Barcelona - PAH Barcelona

Un nuevo suicidio por un desahucio en Barcelona pone en evidencia la falta de inversión de la Administración en políticas sociales

Este martes hemos conocido la noticia del suicidio de un hombre en Barcelona, después de ser desahuciado de su piso cuya propiedad estaba en manos del Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de la Vivienda. Ante estos hechos, desde PAH Barcelona queremos expresar nuestra profunda tristeza y enojo, y enviar nuestro pésame a la familia y al entorno de la víctima.

Por otro lado, no podemos evitar preguntarnos cuáles han sido las causas que han obligado a una persona a tomar una decisión tan drástica: creemos que el sistema de protección social ha fallado. Si bien no tenemos todos los datos sobre el caso, la información que se ha ofrecido desde el propio Ayuntamiento y los medios de comunicación apunta a que esta persona, al menos desde los últimos 3 años, no disponía del acompañamiento adecuado a su situación, hecho por el cual en el momento en que ha perdido la vivienda, su único refugio, no ha visto otra alternativa que quitarse la vida.

Nuestra experiencia al atender a personas con problemas habitacionales nos demuestra que la atención social por parte de las diferentes administraciones es insuficiente. La infradotación de los servicios sociales, el modelo de vivienda como bien de mercado o la dificultad de acceso a la salud física y mental son ejemplos de un sistema que considera que la función de la protección social es la de tratamiento de los síntomas y de contención de los problemas, especialmente en aquellos momentos en los que una tragedia como la de ayer salta al debate público. Las entidades sociales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos como la vivienda, la educación o la salud, hemos reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones que los diferentes protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas, y que es precisamente en estos casos más difíciles cuando una atención proactiva y personalizada es más necesaria. Además, creemos que todos estos protocolos tienen un defecto en común: poner la responsabilidad de ponerlo en marcha (¡y de hacer seguimiento!) sobre los hombros de la persona afectada. ¿Qué es lo que pasa cuando esta persona, por desconocimiento o por incapacidad, no puede seguir los mecanismos que se imponen desde los servicios sociales? Pues la indefensión absoluta.

Desgraciadamente, no es la primera vez que una persona pierde la vida en un desahucio. Apenas el año pasado un vecino del barrio de Sants decidió precipitarse desde su balcón cuando la comitiva venía a ejecutarlo, a pesar de la intervención de los servicios sociales y la acreditación de vulnerabilidad; o hace tan solo unos días dos ancianas, hermanas, se quitaron la vida en Santander ante la perspectiva de perder su vivienda. El caso de ayer y todos los que lo preceden nos obligan a cuestionarnos los mecanismos que tenemos para evitar llevar a una persona al límite: las leyes y protocolos actuales son insuficientes y desde los movimientos sociales creemos que para resolver esta cuestión hay que solucionar de raíz el problema estructural, es decir, garantizar el derecho a la vivienda.

Es por ello que, ante estos hechos, insistimos y exigimos a las Administraciones competentes (Ayuntamiento, Generalitat y Estado) que centren sus esfuerzos en promover políticas en este sentido: prohibir los desahucios sin alternativa, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, integral y personalizada de las afectadas, entre otros. La futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, impulsada por el gobierno español de PSOE y Podemos y que actualmente está en trámite parlamentario, es una oportunidad. Por eso exigimos una ley que garantice el derecho a la vivienda para todas y que construya una verdadera política social que deje la vivienda fuera del mercado especulativo y asegure que no tengamos que lamentar más muertes. Garantizar el derecho a la vivienda significa salvar vidas.

PAH BARCELONA – 31 de mayo de 2022

Los movimientos sociales salimos a la calle al grito de #AixíNoPodemViure

Este sábado un millar de personas convocadas por los movimientos sociales recorrimos las calles de Barcelona para protestar contra el aumento del coste de la vida bajo el lema #AixíNoPodemViure.

Vivir dignamente se está haciendo cada vez más imposible para muchas familias: aumenta el precio de los alimentos, los suministros, la precariedad domina el mercado laboral y acceder a una vivienda es imposible para la mayoría de la población. Desde hace décadas, el precio de la vida se ha ido encareciendo para beneficiar a unos pocos. La causa principal la encontramos en la sucesión de crisis económicas y sociales provocadas por el sistema capitalista, y en las leyes que benefician a los especuladores. La burbuja hipotecaria y la posterior burbuja del alquiler ha hinchado los precios de la vivienda como nunca antes había pasado, asfixiando cada vez más a la gente y elevando la vergonzosa cifra de desahucios a los 2 millones. Más recientemente, la crisis derivada de la covid-19 ha hecho bajar todavía más nuestros ingresos, mientras la crisis energética se ha instalado de forma permanente. Actualmente estamos inmersas en una crisis de encarecimiento generalizado del coste de la vida sin precedentes. El aumento del coste de la energía, de otros muchos productos básicos o la repercusión que la inflación (IPC) está teniendo sobre las rentas inmobiliarias está empeorando todavía más las condiciones de vida. Nuestras demandas se basan en 4 puntos:

● ACABAR CON LOS DESAHUCIOS y EXPROPIAR LOS PISOS DE BANCOS Y FONDOS BUITRE: Después de casi 2 millones de desahucios en los últimos 10 años, no podemos permitir ni uno más: no puede haber gente sin casa, mientras hay casas sin gente. Es necesario recuperar la función social de la vivienda, hoy secuestrada por bancos, fondos buitre y grandes propietarios, que se han beneficiado durante décadas de una política fiscal favorable y del rescate bancario. Hay que garantizar un parque de vivienda de alquiler público y social. No falta oferta de vivienda: nos quieren vender el discurso de la escasez para seguir subiendo los precios y destruyendo el territorio a base de pelotazos.

● PINCHAR LA BURBUJA DEL ALQUILER: Reclamamos la reinstauración de la ley de regulación de precios de alquiler, que prohibía las subidas de precios del alquiler y obligaba a las bajadas. Reclamamos que el nuevo Proyecto de Ley de Vivienda Estatal plantee una bajada de alquiler con aplicación inmediata. Queremos la misma estabilidad en el alquiler que en el puesto de trabajo: unos contratos indefinidos y estables, que se renueven de manera automática.

● DEMOCRATIZAR LA ENERGÍA y GARANTIZAR EL PA: Basta de enriquecer a los oligopolios energéticos mientras las personas trabajadoras vivimos cada vez más asfixiadas. Es necesario prohibir los cortes de suministros a quien no puede pagar la factura, pero también hay que nacionalizar las empresas energéticas y elaborar un plan de transición energética democrática que suponga una solución permanente al agotamiento de recursos y la dependencia de oligopolios nacionales e internacionales. Democratizar la energía es imprescindible para hacer bajar los precios de los bienes de primera necesidad.

● GARANTIZAR LOS SALARIOS: No podemos permitir ningún retroceso más de los salarios de nadie: tanto de las que trabajan, como de las que no pueden. Hay que garantizar los salarios mínimos en consonancia con el coste de la vida y proteger los derechos de todas las trabajadoras.

● ACABAR CON LA REPRESIÓN: Hay que acabar con la judicialización y persecución de la disidencia política, y derogar la ley mordaza. Actualmente, solo el movimiento por la vivienda ya acumula más de 400.000€ en multas durante los últimos tres años, por parar desahucios, por ejercer una obligación moral: defender los hogares de la gente y el derecho a una vida digna.

Ante la escalada de precios que nos ahoga, la sociedad civil ha decidido organizarse. Las entidades que luchamos para que la población tenga una vida digna recorrimos las calles de Barcelona en un acto que marca el inicio de un ciclo de nuevas movilizaciones contra la carestía de la vida. Esto no se acaba aquí. ¡Estad atentas los próximos días!

El próximo 21 de mayo salimos a la calle por el derecho a la vivienda

MANIFIESTO – ¡La vivienda es un derecho, no un negocio! #AixíNoPodemViure

La vivienda es un derecho, no un negocio. ¡Con estos precios no podemos vivir!

La vivienda se ha convertido en un lujo. Tener trabajo ya no es garantía de vivir dignamente. Desde hace décadas, el precio de la vida se ha ido encareciendo para beneficiar a unos pocos. La causa principal la encontramos en la sucesión de crisis económicas y sociales provocadas por el sistema capitalista, y en las leyes que benefician a los especuladores. La burbuja hipotecaria y la posterior burbuja del alquiler han inflado los precios de la vivienda como nunca antes había pasado, asfixiando cada vez más a la gente y elevando la vergonzosa cifra de desahucios a los 2 millones. Más recientemente, la crisis derivada de la covid-19 ha bajado aún más nuestros ingresos, mientras la crisis energética se ha instalado de forma permanente. Actualmente estamos inmersas en una crisis de encarecimiento generalizado del coste de la vida sin precedentes.

El aumento del coste de la energía, de otros muchos productos básicos o la repercusión que la inflación (IPC) está teniendo sobre las rentas inmobiliarias está empeorando aún más las condiciones de vida.

¡Ya está bien! Ante el encarecimiento insoportable del coste de la vida, hacemos un llamamiento a organizarnos y luchar contra esta estafa generalizada. Debemos organizarnos y avanzar hacia la desmercantilización de la vivienda y la energía. Si acabamos con el rentismo de unos pocos, lograremos una vida digna para todas.

Exigimos a los gobiernos y nos comprometemos a luchar por:

ACABAR CON LOS DESAHUCIOS y EXPROPIAR LOS PISOS DE BANCOS Y FONDOS BUITRE:
Después de casi 2 millones de desahucios en los últimos 10 años, no podemos
permitir ni uno más: no puede haber gente sin casa, mientras hay casas sin gente.
Es necesario recuperar la función social de la vivienda, hoy secuestrada por bancos,
fondos buitre y grandes propietarios, que se han beneficiado durante décadas de una
política fiscal favorable y del rescate bancario. Es necesario garantizar un parque de vivienda
de alquiler público y social. No hay falta de oferta de vivienda: nos quieren vender el discurso
de la escasez para seguir subiendo los precios y destruyendo el territorio a base de pelotazos.

PINCHAR LA BURBUJA DEL ALQUILER: Reclamamos la reinstauración de la ley de regulación
de precios de alquiler, que prohibía las subidas de precios del alquiler y obligaba a las bajadas.
Reclamamos que el nuevo Proyecto de Ley de Vivienda Estatal plantee una bajada de alquiler
con aplicación inmediata. Queremos la misma estabilidad en el alquiler que en el puesto de trabajo:
unos contratos indefinidos y estables, que se renueven de forma automática.

DEMOCRATIZAR LA ENERGÍA y GARANTIZAR EL PAN: Ya basta de enriquecer a los oligopolios
energéticos mientras las personas trabajadoras vivimos cada vez más asfixiadas. Es necesario prohibir
los cortes de suministros a quien no puede pagar la factura, pero también hay que nacionalizar las
empresas energéticas y elaborar un plan de transición energética democrática que suponga una
solución permanente al agotamiento de recursos y la dependencia de oligopolios nacionales e
internacionales. Democratizar la energía es imprescindible para bajar los precios de los bienes de
primera necesidad.

GARANTIZAR LOS SALARIOS: No podemos permitir ningún retroceso más de los salarios de nadie: tanto
de las que trabajan, como de las que no pueden. Es necesario garantizar los salarios mínimos en consonancia
con el coste de la vida y proteger los derechos de todas las trabajadoras.

ACABAR CON LA REPRESIÓN: Hay que acabar con la judicialización y persecución de la
disidencia política, y derogar la ley mordaza. Actualmente, solo el movimiento por la vivienda
ya acumula más de 400.000€ en multas durante los últimos tres años, por parar desahucios,
por ejercer una obligación moral: defender los hogares de la gente y el derecho a una vida digna. Por todo ello,
hacemos un llamamiento a salir a la calle el próximo SÁBADO 21 DE MAYO A LAS 18H EN PLAÇA UNIVERSITAT.

Llamamiento a un Pacto por la vivienda

Fotos:

Ignasi R. Renom

Un conjunto de entidades sociales hemos presentado el martes 25 de febrero de 2020 en el Colegio de Periodistas la Llamada a un Pacto por la Vivienda, con la presencia de representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB ), ECOM, Comisión Obrera Nacional de Cataluña, Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña, Fundación ARRELS, Fundación APIP-ACAM, EntrePobles, Observatorio DESC, Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y Unión General de Trabajadores de Cataluña (UGT).

La Llamada a un Pacto por la Vivienda quiere ser un instrumento para que la sociedad civil, sindicatos, entidades, colectivos, grupos políticos e instituciones se emplacen a asumir el Derecho a la Vivienda, de manera que esta deje de ser considerada una mercancía y se empiece a valorar la necesidad de la construcción de un sector público, tal como hemos hecho con la educación y la sanidad.

La complejidad del conjunto de factores que inciden sobre los precios de venta y de alquiler nos dan una percepción muy diferente de lo que debería ser una política de regulación del mercado de la vivienda, que por su complejidad se tendría que articular con un conjunto de medidas complejas, un paquete de leyes, e implicar a las diferentes administraciones locales, autonómicas y del Estado.

Para poner en marcha toda esta complejidad de medidas y considerando que el problema de la vivienda es competencia de diferentes administraciones, se necesitan compromisos institucionales, unidad entre los partidos políticos y acuerdos de ciudad, de gobierno y de Estado, que den sostenibilidad a la financiación económica extraordinaria y a la continuidad de los programas estratégicos que vayan más allá de un simple mandato municipal.

Hay que implementar un conjunto de medidas, como la creación de un sector público protegido, un sector de covivienda y un sector de alquiler asequible, que en conjunto regulen el libre mercado privado, tal como ahora existe en otros sectores económicos como la enseñanza y la sanidad.

Nos encontramos en un contexto extraordinario de crisis de vivienda, donde los municipios reciben la máxima presión pero no disponen de las herramientas ni los presupuestos necesarios. Es por ello que hay que poner el foco en la necesidad de dedicar más recursos a la vivienda desde los presupuestos generales del Estado, y de reclamar las herramientas legislativas y reguladoras de quien tiene las competencias.

Reclamamos un Pacto por la Vivienda 2020-2030 que dé una respuesta real, eficiente y consensuada al problema de la vivienda. Un pacto con un alcance mínimo de 10 años, asumido por los partidos, las entidades sociales, los sindicatos y también el sector privado, así como todas las instituciones, empezando por el gobierno del Estado ‒que debe dedicar a ello recursos importantes‒, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona..

Barcelona, 25 de febrero de 2020

Fotografía de Ignasi R. Renom

[Comunicado] Hagamos llegar el 30% de vivienda protegida a toda Cataluña

Hoy anunciamos un manual de uso y un taller para extender la medida por todos lados

Hoy 30 de enero, el Grupo promotor de la moción municipal para forzar la ampliación del parque de vivienda asequible en Barcelona presentamos un manual, el kit del 30%, para extender la medida del 30% en toda Cataluña y anunciamos un taller práctico para entidades sociales.

El pasado mes de diciembre, después de un año de lucha intensa, dimos un paso de gigante en Barcelona en materia de vivienda, consiguiendo que toda nueva construcción y gran rehabilitación tenga que destinar a vivienda protegida el 30% de su superficie, una medida revulsiva que no se había aplicado nunca en Cataluña.

Durante la farragosa tramitación del 30% en Barcelona, diversos colectivos y municipios de toda Cataluña se han interesado por extenderla en sus territorios. Desde el inicio, hemos tenido clara la importancia de compartir nuestra experiencia para facilitar al máximo la extensión de esta medida tan necesaria y facilitar el trabajo a los colectivos de vivienda de otros municipios que quieren aprobarla. Rubí, Sabadell, Mataró, Abrera, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar, Ripollet, Vilafranca del Penedès, Moncada i Reixac, Badalona, Cornellà del Llobregat y Santa Coloma de Gramenet, han dado algunos de los primeros pasos para aprobar el 30%. Pero es probable que sean más.

Por estos motivos, hoy hacemos público que tenemos listo un «kit o manual de instrucciones» para apoyar a todas las entidades y movimientos sociales de Cataluña que quieran exigir a sus municipios la aprobación de la medida. Además, hemos programado un taller práctico que tendrá lugar el sábado 9 de febrero por la tarde en la Lleialtat Santsenca, para poder compartir directamente con todas ellas toda esta experiencia.

El objetivo del Kit es ayudar a estas iniciativas y fomentar otras, explicando didácticamente el proceso de impulso, tramitación y aprobación del 30% para que no sea la excepción sino la norma en los municipios catalanes, tal y como prevé la Ley del derecho a la Vivienda de Cataluña. El kit recoge todo aquello que consideramos relevante, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde las perspectivas comunicativa, política, negociadora y de presión en la calle. También incluye, como anexos, los documentos técnicos básicos, así como materiales y artículos para defender la medida ante sus detractores, a sabiendas de que cada municipio tiene dinámicas y particularidades propias y que, por lo tanto, cada proceso será diferente.

Además de defendernos cuando se vulnera el derecho a la vivienda cotidianamente en nuestros barrios y municipios, necesitamos dar pasos decididos para aumentar el parque de vivienda asequible. Los países con más vivienda asequible (30% en Holanda, 24% en Austria, 20% en Dinamarca, etc.) protegen el derecho a la vivienda de la mayoría de la población, al tiempo que bajan los precios de mercado.

En Cataluña tenemos 60 desahucios al día. Y en Barcelona estamos sufriendo una versión particularmente cruel, como los desahucios con fecha abierta, contra los que hay actualmente una campaña unitaria en la que participamos todos los grupos de vivienda de la ciudad; el parque público es tan solo del 1,5%, 115.634 personas esperan una vivienda protegida, y hay más de 2.500 personas en la lista de espera de las Mesas de emergencia. Además, hemos perdido vivienda protegida: si no se hubiera podido vender la vivienda protegida, Barcelona tendría, por ejemplo, un 40%, y aún seguimos perdiendo. La Ley del derecho a la vivienda, aprobada en 2007 y de donde sale el 30%, obliga a tener un 15% de vivienda social en 2030, por lo tanto, nos faltan 235.000 viviendas en toda Cataluña para llegar a esa cifra.

No podemos dejar la creación del parque protegido en manos de los presupuestos públicos, porque no llegan a los niveles que necesitamos: hay que exigir al sector privado que se implique en resolver un problema que les incumbe, ya que hacen un negocio muy lucrativo con la vivienda, un derecho fundamental.

Extender el 30% a toda Cataluña tendrá un efecto muy positivo para el derecho a la vivienda, por eso animamos a las entidades y movimientos sociales a impulsarlo ¡y exigimos a las administraciones que lo hagan realidad!

En Barcelona: 400 viviendas al año. Si se hubiera aplicado desde 2007, hoy tendríamos 4.800 viviendas más.
En el Área Metropolitana de Barcelona (36 municipios) se aportarían 865 viviendas protegidas al año. Desde 2007 serían 22.380 viviendas más.
En los municipios de más de 20.000 habitantes y las capitales de comarca supondría 478 viviendas protegidas al año y 29.736 viviendas más si se hubiera aplicado desde 2007.

Por otra parte, y para detener la pérdida de vivienda protegida, recordamos la exigencia inmediata a la Generalitat de acabar con la posibilidad de descalificarla. Sabemos que el Gobierno catalán está trabajando en ello pero no conocemos cómo, y sabemos que «el diablo está en los detalles», por lo que estaremos muy encima de la concreción de la propuesta. Además, en un momento en el que se está elaborando el nuevo Plan Territorial de Vivienda, es imprescindible incluir la recomendación de aplicar el 30% en todos los municipios.

¡¡Exigimos derecho a la vivienda!! #30x100aTotCatalunya

La PAH de Barcelona (Plataforma d’Afectades per la Hipoteca), el Observatorio DESC, la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), la ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) y el Sindicat de Llogaters i Llogateres

Descárgate el kit haciendo clic aquí: Manual 30%

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Un nuevo suicidio por un desahucio en Barcelona pone en evidencia la falta de inversión de la Administración en políticas sociales

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El próximo 21 de mayo salimos a la calle por el derecho a la vivienda

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[Comunicado] Hagamos llegar el 30% de vivienda protegida a toda Cataluña

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