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Las activistas nos movilizamos después de reunirnos con el PSC y pedirles que rectifiquen la propuesta para evitar criminalizar la pobreza

Las PAHs Catalanas hemos organizado hoy una protesta sorpresa durante la celebración de un acto de campaña del Partido Socialista en Barcelona. Una sesentena de activistas hemos irrumpido pacíficamente en un acto preelectoral en el barrio de Sarrià de Jaume Collboni, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Catalunya, para expresarle nuestra profunda decepción con su partido ante su falta de respuesta sobre la Ley Desokupa, es decir, la propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para habilitar a jueces para que desalojen en 48 horas a aquellas familias que ocupan una vivienda en precario, sin juicio. Jaume Collboni ha accedido a hablar con algunas de nosotras, pero se ha negado a establecer ningún canal de negociación o diálogo efectivos con el fin de discutir con los socialistas nuestras propuestas sobre cómo combatir las mafias y dar un hogar digno a miles de familias vulnerables.

El mes pasado iniciamos negociaciones con los Socialistas en el Parlament, para que rectificaran esta propuesta que, lejos de abordar las “ocupaciones conflictivas”, lo único que hace es abrir la puerta para que bancos y fondos buitre expulsen a familias vulnerables, en vez de ofrecerles un alquiler social, tal y como obliga la ampliación de la Ley 24/2015 antidesahucios −que, recordemos, se aprobó hace 9 meses gracias a los votos del propio PSC, entre otros partidos. Sin embargo, el PSC ha continuado con su intención de criminalizar la pobreza y el pasado mes de octubre logró aprobar una moción en el Ayuntamiento de Barcelona para pedir al Estado que apruebe medidas para, entre otras cosas, “empezar una reforma urgente de la normativa procesal para garantizar y dar cobertura a la actuación policial para las desocupaciones en el momento en que se tenga constancia de la comisión de estos delitos”.

El PSC compra el relato de la ultraderecha

Tal y como hemos dicho anteriormente, los socialistas proponen legislar en base a un relato promovido por la ultraderecha y que los datos demuestran como falso: las ocupaciones van a la baja. Según datos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona, las ocupaciones han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019; por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ha admitido, en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos por usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020.

Por otro lado, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de forma habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 en Catalunya, según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados.

El 81% de los pisos ocupados en la capital catalana son de grandes propietarios como bancos y fondo buitre, según datos del Ayuntamiento de Barcelona; estos grandes tenedores son en buena parte responsables de la crisis de vivienda actual, y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, por tanto, no deben ser protegidos de las ocupaciones a coste de la Administración. Entendemos que la propuesta que quieren aprobar los socialistas no se corresponde con la realidad sobre la que pretenden legislar, generando confusión en la ciudadanía.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. El Partido Socialista tiene por delante muchas opciones para hacerlo posible:

• Ley 24/2015 antidesahucios. Catalunya ha sido pionera a la hora de aprobar mecanismos legales para regularizar a las familias en situación de vulnerabilidad que se hayan visto obligadas a ocupar o no puedan pagar hipoteca o alquiler. Esta medida contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de realizar alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad; por otra parte, también permite que la Generalitat obligue a los grandes tenedores a ceder aquellos pisos que estén vacíos desde hace más de 2 años.
• Ley de Vivienda. Actualmente, el PSOE mantiene bloqueada la Ley de Vivienda en el Congreso porque se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad, tal y como contempla la ley catalana. Si el gobierno español incluyera las medidas propuestas por los colectivos, tendría el apoyo de otros partidos como Podemos, ERC, BNG, Bildu, Más País y la CUP y podrían aprobarla de inmediato.
• Sareb. Desde principios de año que el Estado es el accionista mayoritario de la Sareb, una entidad rescatada también con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que nunca devolverán. Este rescate debería devolverse, poniendo sus pisos a disposición de Comunidades y Ayuntamientos, a fin de ampliar un parque público de vivienda, que actualmente ronda un ínfimo 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea.

Exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios por los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para ello: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!