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PorPAH_Bcn

La futura Ley de Vivienda todavía no acaba con los desahucios de personas vulnerables

  • La obligatoriedad de someterse a una mediación no implica que no se pueda seguir desahuciando a quienes no pueden pagar una vivienda

  • El acuerdo sigue sin incluir medidas para las personas hipotecadas  mientras el euribor sigue subiendo

  • A falta de conocer los detalles, desde la PAH creemos que este acuerdo sigue sin solucionar los principales problemas a la hora de garantizar el Derecho a la Vivienda y que aún debe mejorar mucho

Hoy hemos conocido un nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España sobre la futura Ley para el Derecho a la Vivienda. En una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana, ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, según han aclarado los portavoces de ambos partidos, con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos.

Nuestra valoración inicial −a falta de conocer con detalle el texto pactado− desde la PAH es la siguiente: el acuerdo anunciado hoy no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. A pesar de las reclamaciones de los movimientos sociales para implementar medidas −como la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad−, el proyecto de ley, a pesar del acuerdo, únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años −lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas− y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Es decir: que grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización. Asimismo, nos preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías. El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tiene alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra, no puedan procurarse una vivienda.

Además, lamentamos que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales, y a nuestras asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente. Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del acuerdo de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.

Otro hecho que nos preocupa es la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la Sareb, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido, en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las comunidades autónomas y aumentar así el parque público de vivienda. 

Por otra parte, desde la PAH reivindicamos aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la Iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta −una vulneración flagrante de derechos que suponía una auténtica tortura para las afectadas−, la rebaja de la definición “grandes propietarios a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios, y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social. Es el caso de la Ley Antidesahucios en Catalunya, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno; a falta de conocer los detalles, este anuncio abre la puerta a que medidas como la catalana tengan encaje en la legislación estatal y que por fin puedan demostrar su efectividad a medio y largo plazo

En definitiva, si bien valoramos el hecho de que por fin se estén dando pasos para aprobar una ley que ya acumula unos retrasos insoportables debido a la cerrazón de partidos como el PSOE, entendemos que las medidas recogidas en el acuerdo anunciado por ERC y EH Bildu son manifiestamente insuficientes. Creemos que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura Ley de Vivienda sea real y efectiva, y por ello exigimos a todos los partidos que en su día se comprometieron con los movimientos sociales, a que negocien más mejoras antes de otorgar su voto favorable a la Ley. Por nuestra parte, en los próximos días examinaremos detenidamente las medidas del nuevo acuerdo y daremos la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía.

Porimpahrable

Resumen de la semana del 21 de noviembre de 2022

¡Impulsamos una moción en Barcelona para presionar al Gobierno de la Moncloa!

¡La PAH de Barcelona no paraaaa! Esta semana hemos parado los desahucios de María y Ruth, y hemos conseguido la suspensión del de Alix.

Lucía nos explica en el artículo mensual del Línia a quiénes les interesa la criminalización de la ocupación:

A qui interessa la criminalització de l’ocupació?

El grupo promotor de la 24/2015 se ha currado una súper nueva guía sobre cómo interponer demandas en los juzgados que nos ayuden a conseguir alquileres sociales:

https://ilphabitatge.cat/publiquem-noves-guies-per-interposar-demandes-als-jutjats-que-reconeguin-els-nostres-lloguers-socials/

Y hemos terminado la semana en el Ayuntamiento, impulsando, con el Sindicato de Inquilinas, una moción para instar al Gobierno estatal a tomar medidas de urgencia en materia de vivienda:

https://twitter.com/PAH_BCN/status/1596136837851992064?s=20&t=PxdQBOoGGMnw41rEZklkMA

¿¿No tienes planes para este jueves por la tarde?? Pues ven a la concentración del día 1 de diciembre, a las 19:30 horas, frente a la Delegación del Gobierno español, para protestar contra la reforma del delito de desórdenes públicos

https://twitter.com/PAH_BCN/status/1597656614513016832?s=20&t=8nZqyEFQYD_8GqoEwVWkxA

 

PorPAH_Bcn

Publicamos nuevas guías para interponer demandas en los Juzgados que reconozcan nuestros alquileres sociales

El Grupo Promotor y las abogadas que ganaron el caso pionero de Badalona seguiremos trabajando para extender este nuevo frente de lucha

Antes del verano publicamos y celebramos la sentencia pionera de Badalona, que obligaba a un gran tenedor a hacer una oferta de alquiler social a Ginés y Manoli, dos inquilinas de un piso con amenaza de desahucio en Badalona.

Ante este precedente importantísimo para reclamar a los Juzgados con fuerza el cumplimiento de la ley catalana 24/2015 para parar los desahucios, también anunciamos que nos poníamos a trabajar con las abogadas que han impulsado esta nueva vía para fomentar que se extienda.

Hoy presentamos los primeros resultados: dos guías, una para afectadas y la otra para abogadas, que explican qué es y cómo interponer la demanda declarativa del derecho a reclamar el alquiler social.

Las podéis consultar en los siguientes enlaces, en catalán y castellano:

Guía para abogadas:

Guía para afectadas:

Recordamos que con esta nueva demanda, somos nosotras quienes planteamos a los Juzgados, en la mayoría de los casos a través de abogados/das de oficio, que se nos reconozca el derecho a obtener el alquiler social y se obligue al propietario a hacerlo.

Hagamos un llamamiento a todas las profesionales para que usen la guía y que acompañen a las personas o familias que quieran reclamar el alquiler social a los Juzgados. También es importante que las propias personas afectadas conozcan esta nueva forma jurídica de luchar su caso.

A la vez, pedimos que el Consell de la Abogacía Catalana (CICAC), el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y a la Generalitat que organicen formaciones en los colegios profesionales para informar a los abogados y abogadas de esta nueva vía para defender el derecho a la vivienda.

¡Advertimos a los bancos y los buitres que haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir firmar miles de alquileres sociales! Pronto vendrán más pasos para conseguirlos.

#StopDesahucios #AlquilerSocialYa

PorPAH_Bcn

VICTORIAS PAH | María Jesús consigue un nuevo piso de la Mesa de Emergencia

Esta semana celebramos una nueva victoria en PAH Barcelona: ¡María Jesús ha conseguido un piso de la Mesa de Emergencia para vivir! Os contamos su historia:

María Jesús llegó a la PAH hace unos dos años porque estaba en riesgo de desahucio por impago de su alquiler: llevaba 20 años viviendo en la casa, pero las circunstancias económicas y el encarecimiento del alquiler le impidieron seguir pagando la renta. Tuvo orden de desahucio y no tenía dónde ir con tan solo 480€ de pensión contributiva. Desde la PAH se le informó sobre la Ley 24/2015 y las medidas con las que cuenta para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y gracias a ello se pararon dos intentos de desahucio.

Con el tiempo, su situación se volvió insostenible y, cuando llegó la tercera orden de desahucio, se tuvo que ir de su casa y vivir en una habitación subarrendada de forma temporal. Sin embargo, al poco tiempo consiguió que la Generalitat le diera un piso de emergencia a finales de este mes de julio, ¡y hace una semanas finalmente firmó un contrato de 7 años con un alquiler acorde con sus ingresos! Por fin se había acabado la angustia: a pesar de todo, ¡sí, se puede!

Si tienes problemas con tu hipoteca o tu alquiler, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (c/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más próxima. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!

PorPAH_Bcn

Se amplía la moratoria estatal para algunos desahucios de alquiler y ocupación hasta el 31 de diciembre de 2022 

El pasado sábado se anunciaba desde el Gobierno de España el nuevo Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

En materia de vivienda, se detalla que se prorrogan las medidas del Decreto-ley 11/2020 que el Gobierno aprobó, el 31 de marzo 2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. En un primer momento, la moratoria de desahucios solo cubría lanzamientos de alquiler y exclusivamente para familias afectadas directamente desde un punto de vista económico por la crisis del coronavirus.

No obstante, a finales de diciembre de 2020 se aprobó una ampliación para cubrir algunos casos de ocupación/recuperación de vivienda y extenderlo a familias en situación de precariedad antes de la pandemia.

La moratoria antidesahucios ha ido ampliándose en el tiempo y actualmente mantiene las medidas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. 

A continuación, algunas informaciones y documentos útiles para acogerte a estas medidas y evitar quedarte en la calle en los próximos meses.

Desde la PAH celebramos que las medidas que han ayudado a suspender algunos desahucios de alquiler y ocupación de familias vulnerables se prolonguen en el tiempo. Esta moratoria ha servido para ganar tiempo a algunas familias a exigir una solución definitiva para sus casos, ya que suspender un desahucio es un parche y esta medida debe de venir acompañada de una alternativa habitacional. Y por otro lado, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, la moratoria antidesahucios es insuficiente, ya que muchas familias vulnerables sin hijos a cargo, por ejemplo, o de personas mayores, aun teniendo un informe de servicios sociales que avala su vulnerabilidad, no pueden acogerse a la medida y son desahuciadas de sus casas sin tener ningún sitio donde ir. Solo hay que recordar los más de 41.359 desahucios ejecutados en España en 2021 o las más de 1.755 familias de Barcelona que perdieron su casa en el mismo año con la moratoria en vigencia.

Está claro que se sigue vulnerando el derecho a la vivienda de miles de familias y que ha llegado la hora de afrontar la situación desde el gobierno español, no se puede ir alargando la moratoria sin tomar otro tipo de medidas. Desde la PAH exigimos que se incluyan en la Ley de vivienda las siguiente medidas:

  • Garantizar el derecho subjetivo a una vivienda. La ley debe reconocer el derecho subjetivo de toda la ciudadanía y residentes en el Estado a una vivienda.
  • Regular el precio del alquiler y que este sea una opción segura y estable. Hay que bajar los precios de todos los alquileres por debajo de las medias actuales, modificando los criterios de declaración de «zona tensionada«, y que esta declaración sea de aplicación inmediata y con sanciones para los arrendadores que se lo salten.
  • Stop desahucios y alquiler social obligatorio. Es necesario paralizar todos los desahucios de familias vulnerables. También hay que incluir la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por parte de la Administración en casos de pequeño propietario, con el régimen sancionador correspondiente.
  • Ampliación del parque público. Es necesario un compromiso para ampliar hasta el 20% el parque público de vivienda en 20 años, a través de la regulación de la cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión; de más mecanismos para prohibir la venta de vivienda pública y del fomento de su inmediato aumento. Es necesario que todos los pisos en manos de la Sareb se pongan a disposición de la ciudadanía a través de las diferentes administraciones, en vez de transferirse a manos privadas, tal y como está pasando actualmente.
  • Responsabilidad limitada, medidas contra el sobreendeudamiento y segunda oportunidad. Es necesario que la responsabilidad quede limitada exclusivamente al bien hipotecado. Hay que regular la dación en pago y el mecanismo de segunda oportunidad real para evitar la pérdida de la vivienda habitual.
  • Suministros. Es imprescindible prohibir los cortes de agua, luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad y establecer una tarifa social progresiva en función de sus ingresos.

Incluir estas seis medidas en la futura Ley Estatal de Vivienda permitiría sentar las bases del quinto pilar del estado del bienestar del que habla tanto el presidente Pedro Sánchez. Sin ellas, este pilar no existirá y continuaremos en la espiral de aumento de la pobreza y la precariedad. Y es que estas medidas son fruto de la experiencia de 13 años de lucha, de ponerlas en práctica a través de la desobediencia civil pacífica y de los cambios legales logrados en CCAA que demuestran su eficacia. Ahora queremos extenderlas a todo el territorio español. No podemos perder esta oportunidad, la ciudadanía no lo entendería: necesitamos una ley que garantice el derecho a la vivienda.