, o Sandra, casi todas mujeres con hijas e hijos, donde la feminización de la pobreza se hace más que evidente y se debe actuar ya. Familias que han tenido que ocupar estando en la mesa de emergencia de la Generalitat con 2 años de espera en la adjudicación de una vivienda. ¿Dónde representa que deben estar las familias durante este tiempo? Basta de demagogia. Y más soluciones: esta ley aportará alquileres sociales a las familias desahuciadas a las que no se ha protegido y habitan en pisos vacíos de bancos y buitres.

Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora a personas jurídicas de más de 10 viviendas, y por lo tanto, protegerá a más arrendatarias con amenaza de desahucio. Mantenimiento del tope de 15 para las personas físicas grandes propietarias

Esta mejora ha sido cuestionada por algunos y queremos hablar sin rodeos. Para nosotros es un artículo vital para que la norma funcione en su totalidad y eficacia. Hemos visto cómo bancos y fondos buitre despedazaban sus activos para saltarse la ley y por lo tanto, hay que reaccionar con todas las herramientas posibles, acotando bien el número de viviendas. Creemos que disponer de más de 10 viviendas para empresas y 15 para personas físicas, para alquilar, es una cantidad suficientemente amplia para distinguir a aquellos que complementan «su paga» con el alquiler de la vivienda que han heredado o han podido comprar con el esfuerzo del trabajo, de los que claramente tienen un negocio en torno al alquiler de vivienda, legítimo, pero negocio. Y no genera problemas legales o jurídicos, tal como afirmó el juez que compareció el viernes pasado. Nuestra posición inicial era equiparar a personas físicas y jurídicas a las 10 viviendas al igual que la definición estatal, pero no ha sido así finalmente, porque quisimos lograr un consenso más amplio. Con todo y eso, como en el caso de las finalizaciones de contratos, queremos explicar de forma bien clara y sencilla lo que grandes propietarias personas físicas nos han comentado en alguna ocasión, y es que, ellas no tienen miedo de esta ley, ya que no se han comportado nunca como Blackstone, la Caixa o la Sareb. Es decir, viven de alquilar viviendas, pero no se sumaron a subir precios cuando todo el mundo lo hacía sin importar si estaban dejando en la calle, con desahucios silenciosos, a familias que llevaban más de 10 años alquilando ese piso. Al contrario, mantuvieron el precio y el día de hoy siguen cobrando su alquiler cada mes.

Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple y un límite de un mes para el gran tenedor, para hacer la oferta

Dicen que la experiencia es la madre de la ciencia, y en este caso, nosotras tenemos muchos ejemplos para dar más fuerza al control de las ofertas de alquiler social. Dolores, Paulino y Atiqur, de los últimos desahucios de esta semana tan solo en Barcelona, donde Divarian, Blackstone y CaixaBank debían haber hecho con el Decreto ley 17/2019 vigente la oferta de alquiler social y así evitar el desahucio; no lo hicieron y se ha señalado de nuevo el día donde pueden echarlas de su casa. Estamos pendientes de que, gracias a la solidaridad de las personas, se puedan detener.

Necesitamos esta mejora para hacer efectiva y desplegar la ley una vez esté aprobada este mes de octubre. La Agencia de Vivienda de Catalunya contabilizó que habían unas 3.200 familias pendientes de firmar un alquiler social cuando las medidas que ahora queremos recuperar fueron anuladas en febrero de 2021, a las que hay que sumar las 800 familias que la concejala de Vivienda de Barcelona sumó hace unos días en esta misma sala. Hoy, juntas, hemos de alcanzar el compromiso de que en noviembre, cuando recuperemos estas medidas de urgencia, estas familias tienen que conseguir sí o sí el alquiler social.

La responsabilidad de la Generalitat debe ser tener preparadas ya las 4.000 posibles sanciones si no se hacen las ofertas. Como decía al inicio, es una obligación, tenemos que actuar y no podemos mirar por el retrovisor o hacer ver que no vemos lo que pasa. Nos jugamos demasiado.

Ampliación a 7 años la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos buitre

Sobre la ampliación a 7 años de cesión obligatoria, es una mejora significativa. Somos muchas las que pensamos que la Sareb debería ceder sus viviendas vacías 30 años o para siempre; y es que a nadie se le escapa que llevamos 15 años, 15 años… desde que estalló la burbuja inmobiliaria y que sin medidas contundentes, valientes y ambiciosas, no es que no cambie nada, es que podemos ir a peor. Además, no es algo extraño, vale que hay concesiones por años de un bien público a los privados, como el agua, autopistas, suelo… ¿Por qué no puede ser también a la inversa? Además, la sola inclusión de la medida en 2015 provocó que muchos bancos y fondos de inversión pusieran a disposición de las administraciones paquetes de vivienda a precios mucho más bajos del precio de mercado, para ampliar los parques asequibles, prácticamente inexistentes. Ahora por ejemplo, Blackstone, que tiene miles de familias en alquileres sociales que están finalizados, quiere que le paguen casi a precio de mercado el alquiler de las viviendas a cambio de mantener a los inquilinos, que son familias vulnerables con orden de desahucio. Una práctica de chantaje extremo e inaceptable que, si recuperamos la ampliación de la Ley 24/2015, no podrán seguir haciendo, porque los poderes públicos tendrán fuerza para negociar el uso de la vivienda a precio por debajo de mercado, el 40% de la VPO, durante 7 años, para realojar a familias y poner las mesas de emergencia a cero, deteniendo miles de desahucios en viviendas de pequeños tenedores que la Administración debe cubrir.

Según el Ministerio de Fomento, a 31 de diciembre de 2019 había 75.685 pisos nuevos por estrenar vacíos en Catalunya, cantidad solo superada por la Comunidad Valenciana y que representa un 16,56 por ciento del stock total de viviendas nuevas sin vender en todo el Estado. ¡17% stock de vivienda nueva vacía! El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya cuantificó en el año 2020 el número de viviendas de Catalunya que hace más de dos años que están vacías y que provienen de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago en 27.558 inmuebles. Hay que movilizarlas para alquiler social.

Elaboración de un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas

Y por último, y no menos importante. Se ha hablado por activa y por pasiva durante las comparecencias, de la importancia de tener datos, informes y estudios para poder analizar y hacer una radiografía de la situación en tiempo real sobre la problemática. Nosotras lo compartimos totalmente y por eso propusimos la elaboración de este registro. Para que las instituciones, Generalitat y ayuntamientos, tengan al alcance una herramienta ágil y consultable para saber, si cuando una persona llega a servicios sociales o a la oficina de vivienda con fecha de desahucio, está amparada por la ley y requerir a la propiedad ágilmente que haga el alquiler social, ya que tiene obligación, o si no, se abrirá el correspondiente expediente sancionador.

Esto ahora no pasa; y no solo no pasa, sino que se genera tal cuello de botella, que es la misma familia la que muchas veces tiene que ir al registro de la propiedad a extraer el índice de propiedad de la empresa, con un coste para su bolsillo, para demostrar ante el juzgado y/o servicios sociales que es un gran tenedor y que no ha hecho la oferta de alquiler social.

Estas son las medidas y las mejoras principales que conforman la proposición de ley que hoy estamos defendiendo, como hemos afirmado en varias ocasiones, medidas de mínimos o básicas para hacer frente a la emergencia, pero de vital urgencia en ser aprobadas.

Ustedes pueden evidentemente debatirlas o cuestionarlas, pero de nuevo, hemos sido las organizaciones sociales, las mismas afectadas, las que llevamos propuestas basadas en la experiencia de responder a quien se enfrenta a perder su vivienda, el abrigo o techo que toda persona necesita para tener una vida digna y poder construir un proyecto vital estable, el hogar que todas desean. Necesitamos dar un paso adelante y dejar atrás los desahucios.

Con mucha humildad y responsabilidad y, por qué no, con orgullo, quería recordar que hoy he comparecido en nombre de todas las familias que han perdido su hogar por motivos económicos, que están a punto de perderlo o que lo pueden perder en un futuro. Como decimos en la PAH, todas estamos afectadas por la vivienda. Por todas ellas, creemos que la tramitación de esta proposición de ley se debe hacer por vía de urgencia y dejando de lado intereses partidistas, lógicas económicas especulativas, pensando en los consensos sociales amplios y en lo que estamos de acuerdo, tanto en la calle como en esta cámara, que es una Catalunya y un mundo donde no se desahucie a familias vulnerables. No nos podemos permitir ninguna muerte más o sufrimiento por este motivo.

Tenemos claro que esta ley se aprobará antes de que termine la moratoria actual de desahucios. Para evitar el tsunami de 26.000 familias que están en riesgo de ir a la calle. Si no, no tendremos medidas para pararlo.

Tenemos el compromiso de 4 grupos parlamentarios: ERC, Junts, En Comú Podem y CUP. Pero queremos que se apruebe con una mayoría aún más amplia, en este caso con el PSC y Ciutadans, que cuando presentamos la propuesta no expresaron claramente si la apoyarían. ¡O por unanimidad, como en 2015! Esperamos que con esta intervención os decantéis por secundarla.

Digamos no a los desahucios. Digamos sí a los alquileres sociales obligatorios.

Para finalizar, os emplazamos desde ya a trabajar para sacarle el máximo partido a la ley y sus medidas antidesahucios desde el minuto 0. No tenemos tiempo que perder y hay que tener preparado ya un plan de choque para conseguir firmar los 4.000 alquileres sociales contabilizados por la Agencia y el Ayuntamiento de Barcelona, que serán más y sumamos el resto de municipios, que quedaron pendientes cuando anularon la última ampliación.

Desde las PAHs de Catalunya y en nombre del Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y de esta proposición de ley, os rogamos que estéis a la altura de las circunstancias.

Es nuestro deber hacerlo. Nos hicieron creer que éramos las culpables por perder la vivienda y quedarnos en la calle, por no llegar a fin de mes, dejando de comer para pagar el alquiler o la hipoteca, o incluso, dejar que tus hijos no vayan de excursión o hagan alguna actividad extraescolar porque parecía que era un capricho.

La PAH y la lucha contra los desahucios ha devuelto la dignidad a las personas, empoderándolas, demostrando que su situación no es aislada y que son víctimas de leyes injustas y las políticas poco valientes o que sencillamente defienden a quien más tiene y no a quien más lo necesita. Con esta ley revertiremos esta situación; y cuando lo consigamos, estad seguras de que estaremos dando al Parlament de Catalunya la función que debe tener: legislar para proteger los derechos fundamentales, para que la ciudadanía tenga acceso a una vivienda digna y adecuada.

Cuando llegue la hora de votar sí o no a la aprobación de esta ley, poneos en el lugar de quien tiene un desahucio mañana y no sabe dónde dormirá en 24 horas, con sus hijos o abuelos. Cuando fijéis la posición definitiva de vuestro grupo, recordad que Catalunya tiene 537.900 personas desempleadas y más de 152.400 hogares con todos los miembros en el paro, 97.100 sin ningún ingreso. Pensad en los 45 desahucios diarios que había en 2019 y en los 88 que vendrán cuando empecemos a superar la pandemia. Miremos a la cara de las personas y digámosles que actuaremos, que no las dejaremos solas.

Como decimos en la PAH: es la hora de hacer posible lo que nos decían que era imposible.

¡Sí se puede! ¡Gracias!

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