El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 participa en la primera reunión del Pacto de Barcelona

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El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 participa en la primera reunión del Pacto de Barcelona

Hoy el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 de Catalunya contra los desahucios y los cortes de suministros, nacida en 2014 de una Iniciativa Legislativa Popular, la ILP Vivienda, y aprobada por unanimidad por el Parlament de Catalunya, ha participado en la primera reunión del Pacto por Barcelona para trabajar la salida de la crisis originada por la pandemia global del coronavirus.

En la reunión que ha presidido la alcaldesa Ada Colau y el primer teniente de alcalde Jaume Collboni, han participado más de 60 personas, representantes de diferentes sectores del tejido económico, social, educativo, cultural, deportivo y científico de la ciudad.

Cada representante ha tenido unos minutos para poder explicar desde su vertiente cómo trabajar en este pacto. Concretamente desde la comisión Ley 24/2015 hemos hecho la siguiente intervención:

Hace 12 años, el modelo económico y de vivienda estalló por los aires y las consecuencias para la mayoría de la población fueron nefastas. Venimos de una burbuja inmobiliaria y de una crisis económica muy grave, donde se primó el beneficio de pocos por encima de los derechos de muchas, rescatando a los bancos y no a las personas, y pasando después a una burbuja de alquiler, donde se permite que fondos buitre y quien especula con un bien fundamental como es la vivienda, sigan pasando por delante de las vecinas que son expulsadas de sus viviendas y barrios, criminalizando a menudo a las más vulnerables, como las personas sin hogar o las que acceden sin título a viviendas vacías al ser desahuciadas, cuando, como sabemos, son la consecuencia más grave de las políticas totalmente insuficientes adoptadas a nivel estatal y autonómico los últimos años en materia de vivienda. 

Aunque algunos se empeñen en ignorarla, padecemos una crisis habitacional gravísima, que tiene como problema de fondo el fomento de un modelo de vivienda privada y mercantilizada que no funciona. Los datos sobre lanzamientos hablan por sí solos: según las estadísticas judiciales, en todo el Estado ya acumulamos 684.385 desahucios desde 2008, y 216 al día en 2019, de los cuales, el 67,5% fueron de alquiler. Un 80% en el caso de Barcelona, donde hay al menos 9 desahucios al día, que equivalen a 47.800 personas que han sido expulsadas de su casa desde el 2013 al 2019.

Cabe destacar que los avances más importantes en la protección del derecho a la vivienda, como el acceso a los suministros básicos, han sido impulsados por la ciudadanía, como es el caso de la Ley 24/2015 catalana contra los desahucios y los cortes de suministros, recientemente ampliada con el Decreto-ley 17/2019, o con la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona, avances que se deben proteger, ampliar y garantizar su implementación, y que hacen de Barcelona una ciudad más habitable y justa para todos sus habitantes. 

También se han hecho esfuerzos desde las administraciones, que se han demostrado insuficientes, y sobre todo, han carecido de presupuesto, coordinación y cooperación entre las distintas administraciones, así como de liderazgo de las administraciones con más competencias y recursos. Catalunya tiene menos del 3% de vivienda pública, y dedicamos menos del 0,2% del PIB a políticas de vivienda, cuando los países más avanzados dedican el 3%.

Con la crisis sanitaria del coronavirus se hace más evidente que nunca que la emergencia habitacional se ha cronificado en las diferentes capas de la sociedad, sobre todo en las más precarias, pero no solamente. Tal como afirmó con mucho acierto a principios de abril la relatora de la ONU del derecho a la vivienda, Leilani Farha: «La vivienda, es la primera línea de defensa ante el brote de COVID-19». Por este motivo, países como Francia, Alemania, Holanda, Portugal, Reino Unido, Argentina o España (con muchos límites y problemas) han establecido algún tipo de moratoria sobre los desalojos de viviendas durante la crisis del coronavirus.

Además, se da la paradoja de que la situación actual nos ha obligado aún más a mirar «hacia dentro» de nuestras viviendas y sus condiciones, y ha hecho más cruda ‒si es posible‒ la situación de las personas que no disponen de una, o de las que están en riesgo de perderla por un desalojo inminente.

Es por ello que desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, proponemos trabajar conjuntamente y de forma correlacionada en todos los sectores, anteponiendo la salud de la ciudadanía y los derechos humanos, para salir de esta crisis lo más fuertes posible y con más derechos. Es importante que todas entendamos que, una vez doblemos la curva de los contagios, tendremos que poner a cero la curva de los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada de toda la población.

En este sentido, las medidas concretas que proponemos como punto de partida y que estamos seguras de que la mayoría compartiréis, porque son de sentido común, son las siguientes:

  • Garantizar que se aplican las leyes de vivienda y de emergencia y que no se desahucia a ninguna persona o familia vulnerable y sin alternativa de su vivienda habitual, y que toda la población tenga acceso a los suministros básicos.

  • Plan de choque para realojar de forma inmediata a las 2.500 personas que están a la espera de una vivienda en las Mesas de emergencia en toda Cataluña, 670 en Barcelona.

  • Pacto de cooperación entre administraciones y privados para aumentar el parque de vivienda social al 15%, tal como marca la Ley catalana del derecho a la vivienda, estudiando y aplicando al 100% de las posibilidades el marco legal actual, y mejorándolo si es necesario.

  • Presupuesto para políticas de vivienda en el ámbito autonómico y estatal del 3% del PIB, y el correspondiente para erradicar la pobreza energética.

La primera reunión ha concluido convocando a 4 reuniones sectoriales para la próxima semana, para avanzar en el trabajo colectivo. Las mesas creadas son en el ámbito económico, en el ámbito social, de modelo urbano y cultural. En un mes se volverá a hacer una sesión plenaria para tener un pacto de ciudad de consenso en julio.

Hay que estar a la altura de las circunstancias. Creemos que la necesidad de cooperación entre los diferentes sectores ha sido unánime por parte de todas las participantes, y ahora hay que demostrar que juntas podemos salir de esta crisis más fuertes y con más derechos.

Aquí podéis encontrar el vídeo de la primera reunión:

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