Acuerdo general de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona en la centralidad de la vivienda en los problemas de la ciudadanía y en el impacto en el modelo de ciudad. En las recetas para afrontar este gran reto es donde han surgido las tensiones entre los partidos, priorizando unos y otros la vivienda como una casa o como una inversión.
El vídeo del debate se puede recuperar aquí
El Centro Cívico Can Felipa de Poblenou, casi lleno, presenció ayer el debate sobre vivienda de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona. El debate, que se organizaba por una representación casi completa de entidades y organizaciones defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad, como la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la XES, la PAH Barcelona, el Observatorio DESC, el Cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis y con la colaboración del Sindicat de Llogateres, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya y la Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge, contó con la participación de Eva Baró de ERC, Damià Calvet de Trias per Barcelona, Thaïs Cloquell de la CUP, Lucía Martín de Barcelona en Comú y Jordi Mas del PSC y la moderación de Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC.
Organizado en torno a dos grandes bloques o problemáticas, la emergencia habitacional y el incremento del parque de vivienda social, se pudo entrar en el fondo de las muchas medidas que deberían seguir desplegándose y profundizando y de nuevas políticas para responder. En los detalles de cómo actuar desde el Gobierno es donde han surgido las tensiones entre los partidos a la hora de entender la vivienda como una casa o como una inversión.
El debate se ha abierto con los problemas para hacer cumplir la Ley 24/2015, que obliga a grandes tenedores a firmar alquileres sociales para evitar desahucios, donde todos los partidos han estado de acuerdo en que es inaceptable el fraude de ley y que es necesario hacer servir todos los instrumentos disponibles, como son las sanciones, la articulación judicial, etc. Barcelona en Comú ha prometido una nueva Unidad Antiespeculación, ampliando trabajo ya hecho, y la CUP que el Ayuntamiento se personará, si gobiernan, en las demandas a grandes tenedores. El debate ha continuado con la intervención en primera persona de Dulce, miembro de PAH Barcelona y madre de dos criaturas, que está ocupando un piso de un gran tenedor, quien ha preguntado sobre las medidas de los partidos para reducir la lista de espera de la mesa de emergencia. Tanto la candidatura del PSC como Trias por Barcelona han puesto énfasis en la necesidad de ampliar la vivienda pública y crear más puestos de trabajo para prevenir estas situaciones. Por su parte, ERC y CUP han prometidos cambiar la normativa de la mesa de emergencia para no excluir a personas en situación irregular de la mesa, tal y como han hecho otros municipios como Sant Cugat. Así como dejar de pagar alojamientos privados a la empresa BCN Travel, que forma parte de fondos buitre, y extendiendo alojamientos como el CATAF en cada distrito.
Vivienda protegida con calificación permanente
El segundo bloque se abrió con las medidas para evitar la acción especulativa de grandes tenedores y fondo buitre, donde todos los grupos han estado de acuerdo en seguir aumentando la coordinación entre administraciones para que la Generalitat dicte zonas de alta tensión y se pueda actuar. Barcelona en Comú prometió un nuevo Servicio para Inquilinas para reforzar la garantía de derechos a las vecinas en situación de alquiler, así como la CUP ha prometido que propondrán la celebración de un referéndum de expropiación a grandes tenedores, tal y como ocurrió en Berlín. Trias por Barcelona y PSC propusieron la creación de un impuesto que dificulte las compraventas especulativas. Una de las apuestas del debate era un formato de preguntas como dilemas entre casa o inversión. En el caso de los dilemas relacionados con el alquiler turístico, Trias por Barcelona se posicionó en abrir nuevas zonas para alojamiento turístico y el resto en suspender las licencias de vivienda turística, Barcelona en Comú y CUP se han posicionado en prohibir el alquiler de temporada y ERC, Trias por Barcelona y PSC en desarrollar un marco legal de alquiler de temporada. Por último, Trias por Barcelona se ha posicionado en mantener el libre mercado en el alquiler y el resto en limitar los precios. En el espacio para matizar o profundizar, ERC y CUP prometieron y recordaron que ya se puede actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona, de acuerdo con la Ley de Turismo.
Preguntados por la ampliación del parque de vivienda protegida, el sentir general es que es necesaria la colaboración con agentes privados y/o comunitarios, y que todas las viviendas deben mantener una calificación indefinida. Tanto Trias por Barcelona como PSC prometieron reforzar Vivienda Metrópolis Barcelona, colaboración del Ayuntamiento con privados con lucro para alquiler. La CUP, por otra parte, ha prometido excluir a los operadores lucrativos de la colaboración pública, echando a los buitres tanto de la vivienda como de los cuidados u otros sectores. Todas las candidaturas han estado de acuerdo en reforzar la generación de mayor vivienda social y asequible con operadores sin ánimo de lucro. En la responsabilización del privado en el aumento de la vivienda digna, tanto ERC y Barcelona en Comú como la CUP han apostado por mantener o profundizar las reservas del 30% de vivienda en nueva construcción, y Trias por Barcelona y PSC en repensar la medida, flexibilizándola.
Por último, se ha hablado de cooperativismo de vivienda a través de tres dilemas que hacían posicionar a los partidos a favor o en contra de medidas que ayudan a fomentar este modelo comunitario, como el Convenio ESAL, entre promotores sociales de vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer vivienda cooperativa y social calificada de VPO en suelo público. O el tanteo y retracto que moviliza suelo privado a entidades sin ánimo de lucro para hacer vivienda asequible. CUP y Barcelona en Comú se han posicionado a favor de todas estas medidas, mientras que ERC, PSC y Trias por Barcelona se han decantado más por facilitar la movilización de suelo privado a entidades sin ánimo de lucro. ERC ha sido el único partido que ha votado en contra de evolucionar el actual Convenio ESAL a una forma más estable.
