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El derecho humano a una vivienda digna no está garantizado: la PAH advertimos que a partir de enero habrá más desahucios

La caída de la moratoria que mantiene paralizados aproximadamente 9.000 desahucios en Catalunya podría provocar un récord de lanzamientos en el 2024

La PAH de Barcelona entregamos a la Delegación de Gobierno una petición al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez para que mantenga las medidas del escudo social y las haga estructurales y les dirigimos a tener una reunión con la PAH

El 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración de Derechos Humanos. Desde la PAH salimos a las calles a defender y reivindicar el derecho a la vivienda que recoge el artículo 25 de la Declaración y el 47 de nuestra Constitución, que en España son sistemáticamente vulnerados.

A partir del 31 de diciembre la situación se volverá aún más insostenible: si nada cambia, las medidas antidesahucios y contra los cortes de suministros de familias vulnerables del escudo social, que se implementaron por la pandemia, desaparecerán. Según nuestros cálculos, en Catalunya hay 9.000 familias que tienen suspendidos sus procesos de lanzamiento por esta medida y que podrían verse expulsadas de su casa durante los próximos meses. Por ello, desde la sociedad civil exigimos al Gobierno que prolongue el escudo de protección social existente, y que adopte estas medidas de forma estructural. La emergencia habitacional en la que se encuentran decenas de miles de familias, la angustia y el sufrimiento que conllevan, no pueden alargarse más. Por tanto, solicitamos al Gobierno una reunión urgente antes de que acabe el año, para hacerles llegar la voz de las afectadas, para promover medidas en 2024 para garantizar el derecho a la vivienda y exigir responsabilidades a la banca rescatada que acumula miles de pisos vacíos y a los fondos buitre que se lucran, con la complicidad fiscal de la Administración −las SOCIMI, el vehículo inmobiliario de estos fondos, pagan menos impuestos que una empresa tradicional.

Recordemos, una vez más, los compromisos en materia del derecho a la vivienda a los que España está obligada:

Artículo 25. de la Declaración Universal:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a la familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tendrá derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los infantes, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a la misma protección social.

Artículo 47 de la Constitución española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Hoy queremos poner de manifiesto que somos miles de personas parando desahucios cada día y autotutelándonos nuestros derechos. Que nos han hecho creer que no se puede y que estamos solas, pero la realidad es que en estos más de 14 años de existencia hemos demostrado que ¡sí se puede! Porque hemos hecho posible lo que parecía imposible, miles de veces, consiguiendo daciones en pago, cambiando leyes y recuperándolas, conquistando el 30% de nuevas promociones para que se destinen a vivienda asequible, consiguiendo alquileres sociales, recuperando viviendas en manos de fondo buitre y cientos de victorias más.

Y sobre todo, hemos sido capaces de generar un movimiento ciudadano de cuidados, de solidaridad y de defensa de derechos humanos, que por más que algunos partidos políticos y banksters hayan querido eliminarnos, aquí estamos, vivas y guerreras, para hacer cumplir el art. 47 de la Constitución española y el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, hoy aprovechamos esta acción para celebrar el Día Mundial de los DDHH, porque ante cualquier vulneración de este derecho nos levantamos y organizamos para que nuestros derechos en materia de vivienda estén garantizados.

Sabemos que la situación ha mutado y que nuestras demandas y consignas, aunque tengan el apoyo de la mayoría de la sociedad, los gobiernos de turno no han sido valientes a la hora de hacer efectivas las demandas. Ahora, con un nuevo gobierno −y una ministra nueva−, desde la PAH insistimos en las propuestas que durante años hemos hecho para solucionar esta crisis de vivienda y que desgraciadamente no hemos visto reflejadas en la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril, ya que sigue sin abordarse la cuestión de fondo: considerar la vivienda un activo de mercado en vez del derecho básico que realmente es.

Por ello, desde la PAH nos hemos organizado para levantar la voz y hacer saber a toda la ciudadanía que España es la primera en desahucios y en falta de políticas valientes que pongan freno a los fondos buitre sin escrúpulos. Que estamos revirtiendo esta situación, pero que nos necesitamos a todas para meter nuestras demandas en el Congreso de los Diputados en esta legislatura.

 

[Comunicado] Las entidades sociales publican datos sobre la efectividad de las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a nivel estatal

  • Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden 

  • Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios en el año y  200.000 cortes de suministros en Cataluña desde el 2015

  • El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

Las entidades sociales presentamos por primera vez en castellano un informe con datos sobre la efectividad de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.

Estos datos han sido obtenidos a través de la Administración Pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética, y forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)  y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Si bien el foco se sitúa en la Ley 24/2015, (una norma impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESCA), también se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas tanto a nivel local, autonómico y estatal -incluyendo las moratorias- que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano

Aunque las entidades se reafirman en la -aún limitada- eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar, sinó también consolidar las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra quienes se nieguen a cumplirlas.

Nada a celebrar y mucho trabajo por hacer: 174 desahucios ejecutados diariamente en el segundo trimestre de 2023 en España y 38.266 desahucios en 2022, según los datos del Consejo General del Poder Judicial

Hoy lunes 2 de octubre, como cada primer lunes de octubre, se celebra el Día Mundial del Hábitat, designado por las Naciones Unidas desde 1985 para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todas a una vivienda adecuada.

Desde la PAH ponemos de manifiesto que, lejos de erradicar la emergencia habitacional, se ha cronificado. Es urgente que las administraciones competentes en materia de vivienda, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y gobierno de España, desarrollen políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía. Cada una de ellas según sus competencias pero a la vez en colaboración entre sí. Ante situaciones excepcionales son necesarias soluciones novedosas e innovadoras que solo se conseguirán con medidas valientes, pensando en las personas y no en los grandes bancos y fondos de inversión.

Los datos son alarmantes y las medidas adoptadas son claramente insuficientes. ¿Cómo puede ser que con una moratoria estatal de desahucios se sigan desahuciando 174 familias diariamente? Nosotras nos lo preguntamos y sabemos la respuesta.

¿Cómo puede ser que en Cataluña no se multe ejemplarmente a fondos de inversión como Cerberus, Anticipa, por tomarse la Ley por su cuenta y desahuciar a familias cuando deberían ofrecerles alquileres sociales? ¿Por qué la Generalitat no está exprimiendo en todo su potencial las herramientas que tienen para evitar desahucios?

¿Cómo puede ser que en Barcelona se quiera derogar una medida que suma pisos tan necesarios al parque público, como es el famoso 30%, en vez de potenciarlo? ¿Cómo puede ser que tengamos gente malviviendo en pensiones que cuestan unos 3000€ al mes, en vez de buscar acuerdos con la propiedad y aplicando la Ley 24/2015?

Claramente, nos demuestran que estas administraciones no son bastante valientes, son ninguneadas por bancos y fondos de inversión que consideran la vivienda como un bien de mercado en vez de como un derecho; y lo más grave, están dando la espalda a la ciudadanía, negándose a asumir ningún tipo de responsabilidad.

Estos son solo algunos de los graves problemas habitacionales contra los que nos enfrentamos diariamente en nuestras asambleas, pero hay muchos más. Desde la PAH tenemos unas demandas muy claras para revertir esta situación, que hemos trasladado, tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a la Generalitat de Cataluña, una vez recuperada íntegramente la Ley 24/2015 el pasado mes de febrero de 2022. Así como también trasladamos al Gobierno de España y a Pedro Sánchez una propuesta de Ley vivienda de la ciudadanía, junto con las ‘Propuestas de la PAH para abordar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional’ del 2019, plenamente vigente, antes de que se aprobara el pasado mes de mayo la primera Ley de vivienda estatal que dista un mundo de las demandas que llevaba la ciudadanía.

Mientras esta grave situación de emergencia habitacional la sufren las familias diariamente, las respuestas de las administraciones competentes están siendo totalmente insuficientes. Desde la PAH tenemos claro que es cuestión de voluntad política. Es necesario que nuestros políticos, que hemos elegido democráticamente, estén del lado de la ciudadanía, sobre todo de aquellas familias más vulnerables. Y mientras esto no sea así, nos encontrarán de frente. 

Los datos oficiales, como los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), marcan una nefasta realidad, pero no es la única. Existe una realidad verde, de pulso continuo frente a los lobbies económicos. Somos miles de personas parando desahucios cada día y autotutelando nuestros derechos. ¡Sabemos que sí se puede! Porque hemos hecho posible lo imposible miles de veces, arrancando daciones en pago, cambiando leyes y recuperándolas, conquistando el 30% de nuevas promociones para que se destinen a vivienda asequible, consiguiendo alquileres sociales, recuperando viviendas en manos de fondos buitre, y centenares de victorias más. 

Y sobre todo, hemos sido capaces de generar  un movimiento ciudadano de cuidados, de solidaridad y de defensa de derechos humanos, que por mucho que algunos partidos políticos y banksters nos hayan querido eliminar, aquí estamos, vivas y guerreras, para hacer cumplir el art. 47 de la Constitución Española y el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, hoy celebramos el Día Mundial del Hábitat, para que frente a cualquier vulneración de este derecho nos levantemos y organicemos para que nuestros derechos en materia de vivienda estén garantizados. Desde la PAH no vamos a permitir que estos se vulneren, y vamos a seguir luchando para defenderlos, como venimos haciendo desde hace más de 14 años. Porque sabemos que somos muchas, que estamos organizadas y que ¡Sí Se Puede!



[Nota de prensa] Entrada en vigor de la ley estatal de vivienda. ¿Cómo afecta en materia de desahucios?

Hoy entra en vigor la ley estatal de vivienda, la Ley Vivienda. Una ley que dista mucho de las exigencias de la PAH y de los movimientos sociales que trabajan para garantizar el derecho a la vivienda

Durante más de dos años hemos estado trabajando para incluir en la ley medidas como el alquiler social obligatorio para luchar contra los desahucios y otros mecanismos para corresponsabilizar a bancos y fondos buitre, que han sido responsables de más de 139.000 desahucios en Catalunya. Aun así, ha habido cambios en materia de desahucios que no se entenderían sin nuestra presión. Desde las PAH de Catalunya seguiremos al frente de la lucha por el derecho a la vivienda, presionando sin cesar para que se apliquen las pequeñas medidas útiles que recoge la ley. Asimismo, y mucho más importante, continuaremos organizando a la ciudadanía para proponer nuevos cambios para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda de todas.

Los cambios en materia de desahucios que entran en vigor hoy son los siguientes:

  • Se prohíben los desahucios abiertos. Ante la constatación de que esta práctica se volvía a utilizar en algunos casos, ahora se blinda y se extiende a todo tipo de desahucios –de alquiler por impago y fin de contrato, ocupación e hipoteca−, modificando de nuevo varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil.
  • Se aumenta de 1 a 2 y de 3 a 4 meses (según si la propiedad es persona física y jurídica, respectivamente) el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio que puede acordar el Juzgado para que se adopten las medidas de vivienda propuestas por las administraciones públicas como alternativa habitacional, después de que la Administración competente haya comunicado que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica. Además, este rol, que antes se atribuía a servicios sociales en genérico y ahora se otorga a las administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, incluye la presentación de propuestas de alternativa de vivienda digna de alquiler social a proporcionar o de medidas de atención inmediata a adoptar.
  • Se introduce una definición o los criterios para que el Juzgado valore la situación de vulnerabilidad económica para suspender o no el procedimiento, vinculándolo a topes de ingresos, ponderados y superiores en caso de que haya hijos a cargo, personas mayores de 65 años o en situación de dependencia, enfermedad, etc. En desahucios de alquiler se incluye el criterio directo de vulnerabilidad de que los pagos del mismo, más los suministros básicos, superen el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Se introduce la intermediación previa como requisito para admitir las demandas de desahucio de alquiler, ocupación (que van por vía civil) e hipotecarios por parte de grandes tenedores en vivienda habitual de familias vulnerables. Es decir, no podrán iniciarse procedimientos judiciales si el gran propietario (persona física o jurídica con más de diez inmuebles urbanos) no ha acudido al procedimiento de conciliación o intermediación que establezcan las administraciones competentes (pendiente de regular en la mayoría de los territorios), es decir, las autonómicas, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda. La medida afectará también a los desahucios actualmente suspendidos gracias a la moratoria estatal contenida en el RDL 11/2020, en las mismas condiciones. Quien debe demostrar que la familia no es vulnerable es la misma propiedad y en caso de serlo, podrá interponerla si demuestra que han acudido a la Administración como máximo 5 meses antes sin haber sido atendido, 2 meses después de haberlo solicitado sin que se inicie la intermediación en 2 meses, o antes de 3 meses después de que acabe indicando su resultado.

 

En Catalunya tenemos la ley antidesahucios catalana, Ley 24/2015, que contempla el ofrecimiento de un alquiler social en los casos de familias vulnerables y grandes tenedores, para evitar desahucios. En este sentido, la intermediación que contempla la nueva ley estatal habilita el encaje de ambas normativas. Es decir, a partir de ahora no puede haber ninguna demanda sin que haya habido una intermediación entre las partes y esto conlleva dar mayor robustez a la Ley 24/2015, ya que los grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de poner la demanda y la Administración competente podrá hacer el seguimiento de la oferta y llevar a cabo su cumplimiento íntegro.

Ahora exigimos a la Generalitat que debe regular de forma urgente y garantista el procedimiento de conciliación o intermediación de acuerdo con el análisis de las circunstancias de ambas partes, de la Ley 24/2015 y recursos existentes en materia de vivienda. En este sentido, el pasado lunes nos reunimos con el conseller de Territorio, Juli Fernández, para hacer llegar esta demanda y explicitar que deben liderar, contando con la ciudadanía, esta nueva herramienta para conseguir firmar miles de alquileres sociales y evitar así desahucios a familias vulnerables.

Ya podemos actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona

Acuerdo general de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona en la centralidad de la vivienda en los problemas de la ciudadanía y en el impacto en el modelo de ciudad. En las recetas para afrontar este gran reto es donde han surgido las tensiones entre los partidos, priorizando unos y otros la vivienda como una casa o como una inversión.

El vídeo del debate se puede recuperar aquí 

El Centro Cívico Can Felipa de Poblenou, casi lleno, presenció ayer el debate sobre vivienda de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona. El debate, que se organizaba por una representación casi completa de entidades y organizaciones defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad, como la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la XES, la PAH Barcelona, el Observatorio DESC, el Cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis y con la colaboración del Sindicat de Llogateres, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya y la Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge, contó con la participación de Eva Baró de ERC, Damià Calvet de Trias per Barcelona, Thaïs Cloquell de la CUP, Lucía Martín de Barcelona en Comú y Jordi Mas del PSC y la moderación de Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC. 

Organizado en torno a dos grandes bloques o problemáticas, la emergencia habitacional y el incremento del parque de vivienda social, se pudo entrar en el fondo de las muchas medidas que deberían seguir desplegándose y profundizando y de nuevas políticas para responder. En los detalles de cómo actuar desde el Gobierno es donde han surgido las tensiones entre los partidos a la hora de entender la vivienda como una casa o como una inversión.

El debate se ha abierto con los problemas para hacer cumplir la Ley 24/2015, que obliga a grandes tenedores a firmar alquileres sociales para evitar desahucios, donde todos los partidos han estado de acuerdo en que es inaceptable el fraude de ley y que es necesario hacer servir todos los instrumentos disponibles, como son las sanciones, la articulación judicial, etc. Barcelona en Comú ha prometido una nueva Unidad Antiespeculación, ampliando trabajo ya hecho, y la CUP que el Ayuntamiento se personará, si gobiernan, en las demandas a grandes tenedores. El debate ha continuado con la intervención en primera persona de Dulce, miembro de PAH Barcelona y madre de dos criaturas, que está ocupando un piso de un gran tenedor, quien ha preguntado sobre las medidas de los partidos para reducir la lista de espera de la mesa de emergencia. Tanto la candidatura del PSC como Trias por Barcelona han puesto énfasis en la necesidad de ampliar la vivienda pública y crear más puestos de trabajo para prevenir estas situaciones. Por su parte, ERC y CUP han prometidos cambiar la normativa de la mesa de emergencia para no excluir a personas en situación irregular de la mesa, tal y como han hecho otros municipios como Sant Cugat. Así como dejar de pagar alojamientos privados a la empresa BCN Travel, que forma parte de fondos buitre, y extendiendo alojamientos como el CATAF en cada distrito.

Vivienda protegida con calificación permanente

El segundo bloque se abrió con las medidas para evitar la acción especulativa de grandes tenedores y fondo buitre, donde todos los grupos han estado de acuerdo en seguir aumentando la coordinación entre administraciones para que la Generalitat dicte zonas de alta tensión y se pueda actuar. Barcelona en Comú prometió un nuevo Servicio para Inquilinas para reforzar la garantía de derechos a las vecinas en situación de alquiler, así como la CUP ha prometido que propondrán la celebración de un referéndum de expropiación a grandes tenedores, tal y como ocurrió en Berlín. Trias por Barcelona y PSC propusieron la creación de un impuesto que dificulte las compraventas especulativas. Una de las apuestas del debate era un formato de preguntas como dilemas entre casa o inversión. En el caso de los dilemas relacionados con el alquiler turístico, Trias por Barcelona se posicionó en abrir nuevas zonas para alojamiento turístico y el resto en suspender las licencias de vivienda turística, Barcelona en Comú y CUP se han posicionado en prohibir el alquiler de temporada y ERC, Trias por Barcelona y PSC en desarrollar un marco legal de alquiler de temporada. Por último, Trias por Barcelona se ha posicionado en mantener el libre mercado en el alquiler y el resto en limitar los precios. En el espacio para matizar o profundizar, ERC y CUP prometieron y recordaron que ya se puede actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona, de acuerdo con la Ley de Turismo. 

Preguntados por la ampliación del parque de vivienda protegida, el sentir general es que es necesaria la colaboración con agentes privados y/o comunitarios, y que todas las viviendas deben mantener una calificación indefinida. Tanto Trias por Barcelona como PSC prometieron reforzar Vivienda Metrópolis Barcelona, colaboración del Ayuntamiento con privados con lucro para alquiler. La CUP, por otra parte, ha prometido excluir a los operadores lucrativos de la colaboración pública, echando a los buitres tanto de la vivienda como de los cuidados u otros sectores. Todas las candidaturas han estado de acuerdo en reforzar la generación de mayor vivienda social y asequible con operadores sin ánimo de lucro. En la responsabilización del privado en el aumento de la vivienda digna, tanto ERC y Barcelona en Comú como la CUP han apostado por mantener o profundizar las reservas del 30% de vivienda en nueva construcción, y Trias por Barcelona y PSC en repensar la medida, flexibilizándola. 

Por último, se ha hablado de cooperativismo de vivienda a través de tres dilemas que hacían posicionar a los partidos a favor o en contra de medidas que ayudan a fomentar este modelo comunitario, como el Convenio ESAL, entre promotores sociales de vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer vivienda cooperativa y social calificada de VPO en suelo público. O el tanteo y retracto que moviliza suelo privado a entidades sin ánimo de lucro para hacer vivienda asequible. CUP y Barcelona en Comú se han posicionado a favor de todas estas medidas, mientras que ERC, PSC y Trias por Barcelona se han decantado más por facilitar la movilización de suelo privado a entidades sin ánimo de lucro. ERC ha sido el único partido que ha votado en contra de evolucionar el actual Convenio ESAL a una forma más estable.