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En enero de 2013, la PAH entregaba al Congreso de los diputados, las 1.402.000 firmas recogidas para la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios. Ese mismo mes, el gobierno central anunciaba la creación del Fondo Social de Viviendas, 6.000 viviendas para todo el Estado, un cifra complemtamente ridícula e insultante. La PAH denunció que la medida era absolutamente insuficiente e hipócrita, a lo que se sumaba que los requisitos para acceder al FSV son similares al Real Decreto Ley (RD27). Los requisitos del RD27 excluyen a la inmensa mayoría de afectadas e incluyen medidas tan perversas como negar la posibilidad de firmar el alquiler social antes de ser desahuciada.

Quince meses después, cerca de 70.000 ejecuciones hipotecarias después según datos del CGPJ, el número dos del Gobierno anunciaba que solo 410 pisos del FSV habían formalizado un contrato de alquiler social. Un dato vergonzoso que confirma el fracaso anunciado por la PAH el mismo día de la creación del Fondo Social de Viviendas. Un dato que muestra la total falta de voluntad del gobierno del PP de resolver el problema de las miles de familias que pueden perder su vivienda y quedarse en la calle.

Un años después, se vuelve a constatar que esta medida de la banca y el gobierno era un simple lavado de cara frente a la ILP de la PAH que sí que planteaba las soluciones para los problemas de vivienda de centenares de miles de personas y encaraba la estafa hipotecaria frente a los intereses de la banca.

En el informe “Emergencia habitacional en el Estado Español 2013” del Observatorio DESC y la PAH se recoge la denuncia del Síndic de Greuges (julio 2013) en la que considera “en relación con las características y las finalidades del FSV, considera que no se ajustan a las necesidades reales”.

No sólo es una medida totalmente insuficiente, sino que el FSV tiene también un efecto perverso: en muchas ocasiones las entidades financieras han utilizado el FSV como excusa para no conceder alquileres sociales. Ha sido a través de la movilización, la presión social y las negociaciones con las entidades que hemos conseguido miles de alquileres sociales para familias afectadas por el procedimiento de ejecución hipotecaria. La medida de gobierno y entidades financieras no solo no resuelve el problema, sino que obliga a la ciudadanía organizada sin recursos, criminalizada en muchas ocasiones, a duplicar los esfuerzos para conseguir lo que son unas demandas de mínimos, de garantía básica de los derechos humanos. Los alquileres que ha conseguido la PAH han evitado el trauma del desahucio, hemos conseguido que en general sean de 5 años, no de 2 como establece el FSV o el RD27, han evitado el desarraigo y que han sobrepasado los requisitos que imponen tanto el FSV como el RD27. Han literalmente, salvado vidas humanas.

Frente a la emergencia habitacional, la PAH se vió obligada a iniciar hace casi dos añis la campaña Obra Social de la PAH que consiste en recuperar, con el uso de la desobediencia civil, pisos vacíos propiedad de entidades financieras o de la SAREB, para realojar a familias desahuciadas o que han firmado la dación y no han conseguido alquiler social. Los números hablan, con esta campaña hemos realojado a 1.180 personas frente a los 410 pisos del FSV que han sido concedidos en alquiler.

Recordamos al gobierno y a las entidades financieras, que ante su parálisis no nos queda otra opción que seguir auto tutelando nuestros derechos. Seguiremos implementando la ILP a través de la Obra Social de la PAH y la presión social a las entidades financieras.