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[Nota de prensa] Entrada en vigor de la ley estatal de vivienda. ¿Cómo afecta en materia de desahucios?

Hoy entra en vigor la ley estatal de vivienda, la Ley Vivienda. Una ley que dista mucho de las exigencias de la PAH y de los movimientos sociales que trabajan para garantizar el derecho a la vivienda

Durante más de dos años hemos estado trabajando para incluir en la ley medidas como el alquiler social obligatorio para luchar contra los desahucios y otros mecanismos para corresponsabilizar a bancos y fondos buitre, que han sido responsables de más de 139.000 desahucios en Catalunya. Aun así, ha habido cambios en materia de desahucios que no se entenderían sin nuestra presión. Desde las PAH de Catalunya seguiremos al frente de la lucha por el derecho a la vivienda, presionando sin cesar para que se apliquen las pequeñas medidas útiles que recoge la ley. Asimismo, y mucho más importante, continuaremos organizando a la ciudadanía para proponer nuevos cambios para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda de todas.

Los cambios en materia de desahucios que entran en vigor hoy son los siguientes:

  • Se prohíben los desahucios abiertos. Ante la constatación de que esta práctica se volvía a utilizar en algunos casos, ahora se blinda y se extiende a todo tipo de desahucios –de alquiler por impago y fin de contrato, ocupación e hipoteca−, modificando de nuevo varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil.
  • Se aumenta de 1 a 2 y de 3 a 4 meses (según si la propiedad es persona física y jurídica, respectivamente) el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio que puede acordar el Juzgado para que se adopten las medidas de vivienda propuestas por las administraciones públicas como alternativa habitacional, después de que la Administración competente haya comunicado que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica. Además, este rol, que antes se atribuía a servicios sociales en genérico y ahora se otorga a las administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, incluye la presentación de propuestas de alternativa de vivienda digna de alquiler social a proporcionar o de medidas de atención inmediata a adoptar.
  • Se introduce una definición o los criterios para que el Juzgado valore la situación de vulnerabilidad económica para suspender o no el procedimiento, vinculándolo a topes de ingresos, ponderados y superiores en caso de que haya hijos a cargo, personas mayores de 65 años o en situación de dependencia, enfermedad, etc. En desahucios de alquiler se incluye el criterio directo de vulnerabilidad de que los pagos del mismo, más los suministros básicos, superen el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Se introduce la intermediación previa como requisito para admitir las demandas de desahucio de alquiler, ocupación (que van por vía civil) e hipotecarios por parte de grandes tenedores en vivienda habitual de familias vulnerables. Es decir, no podrán iniciarse procedimientos judiciales si el gran propietario (persona física o jurídica con más de diez inmuebles urbanos) no ha acudido al procedimiento de conciliación o intermediación que establezcan las administraciones competentes (pendiente de regular en la mayoría de los territorios), es decir, las autonómicas, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda. La medida afectará también a los desahucios actualmente suspendidos gracias a la moratoria estatal contenida en el RDL 11/2020, en las mismas condiciones. Quien debe demostrar que la familia no es vulnerable es la misma propiedad y en caso de serlo, podrá interponerla si demuestra que han acudido a la Administración como máximo 5 meses antes sin haber sido atendido, 2 meses después de haberlo solicitado sin que se inicie la intermediación en 2 meses, o antes de 3 meses después de que acabe indicando su resultado.

 

En Catalunya tenemos la ley antidesahucios catalana, Ley 24/2015, que contempla el ofrecimiento de un alquiler social en los casos de familias vulnerables y grandes tenedores, para evitar desahucios. En este sentido, la intermediación que contempla la nueva ley estatal habilita el encaje de ambas normativas. Es decir, a partir de ahora no puede haber ninguna demanda sin que haya habido una intermediación entre las partes y esto conlleva dar mayor robustez a la Ley 24/2015, ya que los grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de poner la demanda y la Administración competente podrá hacer el seguimiento de la oferta y llevar a cabo su cumplimiento íntegro.

Ahora exigimos a la Generalitat que debe regular de forma urgente y garantista el procedimiento de conciliación o intermediación de acuerdo con el análisis de las circunstancias de ambas partes, de la Ley 24/2015 y recursos existentes en materia de vivienda. En este sentido, el pasado lunes nos reunimos con el conseller de Territorio, Juli Fernández, para hacer llegar esta demanda y explicitar que deben liderar, contando con la ciudadanía, esta nueva herramienta para conseguir firmar miles de alquileres sociales y evitar así desahucios a familias vulnerables.

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Ya podemos actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona

Acuerdo general de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona en la centralidad de la vivienda en los problemas de la ciudadanía y en el impacto en el modelo de ciudad. En las recetas para afrontar este gran reto es donde han surgido las tensiones entre los partidos, priorizando unos y otros la vivienda como una casa o como una inversión.

El vídeo del debate se puede recuperar aquí 

El Centro Cívico Can Felipa de Poblenou, casi lleno, presenció ayer el debate sobre vivienda de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona. El debate, que se organizaba por una representación casi completa de entidades y organizaciones defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad, como la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la XES, la PAH Barcelona, el Observatorio DESC, el Cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis y con la colaboración del Sindicat de Llogateres, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya y la Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge, contó con la participación de Eva Baró de ERC, Damià Calvet de Trias per Barcelona, Thaïs Cloquell de la CUP, Lucía Martín de Barcelona en Comú y Jordi Mas del PSC y la moderación de Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC. 

Organizado en torno a dos grandes bloques o problemáticas, la emergencia habitacional y el incremento del parque de vivienda social, se pudo entrar en el fondo de las muchas medidas que deberían seguir desplegándose y profundizando y de nuevas políticas para responder. En los detalles de cómo actuar desde el Gobierno es donde han surgido las tensiones entre los partidos a la hora de entender la vivienda como una casa o como una inversión.

El debate se ha abierto con los problemas para hacer cumplir la Ley 24/2015, que obliga a grandes tenedores a firmar alquileres sociales para evitar desahucios, donde todos los partidos han estado de acuerdo en que es inaceptable el fraude de ley y que es necesario hacer servir todos los instrumentos disponibles, como son las sanciones, la articulación judicial, etc. Barcelona en Comú ha prometido una nueva Unidad Antiespeculación, ampliando trabajo ya hecho, y la CUP que el Ayuntamiento se personará, si gobiernan, en las demandas a grandes tenedores. El debate ha continuado con la intervención en primera persona de Dulce, miembro de PAH Barcelona y madre de dos criaturas, que está ocupando un piso de un gran tenedor, quien ha preguntado sobre las medidas de los partidos para reducir la lista de espera de la mesa de emergencia. Tanto la candidatura del PSC como Trias por Barcelona han puesto énfasis en la necesidad de ampliar la vivienda pública y crear más puestos de trabajo para prevenir estas situaciones. Por su parte, ERC y CUP han prometidos cambiar la normativa de la mesa de emergencia para no excluir a personas en situación irregular de la mesa, tal y como han hecho otros municipios como Sant Cugat. Así como dejar de pagar alojamientos privados a la empresa BCN Travel, que forma parte de fondos buitre, y extendiendo alojamientos como el CATAF en cada distrito.

Vivienda protegida con calificación permanente

El segundo bloque se abrió con las medidas para evitar la acción especulativa de grandes tenedores y fondo buitre, donde todos los grupos han estado de acuerdo en seguir aumentando la coordinación entre administraciones para que la Generalitat dicte zonas de alta tensión y se pueda actuar. Barcelona en Comú prometió un nuevo Servicio para Inquilinas para reforzar la garantía de derechos a las vecinas en situación de alquiler, así como la CUP ha prometido que propondrán la celebración de un referéndum de expropiación a grandes tenedores, tal y como ocurrió en Berlín. Trias por Barcelona y PSC propusieron la creación de un impuesto que dificulte las compraventas especulativas. Una de las apuestas del debate era un formato de preguntas como dilemas entre casa o inversión. En el caso de los dilemas relacionados con el alquiler turístico, Trias por Barcelona se posicionó en abrir nuevas zonas para alojamiento turístico y el resto en suspender las licencias de vivienda turística, Barcelona en Comú y CUP se han posicionado en prohibir el alquiler de temporada y ERC, Trias por Barcelona y PSC en desarrollar un marco legal de alquiler de temporada. Por último, Trias por Barcelona se ha posicionado en mantener el libre mercado en el alquiler y el resto en limitar los precios. En el espacio para matizar o profundizar, ERC y CUP prometieron y recordaron que ya se puede actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona, de acuerdo con la Ley de Turismo. 

Preguntados por la ampliación del parque de vivienda protegida, el sentir general es que es necesaria la colaboración con agentes privados y/o comunitarios, y que todas las viviendas deben mantener una calificación indefinida. Tanto Trias por Barcelona como PSC prometieron reforzar Vivienda Metrópolis Barcelona, colaboración del Ayuntamiento con privados con lucro para alquiler. La CUP, por otra parte, ha prometido excluir a los operadores lucrativos de la colaboración pública, echando a los buitres tanto de la vivienda como de los cuidados u otros sectores. Todas las candidaturas han estado de acuerdo en reforzar la generación de mayor vivienda social y asequible con operadores sin ánimo de lucro. En la responsabilización del privado en el aumento de la vivienda digna, tanto ERC y Barcelona en Comú como la CUP han apostado por mantener o profundizar las reservas del 30% de vivienda en nueva construcción, y Trias por Barcelona y PSC en repensar la medida, flexibilizándola. 

Por último, se ha hablado de cooperativismo de vivienda a través de tres dilemas que hacían posicionar a los partidos a favor o en contra de medidas que ayudan a fomentar este modelo comunitario, como el Convenio ESAL, entre promotores sociales de vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer vivienda cooperativa y social calificada de VPO en suelo público. O el tanteo y retracto que moviliza suelo privado a entidades sin ánimo de lucro para hacer vivienda asequible. CUP y Barcelona en Comú se han posicionado a favor de todas estas medidas, mientras que ERC, PSC y Trias por Barcelona se han decantado más por facilitar la movilización de suelo privado a entidades sin ánimo de lucro. ERC ha sido el único partido que ha votado en contra de evolucionar el actual Convenio ESAL a una forma más estable.

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La PAH de Barcelona nos colamos en el Hotel Palace para entregarle una carta a Raquel Sánchez sobre la nueva Ley de Vivienda

Una decena de activistas nos hemos colado en el lujoso hotel de la capital catalana de forma pacífica para hablar con la ministra

«Esta ley no parará desahucios ni mucho menos va a bajar los alquileres. Se han olvidado de los hipotecados»

Barcelona, 28 de abril

Foto: EUROPA PRESS

Esta mañana una decena de activistas de la PAH hemos entrado en el Hotel Palace de Barcelona aprovechando la visita de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la capital catalana un día después de haber aprobado en el Congreso la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda.

Tras unos minutos y después de aclarar que nuestra intención era totalmente pacífica, hemos procedido a leer una carta en voz alta dirigida a la ministra, al gobierno y al Partido Socialista en general:

«Carta a la Ministra Raquel Sánchez y al PSOE,

Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la primera ley que habla explícitamente del Derecho a la Vivienda en el Estado español. A pesar de que la Constitución y su artículo 47 -el que reconoce el derecho a la vivienda como tal- se aprobaron hace casi 45 años. En este vacío de más de cuatro décadas hemos visto las consecuencias de considerar la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho: casi un millón de desahucios producidos por sendas burbujas de hipoteca y alquiler que han empobrecido -y empobrecen- a la mayor parte de la ciudadanía. A raíz de esta insostenible situación, hace 14 años algunas de nosotras dijimos “basta” y así se fundó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca precisamente aquí, en la ciudad de Barcelona. 

Los movimientos sociales hemos luchado por una Ley de Vivienda con uñas y dientes y siempre nos hemos topado con la oposición de un partido -el Socialista- que no ha querido oír ni hablar de alquileres sociales, de ponerle topes a los alquileres, de incorporar las viviendas de la Sareb para aumentar el parque público ni mucho menos limitar los beneficios de la banca. Que nadie se equivoque: esta ley no va a evitar los desahucios ni va a bajar los alquileres. Todas las que estamos aquí -muchas de ellas pendientes de un desalojo- por desgracia lo sabemos muy bien.

La nueva ley deja aún muchos temas sin resolver. Por enumerar algunos: no prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, ni garantiza realojos dignos; el “tope” del alquiler incluido en la ley no va a impedir que de facto se sigan incrementando las rentas; no pone coto a los alquileres turísticos y de temporada; y tampoco prevé ninguna medida de emergencia para aquellas familias que necesitan un hogar, renunciando expresamente a la posibilidad de implementar el llamado alquiler social, que evitaría que Cerberus o Blackstone pudieran desahuciar a familias vulnerables y que además les obligaría a movilizar los miles de pisos vacíos que tienen por todo el territorio. Y otra cosa más que la ley no aborda: el problema de la hipoteca. En la nueva ley no hay ni una sola medida dirigida a aquellas familias que han hipotecado varios años de su sueldo para pagar el techo bajo el que viven y que ahora ven dispararse su cuota en hasta 300 euros mensuales por culpa de la subida de los tipos de interés, todo ello a la vez que la banca anuncia beneficios millonarios.

A la ministra y al gobierno queremos decirle que ésta no es nuestra Ley. Que ustedes, al contrario de lo que llevan días afirmando, no han escuchado a la ciudadanía; en los más de dos años que ha durado la tramitación de esta ley el presidente Sánchez no se ha reunido con las entidades que tratamos el problema de la vivienda cada día -sin embargo, eso sí, sí que ha tenido tiempo para numerosos encuentros con los jefes de BlackRock y Blackstone, los fondos buitre más grandes del mundo. Otro ejemplo: precisamente usted, ministra,  hace un par de días dijo en televisión “Que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que las tendrá”. ¿Cómo es posible que usted o el PSOE puedan pensar que es compatible tratar la vivienda como un derecho básico y a la vez sacarle rentabilidad? ¿Cómo es posible que los socialistas hablen de garantizar el derecho a la vivienda mientras tienen a Joan Clos presidiendo ASVAL? La vivienda no puede ser un bien de mercado: los alquileres disparados y las más de 700.000 familias desahuciadas desde 2008 lo demuestran. Ustedes lo saben, lo que pasa es que han preferido defender los intereses de los de siempre.

Por último: a pesar de los avances que el movimiento ha conseguido con esta ley, el problema de la vivienda ni de lejos se ha solucionado. Necesitamos vivienda ahora, no tenerla nos enferma, y no podemos esperar 20 años hasta alcanzar un parque público medianamente decente. Por todo ello seguiremos luchando: paralizaremos desahucios; aprovecharemos cualquier ventaja en la nueva ley, por pequeña que sea, para proponer nuevas medidas y, por supuesto, seguiremos reclamando aquellos pisos que permanecen vacíos esperando una nueva burbuja. Mientras se siga desahuciando, nosotras no descansaremos ni ustedes tampoco. Porque incluso un niño entiende que las casas son para vivir, no para especular«.

Posteriormente las activistas hemos salido del hotel recordando que «la vivienda es un derecho, y no un privilegio«. Asimismo hemos entregado la carta a pesar de que la ministra no ha querido atendernos. 

PorPAH_Bcn

El gobierno aprueba prorrogar 6 meses una moratoria antidesahucios que ha demostrado ser insuficiente

PSOE y Unidas Podemos optan por recuperar las prórrogas obligatorias del alquiler y mantienen el mismo escudo social que ha permitido que más de 70.000 familias hayan sido desahuciadas desde 2021

El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha aprobado hoy en el último Consejo de Ministros prorrogar las actuales medidas en materia de vivienda para paliar la crisis económica y social desatada después de la pandemia. Entre ellas se encuentran la moratoria antidesahucios decretada justo hace un año que, a pesar de estar en vigor, no ha conseguido detener 70.000 desalojos -en 2021 se practicaron un total de 41.359 y 29.285 en los 9 primeros meses de 2022- en España.

El gobierno no ha accedido –pese a que se lo hemos pedido al presidente Sánchez– a congelar las renovaciones de hipoteca variable, a pesar de que el euríbor ya amenaza con llegar al 4% en enero. Tampoco ha accedido a ampliar los supuestos cubiertos por el actual escudo social -que, insistimos, han dejado a miles de familias fuera- a pesar de que a principios de este mes la PAH nos reunimos con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien se comprometió a estudiar y a negociar las propuestas de ampliación del escudo social. Así pues, el gobierno ha optado por seguir con el parche actual y prefiere tomar medidas con la complicidad de la banca, como la reedición del código de buenas prácticas del PP anunciado por la vicepresidenta Nadia Calviño hace unas semanas.

Respecto a los alquileres, el gobierno ha decidido recuperar las prórrogas obligatorias de los contratos que vencen desde ahora hasta junio de 2023, una medida muy parecida a la que ya se aplicó durante la crisis de covid-19, cuando la inquilina podía solicitar al arrendador una prórroga de 6 meses del contrato al mismo precio. Asimismo, las actualizaciones de la renta por el IPC se mantienen al 2% como hasta ahora -es decir, que el arrendador solo podrá incrementar un 2% el precio del alquiler en cada anualidad del contrato. Si bien celebramos este pequeño respiro para las miles de familias inquilinas, desde la PAH entendemos esta medida como insuficiente, puesto que pasados esos 6 meses las familias siguen en riesgo de tener que soportar subidas desproporcionadas de la renta o se verán obligadas a irse de su casa, en lo que conocemos como desahucios invisibles.

En definitiva, desde la PAH creemos que esta es otra oportunidad perdida del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para impulsar medidas efectivas de protección a las familias. Una y otra vez se nos insiste en que todo eso estará cubierto por la nueva Ley de Vivienda; sin embargo, esa ley ya lleva 2 años de retraso -y no parece que vaya a llegar pronto debido al bloqueo de los socialistas- y además, como hemos comentado anteriormente, la actual propuesta es papel mojado. Así, el Gobierno mantiene una política de vivienda basada en grandes anuncios de medidas temporales de corta duración, que si bien pueden aliviar algunas situaciones, siguen sin dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos, sin impulsar medidas estructurales y duraderas en el tiempo, condiciones imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda sea efectivo en este país. Este gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, y es por ello que le exigimos que sean valientes y aprueben una Ley de Vivienda ambiciosa que de verdad se ponga del lado de las familias y no mantenga los privilegios de bancos y fondos buitre, e incluya la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, un control efectivo de alquileres y el establecimiento del alquiler social obligatorio, entre otras. Por todo esto, seguiremos luchando y movilizándonos. ¡Sí, se puede!

[NUEVO] Nuevo documento útil para acogerse a la nueva moratoria antidesahucios hasta junio 2023

Desde la PAH ya hemos actualizado nuestro apartado de «Documentos Útiles» tanto en alquiler como en ocupación para que puedas descargarte el documento para solicitar la suspensión de desahucio en base a la nueva prórroga de la moratoria antidesahucios hasta junio de 2023. Recuerda que si necesitas ayuda ven a nuestras asambleas: en Barcelona nos reunimos todos los lunes de 17:30h a 20h en la C/Leiva, 44 bis. Y si no vives en Barcelona puedes consultar la web de PAHs Catalanes para localizar tu asamblea más cercana ¡Sí, se puede!

Porimpahrable

Resumen de la semana del 28 de noviembre de 2022

¡Basta de criminalización de la protesta! Las PAHs catalanas denuncian el nuevo delito de desórdenes públicos

¡Empezamos la semana con una invitación! En el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, participamos en un coloquio el jueves 8, a las 12:00 horas, en las Cotxeres de Sants. ¡¡Ven si puedes!!

https://twitter.com/PAH_BCN/status/1598225390450769921?s=20&t=IkPB-NpZDbEvS-sB69SEsQ

¡La semana pasada fue movida! Paramos el desahucio de la comPAH Ruth y se suspendió el del comPAH Jhon. Y Anastasia ha firmado un alquiler social a través de la mesa de emergencia… ¡¡Otra victoria PAH!!

Con las PAHs catalanas, nos concentramos ante la delegación del Gobierno estatal para denunciar el nuevo delito de desórdenes públicos, introducido en la reforma del Código Penal, que criminaliza peligrosamente la protesta: 

https://pahbarcelona.org/es/comunicado-basta-de-criminalizacion-de-la-protesta/

Y, si tenéis ganas de más lectura, releed el testimonio que Ricardo publica en el diario Línia, sobre la lucha en torno al bloque de Aragó 477, no solo contra el acoso inmobiliario sino también contra la represión del ejercicio de los nuestros derechos fundamentales: 

https://liniaxarxa.cat/opinio/ens-vam-llevar-de-matinada-ricardo-dubcek/?fbclid=IwAR0NW_9px4_AHkm8_Vjtp_oPXmazE9CB3pq22nCIZw9U8olBSK-873mfqFg