Vivimos momentos clave para el derecho a la vivienda. La sangría de desahucios y abusos inmobiliarios no se ha detenido en ningún momento de la pandemia, como tampoco lo han hecho los miles de personas que luchan contra estos mismos abusos desde el movimiento por la vivienda. Más allá del drama de los desahucios, el problema de la vivienda afecta a la mayoría de sectores sociales, ya que las personas trabajadoras pagan por vivir en su vivienda un porcentaje muy alto de sus ingresos, siendo una de las principales causas de empobrecimiento. Cada día que pasa se hace más evidente que el sistema inmobiliario es absurdamente injusto, hasta el punto de que hoy ya nadie puede evitar el debate sobre el derecho a la vivienda: jueces, gobiernos y rentistas se han visto obligados a mover ficha.
Esta situación no es ninguna novedad para muchos barrios y pueblos, donde desde hace muchos años las asociaciones vecinales, los sindicatos y las PAHs aseguran con sus cuerpos el derecho a la vivienda parando desahucios cada día. Sin embargo, en los últimos años esta lucha ha llevado también a victorias importantes en el Parlament, donde se han aprobado leyes que por fin situaban las vidas de las personas por encima de los beneficios de unos pocos. Es el caso de la Ley 24/2015, que obligaba a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales en caso de vulnerabilidad, y evitaba así muchos desahucios. Y también es el caso de la regulación de los alquileres, que prohibía las subidas injustificadas de precios que llevan años estrangulando a las personas arrendatarias. En definitiva, la sociedad catalana ya ha decidido que quiere avanzar hacia una vivienda digna. Ante esto, el Tribunal Constitucional ha lanzado una ofensiva de la mano de los intereses de los bancos y los fondos buitre. Ignorando la voluntad popular, el TC suspende y anula cualquier mejora que proteja a la mayoría social de los abusos inmobiliarios.
Sin embargo, la voluntad de avanzar hacia el derecho a la vivienda se ha vuelto a hacer explícita cuando se han hecho elecciones. Las fuerzas que aprobaron la 24/2015 y la regulación de los alquileres han ampliado últimamente su mayoría absoluta en el Parlament. El pasado 14 de febrero es, pues, un nuevo recordatorio de la ciudadanía hacia los partidos que aprobaron estas leyes: tenéis el encargo democrático de blindar las leyes que defienden el derecho a la vivienda. No valen excusas: enviar la BRIMO y la ARRO a los desahucios o permitir a las inmobiliarias incumplir repetidamente la regulación de precios es ser parte del problema.
En el Estado español, se está negociando una ley que marcará la próxima década en vivienda. Y queremos recordar que la voluntad popular también lo ha dejado claro: Pedro Sánchez no sería presidente sin el acuerdo de gobierno en el que se comprometía a regular los alquileres. Y el Gobierno español no tendría presupuestos si no se hubiera vuelto a comprometer a incluir la misma medida en la próxima Ley de Vivienda. Ante esto, la voluntad de una parte del PSOE de ignorar los acuerdos y someterse a las presiones del lobby inmobiliario no son solo un ataque al derecho a la vivienda: son también un fraude democrático en toda regla.
Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público al rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que padecemos. Es necesaria una ley que obligue a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de viviendas a asumir su responsabilidad y que evite nuevas burbujas especulativas. Por este motivo, el movimiento catalán por la vivienda exigimos la incorporación de las 8 medidas impulsadas por la Iniciativa Ley Vivienda para conseguir una arquitectura legal que garantice el derecho a la vivienda:
1- Garantía del derecho efectivo a una vivienda digna
2- Ningún desahucio de personas vulnerables sin alternativa
3- Ampliación del parque público de alquiler social hasta el 20% del conjunto de viviendas
4- Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios
5- Garantía de suministros básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones
6- Garantía de una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias
7- Ampliación presupuestaria para vivienda social hasta por lo menos el 2% del presupuesto estatal
8- Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Somos plenamente conscientes de que estas leyes aprobadas hasta ahora son insuficientes ante la emergencia habitacional que vivimos, pero ante este triple frente que intenta hacer descarrilar cualquier mejora, queremos remarcar que la sociedad catalana ya ha demostrado repetidas veces qué quiere. En los barrios y pueblos, en el Parlament y en la puerta de cada desahucio, hemos decidido someter a los fondos buitre. Hemos decidido regular los alquileres. Hemos decidido parar los desahucios. Y no aceptamos que quieran ganar en los despachos lo que ya han perdido en las calles y en las urnas. Exigimos una arquitectura legal que garantice el derecho a la vivienda. No aceptamos ningún fondo buitre ni que ningún político al servicio de la especulación decida por nosotras.
Por todo ello, volvemos a salir a las calles. Convocamos a la sociedad catalana a hacer sentir de nuevo el clamor por una vivienda digna: sábado 20 de marzo, 11h, Delegación del Gobierno español.
#HemosDecidido regular los alquileres. #HemosDecidido parar los desahucios. #HemosDecidido someter a los buitres. Y nadie decide por nosotras.
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