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Las PAH Catalanas irrumpimos en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona para protestar contra la criminalización de la ocupación

Las activistas protestamos por la celebración de un seminario sobre la “persistencia” de la “okupación”, aunque las cifras demuestran que los casos de ocupación han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019

El ICAB es uno de los principales impulsores de la reforma anunciada por el PSOE de modificar la LECrim para facultar a los jueces a poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas

Las PAH Catalanas hemos organizado una acción sorpresa en la sede del Colegio de la Abogacía en Barcelona coincidiendo con la celebración, en el mismo edificio, del seminario Okupación, el problema persiste. Una treintena de activistas de la PAH hemos accedido pacíficamente a la Sala de Actos de la entidad, hemos explicado a los asistentes que nos hemos visto obligadas a irrumpir en esta formación porque desde el Colegio se ha decidido abordar el fenómeno de la ocupación desde una perspectiva criminalizadora de aquellas familias que ocupan en precario debido a su situación de vulnerabilidad. Jesús M. Sánchez, Decano del Colegio, ha exigido varias veces a las activistas que nos vamos, bajo el pretexto de no estar inscritas y argumentando que otras veces sí que se nos ha invitado al Colegio -pero no en esta ocasión- y que esta es una formación “puramente técnica”, todo ello mientras varios asistentes se han dedicado a abuchearnos, demostrando una absoluta y preocupante falta de empatía y tacto hacia aquellas personas más vulnerables que se supone que han de defender en un proceso legal.

Según la misma nota de prensa de la entidad, el motivo de celebración de esta jornada es que la “okupación” es “una problemática que persiste y que genera preocupación y malestar a la ciudadanía ante la falta de una respuesta rápida y eficiente para acabar con esta práctica”. Nos sorprende que en esta jornada no se cuente con la participación de ninguna entidad social -de las muchas que tratamos este fenómeno en nuestro día a día- o ni siquiera el testimonio de una familia que se ve obligada a vivir en precario por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Por otra parte, vemos que entre los ponentes encontramos nombres de “expertos” y antiguos cargos públicos, como Lourdes Ciuró, exconsejera de Justicia de la Generalitat, o Carles Sala, exsecretario de Vivienda, quien tan solo 14 días después de ser destituido se incorporó a la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en un caso claro de puertas giratorias. Asimismo, sorprende que el Colegio barcelonés no conozca que la realidad de este fenómeno en la ciudad vaya a la baja, ya que según datos del Ayuntamiento, las ocupaciones de inmuebles han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019. En último lugar, nos resulta extraño que un colegio profesional decida abordar “técnicamente” este fenómeno, pero que en todo el programa de la jornada no se haga ni una sola mención a la Ley antidesahucios catalana (Ley 24/2015) que precisamente aborda el fenómeno de la ocupación y provee de herramientas a jueces y abogados para eliminarla.

El ICAB y el fantasma de la okupación

A las organizaciones que defendemos el derecho a la vivienda nos indigna que organismos como el ICAB agiten el fantasma de la okupación -a menudo utilizado por la derecha y la ultraderecha- entre la población, en un contexto de emergencia habitacional en el que ya es evidente que la mayoría de las ocupaciones se producen en pisos de grandes tenedores como bancos y fondo buitre quienes, además, mantienen más de 30.000 pisos vacíos en Catalunya, según datos de Crític. El Colegio, además, ha mostrado en varias ocasiones su discurso criminalizador hacia las familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar una vivienda, organizando, junto con los colegios de Málaga y Mataró, el I Congreso de Ocupación Ilegal celebrado en la ciudad andaluza el pasado mes de mayo y que fue inaugurado por la ministra de Justicia del gobierno español, Pilar Llop. Sabemos, además, que el ICAB es uno de los principales instigadores de la reciente propuesta del PSOE de impulsar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para habilitar a los jueces para poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas, así como habilitar a ayuntamientos y comunidades de vecinos para poder solicitar un lanzamiento, proposición que Junts i Ciutadans pretenden aprobar en pocos días en el Parlament de Catalunya.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. Tenemos muchas propuestas que el Colegio de la Abogacía podría tener en cuenta a la hora de abordar el problema: la Ley 24/2015 antidesahucios -que contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de hacer alquiler alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad y movilizar los pisos vacíos; o bien, la futura Ley de Vivienda -actualmente bloqueada en el Congreso porque el PSOE se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad– o bien movilizar los pisos de la Sareb -una entidad rescatada y que actualmente está controlada por el Estado- y ponerlos a disposición del parque público

Desde la PAH estamos haciendo toda la presión necesaria en la calle para evitar que desde los poderes públicos se criminalice a aquellas familias que no tienen más remedio que ocupar una vivienda por no quedarse en la calle. Y exigimos a organismos “profesionales” como el ICAB que abandonen los discursos populistas y se decidan a abordar el fenómeno de la ocupación con rigor y seriedad, con datos contrastados y contando con la debida pluralidad de opiniones. ¡Es escandaloso que una profesión -la abogacía-, que se supone sensible y comprometida con los derechos fundamentales no esté al lado de las familias más vulnerables!

PorPAH_Bcn

Amordazadas no olvidamos, el 17 de marzo nos movilizamos

Como seguramente sabréis, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas, pese a que la mayoría del actual Congreso se había comprometido a acabar con esta ley que vulnera numerosos derechos humanos.

El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Desde entonces, ha pasado ya más de un año y el proceso parlamentario se encuentra  prácticamente paralizado o avanzando a un ritmo extremadamente lento. Organizaciones y colectivos sociales que hemos denunciado la arbitrariedad y falta de garantías de esta norma hemos estado siguiendo de cerca este proceso, y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados recojan nuestras demandas,  y ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Es el momento de volver a salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a la Ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos que son vulnerados por esta ley, tales como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, así como los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución, o de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las «devoluciones en caliente».

Desde que el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Mordaza, estamos viviendo unincremento de abusos policiales y de la vulneración de derechos debido, en muchos casos, a la discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones por la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo (su testimonio está por encima del de la ciudadanía) y al poder de valoración que les confiere la Ley de Seguridad Ciudadana. Con ello, se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no solo en el marco de movilizaciones ciudadanas sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, por poner algunos ejemplos. También son alarmantes los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho de libertad de información.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza. Las multas por «desobediencia o resistencia a la autoridad» y «la negativa a identificarse» o «la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación» (artículo 36.6) ascienden a 10.196.817 euros. Es especialmente significativo también el importante aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por «faltas de respeto y consideración» a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4), el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los primeros 6 meses de su entrada en vigor se pusieron 3.130 multas por un valor de 469.203, en 2016 se interpusieron un total de 19.497, por un importe de 3.006.761 euros. En total, se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones de euros.

En 2016,  de las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana, alrededor de 34.000 podrían ser sanciones a conductas amparadas por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación. No podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, no solo por el impacto sobre personas en concreto sino también porque además está obstaculizando el derecho de organizaciones y colectivos a protestar y expresar sus reivindicaciones, y esto a su vez implica un impacto muy preocupante en la defensa de los derechos humanos.

La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y en la jurisprudencia que los desarrolla, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, y la Ley Mordaza es una de las armas utilizadas para cercenar la libre difusión de información, e incluso con sanciones a periodistas durante el ejercicio de su profesión.

Además, la Ley Mordaza recogió una disposición adicional (la décima) con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente”, que muchas organizaciones venimos denunciando desde hace años. El pasado 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ratificó que son ilegales, condenando a España por llevarlas a cabo. El gobierno debe detener de una vez por todas esta práctica que tiene consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Ceuta y Melilla.

Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades.

Queremos contar con todas/os en las plazas y calles de poblaciones de todo el Estado para expresar nuestro rechazo a la Ley Mordaza. Únete a la convocatoria de movilizaciones para el 17 de marzo. Organiza acciones de protesta y suma al mayor número de personas, colectivos y organizaciones.

  • Adhiere tu colectivo a la convocatoria PINCHANDO EN ESTE ENLACE * La convocatoria tiene carácter apartidista y, por lo tanto, no podremos adherir a partidos políticos o entidades adscritas.
  • Descarga AQUÍ las imágenes para difundir o diseñar tu propio cartel

Colectivos adheridos

Iridia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
PAH asamblea de Arganda
Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE)
Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera
Asociación Cultural LoQueSomos
Anarquismos
Stop Represión 15M-Granada
A.C. La Higuera y el Almendro
Madres contra la represión
Solar Polivalente Autogestionado Maravillas
Asamblea Popular 15M Malasaña-Dos de Mayo
Todxs Somos Palestina
Asamblea Popular de Majadahonda – 15M
15MGLOBAL.ES
15M Illescas
Unión de Juventudes Comunistas de España
kabakuk
Sindicato SI.L.VI.A.
Desarma Madrid
Ecologistas en Acción
Novact
PAH Madrid
Federación SOS Racismo
PAH Rubí
Amnistía Internacional España
Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas de Elche
Comité 3-21
CGT
Democracia real YA! Madrid
Greenpeace España
Plataforma Antidesahucios de Palencia
Intersindical Valenciana
Intersindical Solidaria
Stop Represión Málaga
Zambra Málaga
SOS Refugiados
Defender a quien Defiende
Centro Pastoral San Carlos Borromeo
Coordinadora de Barrios
Colectivo Hetaira
Marea Básica contra el paro y la precariedad
Vejer Sin Fronteras
Asociación Bajando al Sur
FEN, Federación Española de Naturismo
Frente Cívico Somos Mayoría Cinco Villas
Colectivo Ponte en marcha
Coordinadora Madrid por la defensa de las Pensiones Públicas
Plataforma por las Libertades de Valladolid
PAH Guadalajara
Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama
CGT Andalucía
Asamblea Transmaricabollo de Sol
NSD Asturias
Pacifistas Ciudad Real
Marchas de la Dignidad Ciudad Real
LIBRES, Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión
CNT-AIT Granada
Yayoflautas Madrid
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de Sevilla ( PACD Sevilla)
Solidaridad Internacional Andalucia
Abogad@s en Red S. Coop.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Sare Antifaxista
Observatorio del Racismo Institucional RAIN
Coordinadora Galega de ONGD
PAH Sevilla Este Amate
PAH SANTANDER
Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara
CNT Pineda de Mar
CNT Guardo
Red de ONG de Madrid
Chinaski Producciones
Marea Granate
Herritarren kriminalizazioaren aurkako plataforma
15M Valencia
Asamblea 15M Hortaleza
SILLAS CONTRA EL HAMBRE
ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
Asociación Sin Papeles de Madrid
Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid
Unidos contra la represión, luchamos
PAH AlcoSanse
Coordinadora de Vivienda de Madrid
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
Plataforma Pensiones Granada
Espacio Común 15M
Foro de Movimientos Sociales de Madrid
ASAMBLEA NACIONAL ANDALUZA
No Borders Granada
Asamblea de Andalucía
Pah Vigo Tui Baixo Miño
PAH Noguera
Plataforma Absolución CS 13 Rosas
Meta-Comunica
Greenpeace Pamplona Iruñea
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
FRENTE CIVICO SOMOS MAYORIA REGION DE MURCIA
Stop Desahucios 15M Valladolid
Grupo Estudios Internacionales UAM
Greenpeace Illes Balears
Fronteras Sin Filtro
Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM-FeSP)
Frente Cívico Somos Mayoría
Grupo de apoio á La Insurgencia (Vigo)
CEAR
Greenpeace Barcelona
CGT HUELVA
15M Villa de Vallecas
Mundo sin Guerras y sin Violencia – España
Coordinadora 25s
REFUSAT
Foro Social Segovia
PAH PARLA
Katío. Asociación de Solidaridad con Colombia
Xnet
15MpaRato
CNT Jerez
COORDINADORA MADRILEÑA DE VIVIENDA
LA YAYA CSOA
Paicam maresme
Marea Blanca de Catalunya 
PAICAM 
Moviment indignació 15m Sabadell
Coordinadora d’assemblees 15m del Vallès Occidental
PAC plataforma afectados por la Crisis 
CICLO (Coordinadora de colectivos y sindicatos por la lucha obrera) 
Marea turquesa
Encausados Operación Araña
Stop Mordazas
Coordinadora Estatal de VIH y Sida
Espacio REDO
Greenpeace Pontevedra
Red Acoge
Coordinadora ONGD Región de Murcia
Miércoles Republicano
Marxa de la Dignitat
Asoc. Vecinal Lanuza Casco Viejo
Comisión Legal Sol 
Marea Blanca de Catalunya 
CICLO Coordinadora de colectivos y sindicatos por la lucha obrera 
Plataforma afectados por la hipoteca de Toledo
Kaleratzeak stop desahucios Araba
Pah Callosa
Stop Desahucios León
Sindicat de llogaters i llogateres
Greenpeace Mallorca
Sindicato de Periodistas de Andalucia
Ecologistas en Acción
Paz con Dignidad
ASiA- Associació Salut i Agroecologia
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Kolectivo Foko
IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya)
Stop Desahucios León
Foro Social de Segovia
ADIS Asociació Dignitat i Solidaritat
Alter Nativas
PAH Barcelona
Andaluces de Alcalá
Alternativa Universitaria (La Rioja)
Stop Represión La Rioja
Ecologistas de La Rioja
REAS Rioja
Solfónica
Plataforma Refugiados
Acción en Red Madrid
PAH Madrid
Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC
Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona
Poletika.org
Alcalá Libre
Coordinadora de ONGD de Navarra
Colectivo Indignado de Valladolid
Plataforma de Afectados La Rioja
Ateneo Libre Autogestionado La Ortiga
BRUJAS MIGRANTES
Confederacion de Asociaciones Cannabicas(ConFAC)
Ecologistas en acción Cantabria
Greenpeace Almería
Yretiemble
Sociedad Ecologista Al Wadi ira 
Madrid43Ayotzinapa
Cannabicum
La Línea Amarilla
Alianza por la solidaridad
REAS Madrid (Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid)
BDS Madrid (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel)
Plataforma por las 6 de la Operación ICE
Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)