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PorPAH_Bcn

El Gobierno de coalición repite el código de buenas prácticas con la banca que aprobó el PP

A falta de conocer el texto definitivo que salga del Consejo de Ministros, desde la PAH consideramos que el acuerdo anunciado no implica ninguna obligación real para la banca

Hoy hemos conocido el anuncio del Gobierno de un “principio de acuerdo” con la banca para, supuestamente, paliar la situación de miles de familias que ahora tienen problemas para pagar su hipoteca debido a la subida del euríbor en los últimos meses y por la situación de inflación generalizada. El acuerdo, anunciado por la ministra Nadia Calviño esta mañana, incluye medidas para rentas inferiores a 29.400€, que implican reestructuraciones, daciones en pago, carencias y traspasos a hipotecas de tipo fijo, etc.

Nuestra valoración -inicial- es la siguiente: en primer lugar, nos parece un fraude que el gobierno anuncie estas medidas a bombo y platillo cuando ni tan siquiera ha conseguido que la banca lo suscriba completamente. Esto nos recuerda al Código de Buenas Prácticas que el gobierno del Partido Popular firmó con la banca en 2012 para, supuestamente, «parar los desahucios» pero, como es bien sabido, los desahucios continúan hoy en día en un año 2022 que, a pesar del llamado «escudo social» del gobierno en vigor, se encamina a superar al 2021 con 10.816 nuevos desahucios registrados en el 2º trimestre. Por mucho que la ministra Calviño dé ultimátums a la banca para que lo suscriban, los bancos tienen total libertad para aplicar el acuerdo, por lo que entendemos que la ministra realmente no ha sido capaz de obligar a la banca a absolutamente nada, igual que el Partido Popular en su momento.

A falta de conocer el texto definitivo del acuerdo –que en cuanto lo tengamos haremos la valoración correspondiente-, todas las medidas que vemos recogidas en el anuncio son medidas ya conocidas por quienes llevamos años luchando contra los desahucios. Entramos al detalle partiendo de lo que conocemos:

Por un lado, hablemos de los supuestos de las familias beneficias: aquellas consideradas vulnerables, es decir, aquellas que ingresan menos de 25.200€ anuales (unos 1.500€ mensuales), y que dediquen más del 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca. En este caso partimos de un supuesto que es irreal, puesto que difícilmente una familia podrá mantenerse con tan solo 750€ al mes para pagar suministros, alimentos y otros bienes básicos cuyo precio ahora está disparado por la inflación. Por otra parte, ¿qué pasa con aquellas familias que dedican un 45%? Que quedan totalmente desprotegidas a pesar de sufrir una sobrecarga en sus ingresos -recordemos que la ONU recomienda que el gasto en vivienda y suministros no debe superar el 30% de los ingresos. Respecto al segundo tramo, el de aquellos hogares con unos ingresos de 29.400 euros anuales, con hipotecas que se hayan firmado hasta el 31 de diciembre de 2022 y cuya carga hipotecaria sea superior al 30% de su renta y, además, hayan tenido un aumento del 20% su gasto en la hipoteca. Si bien este tramo puede ser más realista que el anterior, las medidas propuestas para este colectivo se resumen principalmente en aumentar y/o su deuda; no implica ningún alivio real para sus economías.

En general, nada ha cambiado: todo se resume en refinanciar la vivienda (con carencias, alargamiento de plazos, reestructuración de deuda, una dación en pago sin especificar, etc.) y endeudar todavía más a las familias, que en un futuro puede que se encuentren en la misma o peor situación que la actual. De la banca no podemos esperar ningún tipo de compasión ni buena voluntad: su negocio consiste en lucrarse a costa de nuestras necesidades básicas, como la vivienda. Es por ello que no confiamos en que la banca renegocie estas medidas sin ninguna contraprestación; no puede ser que el gobierno se dedique a anunciar paquetes de medidas presuntamente «beneficiosas» pero consensuadas solo con una de las partes interesadas.

No podemos dejar de recordar, además, que los gobiernos desde 2011 impusieron recortes a pensiones, salarios y servicios públicos, así como a los derechos sociales. Estos recortes no se han revertido y todos se siguen arrastrando. En agradecimiento, la banca continuó desahuciando desaforadamente, vendiendo lotes de casas embargadas a precios irrisorios a fondos buitre, y librándose de otras (los llamados «activos tóxicos») mediante el invento que nos «iba a salir gratis»: la Sareb. Por cierto, que el Gobierno sigue sin querer recuperar el préstamo de más de 66.000 millones de euros que costó el rescate bancario y que salió de nuestros bolsillos.

Por último, desde la PAH tenemos claro que las medidas anunciadas hoy por el Partido Socialista son un brindis al sol: si el gobierno no quiere dejar a nadie atrás tiene que impulsar medidas estructurales para abordar el problema del acceso a la vivienda. La oportunidad está ahí: la Ley de Derecho a la Vivienda sigue atascada en el trámite parlamentario porque precisamente el PSOE se niega a aprobar medidas de gran impacto en favor de la ciudadanía, como el alquiler social obligatorio para banca y fondos buitre, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y el control efectivo de los alquileres. Por todo ello, instamos a todas las familias que tengan problemas para pagar su hipoteca que se acerquen a nuestras asambleas, puesto que somos la única garantía que tienen de conseguir solucionar sus problemas sin tener que endeudarse -todavía más- en el futuro.

PorPAH_Bcn

Se amplía la moratoria estatal para algunos desahucios de alquiler y ocupación hasta el 31 de diciembre de 2022 

El pasado sábado se anunciaba desde el Gobierno de España el nuevo Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

En materia de vivienda, se detalla que se prorrogan las medidas del Decreto-ley 11/2020 que el Gobierno aprobó, el 31 de marzo 2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. En un primer momento, la moratoria de desahucios solo cubría lanzamientos de alquiler y exclusivamente para familias afectadas directamente desde un punto de vista económico por la crisis del coronavirus.

No obstante, a finales de diciembre de 2020 se aprobó una ampliación para cubrir algunos casos de ocupación/recuperación de vivienda y extenderlo a familias en situación de precariedad antes de la pandemia.

La moratoria antidesahucios ha ido ampliándose en el tiempo y actualmente mantiene las medidas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. 

A continuación, algunas informaciones y documentos útiles para acogerte a estas medidas y evitar quedarte en la calle en los próximos meses.

Desde la PAH celebramos que las medidas que han ayudado a suspender algunos desahucios de alquiler y ocupación de familias vulnerables se prolonguen en el tiempo. Esta moratoria ha servido para ganar tiempo a algunas familias a exigir una solución definitiva para sus casos, ya que suspender un desahucio es un parche y esta medida debe de venir acompañada de una alternativa habitacional. Y por otro lado, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, la moratoria antidesahucios es insuficiente, ya que muchas familias vulnerables sin hijos a cargo, por ejemplo, o de personas mayores, aun teniendo un informe de servicios sociales que avala su vulnerabilidad, no pueden acogerse a la medida y son desahuciadas de sus casas sin tener ningún sitio donde ir. Solo hay que recordar los más de 41.359 desahucios ejecutados en España en 2021 o las más de 1.755 familias de Barcelona que perdieron su casa en el mismo año con la moratoria en vigencia.

Está claro que se sigue vulnerando el derecho a la vivienda de miles de familias y que ha llegado la hora de afrontar la situación desde el gobierno español, no se puede ir alargando la moratoria sin tomar otro tipo de medidas. Desde la PAH exigimos que se incluyan en la Ley de vivienda las siguiente medidas:

  • Garantizar el derecho subjetivo a una vivienda. La ley debe reconocer el derecho subjetivo de toda la ciudadanía y residentes en el Estado a una vivienda.
  • Regular el precio del alquiler y que este sea una opción segura y estable. Hay que bajar los precios de todos los alquileres por debajo de las medias actuales, modificando los criterios de declaración de «zona tensionada«, y que esta declaración sea de aplicación inmediata y con sanciones para los arrendadores que se lo salten.
  • Stop desahucios y alquiler social obligatorio. Es necesario paralizar todos los desahucios de familias vulnerables. También hay que incluir la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por parte de la Administración en casos de pequeño propietario, con el régimen sancionador correspondiente.
  • Ampliación del parque público. Es necesario un compromiso para ampliar hasta el 20% el parque público de vivienda en 20 años, a través de la regulación de la cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión; de más mecanismos para prohibir la venta de vivienda pública y del fomento de su inmediato aumento. Es necesario que todos los pisos en manos de la Sareb se pongan a disposición de la ciudadanía a través de las diferentes administraciones, en vez de transferirse a manos privadas, tal y como está pasando actualmente.
  • Responsabilidad limitada, medidas contra el sobreendeudamiento y segunda oportunidad. Es necesario que la responsabilidad quede limitada exclusivamente al bien hipotecado. Hay que regular la dación en pago y el mecanismo de segunda oportunidad real para evitar la pérdida de la vivienda habitual.
  • Suministros. Es imprescindible prohibir los cortes de agua, luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad y establecer una tarifa social progresiva en función de sus ingresos.

Incluir estas seis medidas en la futura Ley Estatal de Vivienda permitiría sentar las bases del quinto pilar del estado del bienestar del que habla tanto el presidente Pedro Sánchez. Sin ellas, este pilar no existirá y continuaremos en la espiral de aumento de la pobreza y la precariedad. Y es que estas medidas son fruto de la experiencia de 13 años de lucha, de ponerlas en práctica a través de la desobediencia civil pacífica y de los cambios legales logrados en CCAA que demuestran su eficacia. Ahora queremos extenderlas a todo el territorio español. No podemos perder esta oportunidad, la ciudadanía no lo entendería: necesitamos una ley que garantice el derecho a la vivienda.

PorPAH_Bcn

Nuevos datos del CGPJ: 11.072 familias en todo el Estado han sido desahuciadas de sus casas en el 1r Trimestre 2022

En Catalunya seguimos liderando el ranking de la vergüenza: 2.410 familias catalanas han sido desahuciadas de sus casas en el 1r Trimestre 2022

 

Según datos del CGPJ hechos públicos ayer, durante el primer trimestre de este año se ejecutaron 11.072 desahucios en todo el país, repartidos de la siguiente forma:

  • 2.755 como consecuencia de ejecuciones hipotecarias
  • 7.625 derivados de la LAU, y
  •   692 por otras causas

Suponen 107 desahucios más que en el mismo período de 2021, y ello a pesar del “escudo social” vigente, lo que, por un lado, confirma una vez más lo insuficiente de esas medidas de protección; y por otro, el terrorífico futuro que nos espera si la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda no aborda con valentía las propuestas que la PAH, junto al resto al resto de organizaciones que integramos la Iniciativa Ley Vivienda hemos hecho llegar al Congreso.

 

La carencia de un Parque Público de Vivienda que no incluye el parque de la Sareb, el que no se reconozca el Derecho a la Vivienda como el Derecho Fundamental que es, los incumplimientos de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos que provoca reiteradas condenas del Comité DESC a España, la falta de limitación a los precios del alquiler que facilita e incrementa la especulación, así como la caducidad de las medidas del “escudo social” el próximo 30 de septiembre apuntalan los peores presagios si esa primera Ley estatal sobre vivienda no aborda soluciones a todos estos problemas.

 

Es por ello que reclamamos de forma urgente actuar frente a los desahucios, punta del iceberg de la falta de políticas públicas que prioricen el derecho a la vivienda por encima de los intereses financieros de los especuladores. 

 

Hacemos un llamamiento público al Gobierno del Estado de PSOE y Unidas Podemos a que se reúna con urgencia con la PAH, para dejar atrás el ranking de la vergüenza de los desahucios a nivel europeo y abordar de una vez por todas la futura Ley de vivienda a la altura de las circunstancias y de las necesidades de la ciudadanía.

En Catalunya las cifras no son mejores:

  •    435 como consecuencia de ejecuciones hipotecarias
  • 1.702 derivados de la LAU, y
  •   273 por otras causas

 

Gracias al Grupo Promotor de la Ley 24/2015 tenemos una herramienta para disminuir la curva de los desahucios en Catalunya. Exigimos a la Generalitat que esté a la altura de las circunstancias y que sancione a los grandes propietarios que intenten saltarse la norma.

 

Desde la PAH anunciamos fuerte presión social y ciudadana al Gobierno para lograr que priorice el interés social sobre los intereses de los especuladores.

 

PorPAH_Bcn

El próximo 21 de mayo salimos a la calle por el derecho a la vivienda

MANIFIESTO – ¡La vivienda es un derecho, no un negocio! #AixíNoPodemViure

La vivienda es un derecho, no un negocio. ¡Con estos precios no podemos vivir!

La vivienda se ha convertido en un lujo. Tener trabajo ya no es garantía de vivir dignamente. Desde hace décadas, el precio de la vida se ha ido encareciendo para beneficiar a unos pocos. La causa principal la encontramos en la sucesión de crisis económicas y sociales provocadas por el sistema capitalista, y en las leyes que benefician a los especuladores. La burbuja hipotecaria y la posterior burbuja del alquiler han inflado los precios de la vivienda como nunca antes había pasado, asfixiando cada vez más a la gente y elevando la vergonzosa cifra de desahucios a los 2 millones. Más recientemente, la crisis derivada de la covid-19 ha bajado aún más nuestros ingresos, mientras la crisis energética se ha instalado de forma permanente. Actualmente estamos inmersas en una crisis de encarecimiento generalizado del coste de la vida sin precedentes.

El aumento del coste de la energía, de otros muchos productos básicos o la repercusión que la inflación (IPC) está teniendo sobre las rentas inmobiliarias está empeorando aún más las condiciones de vida.

¡Ya está bien! Ante el encarecimiento insoportable del coste de la vida, hacemos un llamamiento a organizarnos y luchar contra esta estafa generalizada. Debemos organizarnos y avanzar hacia la desmercantilización de la vivienda y la energía. Si acabamos con el rentismo de unos pocos, lograremos una vida digna para todas.

Exigimos a los gobiernos y nos comprometemos a luchar por:

  • ACABAR CON LOS DESAHUCIOS y EXPROPIAR LOS PISOS DE BANCOS Y FONDOS BUITRE:
    Después de casi 2 millones de desahucios en los últimos 10 años, no podemos
    permitir ni uno más: no puede haber gente sin casa, mientras hay casas sin gente.
    Es necesario recuperar la función social de la vivienda, hoy secuestrada por bancos,
    fondos buitre y grandes propietarios, que se han beneficiado durante décadas de una
    política fiscal favorable y del rescate bancario. Es necesario garantizar un parque de vivienda
    de alquiler público y social. No hay falta de oferta de vivienda: nos quieren vender el discurso
    de la escasez para seguir subiendo los precios y destruyendo el territorio a base de pelotazos.

 

  • PINCHAR LA BURBUJA DEL ALQUILER: Reclamamos la reinstauración de la ley de regulación
    de precios de alquiler, que prohibía las subidas de precios del alquiler y obligaba a las bajadas.
    Reclamamos que el nuevo Proyecto de Ley de Vivienda Estatal plantee una bajada de alquiler
    con aplicación inmediata. Queremos la misma estabilidad en el alquiler que en el puesto de trabajo:
    unos contratos indefinidos y estables, que se renueven de forma automática.

 

  • DEMOCRATIZAR LA ENERGÍA y GARANTIZAR EL PAN: Ya basta de enriquecer a los oligopolios
    energéticos mientras las personas trabajadoras vivimos cada vez más asfixiadas. Es necesario prohibir
    los cortes de suministros a quien no puede pagar la factura, pero también hay que nacionalizar las
    empresas energéticas y elaborar un plan de transición energética democrática que suponga una
    solución permanente al agotamiento de recursos y la dependencia de oligopolios nacionales e
    internacionales. Democratizar la energía es imprescindible para bajar los precios de los bienes de
    primera necesidad.

 

  • GARANTIZAR LOS SALARIOS: No podemos permitir ningún retroceso más de los salarios de nadie: tanto
    de las que trabajan, como de las que no pueden. Es necesario garantizar los salarios mínimos en consonancia
    con el coste de la vida y proteger los derechos de todas las trabajadoras.

 

  • ACABAR CON LA REPRESIÓN: Hay que acabar con la judicialización y persecución de la
    disidencia política, y derogar la ley mordaza. Actualmente, solo el movimiento por la vivienda
    ya acumula más de 400.000€ en multas durante los últimos tres años, por parar desahucios,
    por ejercer una obligación moral: defender los hogares de la gente y el derecho a una vida digna. Por todo ello,
    hacemos un llamamiento a salir a la calle el próximo SÁBADO 21 DE MAYO A LAS 18H EN PLAÇA UNIVERSITAT.
PorPAH_Bcn

Exigimos a la Alcaldesa Núria Marín solución para Juan y su familia

Ayer desahuciaron a Juan y a su familia con menores y su mujer embarazada. Tenía un desahucio abierto desde el 20 de mayo. El Ayuntamiento de Hospitalet sabía del caso y no contactó con la familia para realojarla o saber dónde iba a ir. ¡Ojo! Desde la PAH de Barcelona pusimos una denuncia por el desahucio, ya que lo considerábamos ilegal (ya se legisló en marzo para que nunca más se produjeran), y además porque la propiedad que los desahucia es una immobiliaria, y según la 24/2015, Juan y su familia deben estar con un alquiler social.

En vez de hacer cumplir las leyes, el Ayuntamiento de la alcaldesa Núria Marín las desobedece y prefiere proteger los intereses financieros en vez de a sus ciudadanas.

La Plataforma de Afectados Por la Hipoteca de Barcelona estuvo con la familia durante todo este proceso, porque nosotras defendemos a las familias y los derechos humanos. REPETIMOS que el Ayuntamiento de Hospitalet sabía del desahucio y el caso de la familia de Juan y ni se personó a ayudarlos. Tuvo que ser la PAH Barcelona quien acompañara a la familia a Servicios Sociales a buscar una solución digna.

Ayer anunciamos que habíamos conseguido una solución temporal: un día alojados en un albergue, que ayer ya denunciamos las condiciones en las que estaba y que la familia con menores no pudo estar allí por la falta de higiene y el ruido; y otros días alojados en una pensión en el barrio de Sants. Hoy la sorpresa ha sido que los dejan en la calle, que no hay pensión y que se desentienden de la familia. Es decir, nos engañaron y no tienen ningún remordimiento de no estar cumpliendo con sus funciones, que es proteger a la gente, ayudarla y hacer cumplir las leyes, todo fueron promesas vacías.

La realidad a 29 de mayo a las 16:30 horas, es que Juan y su familia están en la calle. En 2018 hubo 549 desahucios. La responsabilidad de Núria Marín y su Gobierno, del PSOE de Pedro Sánchez, es que ninguna familia se quede en la calle, y se está incumpliendo. No es la primera vez que nos encontramos con una situación así del Ayuntamiento de Hospitalet, no vamos a dejar que se vulneren los derechos de las personas.

Frente a la inacción la PAH actua. ¡Exigimos solución digna para las familias! ¡Por nuestros derechos! ¡Vamos a demostrar que sí se puede!

#JuanSeQueda #vergüenzaPSOEHospitalet