Hoy estamos en las oficinas de ENTO S.L., Av. Diagonal 586 de Barcelona, para exigir la paralización del desahucio abierto de Voski y un alquiler social. Hablamos de una mujer con minusvalía y sin ninguna ayuda de Servicios Sociales, que a partir del próximo 15 de junio se enfrentará al calvario de no saber en qué día y hora irán a dejarla en la calle, ya que nadie le ha ofrecido un realojo digno ante esta vulneración de su derecho a la vivienda.
Voski tenía un contrato de alquiler por 5 años, que estuvo pagando sin problemas hasta que unos pocos meses antes de que este finalizara, fue operada de la rodilla y se quedó sin trabajo y sin ayudas. Desde entonces, no pudo hacer frente al alquiler y ENTO SL, desde un principio, le ha negado la posibilidad de un alquiler social y ha optado por la vía del desahucio. El caso de Voski, es un ejemplo claro de lo que llevamos tiempo denunciando: la ineficacia de la Mesa de emergencia y la inhumanidad de los desahucios abiertos.
Desde que Voski cruzó por primera vez la puerta de la PAH, ya ha sufrido dos desahucios que, gracias a la PAH, se han podido paralizar. El tercero le ha llegado en abierto, una orden que la tiene en una constante situación de angustia al no saber en qué día ni a qué hora la dejarán en la calle.
Exigimos una solución digna para Voski. Desde PAH Barcelona denunciamos, una vez más, la situación de emergencia habitacional creciente que estamos viviendo en nuestra ciudad. Con más de 14.000 desahucios ejecutados en Barcelona desde 2013, 2.519 solo en 2017, de los cuales el 85% son consecuencia de no poder pagar el alquiler. Denunciamos la agresividad de los grandes tenedores de vivienda que desahucian sin pudor para seguir lucrándose de la burbuja inmobiliaria del alquiler que ellos mismos están hinchando. Denunciamos la violencia institucional de los juzgados, como mano ejecutora de los desahucios abiertos. Denunciamos a las administraciones responsables, que no han escuchado las propuestas de la PAH para frenar esta situación y que han preferido rescatar a bancos antes que a las familias. Necesitamos medidas urgentes y valientes, como la Ley Vivienda PAH, para garantizar de una vez por todas que el derecho a la vivienda sea un derecho efectivo.
La PAH seguiremos luchando al lado de las familias, con la realidad y la verdad por delante, sin mirar a otro lado y con la convicción de que encontrar soluciones es solo cuestión de voluntad política.
#SoluciónParaVoski
Rueda de prensa #SolucionParaVoski conclusiones de la visita a fincas Alfi https://t.co/VMnX4Zqsgy
— PAH Barcelona (@PAH_BCN) June 8, 2018
Ante la falta de voluntad por parte del BBVA, de dar soluciones a las familias afectadas, esas mismas familias con las que no tuvieron ningún tipo de remordimiento en estafar en su momento, ante la desfachatez de la entidad que no duda en disfrazar de buenas intenciones y palabras bonitas, sus cada vez más numerosas mentiras y ante la única realidad existente: los casos cada vez más numerosos que se niegan a cerrar con soluciones reales, las PAHs catalanas decimos basta y salimos en todas las poblaciones a decir bien fuerte ¡No más mentiras! No nos creemos ni una más, hasta que no veamos resultados.
Nuestras demandas son de mínimos y de sentido común, no nos cansaremos de repetirlas hasta que se hagan realidad:
BBVA se hizo, por 1.165 millones de euros, con el 98% del capital social de Catalunya Caixa: banco que recibió 12.052 millones de euros públicos para su posterior rescate, pero sin ningún tipo de contraprestación social para las familias, que solo ven cómo Anticipa, actual gestora de las antiguas hipotecas de CX y filial española de uno de los mayores fondos buitre americanos Blackstone, no da soluciones aceptables a las afectadas, que no dejan de sentir en sus carnes el constante acoso y las tácticas de mafioso que utilizan para lograr adueñarse de las viviendas sin pensar en las personas. En la PAH, vemos cómo aumenta el número de denuncias y ejecuciones hipotecarias, de las familias en manos de Anticipa. Unas denuncias que llegan en nombre de BBVA. Ante esto ¿debemos creernos la teoria y la palabreria jurídica de BBVA, pretendiendo convencernos de que ellos no tienen nada que ver, ni nada que hacer, con las antiguas hipotecas de Catalunya Caixa?
Viendo el maltrato, que algunos directores de oficina dan a parte de las familias afectadas cuando intentan negociar una solución digna ¿debemos creernos que esos son los interlocutores válidos que pedimos?
¿Debemos permitir que BBVA no se acoja a la ley catalana para firmar los alquileres? No acatan una ley, por existir gracias a la PAH y a la ciudadanía o por que exige menos capital. Lo que es lo mismo, mejor para las familias vulnerables, menos ingresos para la entidad.
BBVA está decidido a seguir sin reconocer el IRPH como ilegal y por consecuencia negarse a su nulidad ¿debemos tolerar semejante vulneración de las sentencias europeas que así lo reflejan?
¿Nos valen las migajas que ofrecieron a la Generalitat, enmascaradas de cesión de vivienda para parque público, sabiendo que es la entidad financiera que más pisos vacíos acumula mientras vemos cada día a cientos de familias en la calle, criminalizadas por verse obligadas a recuperar viviendas ante la falta de soluciones?
Hasta que no logremos el bienestar de las familias victimas de una estafa bancaria que ya dura años, ante la emergencia habitacional que sufrimos y ante la falta de responsabilidad de la entidad hacía las familias. desde la PAH seguiremos denunciando la situación y realizando las acciones necesarias, movilizándonos sin miedo y con contundencia. Sigue habiendo vidas en juego a causa del sufrimiento, producido por la situación de vulnerabilidad e indefensión, que no podemos permitir más. No daremos ni un sólo paso atrás y sí todos los que hagan falta hacía delante. Hoy, más que nunca, gritamos con la fuerza colectiva que nos caracteriza:
¡¡ #NoMásMentiras !!
Se acaba de aprobar el Real Decreto 5/2017 que modifica el Real Decreto 6/2012 (Conocido como Código de Buenas Practicas) y la Ley 1/2013 que decretó una tímida moratoria de 2 años para algunos casos de desahucio.
Aunque se anuncian como “medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios”, las modificaciones tienen un alcance limitado y cosmético, de cara a la galería, pues no soluciona las carencias de las versiones anteriores y no aborda la situación actual de miles de personas en emergencia habitacional.
La principal novedad es que este Real Decreto amplía los supuestos de especial vulnerabilidad para la moratoria, a todas las familias con menores de 18 años, independientemente del número o edad, cuestión que desde la PAH ya habíamos denunciado mediante el recurso de inconstitucionalidad que planteamos contra la Ley 1/2013.
Sin embargo, aunque se tenga una situación “vulnerable”, se mantiene el requisito “económico”, que obliga a demostrar que el esfuerzo en el pago de la hipoteca se ha incrementado en los últimos cuatro años. Concretamente el artículo 1.3.b) que dice “Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar ha de haber sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas” y lo complementa el punto 4 del mismo artículo cuando dice: “A efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la Renta familiar se hubiera multiplicado por 1.5”.
Este requisito “económico” no tiene en cuenta la cronificación de la situación de la pobreza que ha ido haciendo imposible el pago de las cuotas por dificultad acumulada tras varios años de reducción de ingresos, aunque la cuota se haya mantenido más o menos estable. Es habitual caer en impago de hipoteca por agotamiento en el esfuerzo económico tras varios años obteniendo ingresos irregulares de aquí y de allá, con independencia de la cuota.
Cuando se redactaron las moratorias originales, años 2012 y 2013, este criterio podía tener cierto sentido, pero entonces las situaciones de vulnerabilidad contempladas eran más restrictivas y, por tanto, tampoco eran medidas reales y efectivas para la mayoría de las familias afectadas. Por ello, la medida llega tarde y mal, ya que miles de familias que se hubieran podido beneficiar desde el año 2013 hasta ahora, ya no tienen opción, y hoy en día, muchas de ellas viven pendientes de desahucios de alquiler.
Otro aspecto que contempla la Ley es un alquiler para las mismas familias que tienen derecho a la moratoria. La familia deberá afrontar, si quiere acceder a ello, el pago de la tasación de su vivienda a fin de calcular el precio de la cuota de alquiler, que será de un máximo del 3% anual del valor actual de la vivienda, pero no regula ni limita estos alquileres en función de la situación social y económica de las familias que se podrían beneficiar. En conclusión, la medida establece un impedimento a la vez que obliga a pagar la tasación que puede costar unos 400 euros o más, y deja en manos de las entidades financieras el hecho que sea o no una medida efectiva para las familias que puedan pagar la tasación.
Este alquiler se establecerá por cinco años (el anterior era sólo por tres) lo que parece un incentivo para que las personas con moratoria no agoten el plazo total hasta mayo de 2020, aunque tengan derecho a ello.
Os aportamos los documentos útiles para su respectivo uso:
Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés (con las reformas en amarillo y las principales modificaciones en verde
– Ámbito de aplicación de la situación de vulnerabilidad.
– Nuevo prórroga de plazo de suspensión de lanzamientos (hasta 15 de mayo de 2020).
– Mecanismos de alquiler (sobre inmuebles objeto de lanzamiento + suspensión).