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El derecho humano a una vivienda digna no está garantizado: la PAH advertimos que a partir de enero habrá más desahucios

La caída de la moratoria que mantiene paralizados aproximadamente 9.000 desahucios en Catalunya podría provocar un récord de lanzamientos en el 2024

La PAH de Barcelona entregamos a la Delegación de Gobierno una petición al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez para que mantenga las medidas del escudo social y las haga estructurales y les dirigimos a tener una reunión con la PAH

El 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración de Derechos Humanos. Desde la PAH salimos a las calles a defender y reivindicar el derecho a la vivienda que recoge el artículo 25 de la Declaración y el 47 de nuestra Constitución, que en España son sistemáticamente vulnerados.

A partir del 31 de diciembre la situación se volverá aún más insostenible: si nada cambia, las medidas antidesahucios y contra los cortes de suministros de familias vulnerables del escudo social, que se implementaron por la pandemia, desaparecerán. Según nuestros cálculos, en Catalunya hay 9.000 familias que tienen suspendidos sus procesos de lanzamiento por esta medida y que podrían verse expulsadas de su casa durante los próximos meses. Por ello, desde la sociedad civil exigimos al Gobierno que prolongue el escudo de protección social existente, y que adopte estas medidas de forma estructural. La emergencia habitacional en la que se encuentran decenas de miles de familias, la angustia y el sufrimiento que conllevan, no pueden alargarse más. Por tanto, solicitamos al Gobierno una reunión urgente antes de que acabe el año, para hacerles llegar la voz de las afectadas, para promover medidas en 2024 para garantizar el derecho a la vivienda y exigir responsabilidades a la banca rescatada que acumula miles de pisos vacíos y a los fondos buitre que se lucran, con la complicidad fiscal de la Administración −las SOCIMI, el vehículo inmobiliario de estos fondos, pagan menos impuestos que una empresa tradicional.

Recordemos, una vez más, los compromisos en materia del derecho a la vivienda a los que España está obligada:

Artículo 25. de la Declaración Universal:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a la familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tendrá derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los infantes, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a la misma protección social.

Artículo 47 de la Constitución española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Hoy queremos poner de manifiesto que somos miles de personas parando desahucios cada día y autotutelándonos nuestros derechos. Que nos han hecho creer que no se puede y que estamos solas, pero la realidad es que en estos más de 14 años de existencia hemos demostrado que ¡sí se puede! Porque hemos hecho posible lo que parecía imposible, miles de veces, consiguiendo daciones en pago, cambiando leyes y recuperándolas, conquistando el 30% de nuevas promociones para que se destinen a vivienda asequible, consiguiendo alquileres sociales, recuperando viviendas en manos de fondo buitre y cientos de victorias más.

Y sobre todo, hemos sido capaces de generar un movimiento ciudadano de cuidados, de solidaridad y de defensa de derechos humanos, que por más que algunos partidos políticos y banksters hayan querido eliminarnos, aquí estamos, vivas y guerreras, para hacer cumplir el art. 47 de la Constitución española y el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, hoy aprovechamos esta acción para celebrar el Día Mundial de los DDHH, porque ante cualquier vulneración de este derecho nos levantamos y organizamos para que nuestros derechos en materia de vivienda estén garantizados.

Sabemos que la situación ha mutado y que nuestras demandas y consignas, aunque tengan el apoyo de la mayoría de la sociedad, los gobiernos de turno no han sido valientes a la hora de hacer efectivas las demandas. Ahora, con un nuevo gobierno −y una ministra nueva−, desde la PAH insistimos en las propuestas que durante años hemos hecho para solucionar esta crisis de vivienda y que desgraciadamente no hemos visto reflejadas en la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril, ya que sigue sin abordarse la cuestión de fondo: considerar la vivienda un activo de mercado en vez del derecho básico que realmente es.

Por ello, desde la PAH nos hemos organizado para levantar la voz y hacer saber a toda la ciudadanía que España es la primera en desahucios y en falta de políticas valientes que pongan freno a los fondos buitre sin escrúpulos. Que estamos revirtiendo esta situación, pero que nos necesitamos a todas para meter nuestras demandas en el Congreso de los Diputados en esta legislatura.

 

Se amplía la moratoria estatal para algunos desahucios de alquiler y ocupación hasta el 31 de diciembre de 2022 

El pasado sábado se anunciaba desde el Gobierno de España el nuevo Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

En materia de vivienda, se detalla que se prorrogan las medidas del Decreto-ley 11/2020 que el Gobierno aprobó, el 31 de marzo 2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. En un primer momento, la moratoria de desahucios solo cubría lanzamientos de alquiler y exclusivamente para familias afectadas directamente desde un punto de vista económico por la crisis del coronavirus.

No obstante, a finales de diciembre de 2020 se aprobó una ampliación para cubrir algunos casos de ocupación/recuperación de vivienda y extenderlo a familias en situación de precariedad antes de la pandemia.

La moratoria antidesahucios ha ido ampliándose en el tiempo y actualmente mantiene las medidas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. 

A continuación, algunas informaciones y documentos útiles para acogerte a estas medidas y evitar quedarte en la calle en los próximos meses.

Desde la PAH celebramos que las medidas que han ayudado a suspender algunos desahucios de alquiler y ocupación de familias vulnerables se prolonguen en el tiempo. Esta moratoria ha servido para ganar tiempo a algunas familias a exigir una solución definitiva para sus casos, ya que suspender un desahucio es un parche y esta medida debe de venir acompañada de una alternativa habitacional. Y por otro lado, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, la moratoria antidesahucios es insuficiente, ya que muchas familias vulnerables sin hijos a cargo, por ejemplo, o de personas mayores, aun teniendo un informe de servicios sociales que avala su vulnerabilidad, no pueden acogerse a la medida y son desahuciadas de sus casas sin tener ningún sitio donde ir. Solo hay que recordar los más de 41.359 desahucios ejecutados en España en 2021 o las más de 1.755 familias de Barcelona que perdieron su casa en el mismo año con la moratoria en vigencia.

Está claro que se sigue vulnerando el derecho a la vivienda de miles de familias y que ha llegado la hora de afrontar la situación desde el gobierno español, no se puede ir alargando la moratoria sin tomar otro tipo de medidas. Desde la PAH exigimos que se incluyan en la Ley de vivienda las siguiente medidas:

  • Garantizar el derecho subjetivo a una vivienda. La ley debe reconocer el derecho subjetivo de toda la ciudadanía y residentes en el Estado a una vivienda.
  • Regular el precio del alquiler y que este sea una opción segura y estable. Hay que bajar los precios de todos los alquileres por debajo de las medias actuales, modificando los criterios de declaración de «zona tensionada«, y que esta declaración sea de aplicación inmediata y con sanciones para los arrendadores que se lo salten.
  • Stop desahucios y alquiler social obligatorio. Es necesario paralizar todos los desahucios de familias vulnerables. También hay que incluir la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por parte de la Administración en casos de pequeño propietario, con el régimen sancionador correspondiente.
  • Ampliación del parque público. Es necesario un compromiso para ampliar hasta el 20% el parque público de vivienda en 20 años, a través de la regulación de la cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión; de más mecanismos para prohibir la venta de vivienda pública y del fomento de su inmediato aumento. Es necesario que todos los pisos en manos de la Sareb se pongan a disposición de la ciudadanía a través de las diferentes administraciones, en vez de transferirse a manos privadas, tal y como está pasando actualmente.
  • Responsabilidad limitada, medidas contra el sobreendeudamiento y segunda oportunidad. Es necesario que la responsabilidad quede limitada exclusivamente al bien hipotecado. Hay que regular la dación en pago y el mecanismo de segunda oportunidad real para evitar la pérdida de la vivienda habitual.
  • Suministros. Es imprescindible prohibir los cortes de agua, luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad y establecer una tarifa social progresiva en función de sus ingresos.

Incluir estas seis medidas en la futura Ley Estatal de Vivienda permitiría sentar las bases del quinto pilar del estado del bienestar del que habla tanto el presidente Pedro Sánchez. Sin ellas, este pilar no existirá y continuaremos en la espiral de aumento de la pobreza y la precariedad. Y es que estas medidas son fruto de la experiencia de 13 años de lucha, de ponerlas en práctica a través de la desobediencia civil pacífica y de los cambios legales logrados en CCAA que demuestran su eficacia. Ahora queremos extenderlas a todo el territorio español. No podemos perder esta oportunidad, la ciudadanía no lo entendería: necesitamos una ley que garantice el derecho a la vivienda.