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PorPAH_Bcn

[Comunicado] El nuevo Decreto ley de alquiler, otro error histórico sin contar con la ciudadanía

La norma no servirá para pinchar la burbuja de los alquileres y se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales

Desde PAH Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia y la participación de los colectivos de vivienda

En plena campaña de elecciones municipales, la consejera Capella y el consejero Calvet anunciaron ayer en rueda de prensa la aprobación de un decreto ley para, teóricamente, regular el precio del alquiler y contener la actual burbuja que sufre Barcelona y muchos otros municipios catalanes. La propuesta, como fue el caso del Decreto ley 5/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda -ahora ya derogado-, no solo se ha impulsado sin consensuarla con el resto de los partidos políticos, sino que se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales y a los colectivos que trabajamos cada día por el derecho a la vivienda en el territorio

Aunque celebramos cualquier iniciativa desde el ámbito legislativo para revertir la actual situación de emergencia habitacional y de extrema dificultad para acceder a una vivienda, tras un primer análisis del texto entregado a los medios de comunicación, dado que a pesar de haberse anunciado en rueda de prensa y que no se ha publicado aún en el Diario Oficial de la Generalitat, entendemos que la norma se encuentra lejos de ser satisfactoria y funciona más como un titular de campaña que como una medida efectiva para poner fin a la burbuja de los alquileres.

Cabe recordar que la regulación del precio de los alquileres es una reivindicación que llevamos reclamando desde la sociedad civil organizada y las asambleas de barrio desde hace años, y es precisamente la presión que se ha hecho desde la calle la que ha conseguido poner el tema sobre la mesa. Una vez más, los colectivos de vivienda, como en el caso de la Ley 24/2015, llevamos la iniciativa respecto a la clase política.

Sin embargo, a diferencia de lo que se trasladó en la rueda de prensa de ayer, consideramos que el texto no tendrá una eficacia real en cuanto a revertir la escalada de precios del alquiler. La medida estrella del texto consiste en situar el tope máximo de los nuevos contratos de alquiler en un 10% más de lo que establece el Índice de referencia de precios de alquiler de la Generalitat como precio medio en la zona. Es decir, se pretende tomar como punto de partida la media de los alquileres de aquel barrio o municipio, asumiendo las subidas abusivas de los últimos años, y encima permitir un incremento del 10% en ese precio. 

En este sentido, es importante destacar que los precios del alquiler en la ciudad de Barcelona han tenido un incremento de casi el 40% en los últimos cinco años. Según los datos oficiales publicados recientemente por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, el precio medio de un nuevo alquiler en la ciudad el año pasado se situó en 929,57 euros, unos 52 euros más que en 2017. Y los 954,29 euros del periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2018 también representan el récord histórico en un trimestre. De este modo, en 2018 los alquileres subieron en 68 de los 73 barrios de la ciudad.

Con el texto aprobado ayer, y teniendo en cuenta que, por culpa de la reforma por parte del PP de la LAU de 2013, muchos contratos se han ido renovando cada tres años y por lo tanto ya incorporan los efectos de la burbuja de los precios del alquiler, la Generalitat asume estos incrementos abusivos sin tener en consideración las rentas de las familias ni buscar una imprescindible reversión, haciendo de este Decreto una medida sin impacto efectivo en la actual situación de emergencia que ahoga a la ciudadanía. Advertimos así que, tal y como se explicita en la exposición de motivos, la sobrecarga de las inquilinas de la ciudad, es decir, el porcentaje de sus ingresos que deben destinar al pago de las cuotas del alquiler, sobrepasa el 40 % en Barcelona, cuando el límite recomendado por Naciones Unidas es de un tercio.

Además, el texto incluye una serie de excepciones que permiten que el 10% que hemos comentado antes aún se pueda incrementar. Es el caso de las viviendas con características especiales (vistas, piscinas, jardín) que podrán sufrir una diferencia del 15% respecto al índice de referencia. Por otra parte, en el caso de nuevas construcciones o aquellas viviendas que han sido rehabilitadas de forma integral, la norma no se aplicará durante los primeros tres años de vigencia y posteriormente el porcentaje podrá llegar al 20%.

Además, el texto incluye una excepción absolutamente escandalosa. Todas las renovaciones de alquiler o nuevos contratos en la misma vivienda cuando finaliza el anterior pueden estar exentos de cumplir el tope. En estos casos, la propiedad podrá decidir repetir la misma renta, aunque supere con creces el índice de referencia. Esta cuestión concreta es totalmente intolerable, ya que la Generalitat legitima de facto las abusivas subidas que se han producido estos últimos años.

Por último, al ser una iniciativa basada en el Código Civil catalán, la norma no contiene un régimen sancionador para penalizar duramente sus incumplimientos sino que deja en manos de los Juzgados la resolución de los casos en que la propiedad cobre unas rentas superiores a las permitidas, volviendo a evidenciar el importante desequilibrio entre la propiedad y las arrendatarias. De esta forma, la Generalitat pasa el balón a estas últimas y las empuja a contratar una abogada y a iniciar un procedimiento civil asumiendo todo los costes asociados hasta que no haya una sentencia favorable, es decir, impacto en la contención de los precios cero. Para contrarrestar esta anomalía, ayer en la rueda de prensa se anunció también la existencia de mecanismos de mediación extrajudicial, que desde ya criticamos porque nunca han ofrecido una respuesta eficaz en el pasado.

A la espera de que se publique el texto en el Diario Oficial, y después de las tensiones entre Esquerra y el PDeCAT por la iniciativa, entendemos que la propuesta responde más, en primer lugar, a un anuncio bomba en plena campaña electoral en los municipios de Cataluña, y en segundo lugar, a un intento de calmar las aguas entre los dos socios de gobierno. No concebimos que este texto, que se anunció en un primer momento en la sede del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y que se ha hecho sin consultar a los movimientos por el derecho a la vivienda, haya sido la versión original, viendo el resultado descafeinado y totalmente insuficiente expuesto ayer.

Desde la ciudadanía seguiremos exigiendo que de una vez por todas se pinche la burbuja de alquileres y que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna. Tener una #ciutatperviure significa también poder pagar un alquiler asequible y tener mecanismos para que así sea. Y como no puede ser de otra manera, que sea una medida retroactiva. Llevamos 10 años defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad y en el territorio y no podemos aceptar que una iniciativa de esta importancia se vuelva a hacer sin contar con los colectivos de vivienda que día a día seguimos defendiendo los derechos de la ciudadanía y conocemos la problemática mejor que nadie

Por ello, desde la PAH de Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia total en cualquier iniciativa legislativa similar y que se escuche nuestra voz en un proceso participado.

PorPAH_Bcn

El Gobierno del Estado aprueba un Decreto de Alquileres necesario pero insuficiente: te explicamos cómo nos afectará

  • Después de años de movilización, la PAH y los Sindicatos de Inquilas e Inquilinos, hemos conseguido que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos, revirtiendo parte de las nefastas políticas que el PP impulsó entre 2012 y 2013.

  • La falta de valentía política del PSOE, el PDeCAT y el PNV (por no mencionar el bloqueo de Cs y PP a la Ley Vivienda PAH) ha evitado que se tomen medidas apoyadas por una amplia mayoría y que hubieran contribuido a pinchar la burbuja, como la regulación de precios o la prohibición de los desahucios sin realojo.

Ya es oficial. El Gobierno del Estado, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Se trata de un paso necesario, que incorpora importantes avances respecto al decreto que intentó impulsar el mismo Gobierno hace dos meses, y que sería totalmente impensable sin la movilización popular de los últimos tiempos. Ahora bien, esta reforma legal sigue siendo insuficiente, por los motivos que detallamos más abajo.

Hace más de un año que, junto con otras organizaciones como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, venimos reuniéndonos con los grupos parlamentarios y poniendo sobre la mesa medidas de sentido común, apoyadas por una mayoría social. Propuestas rigurosas que contribuirían a garantizar el derecho a la vivienda, y que una amplia variedad de grupos han asumido y defendido en el Congreso de los Diputados: En comú-Podemos, Bildu-EH, Compromís y ERC. Que estas medidas no hayan sido plenamente incorporadas al decreto tiene que ver con la poca valentía del gobierno y de los grupos parlamentarios de PSOE, PDeCAT y PNV: todos ellos han bloqueado la regulación de precios que la ciudadanía reclama desde hace tiempo. Mención aparte merece el boicot de PP y Ciudadanos, aliados de los fondos buitre y contrarios a cualquier medida que no pase por el dogma de dar más privilegios fiscales, deducciones a la compra, y aumentar la oferta: justamente las medidas que nos llevaron a la ruina colectiva de 2007.

A continuación mostramos una tabla con los principales cambios que se han introducido en el nuevo Decreto y en la última parte los analizamos en mayor detalle. También explicamos todo aquello que ha quedado fuera.

1. Duración

POSITIVO. Los contratos serán de 5 años cuando el propietario sea persona física, y de 7 años en el caso de personas jurídicas. Si la casa es vendida a un nuevo propietario, el contrato seguirá vigente aunque no esté inscrito en el Registro de la Propiedad.

NEGATIVO. No obstante, el Decreto sigue permitiendo las expulsiones unilaterales y arbitrarias al final del contrato del alquiler. No incorpora algo que es común en otros países: que el contrato de alquiler se renueve automáticamente siempre que el inquilino haya cumplido con sus obligaciones, y a no ser que haya necesidad familiar por parte de la propiedad, u otra causa de fuerza mayor.


2. Preaviso para finalizar contrato

POSITIVO. Hasta ahora, en caso de no querer renovar el contrato, el propietario podía avisar con solo 30 días de antelación. Ahora el tiempo de preaviso aumenta a 4 meses. La parte inquilina tendrá que avisar 2 meses antes de la finalización de contrato.

POSITIVO. En la recuperación de una vivienda por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo (5 o 7 años), las causas de necesidad urgente tendrán que constar en el contrato y tendrá que especificarse cuál de ellas es en el momento de comunicarlo.

3. Precio

POSITIVO. Se prohíben las subidas abusivas dentro de contrato. Cuando se aprobó el anterior decreto, denunciamos públicamente que los grandes propietarios como Blackstone estaban imponiendo contratos de 7 años que incluían subidas graduales e inasumibles, asegurándose la expulsión al tercer año. Ahora esto se evita, fijando las subidas interanuales al IPC.

MUY NEGATIVO. El Decreto deja fuera la posibilidad de poder regular los precios. Una de las mejores herramientas para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación mediante índices sociales, que incorporen variables socioeconómicas (como los ingresos de la ciudadanía), y sean de obligado cumplimiento. En vez de esto, se propone construir índices de mercado (medias de precios en base a las fianzas depositadas en plena burbuja) y -lo que es peor- que sean meramente informativos. Portales de este tipo ya existen y han demostrado una ineficacia absoluta.

4. Desahucios

POSITIVO. Hemos conseguido que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil para prohibir los desahucios con fecha abierta: experimento que cada vez más juzgados están practicando en Cataluña y que permite que la policía pueda desahuciar en cualquier momento, por sorpresa. Esta era la principal exigencia de la Plataforma Basta Desahucios Abiertos: obligar los juzgados a especificar el día y hora del desahucio, evitando así el sufrimiento añadido de los hogares, y permitiendo que la ciudadanía practique la autotutela de derechos y la desobediencia civil ante leyes injustas.

MUY NEGATIVO. El gobierno del PSOE se ha negado a incluir medidas que eviten los desahucios sin alternativa habitacional. Esto sería factible a través de la Ley 24/2015, vigente en Cataluña, que actualmente obliga a los grandes propietarios a garantizar una alternativa habitacional a todas las personas bajo amenaza de desahucio por motivo de impago de alquiler o de hipoteca. Una solución efectiva para evitar esta vulneración de derechos humanos sería, por un lado, extender la 24/2015 a todo el Estado, y por otro, ampliarla también a casos de finalización de contrato y ocupación.

La respuesta del Gobierno frente a los 60.000 desahucios anuales (aproximadamente, según datos del CPGJ) es introducir la posibilidad de cortos aplazamientos. El decreto obliga a los jueces a aplazar el desahucio un mes cuando el propietario sea una persona física, y 3 meses en el caso de personas jurídicas. También les obliga a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales. Pero excluye la posibilidad de paralizar el desahucio y garantizar el realojamiento una vez ejecutado, incumpliendo las resoluciones del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos.

5. Honorarios

POSITIVO. El nuevo decreto asegura que los honorarios por la formalización y la gestión del contrato vayan a cargo de los propietarios cuando sean personas jurídicas. El anterior decreto dejaba la puerta abierta a que las empresas pudieran obligar a la parte de inquilinos a pagar estos gastos.

NEGATIVO. A pesar de ser un cambio en la buena dirección, es muy insuficiente, porque quienes vivimos de alquiler seguiremos pagando todos (o casi todos) los honorarios cuando el propietario sea persona física. Los honorarios siempre deberían ser costeados por la propiedad, que es quien pide y recibe los servicios de los intermediarios para comercializar la vivienda y sacar beneficio. Los hogares inquilinos, en cambio, constituyen un mercado cautivo para los agentes inmobiliarios: se ven forzados a pagar honorarios abusivos a cambio de un servicio no solicitado, generalmente deficiente, y que a menudo atenta contra sus derechos e intereses.

6. Impuestos

NEGATIVO. Se mantienen los privilegios fiscales de los fondos buitre, que a través de las SOCIMI pueden destinar miles de viviendas al alquiler sin pagar el impuesto de sociedades y disfrutando de importantes deducciones. También se perpetúan los privilegios fiscales de los propietarios, que seguirán tributando (IRPF) solo por el 40% del dinero que reciben de los inquilinos.

7. Vivienda vacía

NEGATIVO. El decreto no obliga ni da herramientas a las administraciones para poder movilizar las viviendas vacías.

Aunque es un paso necesario, el Real Decreto es muy insuficiente para erradicar la especulación inmobiliaria, y por eso seguiremos organizándonos. En este sentido, ya podemos anunciar que el 6 de Abril saldremos a las calles en una manifestación para pinchar la burbuja de los alquileres.

La lucha, de la PAH de los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos y del movimiento barrial continua. No pararemos hasta sacar la vivienda del mercado, para ponerlo a la altura de la educación y la sanidad. Paso a paso, porque queremos llegar lejos.

PorPAH_Bcn

El nuevo decreto de alquileres sigue quedándose corto a pesar de las mejoras

La presión de la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ha logrado ciertas mejoras en un nuevo decreto que sigue poniendo en evidencia la falta de valentía política para hacer frente a los grandes especuladores, obviando de nuevo, la tan necesaria regulación de precios y otras medidas para hacer frente a los desahucios sin alternativa.

El Gobierno del PSOE ha hecho públicas sus intenciones de aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo, un nuevo decreto de reforma del alquiler, que, como era de esperar conociendo la falta de valentía y voluntad política, sigue quedándose a medio gas a pesar de las mejoras respecto al anterior. La PAH y los Sindicatos de Inquilinas llevamos tiempo presionando y negociando con los partidos para poner sobre la mesa nuestras exigencias, claras y de sentido común, con medidas que realmente pinchen la burbuja y defiendan a las familias. En esta ronda de negociaciones, Fomento no ha encontrado el momento de escucharnos antes de elaborar el borrador, una muestra más del poco interés en escuchar a la ciudadanía.

Ante esta situación, solo podemos ser críticas y lamentar que sea un decreto insuficienteen el que se vuelve a dejar de lado la regulación de precios, medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y medidas para ampliar el parque público de vivienda. Obligar a los jueces a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales, o dar 1 mes de gracia en caso de propietarios físicos y 3 meses de gracia en caso de propietarios jurídicos, no garantiza en absoluto ni la paralización del desahucio ni el realojo una vez ejecutado, incumpliendo las resoluciones del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal de DDHH, y llevamos años reclamando que se cumpla en España. Ya lo advertimos: la única vía para garantizar realojos a las familias desahuciadas ante la falta de parque público de vivienda, es con medidas pensadas para que se movilicen los pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre. Medidas recogidas en la Ley 24/2015, la ley antidesahucios catalana, que marca la obligación de ofrecer alquileres sociales y la cesión de vivienda a la Administración pública. Hablamos de una ley ratificada por el Tribunal Constitucional y que el PSOE, y el resto de partidos políticos excepto el PP, se comprometió por escrito en 2016 a hacer efectiva en todo el Estado. Por otro lado, en lo que a desahucios se refiere, sí hemos conseguido que se reforme la LEC para evitar que el experimento ilegal de los desahucios con fecha abierta deje de extenderse. Ante tal lacra social, qué menos que las familias al menos sepan el día y la hora que van a ser dejadas en la calle e intentar rebajar su sufrimiento. Los desahucios abiertos son una práctica que están empezando a instaurar los jueces catalanes con el único objetivo de evitar que la ciudadanía se autoorganice para evitarlos y así asegurar que se ejecutan. 

La parte positiva de este nuevo decreto es que se mantiene la ampliación de los contratos -a 5 años en propietarios particulares y a 7 en grandes propietarios de vivienda- y que hemos conseguido frenar las subidas abusivas año a año, una puerta a la especulación que el anterior decreto dejaba abierta y que ahora se cierra con subidas anuales indexadas al IPC. Un pequeño avance, pero ineficaz contra la burbuja, ya que no regula los precios abusivos iniciales a los que estamos sometidas en los contratos actuales, ni en los que vendrán, ni en la renovación de estos. La única medida para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación de precios a través de índices de tipo municipal que tengan en cuenta el coste de la vida y no los intereses especulativos del mercado. El PSOE, en un nuevo servicio a los buitres, cierra la puerta a este índice, dejándolo en manos de índices estatales y autonómicos, que si algo han demostrado hasta hoy es su total ineficacia.

Los avances más claros planteados en este borrador presentado hoy son: 

  • que los gastos de formalización y gestión del contrato que hasta ahora siempre pagaban las inquilinas e inquilinos, ahora pasen a cargo de la propiedad en caso de personas jurídicas.
  • que la validez del contrato frente a terceros(situaciones de compra-venta, ejecución hipotecaria) en el caso de contratos de 5 y 7 años, deberá ser respetado aunque la vivienda no esté inscrita en el Registro de la Propiedad.
  • que en la recuperación de una vivienda por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo, las causas de necesidad deberán constar en el contrato y deberá especificarse cuál de ellas es en el momento de comunicarlo.

La PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos seguiremos peleando por un decreto ley garantista que acabe con la alfombra roja a la especulación. Nuestras exigencias son claras y seguiremos en las calles y en los despachos, decididas a que se nos escuche, y no desfalleceremos hasta conquistar el derecho a la vivienda que lleva tantos años secuestrado por la falta de contundencia política. Sabemos que es posible, que aún estamos a tiempo antes de que se forme un nuevo gobierno, y de no ser así seguiremos marcando a los culpables de la situación, en un año de campañas electorales que aprovecharemos para que nos tengan enfrente, y no doblegarnos hasta revertir la situación. Necesitamos soluciones estructurales y no parches parciales que no afrontan el principal problema que es tratar la vivienda como una mercancía con la que poder especular y no como un bien de primera necesidad con una función social. 

Ya logramos una ley en Catalunya. Ya registramos una Ley en el Congreso, que acabaría con soluciones para combatir la estafa hipotecaria, ampliar el parque público de vivienda, acabar con los desahucios, regular unos alquileres que nos ahogan, y que no se produzcan más cortes de suministro. Una ley que terminó su proceso debido a las elecciones anticipadas, pero que volverá con fuerza, para asegurar una segunda oportunidad a todas las afectadas de la estafa mal llamada crisis, y como garantía de futuro para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, estable y duradera.