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Llega ‘El Megáfono’, el podcast de la PAH

Os queremos presentar El Megáfono, el podcast que hemos puesto en marcha desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona como un espacio en el que compartir experiencias con otras luchas sociales. Desde la PAH llevamos ya casi 15 años de lucha por el derecho a la vivienda, tomando el megáfono siempre que haga falta para gritar que “Sí se puede” o que “Este desahucio lo vamos a parar”, pero sabemos que no estamos solas. Por suerte, hay mucha gente que sale a la calle y toma el megáfono para luchar contra las injusticias y construir un mundo más justo, y queremos que este podcast sea un espacio de encuentro, para aprender de otras luchas, compartir lo que sabemos y reforzar nuestras alianzas.

Para el capítulo piloto, Barrios vs Turismo, invitamos a Daniel Pardo, de la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), para hablar sobre cómo afecta el turismo masivo a nuestros barrios, qué es eso del decrecimiento turístico y qué alianzas hay entre la lucha contra la turistificación y la lucha por el derecho a la vivienda.

 



El Megáfono
es un proyecto que hemos puesto en marcha con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg y que forma part de la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB). El primer capítulo lo grabamos con el apoyo de nuestras queridas amigas de Radio Nikosia, que nos han introducido en el mundo de los micrófonos, en los estudios de Radio Contrabanda.

Podéis seguir todos los capítulos de El Megáfono descargando la app de la XRCB, donde encontraréis nuestro podcast y otras radios comunitarias de Barcelona. También lo podéis encontrar en la web de la XRCB y en Spotify. En los próximos días publicaremos un nuevo capítulo 📢💚

Publicamos nuevas guías para interponer demandas en los Juzgados que reconozcan nuestros alquileres sociales

El Grupo Promotor y las abogadas que ganaron el caso pionero de Badalona seguiremos trabajando para extender este nuevo frente de lucha

Antes del verano publicamos y celebramos la sentencia pionera de Badalona, que obligaba a un gran tenedor a hacer una oferta de alquiler social a Ginés y Manoli, dos inquilinas de un piso con amenaza de desahucio en Badalona.

Ante este precedente importantísimo para reclamar a los Juzgados con fuerza el cumplimiento de la ley catalana 24/2015 para parar los desahucios, también anunciamos que nos poníamos a trabajar con las abogadas que han impulsado esta nueva vía para fomentar que se extienda.

Hoy presentamos los primeros resultados: dos guías, una para afectadas y la otra para abogadas, que explican qué es y cómo interponer la demanda declarativa del derecho a reclamar el alquiler social.

Las podéis consultar en los siguientes enlaces, en catalán y castellano:

Guía para abogadas:

Guía para afectadas:

Recordamos que con esta nueva demanda, somos nosotras quienes planteamos a los Juzgados, en la mayoría de los casos a través de abogados/das de oficio, que se nos reconozca el derecho a obtener el alquiler social y se obligue al propietario a hacerlo.

Hagamos un llamamiento a todas las profesionales para que usen la guía y que acompañen a las personas o familias que quieran reclamar el alquiler social a los Juzgados. También es importante que las propias personas afectadas conozcan esta nueva forma jurídica de luchar su caso.

A la vez, pedimos que el Consell de la Abogacía Catalana (CICAC), el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y a la Generalitat que organicen formaciones en los colegios profesionales para informar a los abogados y abogadas de esta nueva vía para defender el derecho a la vivienda.

¡Advertimos a los bancos y los buitres que haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir firmar miles de alquileres sociales! Pronto vendrán más pasos para conseguirlos.

#StopDesahucios #AlquilerSocialYa

Organizaciones sociales y partidos políticos acorralan al PSOE en las negociaciones de la Ley Vivienda

Las consecuencias de la inflación y el encarecimiento de los precios están llevando al límite a millones de hogares españoles que ya no llegan a final de mes. En este contexto de emergencia, en el que el precio del alquiler continúa subiendo y los desahucios continúan ejecutándose, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue enrocado en las negociaciones del proyecto de Ley de Vivienda estatal y se mantiene inamovible frente a la petición de los grupos políticos y las organizaciones por el derecho a la vivienda de incorporar dos enmiendas claves: la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes del desahucio y la regulación efectiva de los precios del alquiler.

Frente a este panorama, esta mañana varias organizaciones, entre las que destacan los Sindicatos de Inquilinos, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, los sindicatos laborales (CCOO, UGT y Confederación Intersindical), Amnistía Internacional, Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector (entre muchos otros), se han reunido en representación de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda con los portavoces de los partidos del bloque de investidura. En la reunión se les ha pedido que presionen al Gobierno para que se desencallen las negociaciones cuanto antes, de forma positiva; esto es, incluyendo en la ley medidas que justifiquen el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda, que desde el Gobierno se le otorgó.

Al finalizar la reunión, los portavoces de ERC, EH Bildu, Unidas Podemos, BNG, Más País y CUP, han hecho declaraciones junto a las portavoces de la Iniciativa Ley Vivienda, comprometiéndose públicamente a no dar el sí a la ley si esta no sirve efectivamente para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a la mayoría de la población frente a la especulación inmobiliaria.

El secretario de Vivienda se niega a aprobar medidas de emergencia para proteger de la inflación a los hogares

El pasado jueves David Lucas, secretario General de Vivienda, se reunió tanto con los Sindicatos de Inquilinos como con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, quienes, en sendas reuniones exigieron a Lucas que el Gobierno tome medidas de emergencia en materia de vivienda para frenar las consecuencias de la inflación sobre las economías domésticas.

Para proteger a los hogares inquilinos frente a subidas de alquiler y revertir la asfixia económica agravada por la inflación, los sindicatos han propuesto a Lucas un conjunto de medidas coyunturales y temporales que deberían aprobarse urgentemente en el marco de las medidas anticrisis en el próximo paquete. En primer lugar, exigen la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato, como ya se están viviendo. En segundo lugar, las actualizaciones interanuales de los precios del alquiler, antes vinculadas con el IPC y ahora limitadas al 2%, deben eliminarse, es decir, pasar al 0%. Por último, exigen revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre del 2021 hasta marzo de 2022.

Por otra parte, las medidas de protección frente a los desahucios vigentes son claramente insuficientes, como demuestran los 52.161 ejecutados a pesar de esas medidas entre enero de 2021 y marzo de 2022. Son necesarias medidas de urgencia, como congelar el incremento de las cuotas hipotecarias (aquellas que les toque revisión en los próximos meses) y de los alquileres, y aumentar el alcance de las medidas antidesahucios, prohibiendo expresamente todos los que afecten a familias vulnerables sin alternativa habitacional digna. Medidas similares se han aprobado ya en Escocia y van camino de aprobarse en Alemania.

Pero estas medidas de carácter temporal no serán suficientes, por lo que son imprescindibles medidas estructurales que deben incluirse en la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda, como las que hemos aportado en forma de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno y que llegan avaladas por 9 formaciones políticas del Congreso.

Una Ley Vivienda efectiva: la única forma de proteger a los hogares

Frente a la negativa de Lucas de implementar medidas urgentes para hacer frente a la situación de inflación y asfixia económica de los hogares, la única vía posible es la aprobación de la Ley Vivienda. El único consenso posible, tal y como han manifestado hoy los grupos políticos, es la incorporación de medidas que hagan de la Ley un texto realmente efectivo que acabe con las subidas de los alquileres, proteja a los hogares frente a los desahucios e incorpore las viviendas de la Sareb al parque público de vivienda. Cada día que pasa sin que se apruebe la Ley Vivienda, el Gobierno está escogiendo defender los intereses de la patronal inmobiliaria frente a la protección que precisan miles de hogares.

Se amplía la moratoria estatal para algunos desahucios de alquiler y ocupación hasta el 31 de diciembre de 2022 

El pasado sábado se anunciaba desde el Gobierno de España el nuevo Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

En materia de vivienda, se detalla que se prorrogan las medidas del Decreto-ley 11/2020 que el Gobierno aprobó, el 31 de marzo 2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. En un primer momento, la moratoria de desahucios solo cubría lanzamientos de alquiler y exclusivamente para familias afectadas directamente desde un punto de vista económico por la crisis del coronavirus.

No obstante, a finales de diciembre de 2020 se aprobó una ampliación para cubrir algunos casos de ocupación/recuperación de vivienda y extenderlo a familias en situación de precariedad antes de la pandemia.

La moratoria antidesahucios ha ido ampliándose en el tiempo y actualmente mantiene las medidas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. 

A continuación, algunas informaciones y documentos útiles para acogerte a estas medidas y evitar quedarte en la calle en los próximos meses.

Desde la PAH celebramos que las medidas que han ayudado a suspender algunos desahucios de alquiler y ocupación de familias vulnerables se prolonguen en el tiempo. Esta moratoria ha servido para ganar tiempo a algunas familias a exigir una solución definitiva para sus casos, ya que suspender un desahucio es un parche y esta medida debe de venir acompañada de una alternativa habitacional. Y por otro lado, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, la moratoria antidesahucios es insuficiente, ya que muchas familias vulnerables sin hijos a cargo, por ejemplo, o de personas mayores, aun teniendo un informe de servicios sociales que avala su vulnerabilidad, no pueden acogerse a la medida y son desahuciadas de sus casas sin tener ningún sitio donde ir. Solo hay que recordar los más de 41.359 desahucios ejecutados en España en 2021 o las más de 1.755 familias de Barcelona que perdieron su casa en el mismo año con la moratoria en vigencia.

Está claro que se sigue vulnerando el derecho a la vivienda de miles de familias y que ha llegado la hora de afrontar la situación desde el gobierno español, no se puede ir alargando la moratoria sin tomar otro tipo de medidas. Desde la PAH exigimos que se incluyan en la Ley de vivienda las siguiente medidas:

  • Garantizar el derecho subjetivo a una vivienda. La ley debe reconocer el derecho subjetivo de toda la ciudadanía y residentes en el Estado a una vivienda.
  • Regular el precio del alquiler y que este sea una opción segura y estable. Hay que bajar los precios de todos los alquileres por debajo de las medias actuales, modificando los criterios de declaración de «zona tensionada«, y que esta declaración sea de aplicación inmediata y con sanciones para los arrendadores que se lo salten.
  • Stop desahucios y alquiler social obligatorio. Es necesario paralizar todos los desahucios de familias vulnerables. También hay que incluir la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por parte de la Administración en casos de pequeño propietario, con el régimen sancionador correspondiente.
  • Ampliación del parque público. Es necesario un compromiso para ampliar hasta el 20% el parque público de vivienda en 20 años, a través de la regulación de la cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión; de más mecanismos para prohibir la venta de vivienda pública y del fomento de su inmediato aumento. Es necesario que todos los pisos en manos de la Sareb se pongan a disposición de la ciudadanía a través de las diferentes administraciones, en vez de transferirse a manos privadas, tal y como está pasando actualmente.
  • Responsabilidad limitada, medidas contra el sobreendeudamiento y segunda oportunidad. Es necesario que la responsabilidad quede limitada exclusivamente al bien hipotecado. Hay que regular la dación en pago y el mecanismo de segunda oportunidad real para evitar la pérdida de la vivienda habitual.
  • Suministros. Es imprescindible prohibir los cortes de agua, luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad y establecer una tarifa social progresiva en función de sus ingresos.

Incluir estas seis medidas en la futura Ley Estatal de Vivienda permitiría sentar las bases del quinto pilar del estado del bienestar del que habla tanto el presidente Pedro Sánchez. Sin ellas, este pilar no existirá y continuaremos en la espiral de aumento de la pobreza y la precariedad. Y es que estas medidas son fruto de la experiencia de 13 años de lucha, de ponerlas en práctica a través de la desobediencia civil pacífica y de los cambios legales logrados en CCAA que demuestran su eficacia. Ahora queremos extenderlas a todo el territorio español. No podemos perder esta oportunidad, la ciudadanía no lo entendería: necesitamos una ley que garantice el derecho a la vivienda.

El alquiler nos ahoga y el PSOE pretende que lo siga haciendo

La reforma de la LAU propuesta por el PSOE sigue dando la espalda a los derechos de las inquilinas y poniendo la alfombra roja a la especulación, y aún no recoge medidas para la regularización de los precios

Que en España se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional es algo reconocido por casi todo el mundo. Mañana martes, el Congreso votará la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Leído el mismo, resulta que, tras un preámbulo en el que se hace un diagnóstico acertado ‒ya que parte del reconocimiento del Derecho a la Vivienda como un derecho fundamental, de reconocer también la insignificancia del Parque Público de Vivienda Social, de admitir la obligación de cumplir el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)‒, finalmente el Gobierno cede a la presión de los fondos buitre y la banca, y aprueba una serie de recetas incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito, ya que:

  • No propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de viviendas deshabitadas que señala el INE.
  • Aunque reconoce la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adopta ninguna medida para abaratarlos.
  • No limita los incrementos de renta vinculándolos al IPC.
  • La comunicación entre juzgados y Servicios Sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que, como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas.
  • El PIDESC se infringe y se seguirá infringiendo cada vez que se produzca un desalojo forzoso a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • A pesar de reconocer como fundamental el Derecho a la Vivienda adecuada, el acceso a la misma sigue vinculado exclusivamente al nivel de renta de cada persona o familia, sin que se garantice el derecho de acceso a las personas sin renta o con rentas insuficientes.
  • No permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas, al no incluir la elaboración de índices de referencia de los precios.

Frente a esta emergencia, el PP ‒todavía más partidario de los fondos buitre, a quienes Ana Botella vendió un importante número de viviendas sociales de Madrid‒ reacciona, utilizando la Ley de Vivienda de la PAH, presentando una enmienda a la totalidad, con la que pretende anularla y enmendar a la vez el real decreto del Gobierno, revirtiendo los escasos avances del mismo en relación con la ampliación de la duración de los contratos.

¿Qué dice la PAH en materia de alquileres?

  • Cumplimiento del PIDESC: Ningún desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Duración de los contratos: 5 años si el propietario es persona física con más de 5 viviendas en propiedad, o 10 años si es persona jurídica.
  • Los precios del alquiler estarán subordinados al índice de referencia de precios.
  • Los aumentos de renta no podrán subir por encima del IPC.
  • En caso de cambio de inquilina, el alquiler en el nuevo contrato no podrá superar al anterior en más del 1,5%.
  • Limita la fianza a una mensualidad de alquiler.
  • Modifica el régimen fiscal de las Socimis, para que tributen al 40% en el impuesto de sociedades.
  • Promueve la cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores que hayan recibido dinero público.
  • Establece la obligación de generar parque público de vivienda.
  • Aumenta el IBI a las casas injustificadamente vacías y,
  • Prohíbe la venta de viviendas del parque público.

Por todo esto, desde la PAH lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público o el híperliberalismo del mercado y limitara y redujera los precios, o que garantizase el cumplimiento del PIDESC.

Sin embargo, ahora que la complicidad del PP con los especuladores ha posibilitado el desbloqueo que junto a Cs mantenían de la Ley de Vivienda de la PAH, su trámite urgente, y la aplicación de las medidas que contiene, pueden facilitar el que el acceso a la vivienda en España deje de ser un privilegio y pase a ser un Derecho, y por conseguirlo seguiremos luchando.

¡Sí se puede!

#RegulaciónAlquileresYa

Ayer nos movilizamos en Madrid, Valencia, Iruña, Manresa, Málaga y Barcelona para exigir que el decreto sobre alquileres…

Gepostet von PAH Barcelona am Dienstag, 22. Januar 2019