El pasado lunes acabamos la última asamblea de bienvenida de julio celebrando todo un curso de lucha intensa por el derecho a la vivienda, por los derechos de todas.
Ha sido un curso intenso. Este 2019 hemos celebrado 10 años de la PAH, 10 años de autoorganización, empoderamiento ciudadano y lucha por el derecho a la vivienda. Y coincidiendo con la 25ª asamblea estatal nos juntamos más de 400 personas de todo el territorio en el Ateneu Popular de Nou Barris para trabajar y consensuar nuevos retos y la organización del movimiento.
Hemos conseguido recuperar la Ley 24/2015 y hemos exigido a la Administración, a los bancos y a los juzgados su cumplimiento. Tenemos una ley que hemos impulsado desde la ciudadanía, y que hemos conseguido recuperar. Ya no hay excusas para no aplicarla correctamente y con contundencia.
Hemos hecho acciones contra Blackstone, la Sareb, Bankia, Caixabank y otros muchos banksters que pretenden echarnos de nuestras casas. Hemos ocupado sus oficinas y hemos hecho acciones en la calle. Nosotras somos fuertes y estamos organizadas. Y no vamos a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos.
Hemos organizado y participado en manifestaciones multitudinarias, como la #PunxemLaBombolla, contra la subida abusiva de los precios de los alquileres, o la #BarcelonaNoEstaEnVenda contra la precarización de la ciudad. Incluso hemos organizado junto al Sindicat de Llogaters la primera fiesta por el derecho a la vivienda, una jornada de lucha y visibilización, donde todos los grupos actuaron desinteresadamente. ¡Gracias a todas!
Durante las elecciones municipales hemos sentado en nuestra asamblea a representantes políticos de los diferentes partidos para que escucharan la realidad que estamos viviendo la ciudadanía. Incluso les exigimos 8 demandas muy claras para acabar con la emergencia habitacional que vivimos en la ciudad de Barcelona. Y ya les advertimos, estaremos vigilantes para que se garanticen nuestros derechos a todos los niveles.
Hemos parado desahucios y hemos seguido denunciando los desahucios abiertos, prácticas totalmente inhumanas para las familias, que genera sufrimiento y angustia. Exigimos que la justicia se ponga del lado de la ciudadanía y no del lado de los grandes poderes financieros. No vamos a parar hasta conseguir acabar con estas prácticas ilegales.
Y hemos conseguido sentar en una misma mesa al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a la Delegación del Gobierno, formando así un Gabinete de Crisis, para acabar con los realojos indignos en que son alojadas las familias que han sufrido un desahucio. Alojamientos que no tienen en cuenta la realidad de las familias, sin cocina, espacios pequeños, incluso algunos de ellos con una falta de salubridad evidente. A mediados de septiembre tendrá lugar la siguiente reunión. Esperamos que vengan con el trabajo hecho y colaboren entre ellas para encontrar soluciones efectivas a esta situación de emergencia. Las familias no pueden esperar más.
La PAH de Barcelona volveremos en septiembre llenas de energia, con toda la fuerza y la contundencia que nos caracteriza y que hemos ido demostrando estos 10 años del movimiento. Porque sabemos que son nuestros derechos y no vamos a permitir que se vulneren, porque sabemos que Sí Se Puede.
La próxima asamblea de bienvenida será el lunes 2 de septiembre en nuestro local de la calle Leiva 44, Barcelona, <M> Hostafrancs L1. ¡Os esperamos!
El pasado 14 de junio las PAHs catalanas fuimos a la sede de Blackstone a recordarles que sus prácticas abusivas matan. Ocupamos sus oficinas para exigir soluciones dignas y unas demandas muy claras:
Se consiguió forzar reuniones específicas por grupos locales para buscar soluciones para las familias. En el caso de Barcelona nos reunimos con el fondo buitre el pasado 4 de julio, con el compromiso de que el 23 de julio todas las familias tendrían una oferta para su caso. A día de hoy, la mayoría de familias están a la espera de esta solución. Pasa lo mismo con otras compañeras.
Desde que Blackstone aterrizó en el territorio español, hemos visto cómo absorbía las hipotecas de Caixa Catalunya y otros bancos rescatados, para desahuciar a las familias y quedarse la vivienda para hacer negocio. Ahora continúan colonizando las ciudades con la compra de otros inmuebles como hoteles o edificios.
Por otro lado, desde la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) queremos llamar la atención sobre los movimientos que Blackstone y otros fondos buitre están haciendo dentro del sector hotelero. Es sabido que el sector de la construcción y el turístico son vasos comunicantes, y que el proceso de financiarización se está extendiendo a todos los sectores económicos. Así, numerosas compañías están separando la gestión de sus hoteles, que a menudo conservan, de su propiedad, que venden a fondos de inversión, propios o externos. Consiguen así sacar todavía más rendimiento a su actividad, y globalmente el negocio también es más rentable por las ventajas fiscales con que cuentan los fondos.
A la vez, la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles (actualmente, el primer grupo en propiedades hoteleras) viene a reforzar el proceso de turistización que sufrimos en Barcelona y tantos otros lugares de nuestra geografía. Los flujos y la actividad turística continúan creciendo cada año en la ciudad, y así siguen agravándose los impactos en términos de expulsión de vecinas, pérdida de comercio de uso cotidiano, saturación de calles, plazas y transporte público, contaminación ambiental…, y especialización en sectores laborales especialmente precarizados.
Desde las Kelly’s nos sumamos a esta lucha contra la precariedad laboral que los hoteles imponen, cuando externalizan el servicio de limpieza de las camareras de piso, con salarios de miseria y jornadas maratonianas. Nuestras dolencias, que no son reconocidas como laborales, son producto de esto.
Desde la PAH de Barcelona, la ABTS y las Kelly’s queremos poner en alerta y denunciar que Blackstone se ha convertido en el más grande propietario inmobiliario y hotelero, y que no dejaremos que continúe desahuciando, precarizando y colonizando la ciudad.
A raíz de la reunión mantenida la semana pasada entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona, la PAH de Barcelona conseguimos crear un Gabinete de Crisis para dar respuesta a las 600 familias que se encuentran hoy en día realojadas indignamente en pensiones o albergues.
En el encuentro han participado representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Hoy mismo la Delegación del Gobierno del Estado nos ha informado de que no participaría en la reunión. Nos sorprende su postura dado el compromiso que habían adquirido con las 600 familias y ante toda la ciudadanía en el último encuentro. Esperamos que reconsideren su postura y que se reincorporen lo antes posible al Gabinete de Crisis, tal como se habían comprometido públicamente.
Desde la PAH de Barcelona hace tiempo que denunciamos las pensiones o albergues indignos donde son realojadas las familias que han sufrido un desahucio. Muchas de ellas sin tener en cuenta sus necesidades, o en alojamientos que no cumplen unos mínimos de higiene. Espacios pequeños donde una silla de ruedas casi no se puede mover, muchas de ellas sin un lugar donde poder hacer los deberes los más pequeños o incluso sin una cocina o nevera para poder garantizar una alimentación adecuada.
Con el compromiso acordado la semana pasada por parte de las administraciones de colaborar conjuntamente en el realojo digno de las familias, hoy se ha llevado a cabo el segundo encuentro en el que cada una de ellas se comprometió a explorar medidas concretas para hacer efectivo un plan ejecutivo a principios de septiembre.
Las dos administraciones presentes en la reunión, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña, se han comprometido a llevar un plan ejecutivo la segunda semana de septiembre especificando medidas, presupuesto y calendario de implementación. Como requiere la situación de emergencia y exigíamos desde la PAH de Barcelona, no han podido concretar ninguna medida innovadora más allá de medidas que ya están intentando implementar y que se han demostrado insuficientes, ya no solo para dar soluciones a las actuales 600 familias sino para frenar el aumento de esta realidad.
Recordemos que el Gabinete de Crisis no solo está formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sino también por el Gobierno del Estado, que no ha estado presente en este encuentro. Es necesario que aporten lo que se comprometieron en la primera reunión, entre otros, la cesión de las viviendas de la Sareb y Bankia, el censo de las viviendas, edificios y solares de su titularidad y el destino de la parte del presupuesto del «Plan de Vivienda». El Gobierno del Estado debe asumir responsabilidades y aportar soluciones concretas.
Las propuestas, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, son totalmente insuficientes para acabar con el grave problema de los realojos indignos. Las administraciones responsables no están a la altura y no actúan a la velocidad que la emergencia requiere.
Una vez más somos los movimientos sociales los que forzamos a la Administración a trabajar por la ciudadanía. La emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y todo el Estado es un grave problema que las diferentes administraciones competentes deben afrontar. Desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes para que este plan ejecutivo dé respuesta a las familias indignamente realojadas. Tenemos claro que es cuestión de voluntad política, hace 10 años que demostramos que «sí se puede» y no cejaremos hasta conseguir garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio.
El pasado jueves 18 de julio ocupamos la sede del Ayuntamiento de Barcelona para pedir una reunión de urgencia provocada por la insostenible situación de 600 personas en Mesa de emergencia. La presión de la PAH y la ciudadanía logró que por primera vez, nos reuniéramos esta mañana representantes de las tres instituciones con competencias en materia de vivienda en la ciudad de Barcelona, con representantes del Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno de España.
A la reunión han asistido Lucía Martín, concejala de Vivienda, Carlos Macías, asesor de Vivienda, Ricard Fernández, gerente de Derechos Sociales y Gerard Capó, Director Técnico de Programas de Actuación para el uso digno de la vivienda, por parte del Ayuntamiento de Barcelona; Judith Gifreu, directora y Jaume Fornt, director Adjunto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Agustín Sierra, secretario de hábitat Urbano y territorio y Francisco Iglesias, secretario de Asuntos Sociales y familia; Carlos Prieto, subdelegado del Gobierno en Barcelona y Estanislau Vidal-Folch, director del Área de Fomento.
Nos encontrábamos, así, ante una oportunidad única en cuanto a gestión de la situación, y es por ello que de esta reunión esperábamos, en primer lugar, una colaboración entre las tres instituciones para resolver urgentemente este problema, y en segundo lugar, un plan de trabajo inminente y efectivo.
Hemos hecho posible lo imposible, hemos conseguido que las tres administraciones reconozcan que la emergencia habitacional es responsabilidad de las tres administraciones y que solo con una colaboración entre ellas se podrá dar una respuesta efectiva.
Después de horas de negociaciones y diferentes intercambios entre las tres administraciones implicadas hemos conseguido la creación de un Gabinete de Crisis con un calendario de trabajo conjunto para hacer eficiente un realojo digno para las 600 familias.
A principios de la próxima semana tendrá lugar la primera reunión de trabajo donde hemos exigido que las administraciones competentes exploren las medidas concretas que aportarán para hacer efectivo un plan ejecutivo. Plan que debe estar redactado e iniciado a principios de septiembre.
Desde PAH Barcelona estaremos vigilantes para que todos los compromisos adquiridos en la reunión de hoy sean efectivos las siguientes semanas.
Una vez más la ciudadanía organizada hemos conseguido hacer posible lo imposible, forzar a las tres administraciones a que colaboren para garantizar el derecho a vivienda y poner por delante a las familias en lugar de luchas institucionales. Esperamos que estén a la altura de la situación de emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y el resto del Estado porque hay vidas en juego.