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[Comunicado] Las entidades sociales publican datos sobre la efectividad de las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a nivel estatal

  • Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden 

  • Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios en el año y  200.000 cortes de suministros en Cataluña desde el 2015

  • El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

Las entidades sociales presentamos por primera vez en castellano un informe con datos sobre la efectividad de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.

Estos datos han sido obtenidos a través de la Administración Pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética, y forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)  y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Si bien el foco se sitúa en la Ley 24/2015, (una norma impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESCA), también se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas tanto a nivel local, autonómico y estatal -incluyendo las moratorias- que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano

Aunque las entidades se reafirman en la -aún limitada- eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar, sinó también consolidar las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra quienes se nieguen a cumplirlas.